2026, el verdadero año electoral

¡Buenos días!

Las elecciones generales, en donde se elegirán 340 corporaciones municipales, 160 diputados y presidente y vicepresidente, se llevarán a cabo el próximo año, el 2027. Muy importante, sí, pues son comicios con voto popular.

Este año es fundamental; no se eligen popularmente, por lo que la designación de 10 magistrados de la Corte de Constitucionalidad, también 10 magistrados del Tribunal Supremo Electoral —5 titulares e igual número de suplentes, en ambos casos—, fiscal general y jefe del Ministerio Público, y contralor general de Cuentas. Ningún organismo del Estado, pero sí todos, órganos de control y, a la luz de los eventos de los últimos años, tal vez más importantes.

Los cálculos político-partidistas, los intereses particulares y sectarios, las componendas y los acuerdos bajo la mesa son los que prevalecen, no el interés general ni —parece comedia, pero es drama— lo mejor para la república. El mecanismo corporativista de elección de todos esos entes —constitucionalmente incrustado— tiene alguna de la culpa de que no haya salido bien la cosa en los últimos intentos. Sin embargo, no es culpa del sistema, es culpa de los actores.

En —por lo menos— las últimas tres elecciones y designaciones, las designaciones han sido políticas, eminentemente; existe una oportunidad única:  esta es la primera vez en la historia moderna de Guatemala (desde la promulgación de la Constitución de 1985) que se presenta una coincidencia en la renovación de todos estos entes en el mismo año. En años anteriores, como 1996 o 2006, se renovaron algunos, pero no todos, simultáneamente, debido a las diferencias en los términos de mandato (6 años para el TSE, 5 años para la CC y 4 años para el fiscal general, contralor general y autoridades del Banco Central) y ajustes históricos en los periodos. No es poca cosa.

Antes de que fuera presidente, el entonces diputado del Movimiento Semilla (MS), Bernardo Arévalo, criticó fuertemente los estados de sitio. En varios discursos que dio en el hemiciclo, indicó que su implementación era evidencia del fracaso de políticas públicas en materia de seguridad. Según su pensamiento, no podía ser utilizado en ninguna circunstancia.

• El sangriento fin de semana que dejó —hasta el momento— diez agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) fallecidos, lo movió a declarar estado de sitio.

Por qué importa. La misma narrativa mantenía el resto del entonces bloque legislativo de Semilla. En varios comunicados emitidos a nombre de la bancada, el rechazo era sistemático. Sin embargo, ante los últimos atentados, la postura cambió. Hoy los diputados oficialistas están a favor y lo defienden.

• Entre las críticas más frecuentes que realizaban a los estados de sitio, estaba la calificación de “recurso extremo” utilizado para actos de corrupción.

• En un tuit de 2022, la bancada afirmó que era mal empleado, y “ahondaba la brecha de confianza entre el gobierno y las comunidades”.

• Incluso, la declaración de terroristas a las maras y pandillas fue cuestionada por los diputados oficialistas. Indicaron que no resolvería el problema de fondo.

Visto y no visto. A pesar de la rectificación del estado de sitio que realizó el Congreso de la República el lunes pasado, algunos diputados del MS tuvieron un doble discurso. La diputada Alma Luz Guerrero, por ejemplo, afirmó que “no todos los mareros son terroristas”. Otrora, Samuel Pérez dijo lo mismo.

• En una transmisión en vivo en TikTok, declaró que “no a todos los mareros podemos considerar terroristas; seguramente hay algunos terroristas que son mareros, pero no todos los mareros necesariamente van a ser terroristas”.

• En septiembre pasado, cuando el Congreso solicitó al presidente Arévalo declarar a las pandillas como organizaciones terroristas, la bancada [de Semilla] votó en contra.

• El rechazo se dio porque fue promovida por diputados de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE). Más allá de buscar un beneficio común, actuaron por rechazo político y partidista.

Sí, pero. La narrativa de los diputados y personas afines al MS defendió el actual estado de sitio; en varias publicaciones afirmaron que la medida era urgente para proteger a las familias. Según indicaron, el gobierno respondió con firmeza ante los ataques de estructuras criminales y actores que buscan desestabilizar al país.

• Sin embargo, el Estado mostró carencia de mecanismos eficientes para controlar a los reos de las tres cárceles afectadas por los amotinamientos. Retomar el control tardó horas.

• Aunque los contextos de aplicación de los estados de sitio son diferentes, Arévalo y su bancada criticaban su aplicación y no el conflicto en años anteriores.

• El lunes, el congreso rectificó el estado de sitio, pero con algunos cambios. Lo hizo con 149 votos. Hasta el momento, el régimen [de excepción] ha permitido la captura de varios presuntos delincuentes.

En conclusión. El giro discursivo del presidente Bernardo Arévalo y de la bancada Semilla frente al estado de sitio revela discrepancias entre el discurso previo y las decisiones adoptadas desde el poder. La medida se defiende hoy como necesaria, pero evidencia la falta de coherencia política de los “semilleros”.

• El MS pasó de rechazar el estado de sitio como “fracaso de políticas públicas” a respaldarlo ante una crisis de seguridad, sin ofrecer una explicación clara que conecte ambas posturas ni reconozca el cambio de criterio.

• El doble discurso de algunos diputados, al relativizar la calificación de terroristas a las pandillas, contrasta con el respaldo a una medida que se justifica por la amenaza criminal organizada.

• Aunque el estado de sitio ya permitió capturas, la demora en retomar el control penitenciario expone debilidades estructurales que la medida excepcional no corrige y que seguirán vigentes cuando termine.

AGER convoca al Summit de Energía Renovable 2026, bajo el lema “Guatemala al 2040. Innovación, Transición, Generación, Demanda y Competitividad”, se llevará a cabo el 5 de febrero de 2026 en el Centro de Convenciones del Hotel Westin Camino Real, a partir de las 8:00 horas.

Por qué importa. Uno de los momentos más destacados será la conferencia de la alcaldía de Medellín, sobre “Ciudades inteligentes y sostenibles: la energía como columna vertebral del desarrollo urbano”.

Además, participarán en el panel “Guatemala en la transición: ¿Cómo transicionar de urbes tradicionales a ciudades energéticamente sostenibles e inteligentes?” Alessandra Gallio, concejal II de la Municipalidad de Guatemala y el alcalde de Santa Catarina Pinula y presidente de ANAM, Sebastián Siero.

En conclusión. El evento cerrará con la entrega de la “Propuesta de Alianza Energética Guatemala 2040” por AGER al presidente Bernardo Arévalo, quien dará un mensaje final y presentará la hoja de ruta para el futuro energético del país.

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La transición del poder en Honduras se desarrolla en un clima de aparente normalización política, pero con tensiones aún activas bajo la superficie institucional. Aunque el resultado electoral ha sido aceptado formalmente por el Ejecutivo saliente, el proceso no ha estado exento de intentos de desgaste legal y narrativo desde dentro del Estado. El centro de la disputa ya no está en las urnas, sino en los mecanismos que administran el traspaso del poder.

En perspectiva. La transición hondureña del poder se ha configurado como un proceso de doble carril de empuje.

• La presidenta, Xiomara Castro, ha aceptado formalmente el resultado electoral, ordenando el inicio del proceso de transición para el presidente electo, Nasry Asfura.

• La aceptación pública cumple una función narrativa: reduce el riesgo de inestabilidad transicional y de castigo de EE. UU., pero en paralelo, los operadores políticos del Gobierno han mantenido una estrategia de desgaste sobre la legitimidad electoral.

• La transición es administrada, no consensuada: el conflicto se expresa en tribunales y procedimientos legales y no en las estrategias típicas de la izquierda: movilizaciones y protestas.

Lo indispensable. Mientras el Ejecutivo reconoce el resultado, sus operadores han mantenido activos los frentes legislativo, municipal y judicial para cuestionar o ralentizar su implementación efectiva.

• En el Congreso, Luis Redondo, el actual presidente de la Junta Directiva, ha sostenido la deslegitimación legal del proceso desde la conducción legislativa, utilizando la agenda parlamentaria como plataforma para reabrir la discusión sobre el resultado electoral.

• En el ámbito municipal, Jorge Aldana, el alcalde del Distrito Central, ha replicado la estrategia desde la alcaldía, reforzando una narrativa institucional de impugnación, después de haber perdido por una diferencia de 888 votos contra el candidato del Partido Nacional, Juan Diego Zelaya.

• Paralelamente, Libre interpuso una serie de amparos para suspender la decisión del Tribunal de Justicia Electoral de denegar el recuento de votos. No obstante, dada la configuración actual de la Corte Suprema de Justicia, los amparos tendrían altas probabilidades de ser declarados sin lugar.

Ecos regionales. Aun dado el conflicto legal interno del país, el mando político ya empezó a desplazarse con sus aliados geopolíticos.

• Nasry Asfura, bajo la égida del presidente Trump y Marco Rubio, ha asumido de facto la conducción de la política exterior, adelantándose a la toma de posesión y marcando territorio frente a actores internos que aún disputan la transición.

• Su visita a Washington y los contactos con Israel indican un alineamiento explícito con la política exterior de EE. UU., enviando una señal clara de continuidad estratégica y previsibilidad de relaciones internacionales bajo la doctrina Donroe.

• Este reconocimiento temprano funciona como blindaje y muestra de mandato: reduce el margen de maniobra de los operadores internos, encarece cualquier intento de ruptura y deja a Libre con una capacidad de presión decreciente con respecto al hegemon americano.

En conclusión, La transición hondureña ha dejado de ser un problema de reconocimiento político y se ha convertido en un proceso de administración institucional del cambio. Aunque persisten focos de ruido legal, el desplazamiento efectivo del poder ha reducido significativamente los incentivos para una escalada del conflicto.

• Con este reacomodo del poder, la transición debería fluir sin mayores sobresaltos, disminuyendo de forma apreciable el riesgo país y restaurando previsibilidad política en el corto plazo.