¿Amenazas, o gajes del oficio?

¡Buenos días! 

El ejercicio de un cargo público trae aparejada la exposición mediática; pretender que ello no ocurra son sueños de opio. Lo saben muy bien —sobre todo— los diputados, quienes son el blanco preferido para el desprecio popular. Claro, no todos y tampoco todo el tiempo; sin embargo, así es. 

Los integrantes del Organismo Ejecutivo, de las municipalidades y de entidades descentralizadas tampoco se escapan; usualmente su trabajo se ve como innecesario, redundante o, incluso, como un obstáculo. Eso se nota especialmente cuando se hace algún trámite en alguna institución. De nuevo, generalizar es, por definición, una imprecisión. 

Y ni se hable de quienes ejercen como fiscal o como alguna autoridad judicial; con los niveles de impunidad que hay y los retrasos —casi geológicos— en la tramitación de los procesos, es fácil entender el hate que reciben. 

El miércoles, la Corte de Constitucionalidad emitió un comunicado alertando y quejándose de amenazas que, tanto su presidenta como otros magistrados, han recibido. De ser amenazas, deben ser denunciadas en el Ministerio Público, pues son delito. Que no lo hagan los magistrados amenazados no solo da un muy mal ejemplo, sino que, a su vez, puede constituir omisión de denuncia. 

Ahora bien, si a lo que le llaman amenazas son insultos e imprecaciones por demás altisonantes, no se trata de amenazas, sino de genuina frustración de la gente. Más allá de las cuentas anónimas que ni deben tomarse en cuenta, en redes sociales es una dinámica, no diré sana, pero natural.  

¿Qué esperaban, que se les alabase por no hacer su trabajo como se les exige? Si es así, mejor que regresen al kínder, donde la maestra premia a todos aunque no hagan nada; estrellita en la frente. ¡Hay que joderse! 

Glenda Sánchez
Comisiones de postulación: un modelo agotado
591 palabras | 3 minutos de lectura

Las Comisiones de Postulación (CP) volvieron a mostrar debilidades profundas y persistentes en su diseño. La discrecionalidad y la opacidad marcaron las CP del Ministerio Público (MP) y el Tribunal Supremo Electoral (TSE). Las fallas alcanzaron la elección de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC).  

• La postuladora del TSE fue la que operó con mayor margen de discrecionalidad. Fue resultado de su presidencia, dirigida por Walter Mazariegos, rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC).  

Por qué importa. Las CP nacieron para ordenar la selección de autoridades de control. No obstante, enfrentan cuestionamientos que ponen en duda su legitimidad. En 2026 coincidieron los procesos del TSE, MP y Contraloría General de Cuentas (CGC). En el segundo semestre se prevé la elección del titular de esta última. Los primeros evidencian vacíos legales y prácticas discrecionales.  

• La Ley de Comisiones de Postulación lleva 16 años vigente, pero sus vacíos han permitido decisiones discrecionales. La falta de reglas claras en la evaluación de perfiles debilita la confianza en la selección de las autoridades.   

• Al implementarse el mecanismo, fueron evidentes fallas en su sistema. Sin embargo, con el paso de los años se agravaron. Desde un principio se buscó evitar la politización. Hasta hoy, todo apunta a lo contrario: procesos vulnerables a intereses y con escasa rendición de cuentas.  

• En los dos últimos procesos, observadores coinciden en que la comisión del TSE operó con mayor hermetismo. Afirmaron debilidades en los criterios de selección y en la transparencia del proceso.   

Punto de fricción. El trabajo de las CP reveló tensiones institucionales, judicialización y decisiones inconsistentes. La simultaneidad de elecciones de autoridades de control intensificó la presión sobre el sistema. También generó incertidumbre política y económica.   

• Expertos aseguran que las reglas actuales de las CP no han logrado contener esos efectos. El tema se analizó en el foro Evaluación del Proceso de Elección de Organismos de Control: retos y oportunidades, organizado por FUNDESA.   

• La Fundación 2020 advirtió que la simultaneidad de elecciones incrementa riesgos e incertidumbre. El fenómeno que impacta decisiones de inversión y eleva costos financieros para el país.   

• El Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) indicó que la judicialización constante genera resoluciones contradictorias, que debilitan la certeza jurídica. Eso abre espacio a interpretaciones discrecionales que afectan la estabilidad institucional.   

Ahora qué. Es imprescindible revisar el desarrollo de las CP y la elección de magistrados de la CC.  Las reformas legales y reglamentarias aparecen como inevitables si se busca recuperar credibilidad y garantizar procesos más predecibles y transparentes.  

• Expertos coinciden en la necesidad de reformas graduales: no solo constitucionales. También legales y reglamentarias. Esto permitiría ajustes más inmediatos en los procesos de selección.   

• En la CC, el reto será fortalecer la consistencia de sus fallos y reducir percepciones de politización. Un magistrado advirtió la necesidad de “volver a acreditar” la institución ante la ciudadanía.   

• La clave estará en construir procesos no simultáneos, más técnicos y previsibles. Reducir la discrecionalidad no solo fortalece la institucionalidad, sino también la confianza en el Estado de derecho.  

En conclusión.  Los recientes procesos de elección dejaron claro que las CP enfrentan problemas que afectan la confianza ciudadana. La falta de reglas claras volvió más tensos y cuestionados los procesos para el funcionamiento institucional del país. Además, se evidenció la politización de la justicia. Muestra de ello son los excesivos amparos interpuestos.  

• La coincidencia de varias elecciones aumentó la tensión política. Expuso debilidades en transparencia y toma de decisiones.   

• El reto no es solo elegir autoridades. Se debe fortalecer un sistema más técnico, predecible y con mayor credibilidad pública. 

Marcos Suárez
Hobbes y el monstruo necesario

Pocas ideas han envejecido tan bien y tan mal, al mismo tiempo, como la de Thomas Hobbes: que la paz no es el estado natural de las cosas, sino una construcción artificial sostenida por el miedo. Suena brutal, incluso cínico. Pero basta mirar alrededor —parlamentos convertidos en trincheras, fronteras en combustión, democracias exhaustas— para sospechar que Hobbes no exageraba. Su gran escándalo intelectual fue decir en voz alta algo que la política moderna aún intenta disimular: que el orden nunca es gratis. 

Hay textos que no se leen: se confrontan. Leviatán pertenece a esa clase de obras que no buscan consolar, sino desmontar ilusiones. No ofrece esperanza, ofrece estructura. No promete redención, promete contención. Y quizá por eso sigue siendo un libro peligrosamente vivo: porque en una época enamorada de la libertad, Hobbes recuerda que, si esta no tiene límites, puede ser el camino más corto hacia la destrucción mutua. 

Publicado en 1651, en medio de la fractura política de la Inglaterra del siglo XVII, Leviatán no es solo un tratado de filosofía política: es el diagnóstico de una herida humana que sigue abierta. Hobbes escribió después de ver cómo un reino podía devorarse a sí mismo, y de esa experiencia extrajo una cruda verdad: cuando desaparece la autoridad, no surge la libertad, emerge la lucha. 

Su punto de partida sigue siendo una provocación formidable: el ser humano, abandonado a sí mismo, no vive en paz, sino en competencia, sospecha y miedo. La famosa “guerra de todos contra todos” no es una hipérbole literaria; es la intuición fundacional de Hobbes. Sin ley común, sin árbitro, sin poder superior, la vida se convierte en supervivencia pura: cada uno contra el otro, cada uno para sí. 

Y ahí aparece su gran idea: el Estado como artificio contra el caos. No nacemos ciudadanos; nos hacemos ciudadanos por miedo. El contrato social no es un pacto moral, sino una transacción de supervivencia. Esa es quizá la gran crudeza de Hobbes: desmonta la idea romántica de la política y la reduce a su hueso más duro, la necesidad de orden. 

Sin embargo, es preciso matizar que Hobbes no pide obediencia ciega por amor al soberano. Lo que plantea es un cálculo racional. Incluso un poder duro, molesto o imperfecto resulta preferible al abismo de la guerra civil. El Leviatán no es un ideal; es un mal necesario. 

En estos tiempos de polarización extrema, líderes que prometen orden a cambio de concentración de poder, guerras abiertas y tensiones geopolíticas, Hobbes vuelve a sonar menos como un filósofo antiguo y más como un analista del presente. En las relaciones internacionales, su intuición es todavía más feroz: entre Estados no existe un soberano supremo. Allí persiste el estado de naturaleza, solo maquillado por tratados, diplomacia y equilibrios de fuerza. 

Quizá esa sea la vigencia brutal de Hobbes: nos obliga a admitir que la civilización no descansa sobre la bondad, sino sobre una arquitectura frágil de poder y contención. Leerlo hoy recuerda algo que preferimos olvidar: el orden tiene precio. Y casi siempre se paga con libertad.