Amigos, amiguetes y amigüis de Semilla

¡Buenos días! 

Toda administración tiene sus favoritos, aunque los actuales quieran aparentar lo contrario, como si fuese de otro planeta, sin vínculos de amistad e interés.  

En principio, eso no es malo; cómo no, al alcanzar el poder, tratar de empujar iniciativas cercanas a casa. No habría discusión si la izquierda no tuviese una doble moral y lo criticara en otros, mientras lo hacen ellos.  

Eso ocurre, justamente, en el Gobierno de Bernardo Arévalo, en la cartera de la ministra Patricia Orantes. Los intentos de favorecer a sus camaradas son claros; pero han encontrado un muro: la PGN.

Desde hace meses, República ha denunciado cómo la actual nomenclatura ambientalista ha pretendido favorecer —indebidamente— a sus añejos amigos.  

Porque una cosa es aprovechar el bagaje y la camaradería políticos, para avanzar una agenda programática, y otra —muy distinta— es la de otorgarle prebendas a los amigos, al estar en el poder. ¡Cachados!

En dos entregas anteriores, República informó sobre la realidad de Guatemala en la emisión de bonos de carbono adscritos al Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF), del Banco Mundial. En este sentido, la concesión Proyecto de Iniciativa REDD+, solicitada por la Fundación para el Desarrollo y la Conservación (FUNDAECO), en el Parque Nacional Mirador Río Azul, Petén, no cumplió varios requisitos para su aprobación. 

Por qué importa. A través de una solicitud de acceso de información pública a la Procuraduría General de la Nación (PGN), afirmó que la concesión REDD+ no cumplió requisitos técnicos, legales ni ambientales. Esto quedó documentado en el dictamen jurídico 1066-2025. La PGN también confirmó que no existían expedientes previos sobre el tema. 

• El 13 de febrero de 2025, el Instituto Nacional de Bosques (INAB) emitió una resolución en la que rechazó el ingreso del proyecto REDD+ presentado por FUNDAECO. 

• 14 días después, la fundación, representada por  Marco Vinicio Cerezo Blandón, presentó un recurso de revocatoria, argumentando que lo consideraba “oportuno”. 

• La PGN evaluó la situación y presentó su dictamen el 30 de mayo. Indicó que la fundación no acreditó certeza jurídica ni cumplió requisitos obligatorios del Banco Mundial. 

Visto y no visto. FUNDAECO tampoco demostró mecanismos válidos para transferir reducciones de emisiones. Algo fundamental en los proyectos REDD+. La postura de la PGN enfatizó que el convenio entre el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP) y FUNDAECO no sirve como “acuerdo de voluntades”. Es decir, no tiene validez bajo ese mecanismo. 

• La razón de la postura se da porque el acuerdo no transfiere derechos, no habilita titularidad de emisiones y no cumple requisitos mínimos del Programa de Reducción de Emisiones (PRE). 

• La PGN destacó que FUNDAECO no acreditó documento legal que respalde la titularidad o transferencia de emisiones. Un requisito indispensable en tierras estatales, según el Manual del PRE. 

• El análisis señaló que el proyecto tampoco cumplió estándares ambientales y sociales obligatorios para fondos REDD+. Esto impide su admisión incluso si existiera aval preliminar de CONAP. 

Sí, pero. El dictamen reconstruyó toda la ruta del expediente y evidenció debilidades estructurales. FUNDAECO presentó el expediente con base en un convenio de cooperación firmado con CONAP, pero este documento no reconoce derechos, no habilita la transferencia de beneficios ni autoriza la explotación futura de carbono.  

• La PGN advirtió que la administración pública no puede otorgar concesiones sin sustento legal claro. Reafirmó que la autoridad administrativa tiene obligación de confirmar, modificar o revocar, pero siempre con apego a la legalidad. 

• El convenio de 2017 prohíbe transferir la calidad del Estado como propietario del área. No equivale a un instrumento jurídico para un proyecto REDD+, punto que el INAB corroboró en su resolución del 13 de febrero de 2025. 

• El documento también dejó entrever dinámicas internas. Aunque el Gobierno argumentó que existía solvencia jurídica, la PGN señaló lo contrario. La fundación no cumplió requisitos esenciales y el INAB actuó conforme a procedimientos establecidos. 

En conclusión. El caso abre una discusión sobre gobernanza ambiental y límites del poder administrativo. La PGN dejó claro que FUNDAECO no cumplió requisitos, mientras el Estado nunca consultó formalmente a la institución antes de avanzar con la concesión.  

• El proceso evidencia riesgos para la propiedad estatal, el manejo forestal y el uso futuro de recursos maderables o créditos de carbono. 

• La certificación de “inexistencia de expedientes” demuestra que decisiones de alto impacto ambiental se tomaron sin controles previos.  Se debilitó la transparencia y la autonomía técnica. 

La Misión Especial de la Organización de los Estados Americanos (OEA) concluyó el 14 de noviembre su primera visita oficial a Guatemala, tras reunirse con actores clave como la Corte de Constitucionalidad, el Tribunal Supremo Electoral, universidades, organizaciones sociales y el sector privado.  

Qué destacar. Todos tuvieron oportunidad de expresar sus puntos de vista, excepto el Ministerio Público, que adelantó que podría sumarse más adelante. 

• El informe advierte sobre la importancia de las elecciones del sector justicia y demás autoridades en 2026, instando a que los procesos se conduzcan con idoneidad, independencia e integridad, respetando plazos constitucionales.  

• La OEA alertó sobre riesgos de retrasos y falta de transparencia, y pidió evitar acciones que generen incertidumbre sobre la continuidad del orden constitucional. También, subrayó la necesidad de fortalecer la USAC, cuya situación interna preocupa por su papel en comisiones de postulación.   

• En la misma línea, CACIF respaldó las recomendaciones de la OEA, enfatizando que la renovación institucional es clave para la estabilidad democrática. La misión anunció que regresará en febrero para formular recomendaciones más específicas. 

Lo que sigue. El miércoles 19 de noviembre arranca el plazo fijado por el Congreso de la República de Guatemala para que la comisión de postulación que propondrá a los candidatos a magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) comience su trabajo. 

• Será el propio Congreso quien elija a los cinco magistrados titulares y cinco suplentes, quienes ocuparán el cargo durante seis años, conforme lo establece la Ley Electoral y de Partidos Políticos.  

• Estos funcionarios tendrán la responsabilidad de conducir el proceso que llevará a las elecciones generales de 2027, garantizando su transparencia y legalidad. La comisión estará integrada por autoridades académicas y representantes del Colegio de Abogados, según lo dispuesto en la normativa vigente.  

• Una vez instalada, deberá remitir al Congreso la nómina de candidatos para su elección. El acuerdo legislativo, 10-2025, fue publicado en el Diario Oficial y notificado a los interesados. Con esta medida, se inicia una etapa clave para la institucionalidad democrática en Guatemala. 

En el radar. A tan solo 14 días del plazo para aprobar el Presupuesto General de la Nación 2026, la Comisión de Finanzas del Congreso aún no ha emitido dictamen sobre la iniciativa enviada por el Ejecutivo.  

• Se espera que esta semana se complete el proceso y se avance en la discusión de un plan estimado en GTQ 163 000M, cifra que podría aumentar, como ocurrió el año pasado.  

• Estas dos semanas serán decisivas para las intensas negociaciones entre bancadas oficialistas, opositoras y sus aliados. Como siempre, el ojo está puesto en las asignaciones a los Consejos Departamentales de Desarrollo (CODEDE), entidad que este año triplicó su presupuesto pese a su baja ejecución.  

• Además, los diputados aprobaron que los fondos no gastados en 2025, como ocurrió en 2024, no regresen al fondo común y sigan bajo disposición de estos consejos, señalados históricamente como focos de corrupción bajo el contubernio de alcaldes, diputados y otros funcionarios. 

Ecos regionales. El proceso electoral en Honduras avanza hacia su recta final con simulacros nacionales y preparación técnica del sistema de transmisión de resultados preliminares. 

• Persiste una fuerte crisis institucional entre el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal de Justicia Electoral, sumada a presiones judiciales y militares que generan incertidumbre sobre la transparencia de los comicios del 30 de noviembre. 

• En Nicaragua, continúa la purga en el poder judicial, iniciada por Rosario Murillo en noviembre de 2023, quien destituyó a la presidenta de la Corte Suprema y a más de 1000 funcionarios.  

• El régimen eliminó la carrera judicial y nombró jueces leales al Ejecutivo, consolidando el control absoluto sobre la justicia. La semana pasada continuaron los despidos, para garantizar la permanencia del régimen Ortega-Murillo.