Arévalo sale a buscar dinero

¡Buenos días! 

Luego de la mejora de calificación crediticia por parte de S&P (BB+); el reto es transformar ese hito en más inversión extranjera. Durante la funesta administración demócrata en EE. UU., la exvicepresidenta, Kamala Harris, se ufanó de “conseguir” USD 4200M en compromisos de inversión privada para el llamado triángulo norte; sin embargo, casi nada de ello se concretó. Smoke and mirrors, como se dice en inglés.

Ahora, Arévalo —emulando a Trump en su reciente gira por la península arábiga— sale en busca de esa muy apetecida inversión al lejano oriente. Viaja a inicios de junio a Taiwán y Japón, dos aliados y amigos de Guatemala.

Esa inversión puede ser pública o privada, pero debe enfocarse en temas clave, como infraestructura —vial, energética, portuaria, aeroportuaria, etc.—, así como en más y nuevas industrias que generen empleo. Es importante que se destaque que lo que Guatemala busca es inversión, no ayuda; en el pasado, la “cooperación” ha sido utilizada —frecuentemente— como un mecanismo de presión para conseguir algo a cambio. Esas prácticas deben desaparecer.

Las buenas medidas, como las que consiguieron la mejora crediticia, así como la firma del convenio con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EE. UU. en materia portuaria, deben ir acompañadas de eficiencia en la gestión por parte del Gobierno. Pero, sobre todo, decisión y ejecución, dos cosas que han hecho falta en lo que va del gobierno de “la primavera”. 

Guatemala logró una mejora en su calificación crediticia (BB+) otorgada por Standard & Poor’s, acercándose al grado de inversión. Esta categoría indica menor riesgo financiero y mayor atractivo para inversionistas extranjeros.

El Ministerio de Finanzas trabaja en una hoja de ruta para alcanzar este objetivo. El ministro, Jonathan Menkos, destacó seis pilares clave en este proceso, aún por mejorar: políticas socioeconómicas, competitividad y productividad, exportaciones e inversiones, certeza jurídica, fortalecimiento institucional y protección social.

Además, el gobierno enfrenta desafíos relacionados con la calidad del gasto público, la estabilidad macroeconómica y el fortalecimiento del sistema financiero. La autonomía del Banco de Guatemala es un elemento esencial, así como la gestión responsable de los recursos destinados a infraestructura y desarrollo económico.

Entre las iniciativas estratégicas para mejorar la competitividad destacan la construcción de una línea de metro entre Mixco y El Obelisco, la expansión de la carretera CA-9 Norte, y una inversión superior a USD 1000M en caminos rurales y secundarios, que facilitarán el acceso a mercados y servicios.

El MINFIN enfatiza que estos avances mejoran la percepción del país en los mercados internacionales y fomentan la inversión extranjera. La consolidación de Guatemala como una economía estable y confiable contribuiría al crecimiento económico y a la generación de empleo, promoviendo condiciones favorables para el desarrollo.

En el ámbito económico, el Gobierno muestra su preocupación por la creación de un 3.5 % de impuesto a las remesas, aprobado por el Congreso de EE. UU., lo que podría afectar sectores clave. La semana pasada, el presidente, Bernardo Arévalo, envió una carta a la Cámara de Representantes de EE. UU., alertando sobre los efectos negativos de la medida en la lucha contra la pobreza, el crimen organizado, el narcotráfico y la migración irregular.

Agenda presidencial  

27 de mayo 

Reunión en Washington D. C. sobre aranceles por remesas 

• ⁠Delegación oficial encabezada por el Canciller Carlos Ramiro Martínez y la ministra de Economía, Gabriela García.

 28 de mayo 

• Visita a San Pedro, Néctar, Huehuetenango.
  
  

• ⁠Inauguración oficial de un nuevo Puesto de Salud del programa Crecer Sano, en colaboración con el Ministerio de Salud y Previsión Social.

  Inicios de junio 

• Visita Oficial a Asia: Taiwán y Japón.
  
  

• ⁠La comitiva presidencial incluirá al Canciller Carlos Martínez, la ministra de Economía, la Secretaría Privada de la Presidencia y el secretario de Comunicación Social. 

Han pasado un poco más de dos meses desde que la reforma a la Ley de Alianzas Público-Privadas avanzó en su primer debate, de los tres necesarios para convertirse en decreto. Con esta reforma se busca atraer inversiones y promover el desarrollo económico del país.

Pese a que se ha insistido en que la iniciativa es una prioridad legislativa, su avance ha sido limitado. Ahora, tras la mejora en la calificación de riesgo-país otorgada por S&P Global Ratings, crece la expectativa de que se retome su discusión, ya que se requieren instrumentos legales que permitan impulsar los “cambios estructurales” necesarios para mantener dicha calificación.

“Los indicadores de Guatemala son buenos: es un país con baja deuda, con crecimiento económico, estabilidad cambiaria y reservas monetarias internacionales que permiten absorber cualquier shock en la demanda de dólares. Ahorita estamos bien, pero si no se invierte en infraestructura y si no se fortalece la relación con el Congreso para aprobar leyes que impulsen cambios estructurales como la Ley de Alianzas Públicas, en la próxima revisión podría haber retrocesos”, advirtió el presidente del Banco de Guatemala, Álvaro González Ricci, en una entrevista radial.

En este contexto, la Comisión de Economía, presidida por el diputado Faver Salazar, sostuvo recientemente un encuentro con la Agencia Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica (ANADIE), con el objetivo de establecer un calendario para visitar distintos departamentos del país y socializar la propuesta con alcaldes y cooperativas, promoviendo así la generación de proyectos que beneficien directamente a la población.

Cabe recordar que la reforma propone una serie de modificaciones a la legislación vigente para corregir deficiencias, agilizar procesos y ampliar el alcance de las alianzas público-privadas. Uno de los cambios más relevantes es que ANADIE ya no sería la única entidad facultada para proponer proyectos; el sector privado también podrá presentar iniciativas.

Además, no todos los proyectos requerirían aprobación del Congreso. Dependiendo de su naturaleza, algunos podrían ser autorizados únicamente por el Consejo Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica y los Concejos Municipales correspondientes.

La propuesta fue presentada el 18 de agosto de 2024 por los diputados Adim Maldonado, León Barrera, Nery Ramos, Jorge Ayala, entre otros, y recibió dictamen favorable el 25 de noviembre de ese mismo año.

Queda por ver si el Legislativo le dará la atención que requiere, o si quedará rezagada entre los múltiples temas pendientes, en un año en el que apenas se han aprobado cuatro decretos.

Aunque actualmente el Congreso se encuentra en receso parlamentario —lo que implica mayor actividad en comisiones—, los asuntos prioritarios podrían ser conocidos en una sesión extraordinaria. No obstante, todo dependerá de la voluntad política de los diputados, quienes desde febrero perciben un salario mensual de GTQ 66 300.