Arévalo decreta perseguir a los ciudadanos por sus opiniones

¡Buenos días! 

Los incendios en varios puntos de país han provocado que el gobierno de Arévalo utilice la Ley de Orden Público, un instrumento de la era contrainsurgente. A falta de una normativa moderna, no tiene opción. Sin embargo, la restricción de derechos constitucionales que nada tienen que ver con la atención de la emergencia llama poderosamente la atención. ¿Atisbos autoritarios o perniciosa asesoría legal? 

Otro atisbo autoritario se cuece en el Congreso: la moratoria –por 10 años– de la actividad minera, que la Constitución declara de utilidad y necesidad públicas. Con la excusa de mejorar la condiciones para el Estado –algo entendible– ocultan su verdadera intención: destruir una actividad productiva que da trabajos muy bien remunerados. Se percibe un ataque ideológico. 

En el ámbito regional, la dictadura chavista-madurista de Venezuela purga a los otrora rockstars del régimen. Tareck El Aissami se ve envuelto en una trama de corrupción que, de no ser porque “traicionó” al chavismo, pasaría inadvertida por el gobierno. El pecado no fue el latrocinio, sino no haber compartido con Maduro y adláteres.  

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En este boletín:

•Editorial: Apagar fuegos ¿callando bocas?

•Con Tareck El Aissami, Maduro purga, a lo Stalin

•Moratoria de minería metálica podría ser de 10 años

Sebastián Gennari
•Con Tareck El Aissami, Maduro purga, a lo Stalin
703 palabras | 3 mins de lectura

Las autoridades venezolanas han detenido a Tareck El Aissami, otrora poderoso ministro chavista de Petróleo y presidente de PDVSA, la petrolera estatal. El presidente Nicolás Maduro lo acusa de “traición a la patria”. Se trata, hasta donde se dice, de un caso de corrupción.  

• El Aissami también ha sido imputado por legitimación de capitales, apropiación o distracción del patrimonio público, “alardeamiento” o valimiento de relaciones o influencias y asociación ilícita. La Fiscalía, sin el más mínimo simulacro de presunción de inocencia, prometió una “sanción ejemplar”. 

  
  

• Simón Zerpa, un antiguo ministro de Economía y Finanzas, y Samark López, empresario y testaferro de El Aissami, también fueron detenidos. Ambos son –también– chavistas de raigambre que han sido sancionados por EE. UU. 

  
  

• A todos se les acusa de ser partícipes de la trama PDVSA-Cripto. Todo sugiere que El Aissami lideró una extensa banda de políticos y empresarios corruptos que vendía crudo venezolano a cambio de criptomonedas. 

Entre líneas. El espectáculo de la captura de El Aissami puede resultar confuso e incómodo, mas no sorprendente. Hasta esta semana, El Aissami llevaba un año desaparecido; en un momento fue miembro del politburó del régimen, pero desde marzo de 2023 parecía estar sujeto a una suerte de damnatio memoriae. 

• La novedad, por tanto, no es la exclusión política del exministro, sino la confirmación de su captura. No es el primero en caer durante esta purga: el caso PDVSA-Cripto ha llevado a la detención de 54 personas, muchas de ellas figuras políticas prominentes, algunas del círculo de El Aissami. 

  
  

• Se habla de la sustracción de hasta US$21,000M de las arcas públicas. Venezuela, cabe recordar, no atraviesa una época de bonanza, pero la trama empezó en 2017, cuando la situación era auténticamente nefasta, corría peligro la existencia del Estado y emigraban millones. 

  
  

• No se trata, por tanto, de una riña ideológica. Los detenidos son miembros de la “boliburguesía”, la élite bolivariana del chavismo. A ojos de Maduro y su entorno, este es el debido castigo por haber hurtado cantidades tan obscenas que por momentos pareció probable la caída del régimen. 

Perfil. El Aissami, quien llegó a ser denominado el “zar del petróleo”, es chavista desde hace más de 20 años. Conquistó las más altas cumbres del régimen, entrando como diputado raso en 2005 y terminando como “superministro” —vicepresidente sectorial de Economía y ministro de Petróleo— antes de consumarse su muerte política. 

• Ocupó la vicepresidencia ejecutiva —lo que actualmente es Delcy Rodríguez— entre 2017 y 2018. Fue canciller durante cuatro años y ministro de Industrias otros tres. Incluso se le concedió un feudo personal, el Estado Aragua, del cual fue gobernador entre 2012 y 2017. 

  
  

• A esta larguísima hoja de vida política se le suman unos orígenes cuando menos interesantes. Es druso de religión e hijo de un matrimonio sirio-libanés; su padre lideró la sección venezolana del Partido Baaz Árabe Socialista, el movimiento político de Sadam Huseín.

   
  

• Siempre se dijo incorruptible: en tanto que “revolucionario antiimperialista”, decía contar con una “moral intacta”. Chávez y Maduro lo respaldaron en su momento, considerándolo un buen patriota y socialista. El hecho de ser árabe y, además, baazista, lo imbuía de caché revolucionario. 

¿Por qué importa? Las guerras intestinas del régimen venezolano podrían parecer intrascendentes. Lo son, al menos en cierta medida. El Gobierno mantiene su vigor e incluso ha logrado que la Casa Blanca, a pesar de la consternación de los republicanos, levante algunas sanciones sobre el petróleo venezolano. 

• Y no se puede decir que la oposición levante cabeza. Después de la pantomima del Gobierno interino de Juan Guaidó, María Corina Machado se ha erguido como líder. Maduro, haciendo caso omiso de lo acordado en Barbados con EE. UU., inhabilitó su candidatura presidencial. 

  
  

• Por si fuera poco, Manuel Rosales, gobernador del Estado Zulia, ha jurado lealtad a Machado, pero sólo a Machado, y no a cualquier otro candidato. Ante la imposibilidad de una candidatura de Machado, cabe la posibilidad de una oposición dividida de cara a las elecciones de julio. 

  
  

• En todo caso, el arresto de El Aissami es una demostración de fuerza por parte de Maduro. Superadas las dificultades económicas más engorrosas, sólo le queda limpiar la casa internamente, para así poder pasar a asegurarse un lustro más en el poder. 

La Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República analiza el borrador de la propuesta de reforma a la Ley de Minería que espera dictaminar en mayo.  

• De las tres iniciativas remitidas a la citada comisión –6049, 6335 y 6152–, los legisladores encabezados por Orlando Blanco acordaron unificar las dos primeras. Una presentada por los anteriores diputados del Movimiento Semilla –incluido el hoy presidente, Bernardo Arévalo–, y la otra por legisladores de Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS), partido al que pertenece Blanco. 

  
  

• La iniciativa base fue la de Semilla, que fija 10 años de prohibición para conceder licencias de reconocimiento, exploración y explotación de minería metálica. Esta fue planteada en 2022 por Arévalo, Samuel Pérez, Román Castellanos y Lucrecia Hernández (QEPD). 

  
  

• Sonia Gutiérrez y Adán Pérez plantearon el tercer proyecto –6152–. Esta propuesta no establece una moratoria, sino cierra las puertas por completo. De hecho, la ley buscar declarar a Guatemala "Territorio libre de minería metálica extractivista". De esta iniciativa, se acordó revisar si hay algunos puntos para incorporar en la reforma. 

¿Por qué importa? Hasta mediados de 2022, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) tenía registradas 31 licencias de minería metálica. El periodo de explotación va de 25 a 40 años. Existen cuatro permisos con tiempo indefinido que provienen de 1906. 

• Pero en la realidad, en Guatemala la minería metálica está paralizada. Las dos grandes operaciones que beneficiaban con empleo a más de tres mil familias en El Valle del Polochic no operan –teniendo licencia de explotación–, porque el MEM no ha extendido los permisos para exportar. 

  
  

• La otra mina, Cerro Blanco, en Asunción Mita, Jutiapa, tampoco opera, pese a contar –también– con licencia otorgada por el Estado de Guatemala.  

  
  

• En la propuesta también se pretende regular que esta prohibición no solo afecte solicitudes de licencias, sino aquellos permisos que estén suspendidos por cualquier causa. 

Voces. No todos los diputados que integran la Comisión de Energía y Minas están de acuerdo con establecer una moratoria, menos de 10 años; aseguran, sería "matar" la industria minera, hoy paralizada. 

• Por ejemplo, la congresista Nadia de León dijo que no estaba de acuerdo con establecer la prohibición temporal. Dijo que prefiere una nueva legislación con diferentes parámetros. En ese sentido se pronunció el diputado Jorge Ayala, quien además resaltó que debe tomarse en cuenta que la ley no tendrá efectos retroactivos. 

  
  

• Otro punto que destacó el legislador del partido Valor es que no sería posible establecer un pago de 51% de regalías sobre los ingresos brutos. En todo caso, sería un porcentaje sobre las ganancias de la empresa. 

  
  

• José Chic, parlamentario de VOS, considera que la moratoria busca regular mejores condiciones para las comunidades donde operan las empresas. "No es que los recursos naturales sean intocables", dijo. 

En perspectiva. Los diputados delegaron en sus asesores técnicos afinar los detalles de la propuesta que discutirán, artículo por artículo, en la primera reunión de la comisión, en mayo. 

• El ministro del ramo, Víctor Hugo Ventura, anunció que la decisión de esa entidad era que se estableciera una moratoria de dos años. En ese lapso considera que se pueden hacer los cambios a la Ley de Minería que data de 1997. 

  
  

• Para la industria minera, con estas determinaciones se cierran las puertas a la inversión. "Actualmente no hay interés en Guatemala dada la incertidumbre jurídica y la anunciada postura del actual gobierno ante el sector", indicó en días recientes el experto Alfredo Gálvez. 

  
  

• Además, enfatizó sobre la importancia de esta actividad empresarial. "Históricamente, el sector minero ha sido el actor principal en la inversión extranjera directa. Los proyectos mineros de escala industrial, minas Marlin, Escobal, Cerro Blanco y Proyecto Fénix, poseen instalaciones que necesitaron de cientos de millones de dólares para su construcción, y millones de dólares para su funcionamiento.   

En conclusión. Según Gálvez, "desde el gobierno de Álvaro Colom (2008) se vive una moratoria de facto, que ha hecho que el MEM y la Dirección General de Minería ‘congelen’ los expedientes y no se concluya el trámite de otorgamiento”.   

• Actualmente, ese ministerio tiene paralizadas las licencias de exportación de dos mineras autorizadas para operar. Llevan más de tres meses en el trámite y no obtienen respuesta favorable, solo promesas. 

  
  

• Si la idea de una moratoria es mejorar las condiciones para el Estado –regalías, protección ambiental y social– mientras se discute una nueva ley, 10 años de la misma resulta ridículo. Evidencia una franca oposición de la alianza oficialista a la actividad, mascarada con retórica. 

  
  

• De continuar en esta ruta, el Estado se encamina a ser demandado por sumas millonarias que recaerán sobre todos los guatemaltecos. No sobre las actuales autoridades, pero sí tocarán los bolsillos de los ciudadanos.