Algo huele mal en el aeropuerto

¡Buenos días!

Aunque sin sorpresas –para las personas pensantes–, la noticia de que el patrimonio de Nayib Bukele y su clan familiar se ha incrementado ostensiblemente desde su asunción a la presidencia ha circulado a nivel mundial desde hace algunos días. Sus tendencias dictatoriales ya son ampliamente conocidas, pero ahora surge a luz pública su muy probable corrupción. 

Rara vez en la historia, a lo largo y ancho del planeta, un autócrata ha sido solo eso; siempre devienen en corruptos. El abuso del poder –para beneficio personal– es una tentación que pocos sortean airosamente. 

En el 2023, en una conferencia –Bukele, con su usual “mística”– declaró que: “El Salvador no volverá a ser la finca de nadie”. Claramente, eso lo excluía a él y a su familia, que se han convertido en latifundistas al peor estilo decimonónico. 

En este boletín:

•Nayib Bukele: de presidente a terrateniente

•Empresa en aeropuerto tampoco paga GTQ 119 000 mensuales de consumo eléctrico

•El financiamiento de USAID en la agenda LGBT de Guatemala

De presidente tuitero a terrateniente cafetalero, Nayib Bukele y su familia han incrementado en un 1550 % sus propiedades desde su llegada al poder. 

Panorama general. La investigación –publicada por Redacción Regional y Focos– reveló el éxito de Nayib Bukele y su familia, no solo como políticos, sino como grandes operadores del mercado inmobiliario y agricultores. Éxito que coincide justamente con el quinquenio de Bukele en la presidencia de El Salvador.  

• Analizando más de 64 escrituras de propiedad, 10 escrituras de hipotecas y 40 perfiles de sociedades de la familia, la investigación reveló que los Bukele adquirieron hasta 363 hectáreas de tierra desde 2019.
  
  

• Dichas propiedades representan hasta un 92 % de las tierras que posee la familia presidencial, obtenida en su totalidad durante el mandato del presidente.
  
  

• Un 99.88 % de los terrenos fueron adquiridos desde la toma de posesión de la mayoría legislativa de Nuevas Ideas (NI), cuando el oficialismo reemplazó e impuso a sus propios jueces en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y al fiscal general, en 2021. 

Por qué importa. En marzo de 2022 inició la “guerra contra las pandillas” en El Salvador y, con ello, la declaración del régimen de excepción que la sostiene. Bajo dicha figura se ha suspendido, casi en su totalidad, el acceso ciudadano a la información pública. Un 99.69 % de las tierras de Bukele y su grupo familiar se adquirieron desde aquel año. Solamente en 2023, el presidente compró 361 de las 363 hectáreas.  

• En julio de 2024 se solicitó los informes de salida del presidente de su quinquenio 2019-2024 y de llegada al inicio de la actual gestión. La Unidad de Acceso a la Información Pública del Órgano Judicial declaró el informe bajo reserva.
  
  

• A pesar de que la constitución obliga a la CSJ a investigar el patrimonio del presidente, los magistrados impuestos por NI han declarado bajo reserva total la declaración patrimonial de Nayib Bukele.
  
  

• Desde que Bukele tiene control del legislativo, del ministerio público y la CSJ, el presidente ha trascendido de un jefe de Estado a un latifundista y emprendedor al estilo salvadoreño decimonónico: un agricultor cafetalero. 

Entre líneas. Entre los terrenos se encuentran dos propiedades a las orillas del lago de Coatepeque, una finca de caña de azúcar en el departamento de Sonsonate y la hacienda en Santa Ana donde se cultiva el café que Bukele vende en EE. UU. y en el Aeropuerto Internacional de El Salvador, bajo la marca “Bean of Fire”. Adicionalmente, su esposa Gabriela, su madre Olga y sus hermanos Karim, Ibrajim y Yusef han comprado 16 inmuebles de lujo, incluyendo propiedades en la playa.  

• Las otras 18 propiedades están vinculadas a las sociedades Corporación Logística de Servicios, Hacienda Dorada, Santo Tomás Pau, Grupo Bukele, Lagencia y Prepare.
  
  

• Corporación Logística de Servicios pasó ocho años con activos por USD 14 488.32 hasta 2021. La corporación se catapultó hasta los USD 944 413 para 2022, alcanzando los USD 6 220 400 en 2023.
  
  

• Grupo Bukele inició con un capital de USD 2000 entre 2016 y 2018. En 2019, cuando Nayib llegó a la presidencia, empezó a aumentar sus activos, alcanzando en el 2023 los USD 6 804 557. 

El balance. La familia Bukele, ya establecida dentro de la élite salvadoreña antes de su llegada a la presidencia, tenía solamente 29 hectáreas de propiedad, divididas en 22 inmuebles. Desde su llegada al poder, sus propiedades se han multiplicado más de 12 veces. En 2023, Bukele anunció que tras la guerra contra las pandillas iniciaría su “guerra contra la corrupción”.  

• Una de las primeras acciones de su ofensiva fue allanar la casa del expresidente Alfredo Cristiani en el Lago de Coatepeque, vecindario dónde la primera dama había adquirido dos propiedades.
  
  

• Bajo la protección e impunidad que le brinda el régimen de excepción y el control total del Ejecutivo, Legislativo y Judicial, El Salvador no volverá a ser la finca de nadie que no sea del clan Bukele. 

Marimaite Rayo
•Empresa en aeropuerto tampoco paga GTQ 119 000 mensuales de consumo eléctrico
726 palabras | 4 mins de lectura

Desde la entrada, algo huele mal en el Aeropuerto Internacional La Aurora (AILA) –tanto en forma literal, como en el sentido figurado–, debido al abandono institucional y los rezagos de corrupción que se perciben en cada rincón del establecimiento. 

• Mediante un recorrido por las instalaciones del AILA, República constató de primera mano, la desatención de la infraestructura, y también los principales obstáculos legales a las propuestas de mejora en el modelo de gestión.
  
  

• Administraciones pasadas han dejado su sello en contratos leoninos. Se han impuesto ventajas y condiciones para empresas que se siguen aprovechando de los recursos del Estado. 

Lo indispensable. El 19 de septiembre, la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), dio a conocer que la empresa Media Airport System, S.A., que en el pasado ha sido vinculada con Alejandro Sinibaldi, debe más de GTQ 37M al AILA, por el arrendamiento de espacios publicitarios. 

• El contrato fue firmado en 2007 para el arrendamiento de las pantallas del aeropuerto y la colocación de publicidad. Se le otorga a la entidad comercial el derecho para utilizar distintas áreas de la terminal aérea, con exclusividad, durante 10 años. Por lo tanto, únicamente las compañías que pagaran a Media Airport System podrían colocar sus mensajes.
  
  

• A partir de 2014, la empresa dejó de pagar el arrendamiento, por lo que en 2016 se decidió finalizar el contrato. No obstante, mediante una serie de –cuestionables– resoluciones legales, se prohibió cualquier acto administrativo en contra de los “derechos” del arrendatario.
  
  

• Adicionalmente, pese a que el contrato establecía que el servicio de explotación publicitaria no se podía tercerizar, la empresa también ha incumplido esta condición, según la denuncia de la DGAC. Por lo tanto, a pesar de que han pasado más de 17 años desde la firma del convenio, y 8 desde la finalización, Media Airport System sigue gozando de los ingresos de la monopolización del servicio publicitario en el aeropuerto y sus alrededores. 

Los datos. En la actualidad Media Airport System cuenta con 382 pantallas publicitarias, que ocupan cerca de 1774.98 mts2, lo cual equivale a GTQ 1M aproximado por arrendamiento, monto que podría aumentar debido a que el contrato no impone restricciones en cuanto a la extensión del servicio. 

• Ahora bien, debido a que la mayor parte de la publicidad se expone en pantallas, estas generan un consumo que no se paga al AILA.
  
  

• De acuerdo con las estimaciones de la DGAC, la empresa consume GTQ 118 624 en energía cada mes. Tomando en cuenta que el AILA paga GTQ 1.3M por el servicio de energía eléctrica mensualmente, el consumo de Media Airport System corresponde al 9.12 % del total.
  
  

• Estos datos equivalen a una deuda acumulada de GTQ 11.4M desde que el contrato finalizó en 2016, ya que la empresa no ha pagado una cuota por el uso del servicio 

Visto y no visto. Como parte de un ejercicio de evaluación, la DGAC constató que, si la institución fuera la encargada de administrar la publicidad de manera independiente, la entidad percibiría un ingreso mensual cercano a GTQ 2.6M. 

• Uno de los autores de este arreglo contractual –que incluye condiciones lesivas para el Estado– es Douglas Ovalle Ruano, quien figura como representante legal de Media Airport System desde 2019. El aludido fue contactado y quedó en programar una reunión para presentar todos los documentos en su poder, según él, de descargo. Adelantó que es la DGAC la que se rehúsa a recibir los pagos. "Todas nuestras acciones se han realizado en base (sic) a la ley y se encuentran ventilando como corresponde de manera legal y judicial", respondió.
  
  

• Adicionalmente, el abogado Juan Carlos Hernández es el “guardián” del servicio, ya que –según los testimonios de las autoridades aeroportuarias– se mantiene atento para garantizar el cumplimiento de las condiciones extraordinarias del negocio.
  
  

• Aparte de las entidades privadas que promocionan sus productos en estos medios, el Crédito Hipotecario Nacional (CHN) y el IGSS, también figuran en la publicidad del aeropuerto.  

El balance. La deuda acumulada, sumada a la sustracción de energía eléctrica, supone pérdidas millonarias para el DGAC; esos montos podrían destinase para el mantenimiento y las mejoras en la infraestructura, tan urgentes. 

• Independientemente del modelo de gestión, si el AILA no supera los obstáculos legales y presupuestarios, la función continuará siendo ineficiente.
  
  

• Si se logra resolver los problemas con la planta de tratamiento ubicada en el aeropuerto, el mal olor, también, desaparecerá. 

Isabel Ortiz
•El financiamiento de USAID en la agenda LGBT de Guatemala
619 palabras | 3 mins de lectura

En Guatemala, mayoritariamente conservadora, surge una creciente preocupación por el respaldo financiero extranjero para promover temas controversiales. 

• La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) ha establecido alianzas con activistas locales –transexuales–, facilitando que organizaciones realicen cambios de sexo en el país.  

En perspectiva. La Asociación Lambda, una organización activista guatemalteca que defiende los derechos del colectivo “LGBT” ha recibido una cuantiosa donación de USD 1 999 990 de USAID. Esta inversión tiene como objetivo promover relaciones lideradas por personas de “género diverso” a través de la prestación de servicios de “atención médica de género” y la promoción de oportunidades económicas.  

• USAID inició un programa de cambio de sexo en abril de este año que tiene prevista su continuación hasta 2027, según los registros oficiales. El propósito es capacitar a las organizaciones locales para que ofrezcan atención sanitaria que afirme la identidad de género, mejorando la calidad y accesibilidad a los servicios y ofrezcan oportunidades de empoderamiento económico.
  
  

• La estrategia política impulsada por la administración Biden-Harris incluye el financiamiento de USAID para implementar procedimientos médicos, como cirugía de cambio de sexo y tratamientos hormonales irreversibles.  

Por qué importa. Estas políticas, llamadas “atención a la afirmación de género”, ha causado controversia en los Estados Unidos y en otros lugares y se consideran como un intento de imponer agenda progresista en países con sistemas legales distintos.  

• En Guatemala, estos proyectos se están desarrollando bajo la influencia de organizaciones que apoyan dicha agenda progresista.
  
  

• El actual Gobierno, que adopta políticas de izquierda, promueve el desarrollo de estas agendas, que amenazan las costumbres y valores tradicionales del país.
  
  

• Durante las elecciones de 2023, la Asociación Lambda, intensificó su activismo promoviendo derechos LGBT mediante sus redes sociales. Además, se llevó a cabo desfiles de orgullo y eventos como el Día de la Visibilidad Trans.  

En el radar. La administración demócrata ha intensificado su agenda por los derechos LGBT a nivel global lo que requiere la participación de USAID.  

• En 2021, Biden emitió un memorado que instruía a las agencias federales a desarrollar estrategias para promover los derechos de las personas LGBT tanto dentro como fuera de los Estados Unidos.
  
  

• De acuerdo con un vocero del Departamento de Estado, “[…] es esencial que Estados Unidos lidere la lucha por los derechos humanos, ya que esta propuesta refleja los principios fundamentales del país”. En un informe de 2022, el investigador Simon Hankinson, de la Fundación Heritage, advierte que las políticas estadounidenses deberían ser más cautelosas al intentar influir en naciones con culturas conservadoras.
  
  

• Hankinson señala que incluso en los casos de consenso en Estados Unidos, es crucial mantener la compostura para evitar reacciones negativas que pueden ser interpretadas como un acto de “colonialismo cultural”.  

Qué destacar. La Asociación Lambda cuenta con el respaldo de la Fundación Interamericana (IAF), una agencia estadounidense que ha invertido USD 181 160 en un proyecto dirigido a la comunidad transmasculina en Guatemala, con el objetivo de mejorar el acceso a la educación, combatir la violencia de género y fomentar los derechos humanos.  

• Aunque estas iniciativas se presentan como esfuerzos para aumentar la inclusión social y económica, también son vistas como una extensión de las políticas progresistas extranjeras en Guatemala. 

En conclusión. Gran parte de la agenda de género en Guatemala está siendo financiada y dirigida por actores extranjeros, particularmente por Estados Unidos a través de agencias como USAID. Aunque se argumenta que estas iniciativas buscan el progreso y la inclusión, está claro que están moldeando las políticas y prioridades locales de acuerdo con intereses foráneos.  

• Este tipo de financiamiento pone en duda hasta qué punto Guatemala está tomando sus propias decisiones, o si, en cambio, está cediendo a las presiones externas; acompañadas de grandes sumas de dinero, claro está.