Arévalo prometió, pero no cumplió

¡Buenos días! 

Hoy presentará el gobierno lo que considera sus logros en los primeros 100 días de gobierno. Fue un plazo autoimpuesto en el que prometieron hacer cambios imposibles. Si no lo tenían presente, serían irresponsables; de tenerlo, serían embusteros.  

En este tiempo, lo más pomposo ha sido el Código de Ética del Organismo Ejecutivo –una lista de buenos deseos– que, de todos modos, no es original: es un calco al del gobierno de Oscar Berger. Un refrito.  

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El código de ética de Arévalo: nada nuevo bajo el sol

100 días de gobierno: Inseguridad empaña avances del MINGOB

Lupa legislativa: Ley de alimentación saludable vuelve a la agenda

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Luis González
El código de ética de Arévalo: nada nuevo bajo el sol
534 palabras | 2 mins de lectura

Desde ayer está vigente el Acuerdo Gubernativo 62-2024 que contiene el Código de Ética del Organismo Ejecutivo. Se trata de un documento que no difiere en casi nada del Acuerdo Gubernativo 197-2004, suscrito en el gobierno de Oscar Berger, hace 20 años. 

  • El acuerdo consta de 24 artículos que contienen directrices más que obvias de cuál debe ser el comportamiento de los funcionarios y empleados públicos. Incluye un decálogo de “principios” que deben cumplir los servidores públicos: responsabilidad, vocación de servicio, transparencia, pertinencia cultural, no discriminación, prudencia, primacía del bien común, adaptación, armonía y legalidad. 


  • Además, contiene un apartado para mencionar las "obligaciones éticas y sus responsabilidades", como cumplir con su horario de trabajo, "mostrar buena conducta", y no usar los recursos públicos para su beneficio –específicamente menciona vehículos–, entre otros. 


  • Otro punto es que las entidades del Ejecutivo deben establecer la "instancia de carácter técnico integrada por servidores públicos [...] la cual será encargada de las acciones en materia de probidad". Lo que se pretende es que esta vele por la divulgación y cumplimiento del código. 

Por qué importa. El gobierno de Bernardo Arévalo justifica la creación del código como parte de los esfuerzos para "combatir la corrupción", que hasta ahora han sido "insuficientes".  

  • El documento, además de ser una copia del acuerdo derogado de hace dos décadas, no incluye acciones concretas que sí demostrarían que en esta administración habrá un cambio hacia conductas éticas y transparentes. 


  • Por ejemplo. La declaración jurada patrimonial –que incluye empresas, bienes, vehículos y dinero– de los funcionarios, seguirá sin ser pública, pese al ofrecimiento de Arévalo. Tampoco se menciona que todas las reuniones del presidente, para empezar, –excepto las que tengan que ver con seguridad nacional– sean públicas, como la que recién realizó con diputados en Casa Presidencial. 


  • Otro punto ausente del código de ética es lo relacionado con el desigual salario, bonos y dietas que reciben algunos funcionarios del Ejecutivo –Arévalo a la cabeza–. Y la obligación de hacer públicas las denuncias –no el anuncio– contra empleados públicos señalados de actos al margen de la ley. ¿Y qué decir del acceso a las fuentes de información? Por ahora solo es una promesa, incumplimiento que no va en la ruta de la "buena conducta" de los servidores públicos. 

En conclusión. El Código de Ética del Organismo Ejecutivo no refleja un compromiso serio y concreto hacia un cambio real de acciones en el Estado. 

  • El anterior catálogo –de 2004– podría seguir vigente porque solo se modifica en pequeños temas como, en vez de incluir a asesores, abarca a contratistas. 


  • A partir de ahora y en un plazo de dos meses, todos los servidores públicos deben firmar el código. ¿Qué diferencia habrá en las conductas de los empleados con tan solo una firma? Con seguridad no habrá ningún cambio porque el compromiso es obvio y superficial. 


  • Un primer paso sería que el más alto funcionario del Ejecutivo dé el ejemplo con acciones éticas. Un salario acorde con las condiciones del país y la situación económica de la mayoría de los guatemaltecos. También, revisar el salario de sus ministros y secretarios, así como abrir las puertas para lo que publicitan: "un gobierno abierto y facilitar el proceso de auditoría social". 

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Glenda Sánchez
100 días de gobierno: Inseguridad empaña avances del MINGOB
651 palabras | 3 mins de lectura

Una de las apuestas del gobierno de Bernardo Arévalo desde la campaña electoral fue frenar la delincuencia. La seguridad se incluyó como prioridad en el plan de los 100 días, por ser una de las mayores demandas de los guatemaltecos.  

Entre líneas. Las promesas de Arévalo para mejorar la seguridad se condensaron en ochos ejes, con un énfasis en robustecer el cuerpo policial y la infraestructura de las cárceles.  

  • Los ejes relacionados con la Policía Nacional Civil (PNC) abarcaron tres aspectos. El primero se enfoca en el fortalecimiento del sistema de inteligencia de la institución. En el segundo, habla de reordenar el despliegue policíaco e incrementar el número de agentes. Por último, dignificar la función de los agentes.  


  • Las cárceles ocupan una atención igual. Se menciona el limitar las acciones delictivas desde las prisiones y “no más extorsiones” desde los centros carcelarios. Asimismo, construir una cárcel de máxima seguridad con alta tecnología para reclusos con delitos graves.  


  • El eje también contempla un plan en contra la violencia hacia las mujeres; por último, menciona el combate al contrabando. Aquí se alude a una nueva Unidad de Protección Fronteriza.   

Qué destacar. Alcanzar lo propuesto tiene como principal responsable a Francisco Jiménez, titular del Ministerio de Gobernación (MINGOB). Su nombre figuró entre los primeros para integrar el gabinete de Arévalo. El haber dirigido la cartera, en tiempos de Álvaro Colom, fue parte de las razones que llevaron a su nombramiento, por su experiencia, argumentan.  

  • Se desconoce cuándo empezó a trabajar con Semilla, pero el periodo anterior a tomar posesión le permitió tener un tiempo prudente para analizar los perfiles de sus viceministerios, así como pensar la estrategia de su plan. 


  • El 15 de enero presentó a cuatro de sus cinco viceministros: Claudia Palencia, Werner Ovalle, Felipe Sánchez González y William Cameros. Un mes después, nombró a Mayda Alejandra De León Wantland, viceministra de Prevención de la Violencia y el Delito.  


  • Sus primeras acciones fueron enfocadas a las extorsiones, seguridad ciudadana, procesos de trasparencia y acercamiento con autoridades de El Salvador, Honduras, México, EE. UU. y Colombia.  

Lo indispensable. Hecha la consulta sobre resultados en los primeros 100 días, la cartera de seguridad destacó, entre otros, el Grupo Especial contra las Extorsiones en Guatemala (GECE). Su principal tarea son los patrullajes en lugares con alta y media incidencia criminal, principalmente zonas afectadas por las pandillas.   

  • Además, que, del 1 enero al 15 de abril, la PNC registró 499 capturas por delitos relacionados a la extorsión. El 69% de las detenciones (342) corresponde a mujeres, el resto a hombres (146) y adolescentes (11).   


  • En ese mismo periodo coordinaron requisas y reubicaron a 50 reos señalados de coordinar las extorsiones desde estos centros.   


  • También que en marzo 2,431 policías se graduaron. Las autoridades confirmaron que se asignaron según el mapa de calor de la incidencia criminal. Guatemala y Escuintla predominan en este aspecto.  

Sí, pero. Algunos compromisos que propuso Semilla en su plan son medidas recicladas o acciones implementadas en otras administraciones. Ejemplo: requisas y traslado de cabecillas o integrantes que operan desde una prisión.  

  • Al margen de una obvia falta de creatividad, la cartera puede jactarse de haber cumplido con casi la totalidad de las acciones planteadas. Siendo el pendiente más evidente la cárcel de máxima seguridad.   


  • Hasta ahora, se sabe que estará en Masagua, Escuintla, con una capacidad para 3,000 reclusos.   


  • Lo anterior tampoco es novedad. A finales de 2022, el exministro David Napoleón Barrientos, adelantó gran parte de lo que se sabe. Lo más nuevo es que “hay avances” en el financiamiento y la planificación.    

Conclusión. Las acciones del MINGOB han sido visibles en estos cuatro meses, a diferencia de otras carteras. Con todo, el ambiente de inseguridad y violencia persiste. El planteamiento parece insuficiente; no hay cambios tangibles. Si Jiménez, y su equipo, no refuerzan la ambición de lo planteado “en el papel”, la expectativa ciudadana pasará muy rápido del conformismo a la desilusión. 

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Ana González
Ley de alimentación saludable vuelve a la agenda

Los diputados intentarán, una vez más, aprobar en tercer debate la Ley de Alimentación Saludable, promovida por el diputado Jairo Flores.  

El tema quedó en lista de espera la semana pasada, pues varios congresistas abandonaron el recinto minutos antes de que el tema fuera abordado.  

También acordaron iniciar con la aprobación de una reforma a la Ley de Tránsito para que todos los vehículos oficiales sean rotulados para evitar que sean utilizados en actividades ajenas a la entidad donde están asignados.  

La modificación cobra relevancia tras la destitución de María José Iturbide, exministra de Ambiente, por permitir que su hija usara los vehículos oficiales. Iturbide se convirtió en la primera funcionaria en salir del gabinete de Bernardo Arévalo.  

Ministro de Salud será cuestionado por convenio con UNOPS  

El ministro de Salud, Oscar Cordón, fue invitado para este miércoles a las 14 horas a la instancia de jefes de bloque para ser cuestionado sobre el convenio que suscribió la cartera con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS). 

“Es un tema de suma importancia para el país (...) hay temas puntuales como el desabastecimiento y el convenio que ha realizado el Ejecutivo con UNOPS”, dijo el diputado Elmer Palencia, quien propuso que el ministro acudiera a la instancia.  

También se acordó que la próxima semana será invitado el titular de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), Marco Livio Díaz, para conocer los planes que tiene de cobro de impuestos a plataformas digitales.  

Pero tal vez lo más relevante es lo que no está en agenda esta semana: la Ley de Competencia. Los diputados acordaron un plazo para recibir propuestas de modificaciones –que se introducirían como enmiendas de curul en la tercera lectura–, sin embargo, no hay garantía de que sean atendidas. Se vislumbra, además, que el bloque oficialista no logre su aprobación antes que termine el período ordinario, como se habían propuesto.