Arévalo vs. Porras, la saga continúa

¡Buenos días! 

Iniciamos marzo con un boletín cargado de información. Hoy encontrarán 4 hilos y una caja informativa: el paraíso y refugio de terroristas y corruptos en el que se ha convertido Nicaragua bajo la dictadura de Ortega y Murillo; la incómoda situación en la que el presidente, Bernardo Arévalo —solito él— se puso al pretender que el proceso de selección de gobernadores departamentales fuese distinto (democrático) al que indica la Constitución; la acción presentada por Arévalo —a través de la PGN— en contra de Consuelo Porras por presuntamente haber incumplido sus deberes; el foro realizado el miércoles por Oxfam sobre la necesidad de una ley de competencia; y, finalmente, una caja informativa sobre el IV Congreso Palmero que concluye hoy. 

Hay días, como hoy, en el que nos extendemos un poco, pero consideramos que todo lo que leerán en este boletín es de sumo interés.  

Confiamos que lo encuentren valioso. Les deseamos un buen fin de semana. 

En este boletín:

•La política de santuario para la corrupción de Daniel Ortega

•Crece tensión e inconformidad por ternas para gobernadores departamentales

•Procuraduría General de la Nación presenta denuncia contra Consuelo Porras

•Palmicultura guatemalteca, referente mundial en productividad y sostenibilidad

•El CNE y Oxfam tratan la Ley de Competencia

Rafael Párraga
•La política de santuario para la corrupción de Daniel Ortega
721 palabras | 4 mins de lectura

La residencia indefinida de Ricardo Martinelli en la embajada de Nicaragua en Panamá es solamente un caso más de una política diplomática crucial para Ortega. 

Panorama general. El expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, fue condenado en julio de 2023 a 10 años y medio de prisión y a pagar más de US$ 19.2 millones en multas por lavado de dinero. La sentencia fue ratificada el pasado 2 de febrero, tras un fallo judicial que rechazó la apelación presentada por Martinelli. Pocos días después, se supo que el exmandatario estaba refugiado en la embajada de Nicaragua en Panamá.  

• Su vocero, Luis Eduardo Camacho, informó que permanecerá en la sede diplomática hasta que se le otorgase un salvoconducto para salir del país.  
  
  

• El gobierno rechazó la solicitud y comunicó que “toda acción, declaración o comunicación que realice (Martinelli) desde la sede diplomática y repercuta o impacte en la política doméstica de Panamá será considerada una injerencia en los asuntos internos de nuestro país y, por tanto, generará consecuencias diplomáticas”. 

Cómo funciona. La dictadura nicaragüense ha justificado su auxilio “de conformidad con la Convención sobre Asilo de 1928 y la Convención sobre Asilo Político de 1933”. La cancillería de ese país también afirmó que “el asilo es una institución de carácter humanitario y que todas las personas pueden estar bajo su protección, sin distingo de nacionalidad” para justificar su permanencia en su sede diplomática.  

• Martinelli es solamente un nombre en una larga lista de prófugos y convictos que han encontrado santuario en Nicaragua.  

En perspectiva. Los dos casos más emblemáticos, previos al de Martinelli, son los de Carlos Mauricio Funes Cartagena y Salvador Sánchez Cerén, expresidentes de El Salvador en los periodos 2009-2014 y 2014-2019, respectivamente. El experiodista y el exguerrillero son perseguidos en El Salvador por casos de corrupción entre 2009 y 2014. Funes ha sido condenado a 14 años de prisión por haber negociado con las pandillas y a una multa de más de US$ 206 mil por enriquecimiento ilícito. 

• Por su parte, Sánchez Cerén ha sido enviado a juicio por haberse apropiado, presuntamente, US$ 530 mil durante su periodo como vicepresidente (2009-2014), a través de la partida secreta del Estado. 
  
  

• Ninguno de ellos se ha presentado ante la justicia y han encontrado la seguridad como fugitivos en Nicaragua.  
  
  

• Además de Funes y Sánchez Cerén, en Nicaragua también se encuentran exfuncionarios del gobierno de Juan Orlando Hernández (Ebal Díaz Lupián y Ricardo Cardona López) y el guatemalteco Gustavo Herrera. Todos huyen de casos de corrupción en sus países.  

Entre líneas. La práctica no es nueva. Nicaragua ha sido un “paraíso para corruptos” desde la caída de Anastasio Somoza. El régimen sandinista dio asilo a personajes como Pablo Escobar y su socio Carlos Lehder; Alessio Casimirri, actual dueño de un restaurante en Nicaragua y asesino del ex primer ministro italiano Aldo Moro; Mario Eduardo Firmenich, líder de la asociación criminal Los Montoneros en Argentina; exmiembros de ETA (España) y de las FARC (Colombia).  

• Ortega ha albergado a políticos corruptos, asesinos, terroristas y narcotraficantes, hasta hace poco, todos de izquierda.  
  
  

• No obstante, la protección a Martinelli y a los exfuncionarios hondureños ha roto el paradigma. 
  
  

• Nicaragua ofrece la nacionalidad y la posibilidad de nunca ser extraditados como una manera de mantener alianzas clave para la supervivencia de su régimen.  

Por qué importa. Ortega ha entendido que no puede darse el privilegio de discriminar a sus huéspedes. El régimen envía un mensaje claro y contundente a todos los actuales funcionarios que, en un futuro, tendrán un paraíso para escapar de la justicia en sus propios países. En la Nicaragua de Ortega y Murillo caben todos, por lo que, ha encontrado la manera de servir como una dictadura útil para todos sus vecinos.  

• De acuerdo con el medio El Confidencial, Ortega ha regalado —ilegalmente— la nacionalidad nicaragüense a más de 130 aliados perseguidos en sus países de origen. Paralelamente, el mismo régimen ha despojado de su nacionalidad a más de 300 nicaragüenses opositores a su dictadura.  
  
  

• El paraíso criminal de la dictadura de Ortega es un seguro de vida para políticos corruptos en la región y el poder de esos políticos mientras están en funciones es un seguro de vida para Ortega. 

Se avizora una tormenta para el presidente Bernardo Arévalo, que podría alcanzar categoría de huracán. En los próximos días deberá elegir a los 22 gobernadores departamentales y los suplentes, de las ternas enviadas por los Consejos Departamental de Desarrollo (CODEDE). Este 1 de marzo concluye el plazo para que sean remitidas al mandatario.  

En perspectiva. Las listas presentadas han sido cuestionadas por vicios, malos procedimientos y conflictos de interés, por diferentes organizaciones y grupos de la sociedad civil. Algunas agrupaciones han solicitado al mandatario rechazarlas y anular el proceso.  

• Se habla de acciones legales que podrían alargar las designaciones: denuncias contra los integrantes de los Consejos, manifestaciones y otras medidas por parte de las agrupaciones. 
  
  

• Arévalo enfatizó que la elección será basada en idoneidad y méritos. Además, en caso de que los candidatos propuestos no cumplan con los requisitos, “devolverá” las listas de los aspirantes.  
  
  

• Mientras tanto, algunos grupos advirtieron que volverían a mandar las listas con los candidatos que rechace el presidente. Argumentaron que fue un proceso transparente y con la participación de la sociedad civil.  

Por qué importa.  Cada día crece la tensión e inconformidad por el proceso.  En casi todos los departamentos se cuestiona la terna presentada al Ejecutivo, incluso una persona se declaró en huelga de hambre, esta semana. Levantó la medida luego que lo atendieran en el Ejecutivo.  

• Se habla de los vicios e incumplimiento de los requisitos, pagos para integrar la nómina y posible tráfico de influencias. Además de posibles apadrinamientos de diputados, exfuncionarios, representantes de partidos políticos y de la sociedad civil aliados a señalados de corrupción u otros delitos. 
  
  

• En Huehuetenango y Sacatepéquez, organizaciones indígenas denunciaron el incumplimiento de los plazos y requisitos. Mientras que en Jutiapa y Totonicapán se denunció que la votación se realizó a puerta cerrada, en Izabal no se revisaron todos los expedientes presentados para el cargo.  
  
  

• Además, en Petén, Chiquimula, Chimaltenango, Guatemala, San Marcos se habla de vínculos con los partidos de Vamos, Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Visión con Valor (Viva) y Semilla. También se denunció la exclusión de autoridades indígenas.   

Que destacar.  Expertos coincidieron que el nuevo sistema permitió la participación ciudadana, eso se reflejó en la postulación de 1,516 personas en todo el país. Sin dejar a un lado el interés de la sociedad para fiscalizar el proceso y concluyeron que por primera vez fue visible. Años atrás la elección era a dedo.

• Algunos lamentaron la opacidad, el incumplimiento de los requisitos y el retomar algunas malas prácticas del pasado (tráfico de influencias y apadrinamiento de partidos políticos). Reconocieron las buenas intenciones del mandatario para promover la democracia y la participación de la sociedad civil. No obstante, los tiempos del proceso fueron muy cortos.  
  
  

• Además, recordaron que la Ley del Organismo Ejecutivo establece que la responsabilidad del gobernador departamental es de coordinar, supervisar y fiscalizar; debe presidir el Consejo Departamental de Desarrollo Urbano y Rural (CODEDE). 
  
  

• Y que las gobernaciones departamentales no pueden ejecutar programas o proyectos de inversión, ni prestar servicios públicos, solo en casos que determine la ley.  

Voces. Aquiles Faillace, abogado y constituyente, en su cuenta de X, manifestó que Arévalo se sometió voluntariamente a un ejercicio de transparencia con el nuevo proceso, sin imaginar el descontento y antipatía popular que generaría. 

• “Ahora se encuentra (Arévalo) frente a ternas de desconocidos que no le pueden inspirar confianza y gozan de la antipatía popular (...) El resultado final son más de 1,500 candidatos frustrados. La cultura de la simulación, donde se hizo como que se hacía un ejercicio democrático”, aseveró.  
  
  

• Agregó que los tres escenarios para el mandatario son aceptar los resultados y trabajar con ellos, rechazar las ternas de los CODEDES, y la tercera alternativa es buscar de manera minuciosa el perfil adecuado, aunque no reúna el requisito de confianza.  

En conclusión. La situación es compleja para el mandatario, quien deberá analizar a los aspirantes, tomar en cuenta las denuncias, peticiones y demandas de las organizaciones que señalan inconsistencias en el proceso.  

• Hasta el 26 de febrero Arévalo desconocía cuántas ternas habían ingresado a la Secretaría General de la Presidencia. Reiteró no nombrar a ninguna persona que no cumpla con las condiciones de capacidad, idoneidad y honradez.  
  
  

• En caso de que los candidatos propuestos no cumplan con los requisitos, el presidente podrá devolver la misma, debiendo completarse por el Consejo Departamental de Desarrollo en los 5 días siguientes a su regreso. 

Edgar Quiñónez
•Procuraduría General de la Nación presenta denuncia contra Consuelo Porras
344 palabras | 2 mins de lectura

Pasadas las diez de la mañana del 29 de febrero, el titular de la Procuraduría General de la Nación (PGN), Julio Roberto Saavedra, y el Secretario General de la Presidencia, Juan Gerardo Guerrero, se presentaron en Torre de Tribunales.  

• El motivo: interponer una querella contra la fiscal general y jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras. Esta acción automáticamente se convierte en una solicitud de retiro de antejuicio.   
  
  

• A criterio de Saavedra y Guerrero, la Fiscal General (FG) incurrió en el delito de incumplimiento de deberes. Con esta denuncia el Ejecutivo busca iniciar el proceso legal para destituir a la funcionaria.   

En perspectiva. El Secretario General de la Presidencia dijo que la acción es por la falta de voluntad de la FG de participar en la citación que el mandatario le hizo para el 29 de enero del año en curso.   

• El Gabinete de Gobierno al que estaba convocada Porras inició a las 9:00 horas, pero la fiscal solo estuvo presente entre 10 y 15 minutos. Para el presidente fue "frustrante" la visita de la jefa del Ministerio Público, pues su propósito no se cumplió.   
  
   

• Según el gobernante, lo que desde el Ejecutivo se pretendía era establecer una “coordinación interinstitucional” sobre aspectos de interés para el gobierno. “De conformidad con los artículos 134, 183, literal m) y 251 de la Constitución Política de la República de Guatemala, reiteramos que no se trató de discutir y pedir información sobre casos específicos”, aseveró en aquel entonces el gobernante.     
  
  

• Agregó que se estaba solicitando información acerca de las políticas de la institución. Dijo que, a manera de ejemplo, desde el 2018 a la fecha, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha registrado 12 medidas cautelares con relación a la vulneración de la libertad de expresión y prensa.  

En conclusión. Ahora la expectativa crece. ¿Qué sigue? ¿Cómo acabará este capítulo? Todo apunta a que este es solamente un episodio en una larga trama.  

Sebastián Gennari
•El CNE y Oxfam tratan la Ley de Competencia
529 palabras | 2 mins de lectura

El miércoles 28, Oxfam y el Consejo Nacional Empresarial (CNE) ofrecieron una conferencia para definir los fundamentos de la Ley de Competencia. Su intención no era abogar por la ley, cuya necesidad se daba por sentado, sino definir sus lineamientos técnicos y ahondar en el diseño institucional. 

• Introdujo el presidente Bernardo Arévalo, quien habló de la promesa “incompleta” de la economía de mercado en Guatemala. El presidente estuvo sólo unos minutos, pero dejó una amplia comitiva. 
  
  

• El Gobierno se muestra palpablemente entusiasmado. Además de Arévalo, estuvieron presentes, Gabriela García, la ministra de Economía; Samuel Pérez, y Antonio Romero, el viceministro de Inversión y Competencia. 
  
  

• Los organizadores también se apoyaron en la salvadoreña Regina Vargas, otrora intendente de Abogacía de la Competencia, y el colombiano Juan David Gutiérrez, profesor de la Universidad de los Andes. 

Pormenores. Se discutió la autonomía de la futura Superintendencia de Competencia y la severidad de sus multas. Se hizo hincapié en la independencia de su presupuesto, aunque no se encontró una fórmula para blindar a la agencia de competencia de futuras desnaturalizaciones por parte de un ejecutivo hostil. 

• La autonomía, definida como la independencia de cualquier ministerio, se perfila como una cualidad sine qua non para los propulsores de la ley. Consideran que incluso sus detractores deberían apoyar esta visión, pues sólo así se evitaría la politización de la agencia. 
  
  

• En cuanto a las multas, casi todos coincidieron en que deben ser sustanciales, mas no confiscatorias; hablan de disuadir sin quebrar empresas, cosa que disminuiría la competencia. Se propuso una sanción adicional: la inhabilitación para contratar con el Estado. 
  
  

• Se abordó un argumento esgrimido en contra de la ley: la falta de recurso humano existente. Esto, concluyeron los ponentes, se resolverá con el tiempo, a medida que surtan efectos los adiestramientos en el extranjero y el propio historial de casos de la agencia de competencia. 

Matices. El panel final fue dedicado a los sectores con regulación especial, como lo son el eléctrico, la banca y la industria de telecomunicaciones. Pareció haberse concluido —aunque no unánimemente— que, más allá de sus flaquezas, estas industrias son estratégicas y requieren de más cautela.  

• En la banca, como se reconoció, la excesiva competencia llevaría a una peligrosa relajación de los criterios crediticios. Por lo demás, en momentos de crisis, el sistema financiero requiere de fusiones y compras de cartera que pueden llevar a grandes concentraciones de cuota de mercado. 
  
  

• Durante la conferencia, se habló con frecuencia de los referentes regionales. Esto es lógico: los países latinoamericanos tienen estructuras de mercado más próximas a la guatemalteca, por lo que son mejores modelos. 
  
  

• En este caso, sería conveniente estudiar el modelo estadounidense, bajo el cual sólo la División Antimonopolios del Departamento de Justicia —y no la Comisión Federal de Comercio— tiene potestad sobre los sectores mencionados. 

El balance. Desde Papúa Nueva Guinea hasta Yemen, la inmensa mayoría de países cuenta con una autoridad de competencia. Los defensores de la ley se amparan en esto para justificar el ímpetu, aunque matizan que no es por “moda”, sino por la necesidad de corregir ineficiencias de mercado y abusos al consumidor. 

• Los organizadores del evento perciben que ha llegado la hora de aprobar la ley. República tiene su sede en Guatemala, y no en Delfos, por lo que no puede predecir el futuro, pero el empuje del Gobierno demuestra que lo consideran posible, si bien no seguro. 
  
  

• Los defensores de la ley ya considerarán cansino el argumento de que se necesita una política de competencia antes de legislar, pero algo de cierto tiene: se debe establecer una agencia de competencia para, huelga decirlo, regular la competencia, y no bajo promesas de reducir precios. 
  
  

• El punto de partida peca de ambicioso y conduce a la senda de la decepción. La futura agencia de competencia no dará inicio a una reforma íntegra de la sociedad; no hará de Guatemala el País de Jauja. Se ocupará, si es buena, de temas más bien áridos.