Árbol que crece torcido...

¡Buenos días! 

La controversia, ¡vaya si no!, causada por la exclusión de los profesionales de ciencias afines en la votación del CANG para magistrados a la CC, aún no termina; lo que se preveía como una “movida” que favorecería a Nester Vásquez —magistrado electo con el voto de los ahora excluidos— resultó en una participación masiva de abogados y, con ello, su exclusión del balotaje. 

Ahora existe el miedo —fundado o no— de que en la CC pudiese darse una resolución que traiga al traste todo lo actuado hasta ahora, con cualquier excusa. Cabe recordar que en este país se han visto muertos acarrear basura y a personas desnudas meterme la mano al bolsillo… 

Importante es, eso sí, puntualizar que la participación de los no abogados en ese colegio es un sinsentido, además de que en tiempos recientes, agentes de la PNC se han graduado de criminólogos y, por lo tanto, votan en el CANG. Los miembros de un cuerpo de seguridad gubernamental con estructura jerárquica —PNC y Ejército— no pueden participar en elecciones generales, pues la posibilidad de que sean condicionados a hacerlo en determinado sentido es altísima; eso seguro ocurre, también, en las gremiales.

Lo que todo ello expone —aunado a la creación de facultades de Derecho “de garaje”— es la implacable tendencia de algunos actores a la “truncia”, a la trampa, a la presión indebida, incluida la de algunos agentes extranjeros. La lucha en buena lid queda en segundo plano y se recurre a tácticas subversivas. ¿Quiénes las practican son a quienes queremos y necesitamos en las instituciones de justicia? En la opinión de este editor: ¡un rotundo no! 

La Universidad de San Carlos (USAC) inició el proceso de elección de magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC), mientras enfrenta cuestionamientos por no renovar a los miembros del Consejo Superior Universitario (CSU). Varios recursos y resoluciones legales lo exigen, previo a participar en la designación; no se han cumplido. 

• La convocatoria para la elección de magistrados está prevista para el próximo lunes 16 de febrero. La nueva Corte debe asumir el 14 de abril. 

Por qué importa. La CC es la máxima corte del país: define controversias clave del sistema jurídico. La participación de la USAC exige un órgano universitario legítimamente integrado. Sin esa condición, la legitimidad en la designación de magistrados puede ser cuestionada, como se prevé que suceda. Lo mismo ocurrió en otros procesos universitarios. 

• El pasado 31 de enero, la Sala Quinta de lo Contencioso Administrativo le dio 48 horas al CSU para informar sobre la convocatoria a magistrados, tras un amparo presentado. 

• El recurso solicita suspender la elección hasta que el Consejo esté debidamente integrado, conforme a la normativa universitaria. No es la primera acción legal que lo obliga. 

• Sin embargo, el CSU, presidido por el rector Walter Mazariegos, ha desacatado las órdenes judiciales. El dilema es si una autoridad con cargos vencidos puede ejercer atribuciones constitucionales. 

Visto y no visto. Existe incertidumbre sobre el dato exacto de cargos vencidos en el Consejo. El hermetismo que maneja la USAC impide tener acceso a los nombramientos vencidos. Incluso, existen dificultades para consultar información pública, como denunció República en varias ocasiones. 

• Algunas estimaciones indican que, de los 41 miembros del CSU, al menos 23 están pendientes de elección. Sin embargo, fuentes internas afirmaron que son más; no precisaron el dato. 

• Los integrantes con cargos vencidos apoyan incondicionalmente a Mazariegos. Tiene un bloque de 24 votos, incluido el propio. Esta podría ser una de las razones por las que bloqueo los relevos que manda la ley. 

• Desde el 18 de septiembre de 2024, una Sala ordenó la renovación de los cargos vencidos. En diciembre pasado, la CC también lo exigió. Ninguna orden se cumplió. 

Sí, pero. La recepción de expedientes de aspirantes a magistrados por parte de la USAC ya comenzó. La elección está prevista para febrero. No obstante, la legalidad del proceso dependerá de lo que resuelvan los tribunales y de si la universidad cumple las órdenes pendientes. En su momento, Mazariegos afirmó que cumplirían la ley. 

• En el caso de que se atrase la elección, los actuales magistrados designados por la USAC continuarían en funciones. También aplicaría si se anulan los resultados del proceso. 

• Los magistrados actuales, electos por la universidad, son Héctor Hugo Pérez Aguilera y Rony Eulalio López Contreras. Pérez sustituyó la designación realizada de Gloria Patricia Porras Escobar. 

• La votación será secreta, según la ley. Esto impedirá conocer qué consejeros apoyan a cada aspirante. El bloque que lidera Mazariegos es el decisivo. 

En conclusión. La elección de magistrados por parte del CSU avanza sin que la USAC cumpla las órdenes judiciales de renovar a sus autoridades. La universidad exige respeto a la Constitución hacia afuera, pero mantiene un órgano interno cuestionado. Esa contradicción pone en duda la legitimidad del proceso. 

• La falta de renovación del Consejo convierte la designación en un acto vulnerable a impugnaciones. Sumado a la desconfianza que se tiene del rector Mazariegos, derivado de su irregular elección. 

• Mientras los tribunales no resuelvan los amparos y la USAC no ejecute los relevos ordenados, la elección seguirá marcada por sospechas de control político. También de uso selectivo de la autonomía. 

• Entre los cinco expedientes que se entregaron ayer jueves, destaca  el de la actual presidenta de la CC, Leyla Lemus. Aseguró que contaba con los votos necesarios para su reelección. 

La influencia comercial de China en Centroamérica ha dejado de ser una promesa uniforme de desarrollo para convertirse en un tablero fragmentado de ganadores y perdedores. Lo que comenzó como una ofensiva diplomática para aislar a Taiwán ha mutado hacia una compleja red de control geoeconómico desigual entre los países centroamericanos. Lejos de la homogeneidad, la región muestra hoy fracturas profundas entre la alineación ideológica radical y un pragmatismo comercial que choca con la realidad de los déficits. 

En perspectiva. Las promesas de bonanza exportadora tras la ruptura con Taiwán se han topado con barreras estructurales y crisis sectoriales inmediatas.  

• Costa Rica rompió el statu quo pro-Taiwán en 2007 bajo la administración Arias. En lugar de la esperada explosión exportadora, el país mantiene un déficit comercial donde los envíos a China apenas suponen el 2.5 % del total, sumado a la parálisis en obras clave de infraestructura prometidas, como la Ruta 32. 

• El caso de Honduras evidencia los costos de un viraje puramente ideológico, el cual ha precipitado una crisis sin contrapartidas positivas. La pérdida del acceso preferencial y los precios superiores del mercado taiwanés han golpeado severamente a la industria del camarón, exacerbando el déficit comercial sin ofrecer alivio económico tangible. 

• Por el contrario, Guatemala ha resistido la presión coercitiva, especialmente visible en el bloqueo temporal de contenedores de café tras contactos con Taipéi y el creciente déficit comercial con China. Para mantener su consolidación geopolítica hacia Taiwán —y, por tanto, hacia EE. UU.—, Guatemala ha profundizado su integración en la cadena de valor estadounidense con el reciente acuerdo. 

Punto de fricción. Panamá y El Salvador ejecutan maniobras de bisagra, oscilando entre la necesidad de infraestructura y la presión de seguridad hemisférica de Washington. 

• Panamá, que se acercó a China en 2017 por necesidades logísticas, enfrenta ahora una profunda tensión geopolítica. Después de años de control portuario chino, la decisión de la CSJ de declarar inconstitucional la prórroga a Hutchinson —decisión influida por la presión política de Washington—, reabre la puerta para que EE. UU. recupere el control sobre activos críticos en Balboa y Cristóbal.  

• Asimismo, El Salvador ha utilizado también proyectos de infraestructura china. El propósito ha sido el alimentar la narrativa interna de un dictador modernizador, aunque el costo real ha sido una exposición desmedida a la importación masiva de manufacturas asiáticas que desequilibra su balanza comercial. 

• Pese a la retórica, El Salvador se mantiene dentro del perímetro de seguridad de la OTAN y, por extensión, de los EE. UU., evidenciado por la reciente concesión de los puertos de Acajutla y La Unión a la empresa turca Yilport Holding, consolidando al país en la ruta de tránsito norteamericana y limitando la injerencia estratégica china en sus costas. 

En el radar. Nicaragua —un actor ideológico no alineado— representa la anomalía del sistema, utilizando a Pekín no como socio comercial, sino como mecanismo de supervivencia política. 

• Desde su alineación ideológica en 2021, el régimen nicaragüense ha instrumentalizado la relación con China como una vía de escape para evadir sanciones internacionales, priorizando la oxigenación financiera de la dictadura por encima de la lógica de mercado.

• Esta estrategia de supervivencia ha derivado en la entrega de soberanía económica mediante concesiones masivas para la minería de recursos naturales estratégicos, convirtiendo a Nicaragua en el país centroamericano de mayor control geoeconómico chino. 

• A diferencia de sus vecinos, que buscan equilibrio, Managua ha cedido a una dependencia estructural que cimenta la influencia china como un pilar de sostenimiento del régimen, sacrificando autonomía a largo plazo a cambio de flujo de capital inmediato.

En conclusión. El mapa centroamericano confirma que la diplomacia de la chequera china tiene límites claros frente a la gravedad geopolítica de EE. UU. La región no es un bloque homogéneo, sino un escenario en disputa donde la supervivencia del régimen, como en Nicaragua, contrasta con la integración forzada y en constante presión, como en Panamá y en El Salvador.

• A medida que Washington aprieta las tuercas en seguridad portuaria y económica, el margen para el juego ambivalente de los actores bisagra se reducirá drásticamente, regresando al cerco de seguridad posguerra.