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Ampliación presupuestaria favorece la opacidad y la corrupción

¡Buenos días!
Como si la tragedia del lunes —donde murieron 54 personas en un percance en un bus extraurbano— no fuese suficiente, ayer, en lo que a todas luces fue un acto de sicariato del narcotráfico, una persona resultó muerta y otra herida. El escenario: los alrededores de un centro hospitalario y áreas comerciales; donde cualquier ciudadano de bien puede estar en cualquier momento.
El percance del lunes fue lamentable, pero fortuito; el “narco atentado”, obviamente, fue un hecho planificado. Lo preocupante de lo segundo es que parece ser un síntoma de una enfermedad que ya se ha visto en otras latitudes: el México de AMLO, la Bolivia de Evo Morales, el Ecuador —desde Correa y ahora con Noboa—, la Honduras del clan Lobo-Castro, etc. A ese triste grupo se le suma Colombia que, si bien no es ajena a la narco violencia, durante el fallido gobierno de Petro se ha incrementado. En buena medida, por la ineptitud del ahora exministro Iván Velásquez.
El elemento común regional es ineludible: gobiernos de izquierda solapando al narco o, abiertamente, haciéndolo su compinche.
A la luz de todo aquello y con las “juntas” que el oficialismo ha tenido para aprobar su agenda legislativa —a costa de miles de millones del presupuesto—, encender las alarmas porque eso esté empezando a pasar acá, por las mismas razones que en otros países del continente, no es exageración.
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•Editorial: Unos en la pena y los politiqueros en la pepena
•Infografía: ¿Cómo les fue en Lectura y Matemáticas?
•Ampliación presupuestaria: más dudas que soluciones

Unos en la pena y los politiqueros en la pepena
El fatal accidente ocurrido esta semana, donde un autobús se precipitó desde el puente Belice causando la muerte de 54 personas, es una tragedia que exige un profundo análisis y deducción de responsabilidades. Este incidente no solo refleja una falla sistémica en la seguridad vial del país, sino también una serie de negligencias que deben ser abordadas con urgencia.
Primero, el gobierno tiene una responsabilidad ineludible: el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) debe atender la infraestructura vial —especialmente en puntos críticos— para garantizar que sea segura para el tránsito. La Dirección General de Transporte (DGT) tiene la tarea de asegurar que todas las unidades de transporte público cumplan con las normas de seguridad, incluyendo la revisión regular de los autobuses y la verificación de las licencias de operación. La negligencia en estos aspectos ha contribuido directamente a la magnitud del desastre.
Por supuesto, es entendible que las autoridades, como el viceministro de Transporte del CIV, o la recién nombrada directora de la DGT, no tengan la “culpa” del accidente, pero ciertamente son responsables, en el marco de sus competencias. Pretender deslindarse o escudarse en que el marco normativo es anacrónico es un escapismo que les deja muy mal parados.
Por otro lado, el dueño —porteador— de la unidad accidentada tiene directa responsabilidad moral y legal; contratar a pilotos sin la calificación adecuada para manejar vehículos de transporte público es negligencia criminal. El hecho de que el bus haya estado en operación durante 30 años con una licencia vigente hasta mayo de 2025 indica una falta de rigor en la supervisión y mantenimiento.
El gobierno debe actuar ahora, no solo para investigar este incidente, sino para implementar reformas que prevengan futuras catástrofes. Se requiere de acciones más estrictas, inspecciones regulares y una mayor educación en seguridad vial tanto para conductores como para pasajeros.
En medio de la pérdida de vidas, resulta detestable el aprovechamiento político de esta tragedia. Algunos diputados y posibles candidatos a puestos de elección popular han intentado utilizar esta calamidad para ganar capital político y atacar a sus opositores, lo cual no solo es oportunista sino francamente inmoral.
Es fundamental subrayar que no se puede culpar a quienes no tienen responsabilidad alguna en el accidente. Los resentimientos y rencillas políticas no tienen cabida en el marco del luto y de la deducción de responsabilidades.
Los guatemaltecos requieren un sistema de transporte seguro y eficiente, de autoridades que se hagan responsables y de empresarios del transporte extraurbano que tengan la mínima decencia y que se den cuenta de que su negligencia, tristemente, ha costado vidas.
Para con los políticos en la pepena en medio de la tragedia, solo queda recordarles su ignominia cuando pidan el voto.
Que en paz descansen las víctimas; solidaridad para con sus familiares.
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Marimaite Rayo
Ampliación presupuestaria: más dudas que soluciones
670 palabras | 3 mins de lectura

El Congreso aprobó una ampliación presupuestaria de GTQ 4166M para 2025, justificándola como necesaria tras una resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC) que suspendió cuatro artículos del presupuesto. Sin embargo, la asignación de recursos —especialmente a los CODEDES y la contratación de asesoría financiera— plantea dudas sobre transparencia, eficiencia y posibles irregularidades gubernamentales.
Por qué importa. El 11 de febrero de 2025, el Congreso aprobó, con el voto favorable de 114 legisladores, la ampliación del presupuesto 2025, por GTQ 4166M.
Esta iniciativa fue presentada un día antes por el ministro de Finanzas Públicas, Jonathan Menkos, por la supuesta necesidad de cumplir con los recursos tal como se habían aprobado en el Presupuesto 2025, los cuales fueron suspendidos [los artículos] por ser inconstitucionales.
El 30 de enero, la CC resolvió de manera favorable, provisionalmente, la acción presentada por CACIF en tal sentido.
Los artículos en cuestión eran: el 118, 130, 135 y el 137 del Decreto 36-2024.
Datos clave. De acuerdo con Menkos y como lo expone la iniciativa 6504, el 95 % de estas asignaciones se financiarían con recursos de caja, GTQ 3966M, y el resto con endeudamiento público externo, GTQ 200M.
Esto quiere decir que la ampliación sería posible por la baja ejecución que registró el gobierno en 2024, la cual apenas alcanzó el 89 %.
La distribución de los recursos establecería una asignación de GTQ 1900M para los Consejos Departamentales de Desarrollo (CODEDES), GTQ 1625M para las Clases Pasivas del Estado, GTQ 56.5M para el Seguro Paramétrico y GTQ 393M para el Programa de Reducción de Emisiones (ERPA).
Asimismo, el Ministerio de Finanzas Públicas (MINFIN) aprovechó para incluir nuevas disposiciones como las asignaciones especiales para el Instituto Guatemalteco de Migración por GTQ 7M y una reforma al artículo que dispone fortalecer el recurso humano del sistema de salud.
Visto y no visto. Unos de los elementos que más llama la atención es la asignación extraordinaria a los CODEDES.
En la disposición original, se establecía una ampliación pre autorizada para permitir que los Consejos ejecutaran los recursos extraordinarios asignados en 2022 por el Decreto 54-2022 para la Gran Cruzada por la Nutrición y los asignados en 2024 por el Decreto 17-2024, sin embargo, no se especificaba el monto.
Por lo tanto, con esta ampliación, se otorgan más de GTQ 1891M, lo cual se suma a los GTQ 12 000M que se habían asignado en el presupuesto 2025.
Esta asignación es un premio a la inoperancia, ya que los CODEDES tuvieron una ejecución paupérrima en el 2024 —alrededor del 30 %—, y demuestra cómo son utilizados como herramienta política.
Entre líneas. Otra disposición que plantea dudas es el Art. 9, el cual autoriza al MINFIN a contratar una empresa que contribuya a la mejora de la calificación de riesgo país.
En términos normativos, esta disposición permite que la cartera de Finanzas contrate a una empresa de asesoría —o de cabildeo— sin seguir el procedimiento establecido en la Ley de Contrataciones del Estado, lo cual sugiere que será un proceso no competitivo ni transparente.
Asimismo, de forma extraordinaria, la entidad que sea beneficiada gozará de una exención de impuestos y se acogerá a los procedimientos de arbitraje internacional.
Dicha redacción sugiere cómo el ministerio llevará a cabo una contratación a dedo, que podría ser lesiva para los intereses del Estado.
En conclusión. Debido a que el Decreto 36-2024 contemplaba varias ampliaciones “pre autorizadas”, antes de la aprobación de la iniciativa 6504, el gobierno ya había operado una ampliación de GTQ 100M, lo cual elevaba el techo presupuestario en GTQ 1485M.
No obstante, con la ampliación aprobada el 11 de febrero, el presupuesto 2025 se elevaría en GTQ 1527M, con la posibilidad de ampliaciones adicionales.
La iniciativa 6504 sí corrige las disposiciones que fueron declaradas inconstitucionales; sin embargo, también premia la mediocridad y favorece las irregularidades en las contrataciones de servicios.
Por ende, será necesario fiscalizar la manera en la que las unidades distribuyen y ejecutan estos recursos, de manera que las asignaciones cumplan con los objetivos fijados en la norma.
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