Al regresar de vacaciones, los diputados gozarán de jugoso aumento

En el marco del Día Internacional contra la Corrupción, el director ejecutivo de la Comisión Nacional contra la Corrupción (CNC), Julio Flores, reflexiona sobre los esfuerzos del gobierno para combatir este flagelo y las profundas reformas necesarias para combatir la corrupción en Guatemala.  

En una entrevista con República, mencionó los avances y retos en la lucha contra la corrupción. 

Ha sido parte de la Comisión contra la Corrupción en dos gobiernos. ¿Qué diferencia —aparte del nombre— tiene esta Comisión con la que instauró el expresidente Alejandro Giammattei? 

La Comisión Nacional contra la Corrupción es la respuesta institucional al compromiso del Gobierno Arévalo-Herrera para llevar a cabo acciones anticorrupción. Su principal función es implementar políticas y promover reformas normativas para las instituciones del Organismo Ejecutivo para prevenir, detectar y denunciar la corrupción. El propósito es implementar una cultura de integridad y trasparencia en la administración pública.

En cuanto a las diferencias, es pertinente mencionar que la Comisión anterior incluía competencias de recibir alertas de corrupción y llevar a cabo averiguaciones de carácter administrativo para determinar la necesidad de presentar denuncias ante las instituciones competentes. Ahora el enfoque es esencialmente preventivo, integral y de largo plazo, tal como lo recomiendan experiencias comparadas exitosas.  

⁠Durante el gobierno de Giammattei se decía que en esa Comisión se seleccionaban los casos a los cuales se les prestaba atención, ¿se puede afirmar que solo se atendían casos a discreción del anterior director?, ¿cómo cambió eso en la gestión actual? 

En el rol que me correspondió en la anterior Comisión, puedo asegurarle que el papel técnico que desempeñé desde la Dirección de Rendición de Cuentas e Información Pública lo realicé de manera imparcial y objetiva.

Ahora, la función de denunciar casos de corrupción no corresponde a la Comisión Nacional contra la Corrupción, sino que, de manera descentralizada, se realiza por parte de cada instancia de probidad y auditorías internas, lo que ha generado la presentación de más de 198 casos de corrupción en estos meses de gobierno. 

¿Siguen los casos de corrupción en este gobierno? ¿Cómo se justifica este comportamiento? 

La corrupción sigue siendo un fenómeno estructural en Guatemala, agravado por el deterioro de la administración pública a lo largo de las décadas. Este problema afecta a las instituciones públicas a todo nivel, lo cual genera que su control se vuelva complejo.

Por lo tanto, la lucha contra la corrupción se fundamenta en medidas integrales y a largo plazo, como el fortalecimiento de los órganos de control interno, la implementación de programas de formación, rendición de cuentas, participación ciudadana y, entre otros, la emisión de normativa anticorrupción como el Código de Ética.

En las administraciones anteriores se careció de voluntad para implementar medidas correctivas; sin embargo, ahora el compromiso gubernamental por la transparencia es total y se puede evidenciar en acciones concretas. El Organismo Ejecutivo está utilizando todas sus competencias legales para denunciar los casos de corrupción que se detectan. Hasta el momento, se han presentado más de 198 denuncias por indicios de corrupción.

¿Es posible detener la corrupción? ¿Cómo se puede revertir este mal? 

Desde la Comisión continuamos trabajando para robustecer las capacidades de las entidades. En particular, es necesario mencionar la implementación de los Sistemas de Integridad, los cuales se harán mediante un Acuerdo Gubernativo. Estos sistemas serán fundamentales para dotar de procedimientos y fortalecer controles que reduzcan los riesgos de corrupción.

Además, las Oficinas de Asuntos de Probidad promueven prácticas de integridad, trasparencia y prevención, y sus titulares, integrados en la Red de Integridad, reciben capacitación constante en materia de prevención de la corrupción y cultura de integridad. También, desde el área de Mecanismos de Prevención, se ha capacitado a más de 1150 funcionarios públicos, promoviendo conceptos claves de ética y trasparencia. Por su parte, el área de Fortalecimiento de Mecanismos de Detección y Denuncia Institucional acompaña a las entidades para contar con mejores procedimientos para identificar riesgos de corrupción y denunciarlos.

Este proceso integral incluye coordinación con otras instituciones del Ejecutivo, involucramiento de la ciudadanía, y que será evaluado y monitoreado continuamente.  

Siempre se cuestiona a estas comisiones que son dirigidas por el gobierno. ¿Cómo enfrentar ese reto de investigar al que lo nombra? 

En el caso de la Comisión, no lleva a cabo investigaciones. Como funcionarios públicos llevamos a cabo un trabajo técnico, estamos sujetos al escrutinio de la población y a la rendición de cuentas. Los cuestionamientos son necesarios y parte de la labor. Mientras se actúe con legitimidad, cumpliendo con la ley y con trasparencia, es posible llevar a cabo las funciones de la institución para cumplir y servirle a la población. 

A este gobierno le quedan tres años de administración, ¿cuál es la meta que usted se plantea al final de su gestión? 

El gran objetivo de la CNC es establecer un Sistema Nacional Anticorrupción y devolver el sentido ético al ejercicio de la función pública. Significa contar con el marco normativo, la institucionalidad y las capacidades para luchar contra la corrupción de manera coordinada en el Estado por parte de todas las entidades involucradas.

Actualmente, como Comisión, estamos en la fase de generación de condiciones y diseño que ya conducen a ese Sistema en el Organismo Ejecutivo. En tres años confiamos en avanzar hacia una cultura de integridad y trasparencia en la administración pública, donde haya aún menos espacio para la opacidad.  

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Los diputados han sido convocados a la segunda sesión extraordinaria, que se presume será la última del año, ya que, además de cumplir con el requisito para recibir los GTQ 9600 que corresponden a dietas, los temas de “su interés” ya fueron aprobados. 

Están listos para disfrutar de las vacaciones de fin de año y, a diferencia de otros años, no solo se irán con aguinaldo, sino también con la promesa de un incremento salarial, tras la publicación en el Diario Oficial del acuerdo del Presupuesto 2025, que establece el aumento para los congresistas.  

A pesar de la oposición de algunos, aún no se ha evidenciado un interés real por revocar este incremento, que podría alcanzar los GTQ 46 700, la misma cantidad que reciben los magistrados de sala de apelaciones.  

En cuanto a la agenda con la que dirán adiós al 2024, esta incluye los primeros debates de la ley para prevenir la trata de personas en el Sistema Penitenciario, reformas a la Ley de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica, y la ley de portabilidad numérica en servicios de telefonía. 

También se discutirá la ley para la prevención y control de los incendios forestales, la ley de acceso universal a la tecnología educativa, y la ley para prevenir el abuso sexual infantil.  

Se buscará enviar a una comisión de trabajo para el análisis respectivo, la iniciativa que busca la incorporación obligatoria de los diputados al Régimen de Seguridad Social, propuesta presentada por diputados de Semilla en octubre de 2022. 

Algunos legisladores prevén que habrá exigua asistencia, ya que las actividades legislativas han disminuido en las últimas semanas. Son pocos los congresistas que asisten a sus oficinas o programan reuniones de trabajo y citaciones para la fiscalización.  

Interpelaciones, el punto de agenda en 2025  

Aunque avanzó la interpelación al ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Ramiro Martínez, aún no ha concluido y tiene otras dos pendientes, solicitadas por los diputados Sergio Guillermo Enríquez y Mario Gálvez, así como la diputada de Vamos, Shirley Rivera.

Por lo tanto, la actividad legislativa en 2025 continuará con el juicio político contra el canciller. Luego, será el turno de la ministra de Cultura, Liwi Grazioso y el ministro de Desarrollo Social, Abelardo Pinto. Estas interpelaciones seguirán en la agenda, siempre y cuando se mantengan en sus cargos.

A ellas se sumará la del ministro de Salud, Joaquín Barnoya; no ha sido agendada, pero, cuando se programe tampoco podrán salir del país hasta que concluya su respectivo interrogatorio.  

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El secretario de Comunicación Social, Santiago Palomo, encabezó una conferencia de prensa en la que participaron el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, el comisionado nacional contra la corrupción, Julio Flores, y el director del INGUAT, Harris Whitbeck. Se abordaron diversos temas de interés, entre ellos, la conmemoración del Día Internacional contra la Corrupción, en la cual el presidente, Bernardo Arévalo, estuvo presente en un evento liderado por la CNC.

Presentación de iniciativas de ley y acuerdos gubernamentales 

El Ejecutivo aprovechó la ocasión para presentar un marco normativo con dos acuerdos y dos iniciativas de ley para fortalecer la trasparencia y combatir la corrupción. El Acuerdo de Proveedores Trasparentes, que busca mejorar el proceso de pre calificación de contratistas y proveedores del Estado, así como su registro en el sistema de adquisiciones públicas. Su objetivo es asegurar una mayor trasparencia en las contrataciones y prevenir actos de corrupción a través de la identificación y verificación de los beneficiarios finales de las empresas contratadas.

Por su parte, El Acuerdo de Sistemas de Integridad promueve la creación de sistemas dentro de las instituciones públicas para fomentar principios éticos, el fortalecimiento de la gestión y la prevención de la corrupción. En sus principales funciones se encuentran la administración de riesgos, campañas contra corrupción, y la adopción de sistemas de denuncia accesibles y seguros.

En cuanto al ámbito legislativo, se presentó la iniciativa de ley del Beneficiario Final, la cual pretende establecer un registro asignado a la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) con el propósito de identificar a las personas que ejercen control o se beneficiarán de empresas contratadas por el Estado. Este registro ayudará a cumplir con los estándares internacionales, prevenir lavado de dinero y atraer inversiones estratégicas.

La segunda iniciativa, la ley de Protección de Denunciantes de Irregularidades, tiene como objetivo garantizar la seguridad y el anonimato de quienes denuncien actos de corrupción. Este marco legal permite que la gente participe activamente en la identificación de prácticas corruptas, cumpliendo con los compromisos internacionales como la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.

Publicación de nuevas leyes y avances en seguridad  

Palomo informó que el 9 de diciembre se publicaron en el Diario Oficial dos importantes leyes: la Ley del Presupuesto General de la Nación 2025 y la Ley de Competencia, ambas ya en vigencia.

La Ley de Competencia tiene como objetivo fomentar una economía dinámica y justa, promoviendo la libre competencia y reduciendo barreras que puedan perjudicar el desarrollo económico del país. Mientras tanto, el Presupuesto 2025 se centra en inversiones en sectores esenciales como educación, salud, infraestructura vial y proyectos estratégicos, como el metro de la Ciudad de Guatemala.

En cuanto a la seguridad, el Ministerio de Gobernación destacó la incautación de más de 17 600 kg de cocaína durante el año, que supera los registros pasados. También se logró la desarticulación de 50 estructuras criminales vinculadas a extorsiones, evitando más de 1100 homicidios. Entre los logros más significativos está la Operación Relámpago, que desmanteló la estructura criminal denominada “Los Quinos”, vinculada a la tragedia de Chiapas en 2021. Este esfuerzo internacional dio como resultado la captura de seis personas, cuatro de ellas con órdenes de extradición a Estados Unidos, y ratificó el compromiso del Gobierno con la lucha contra el tráfico humano y la protección de los migrantes.

Impulso al turismo 

Por otro lado, el sector turístico ha experimentado un crecimiento notable, según dijo Harris Whitbeck, director del INGUAT. Destacó que el número de visitas internacionales aumentó, alcanzando 2.46M de turistas en 2024. Se estima que, durante las fiestas de fin de año, Guatemala tendrá a 1.6M de turistas internos, generando una derrama económica de GTQ 2000M.

En cuanto a la promoción internacional, Guatemala ha trabajado en fortalecer su imagen en mercados clave como Estados Unidos, Reino Unido, España, Alemania y Francia. Una de las iniciativas más destacadas es la campaña “Guatemala Auténtica”, una serie de minidocumentales que muestra el país a través de sus comunidades locales. Como resultado, Antigua Guatemala fue reconocida por National Geographic como uno de los 25 destinos imprescindibles en el mundo.

Agenda presidencial 

En los próximos días, el presidente Arévalo entregará dos escrituras comunales en Cocolá Grande y Cocolá Chiquito, Santa Eulalia, Huehuetenango. También visitará Sololá para inaugurar la ampliación y el mejoramiento de la Comandancia de Reservas Militares. Asimismo, entregará la Orden Presidencial a la cantautora guatemalteca, Gaby Moreno, en reconocimiento a su trayectoria artística y contribución a la cultura nacional. 

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