Abandono global de la razón

¡Buenos días!

Si algo se ha discutido en todo el mundo en los últimos días, es como la polarización —sobre todo, la radicalización— política es el derrotero del fracaso de la civilización; solo los verdaderamente obtusos pueden preferir eso, a la concordia.

El vil asesinato de Charlie Kirk en EE. UU. volvió a poner el asunto en el foco de atención, pero ciertamente no es el único hecho que enciende las alarmas. Cuando sistemas “democráticos y liberales”, como el estadounidense y el británico, censuran y castigan la libre emisión del pensamiento, ¿qué puede esperarse de gobiernos que no se ciñen, siquiera, cánones como aquellos? 

No solo son los gobiernos y sistemas los que están en crisis, somos los individuos que parece que no estamos dispuestos a discutir civilizadamente nuestras diferencias. Tristemente, un enajenado asesinó a alguien que, precisamente, lo que hacía era discutir diferencias. Luego, la radicalización adquiere momentum y el resultado es tanto previsible, como desastroso.

A pesar de todo ello, les deseamos un buen inicio de semana laboral. 

Claudia Sheinbaum tiene en sus manos la posibilidad de solucionar la crisis de Pemex, pero tendría que dejar de lado la intransigencia ambientalista para lograrlo.

En perspectiva. En las tierras bajas del Golfo de México, Pemex está bombeando agua, arena y químicos a alta presión en el subsuelo para fracturar rocas duras —tanto que no ceden a la perforación tradicional— impregnadas de gas natural. La técnica no es nueva y, en casi todo el mundo, se le conoce como fracking. En México, sin embargo, el término se evita. En su lugar, Petróleos Mexicanos lo denomina “estimulación de yacimientos geológicos complejos”. 

• Pese a la etiqueta, la petrolera lleva más de una década haciéndolo en Veracruz y Nuevo León. Ahora, Pemex evalúa expandirla a vastos campos de shale —gas de lutita o gas de esquisto— aun sin explotar.
  
  

• El objetivo es revivir la producción, salvar a la petrolera y reducir la dependencia del gas estadounidense.
  
  

• El temor a la crítica ha hecho que las operaciones del fracking mexicano se manejen en sigilo, pero la urgencia de la situación de Pemex obligará al gobierno a expandir las operaciones, dificultando el secretismo.

Por qué importa. La situación de Pemex es crítica. Su deuda supera los USD 100 000M, la producción de crudo y gas está en mínimos de 15 años, y sus refinerías pierden dinero crónicamente. Actualmente, la compañía depende de financiamiento externo para pagar sus deudas a proveedores, además de sufrir cada vez más explosiones, derrames e incendios que erosionan su credibilidad frente a los inversionistas. 

• En este contexto, el fracking representa una tabla de salvación. México posee 545B de pies cúbicos de gas shale técnicamente recuperable, la sexta mayor reserva del mundo.
  
  

• Aprovechar ese potencial podría aumentar la producción en un tercio hacia 2030.
  
  

• Sin embargo, el tabú de la izquierda alrededor del fracking amenaza con condenar al país a seguir atado a importaciones.

Entre líneas. El problema tiene nombre propio: Morena. Durante el sexenio de AMLO, se intentó prohibir constitucionalmente el fracking, cerrando la puerta a las inversiones privadas derivadas de la reforma energética de Peña Nieto en 2013. Lo que prometía ser una modernización del sector se estancó en medio de discursos ambientalistas y una desconfianza estructural hacia el capital extranjero. 

• Claudia Sheinbaum heredó esa narrativa. Como ingeniera ambiental, rechazó el fracking durante su campaña, expresando un profundo repudio hacia la técnica.
  
  

• Hoy, sin embargo, su gobierno lo practica de facto bajo otro nombre. Sheinbaum puede mantener la coherencia ideológica con el legado de AMLO o aceptar que Pemex necesita del gas de esquisto para sobrevivir.

Visto y no visto. La soberanía energética de México está en vilo. Mientras el “morenismo” supera la dicotomía entre el radicalismo ideológico y el desarrollo, México depende cada vez más del gas estadounidense. En mayo de 2025 importó un récord de 7300M de pies cúbicos diarios desde Texas, más de la mitad de su consumo nacional. El director de Pemex lo explicó sencillamente: “Si EE. UU. cierra la llave, México se apaga”. 

• La vulnerabilidad es doble. Primero, fenómenos climáticos como la tormenta invernal de Texas en 2021 ya han demostrado que los flujos pueden interrumpirse y generar crisis en México.
  
  

• Segundo, el contexto geopolítico actual es incierto. La Administración Trump ha mostrado su disposición a usar el comercio como instrumento de presión a Latinoamérica.
  
  

• La alta dependencia de energéticos le suma a Trump un arma más a su arsenal diplomático. Una eventual crisis bilateral podría dejar a México, literalmente, en la oscuridad.

Lo que sigue. Sheinbaum enfrenta tres posibles escenarios: mantener la ambigüedad y seguir recurriendo al fracking encubierto mientras se posterga una solución política clara; apostar por asociaciones con empresas extranjeras bajo condiciones poco atractivas —lo que limitaría la inversión y tecnología—, y el tercero y más realista, asumir abiertamente la práctica, diseñar un marco regulatorio transparente y aprovechar el shale como palanca de seguridad energética y estabilidad económica. 

• Continuar con la hipocresía ambientalista de rechazar el fracking, pero aprovecharlo con otro nombre, solo posterga un debate ineludible.
  
  

• México necesita diversificar su matriz energética, reducir la dependencia de Texas y reactivar a Pemex. La decisión no es ideológica; es de supervivencia nacional. 

Mientras el tiempo apremia, la elección del presidente del Organismo Judicial (OJ) se demora. Una batalla política donde partidos, operadores, universidades e intereses oscuros buscan conseguir el control de los procesos que definirán el fiscal general (FG) y los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC).  

• En corredores judiciales se mencionan a los posibles candidatos; dos de los profesionales se vinculan con operadores emergentes —Nester Vásquez, magistrado de la CC—, y tradicionales —Gustavo Alejos, exsecretario privado de la Presidencia—.

Por qué importa. El presidente del OJ no solo dirigirá ese organismo, se convertirá, entre otras cosas, en el presidente de la comisión de postulación para FG. Su elección activa a partidos, operadores y gremios. Grupos que buscan influir para blindarse de investigaciones, mantener cuotas y hacer dinero de forma ilícita.  

• En el área judicial es un voto más. Su poder se concentra prepuesto —administración y finanza— y nombramientos, que tiene ese organismo del Estado.
  
  

• Además, sus atribuciones se enfocan en el Consejo de la Carrera Judicial (CCJ) y el Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP).

En el radar. Los magistrados Claudia Paredes y Luis Corado suenan como favoritos para sustituir a Teódulo Idelfonso Cifuentes Maldonado, actual presidente de la CSJ. Los dos tienen conexión con Vásquez y con Alejos. Otros magistrados suenan, pero no logran el respaldo político.  

• Paredes cobra fuerza en el bloque mayoritario de la CSJ. Despierta alertas por su pasada relación con Alejos; ella constituyó empresas vinculadas al exsecretario.
  
  

• Corado podría haber perdido fuerza por críticas en su desempeño en la CSJ, los nexos con Alejos y señalamientos en el caso Comisiones Paralelas 2020. “Se menciona el retiro de la visa de EE. UU., pero no está confirmado. Todo eso daña su imagen”, indican fuentes consultadas.
  
  

• Se solicitó la postura de los magistrados a través del personal de Comunicación del OJ; no hubo respuesta.

Punto de fricción. El pleno necesita nueve de 13 votos para elegir presidente. Esa mayoría calificada abre el espacio a negociaciones intensas y posibles bloqueos. En procesos previos hubo jornadas enteras sin acuerdos por división interna. Incluso la CC ha tenido que intervenir.  

• La actual correlación de fuerzas, donde existe una mayoría y una minoría enfrentadas, se prevé que el escenario se pueda repetir.
  
  

• Las señales de desgaste en la imagen de Corado, sumadas a los señalamientos contra Paredes, anticipan una elección cargada de tensiones y negociaciones.

En conclusión. El pulso político se avizora intenso. Todos buscarán sacar ventaja para tener el control de la justicia. 

• Algo que sí es vital, es que los magistrados respeten los plazos legales para evitar un vacío institucional.
  
  

• La transparencia y la fiscalización ciudadana serán decisivas para legitimar la elección. Que derive en una simple transacción política de quienes buscan perpetuar su control.

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, viajará mañana a Nueva York para participar en la 80.ª Asamblea General de la ONU y en una cumbre de jefes de Estado de Latinoamérica y Europa.

Qué destacar. Su intervención está prevista para el miércoles 24, donde abordará temas como el fortalecimiento del multilateralismo, la defensa de la democracia y los avances de su gobierno en justicia, pluralismo y desarrollo.  

• El mandatario también sostendrá reuniones bilaterales con líderes internacionales, entidades de Naciones Unidas, y representantes de la comunidad guatemalteca en EE. UU. Llevará como prioridad el compromiso de Guatemala con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la cooperación internacional.
  
  

• En la sesión anterior, en 2024, reafirmó que la democracia es esencial para el bienestar y condenó la corrupción como obstáculo al progreso. Esta visita busca consolidar alianzas estratégicas y posicionar a Guatemala como actor activo en los debates globales, según el gobierno.
  
  

• Como ha sido característico en sus discursos, recurrió a términos como “pueblos originarios” —ahora “pueblo digno”— para acercarse a las comunidades indígenas.

En el radar. Después de un largo receso, los diputados del Congreso de Guatemala retomarán esta semana sus funciones legislativas.  

• La instancia de jefes de bloque se reunirá hoy para intentar destrabar los temas prioritarios. Por ahora, sus prioridades, y no necesariamente en la discusión pública: el presupuesto 2026 y la elección de la nueva Junta Directiva.
  
  

• Las dos semanas anteriores no hubo sesiones. La inasistencia de la mayoría de los jefes de bloque en la última convocatoria dejó en evidencia el desinterés por avanzar en el trabajo parlamentario.
  
  

• Mientras tanto, más de diez interpelaciones siguen pendientes y apenas se han aprobado siete decretos en lo que va del año. La lucha por el control de la Junta Directiva mantiene activa la tensión política.

Lo que sigue. Como parte de su agenda pública de esta semana, el presidente Arévalo también participará en el XX Congreso Industrial, que se celebrará el 26 de septiembre bajo el lema “Hacia una industrialización sostenible: clave para el desarrollo de Guatemala”.  

• El evento, organizado por la Cámara de Industria, busca impulsar la transformación del sector como motor clave para el desarrollo integral del país. Contará con más de 75 conferencistas, 90 estands comerciales y nueve módulos simultáneos que abordarán temas como energía, infraestructura, talento humano, integridad empresarial y competitividad.
  
  

• Arévalo compartirá su visión sobre el papel del Estado en el fortalecimiento industrial. También se discutirán reformas para atraer inversión extranjera y fortalecer el mercado de valores.
  
  

• El Congreso busca promover estrategias innovadoras y sostenibles que generen empleo, impulsen el crecimiento económico y posicionen a Guatemala como plataforma regional de desarrollo.

Ecos regionales. En Nicaragua crece la preocupación por la expansión de tiendas chinas tras el restablecimiento de relaciones diplomáticas y la firma de un tratado de libre comercio con el gigante asiático. Comerciantes y pequeños industriales, enfrentan una competencia desigual por los bajos precios de productos importados. 

• Aunque inicialmente subestimaron el impacto, ahora reconocen que la presencia china podría desestabilizar sus negocios. La inquietud no solo es económica, sino también por el flujo de capital que sale del país sin generar inversión local ni empleo.
  
  

• Existe preocupación en El Salvador porque, durante el régimen de Bukele, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, ha impuesto 633 reservas de información, muchas vinculadas con denuncias en centros penales. Estas reservas prolongadas contradicen su rol y limitan el acceso a la verdad sobre violaciones a derechos humanos, se denuncia.
  
  

• En Panamá, surge una nueva disputa entre diputados y el presidente Raúl Mulino, que advirtió que vetará el proyecto de ley que busca derogar el contrato con Panama Railway Company. Afirmó que la propuesta no será respaldada por el Ejecutivo en ninguna circunstancia.