Aquí no hay quien viva ¿o sí?

¡Buenos días! 

No tan graciosa como la serie homónima creada por Ariztimuño y Caballero, la de Guatemala, por algunos años ya, podría ser una historia que se llame así. 

Aunque no es un fenómeno circunscrito a los 108 888 km2 del territorio nacional, ciertamente la polarización —radicalización— política, la ausencia casi absoluta de consensos, la gestión pública con fines de lucro ilegal, la cooptación de las instituciones, el lawfare y su contraparte, la politización de la justicia, la penetración del narcotráfico tanto en el poder local, como a nivel nacional —particularmente en las fuerzas de seguridad y en el Congreso—, la incapacidad de los funcionarios, los ridículos niveles de impunidad y un sin fin de etcéteras, hace que sea difícil ver un futuro prometedor. 

¿Panorama pesimista? Sí. Con la edad uno va yendo más hacia ese derrotero. Aunque todavía con ganas de dar batalla ante las injusticias y querer dejar un mejor mundo que el que encontramos, el almanaque nos recuerda que ya quedan menos veranos que los vividos. Parece ser un axioma el de volverse un tanto pesimista con los años. 

¿La buena noticia? Que los jóvenes —los eternos herederos del futuro— siempre serán más enérgicos y tendrán más ganas de luchar por lo que vale la pena; eso, muy a pesar de todo lo que se dice de los millenials y la Gen Z.  

La cosa no está tan jodida, como algunas veces se puede ver.  

Ana González
Elección de magistrados del TSE: ¿qué caminos quedan ante las dudas sobre el listado?
470 palabras | 3 minutos de lectura

La nómina de 20 aspirantes presentada por la Comisión de Postulación (CP) para el Tribunal Supremo Electoral desató inconformidad y encendió las alarmas sobre la calidad del proceso. Algunos se preguntan qué mecanismos existen para asegurar que se elija a magistrados idóneos. 

Por qué importa. La magistratura saliente acumuló errores, decisiones controvertidas —procesos penales— y evidenció una marcada fragilidad institucional. También fue señalada por excluir a varios candidatos de forma antojadiza y por aplicar criterios de evaluación desiguales: rigurosidad para algunos, flexibilidad para otros.  

• Ese antecedente elevó la preocupación en torno a quiénes podrían ocupar ahora las cinco magistraturas titulares y las cinco suplentes. 

• La publicación del listado provocó reacciones del sector privado, así como de la Embajada de EE. UU., que afirmó que autoridades universitarias habrían abierto espacio a organizaciones criminales y al narcotráfico en el proceso de selección, privilegiando intereses particulares por encima del fortalecimiento institucional del país. 

• A esto se suma que, desde el inicio, algunos diputados cuestionaron la imparcialidad de la CP debido a que su presidente, Walter Mazariegos, asumió la rectoría de la USAC en medio de un proceso ampliamente denunciado y con denuncias de fraude.  

En el radar. Diputados de la bancada Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS) enviaron un oficio a la Junta Directiva donde piden que el Congreso rechace la nómina, al considerar que existen anomalías en el proceso.  

• La petición pasó sin pena ni gloria, pues se asegura que poco se puede hacer y que la última palabra sobre la lista está en manos de la Corte de Constitucionalidad, que debe resolver tres amparos en contra del proceso.  

• Juan Carlos Rivera, integrante de la Junta Directiva, explicó que aunque el artículo 28 de la Ley de Comisiones de Postulación establece un plazo de 72 horas para presentar impugnaciones, en este caso existe una imposibilidad legal y material para hacerlo. La razón principal es que la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP), por tener rango constitucional, prevalece sobre una ley ordinaria y fija reglas específicas para este proceso. 

• El artículo 141 de la LEPP es claro: la Comisión se disuelve inmediatamente después de entregar la nómina al Congreso. Si la CC no emite una resolución que suspenda o modifique el proceso, el Congreso está obligado a continuar con el procedimiento y realizar la elección antes del 20 de marzo, utilizando la nómina ya remitida. 

En conclusión. En este escenario, el margen de maniobra es reducido. Con la Comisión disuelta y la nómina ya en el Congreso, la decisión queda supeditada a lo que resuelva la CC. 

• Si no hay suspensión, los diputados deberán elegir antes del 20 de marzo entre los 20 aspirantes propuestos.  

• Aunque varios nombres generan dudas, algunos legisladores hacen ver que aún queda examinar al resto de candidatos para asegurar que se elijan los perfiles más idóneos, con independencia y transparencia. 

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Glenda Sánchez
Elecciones bajo la sombra por acciones legales
567 palabras | 4 minutos de lectura

Las acciones legales contra los procesos del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y la Corte de Constitucionalidad (CC) generan tensión e incertidumbre institucional. Existe peligro de judicialización, retrasos y riesgo de posibles repeticiones de procesos. La amenaza central es que intereses particulares influyan y debiliten la independencia electoral y judicial. 

Por qué importa. Los procesos para elegir autoridades del TSE y la CC están en fase decisiva. Sin embargo, impugnaciones y amparos activan alertas sobre retrasos y captura institucional. Expertos advierten que se puede alterar la toma de posesión y reconfigurar listas para favorecer intereses políticos.  

• La judicialización busca suspender designaciones y abrir espacios para repetir procesos. Ese escenario permite reordenar nóminas con perfiles alineados a operadores y actores políticos.  

• En la CC existen precedentes de retrasos, como el caso de Gloria Porras. En el TSE sería un hecho inédito que pondría a prueba a la propia alta corte.  

• El riesgo no es técnico, sino político, porque busca alterar equilibrios institucionales en año clave para las elecciones de 2027. 

Punto de fricción. Las acciones legales, presentadas esta semana, impactan varios frentes. En el TSE, una impugnación cuestionó la integración de la nómina por conflictos de interés. En la CC, múltiples amparos buscan frenar designaciones en el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) y en el Consejo Superior Universitario (CSU).  

• Una acción contra el TSE llegó a la CC y fue desechada. No obstante, marcó el inicio de la judicialización del proceso electoral administrativo.  

• En la CC, las impugnaciones por ilegitimidad del CSU y denuncias contra el Colegio muestran un patrón de litigio estratégico. En el CANG, denuncias penales aumentan la presión. 

• Si no se agotan las impugnaciones internas, los amparos pueden colapsar por falta de definitividad, pero igual generan ruido institucional. En la CC existe prolongación de funciones por ley. En el TSE no. Un bloqueo allí obligaría a la CC a fijar reglas inéditas. 

Entre líneas.  Los expertos describen un calendario saturado y vulnerable. En 2026 coincidieron las elecciones de segundo grado para CC, TSE y MP. La simultaneidad dispersó la vigilancia ciudadana y facilitó maniobras. El problema se agrava cuando las personas acuden al amparo sin agotar recursos previos; lo usan para sus fines políticos. 

• Si no se agotan las impugnaciones internas, los amparos pueden colapsar por falta de definitividad. Pero igual generan ruido institucional. 

• En la CC existe prolongación de funciones por ley. En el TSE no. Un bloqueo allí obligaría a la CC a fijar reglas nuevas.  

• El vacío legal en el TSE abre un escenario que podría afectar hasta las elecciones de 2027 y 2032. Es necesario que se resuelvan las acciones y se avance.  

En conclusión. No se debe normalizar la judicialización como herramienta política. Las acciones legales deben servir para corregir errores. La prioridad es garantizar certeza jurídica, cumplir los plazos y evitar que intereses particulares distorsionen los procesos diseñados para proteger la justicia y el sistema electoral.  

• Las comisiones y entes electores deben reforzar la transparencia, fundamentar cada decisión y documentar los criterios técnicos.  

• La CC debe resolver con rapidez y claridad. Si suspende actos, tiene que fijar reglas precisas sobre continuidad en el cargo, sobre todo en el TSE, donde no existe figura de prolongación.  

• Los actores políticos y aspirantes deben agotar recursos internos antes de acudir al amparo. El uso excesivo de acciones constitucionales genera incertidumbre y puede afectar hasta las elecciones de 2027 y 2032.  

Este es un ensayo para agitar en sobremesas, reenviar por WhatsApp y convertir en consigna. Su fulgurante éxito editorial se explica por el clima eléctrico en el que aterriza: una España fatigada, polarizada y hambrienta de relatos simples para problemas complejos. 

Alvise Pérez no procede del canon académico ni del aparato partidista tradicional. Escribe desde la trinchera digital. Su prosa es directa, con ritmo de hilo viral más que de capítulo clásico. Esa es una de sus mayores virtudes: ha entendido que el lector contemporáneo no quiere digresiones doctas, sino claridad, señalamiento y una narrativa de agravio compartido. Devuélveme mi país es, en ese sentido, un manual emocional del descontento. 

Sus páginas presentan una energía innegable. El autor construye un “nosotros” reconocible —clases medias frustradas, jóvenes desencantados, votantes que se sienten traicionados— frente a un “ellos” nítido: élites políticas, medios tradicionales, estructuras que, a su juicio, han secuestrado la soberanía popular. Busca reforzar la identidad del ya convencido. Y lo logra. De ahí su éxito. 

Pero esa narrativa de restitución encierra un riesgo: simplificar lo que exige matices. Su gran mérito —capacidad de síntesis emocional— es también su debilidad intelectual. Hay afirmaciones contundentes que reclaman más contexto, más contraste. El tono categórico, eficaz en campaña permanente, resulta empobrecedor en formato libro. La indignación sostenida corre el peligro de volverse monocorde. 

El aspecto más criticable —y el asunto dista de ser baladí— es el efecto político que el fenómeno Alvise provoca en la derecha española. En un tablero ya fragmentado, su irrupción y el eco logrado no solo disputan espacio, sino que tensionan las costuras del bloque conservador. La promesa de “devolver el país” puede traducirse, en la práctica, en dividir el voto, atomizar liderazgos y, paradójicamente, facilitar la continuidad del actual gobierno en Madrid. La política, como la física, detesta el vacío: cuando se multiplican las siglas y los personalismos, el beneficiario suele ser quien permanece cohesionado. 

La renovación y la sacudida forman parte de cualquier sistema democrático vivo. Sin embargo, la pregunta que queda flotando al finalizar el volumen es si la energía disruptiva se convertirá en proyecto estructurado o quedará en performance permanente. 

Visto desde Latinoamérica, el fenómeno resulta familiar. Discursos antiestablishment, amplificados por redes sociales y convertidos en best sellers, catalizan frustraciones reales y reordenan sistemas políticos enteros. Alvise dialoga, sin citarlo, con esa tradición contemporánea de líderes que construyen comunidad digital antes que partido. En sociedades como las nuestras, donde la desconfianza institucional es crónica, el eco puede ser potente. 

¿Es Devuélveme mi país un gran libro? No exactamente. Su valor reside en su capacidad para captar un estado de ánimo y transformarlo en objeto cultural de masas. Es un termómetro, no un tratado.  

Obliga a tomar posición, a favor o en contra, y convierte la lectura en acto político. En una época saturada de tibieza discursiva, esa claridad resulta magnética; en una democracia necesitada de puentes, puede ser inflamable. No se agota en su contenido: es un episodio intenso de una conversación más amplia sobre identidad, representación y poder. 

Más que devolver un país, este texto devuelve una pregunta: ¿qué se hace con el malestar cuando se convierte en identidad política? La respuesta no está cerrada. Ahí radica la verdadera importancia —y riesgo— de este fenómeno editorial.