BCIE: no más dinero para autócratas. Veremos.

¡Buenos días! 

El boletín de hoy está cargado de temas; el ámbito internacional domina, pero el Congreso sigue siendo la fuente de la mayoría de las noticias generadas en la política guatemalteca. 

La interrelación regional se ejemplifica con la designación de la nueva Fiscal General en Colombia –quien tuvo un rol preponderante en la CICIG–, pero también en el mandato de la nueva presidenta del BCIE, que varía sustancialmente la política del ente, luego de una gestión muy cuestionada.  

Haití, en los últimos años –acechado por bandas criminales y desastres naturales– cae en el caos, nuevamente. La situación no es nada fácil.  

Confiamos que los hilos de este boletín sean de su provecho. 

En este boletín:

•El fin del “banco de los dictadores” en el BCIE

•Ley Orgánica del Congreso frustraría nuevamente las aspiraciones de Samuel Pérez

•Haití: El primer ministro no tiene quien le escriba

•Iván Velásquez, el hombre fuerte en Colombia

Rafael Párraga
•El fin del “banco de los dictadores” en el BCIE
665 palabras | 3 mins de lectura

La presidenta del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) anunció que pondrá fin al financiamiento de las dictaduras de Nicaragua y El Salvador. 

Panorama general. Con la administración de la nueva presidenta del BCIE, Gisela Sánchez, parece haber llegado el fin de cinco años donde el organismo regional se convirtió en una línea de crédito fácil para los regímenes autocráticos en Centroamérica.  

• Sánchez ha cerrado las puertas al reciente interés de China (República Popular) al declarar abiertamente que cuenta con el apoyo de países como China (Taiwán), Corea, España, México y Colombia.  

Hemeroteca. Sánchez inició su presidencia en el banco en diciembre de 2023, tras haber evitado la reelección de Dante Mossi —en mayo del mismo año—, en la LXIII Asamblea de Gobernadores en Punta Cana, República Dominicana. Mossi, originario de Honduras, afirmó al inicio de su gestión que buscaría que el BCIE se convirtiera en “el principal acreedor de América Latina”. 

• No obstante, sus cinco años al frente del banco regional han sido manchados por su apoyo incondicional a regímenes autocráticos y con denuncias por violaciones de derechos humanos.  
  
  

• Mossi fue un especial aliado de los gobiernos de Juan Orlando Hernández (JOH), en Honduras; de Nayib Bukele, en El Salvador, y –especialmente– el de su amigo, Daniel Ortega, en Nicaragua.
  
  

• Su fidelidad hacia Ortega se resaltó por haber sido el principal soporte financiero para Nicaragua cuando la comunidad internacional le aisló, debido a la represión de las protestas del Indio Maíz, en 2018.  

Entre líneas. A Mossi se le conoció como “el banquero de los dictadores”. Más del 50% de la cartera del BCIE durante su gestión se concentró exclusivamente en Nicaragua (26%) y El Salvador (25%). Destaca que dos países, cuya población está por debajo de los 14 millones de habitantes, hayan acumulado casi un 46% más de los fondos invertidos por el BCIE que Guatemala (aproximadamente 17 millones de habitantes), dónde apenas se invirtió un 5% de la cartera del banco.

• Por su parte, Honduras acumuló un 17% de los fondos y Costa Rica solamente un 10%. Nicaragua llegó a recibir hasta US$ 3 mil 500 millones provenientes del BCIE desde 2017.  
  
  

• El expresidente del BCIE justificaba su inversión en Nicaragua defendiendo al régimen sandinista, afirmando que las sanciones internacionales eran injustas y que, por lo tanto, el banco regional debía ser un mecanismo de protección para evitar el impacto de dichas sanciones.  

Sí, pero. Más allá de su afinidad política, su gestión fue dañina para el propio banco. Así lo afirmó Juan Sebastián Chamorro, preso político y desterrado de Nicaragua: “Aumentó los gastos administrativos un 30%, duplicó el gasto total, bajó la rentabilidad, las utilidades cayeron de US$ 223 millones a 84 millones (...) claramente, solo por razones meramente de eficiencia y técnicas ese gerente debería salir”.

• De igual manera, en tiempos de JOH, el BCIE financió proyectos, como Agua Zarca, vinculado con el asesinato de la activista hondureña Berta Cáceres. 
  
  

• En El Salvador, la gestión de Mossi fue fundamental para financiar el régimen de excepción –prolongado desde marzo de 2022–, responsable del fallecimiento de civiles inocentes en la lucha contra las pandillas de Bukele; además, fue clave en mitigar las pérdidas –temporales– de la inversión del presidente por el bitcoin, con fondos estatales. 
  
  

• Mossi incluso inauguró una sede del BCIE en Managua, valorada en más de US$ 16 millones, en 2022. 

En conclusión. Sánchez afirmó que buscará generar una cartera “equilibrada” y evitar concentrarla especialmente en estos dos países –Nicaragua y El Salvador–, de los cuáles afirma que “ya superaron los límites de los créditos que pueden recibir”. La costarricense ha sido tajante con el tema: “se vienen frenos” para Ortega y Bukele, con el fin de corregir el curso de la administración de Mossi. 

• Las medidas tienen un sustento financiero claro, pero también son de naturaleza política.  
  
  

• El BCIE fue percibido como “el banco de los dictadores”, llegando a despertar el interés de China, que realizó viajes de cabildeo con el fin de convertirse en socio extrarregional del banco.

El grupo de diputados elegidos por el partido Movimiento Semilla (MS) sigue sufriendo las consecuencias de no poder influir como oficialismo al quedar fuera de la Junta Directiva y las Comisiones de Trabajo. Ahora podría sumarse la representación del Congreso de la República ante instancias externas.  

Panorama general. Samuel Pérez es uno de los seis aspirantes a representar al Congreso de la República en la Junta Monetaria (JM), pero uno de los artículos de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo (LOOL) podría frustrar sus aspiraciones, pues este precepto prohíbe que un diputado independiente asuma dicho cargo. 

• Pérez se disputa la designación junto a Cristian Álvarez de Creo; Manuel de Jesús Archila, Cabal y Luis Javier López, de la UNE.  
  
  

• También con el exdiputado Fernando Linares Beltranena y Henry Estuardo Castillo Villatoro, quien hace unos años integró la JM por parte del Consejo Superior de la Universidad de San Carlos. 

Qué resaltar.  El artículo 27 de la LOOL –según reforma del año 2016– establece que un diputado que no integre un bloque legislativo “no podrá ser miembro de Junta Directiva, presidir alguna comisión de trabajo legislativo, ni ejercer cargo alguno en representación del Congreso de la República”.  

• Este marco legal fue el que impidió que presidiera el Legislativo y que los diputados electos por MS no pudieran dirigir las cuatro comisiones de trabajo que les corresponden.   

Los datos. Es de recordar que los 23 congresistas quedaron sin bloque tras la suspensión del MS, emitida por el juez Fredy Orellana a petición del Ministerio Público. 

• Las autoridades recurrieron a la Ley Contra la Delincuencia Organizada para suspender a la agrupación, pese a que es la Ley Electoral y de Partidos la que determina el proceso de suspensión y cancelación de un partido.   

Fisgón histórico. El 13 de noviembre de 2019, el pleno eligió a Hugo Fernando García Gudiel como representante titular ante la JM, pese a que no tenía agrupación, pues Líder había sido cancelado tres años atrás por sobrepasar el techo de campaña. 

• Un exdiputado que pidió el anonimato dijo que nadie se preocupó por ver si tenía impedimento; nadie accionó contra la designación. 
  
  

• García ocupó el cargo hasta el 22 de marzo del 2022, fecha en que presentó su renuncia irrevocable. 
  
  

• Su dimisión fue aprovechada para remover a Rudy Castañeda, quien fungía como representante suplente.  

En conclusión. Está claro que al MS se le cierran cada vez más las puertas; el presidente de la República no tiene bancada propia en el Legislativo. Por ahora, Arévalo depende de la endeble alianza que apoya al oficialismo conocido como “pacto oficialista”.

Varado en Puerto Rico, el primer ministro haitiano, Ariel Henry, se ha comprometido a dimitir tras la formación de un consejo presidencial de transición. Esto se produce luego de que los líderes de la Comunidad Caribeña (CARICOM) se reunieran en Jamaica el pasado lunes para intentar zanjar las desavenencias entre las distintas facciones haitianas. 

• La ronda de Kingston se llevó a cabo en el momento álgido de la crisis. El nuevo consejo se nombrará en cuestión de días. Heredará un Estado colapsado, aunque podrá ampararse en el estado de emergencia, que se ha extendido hasta al menos el 3 de abril. 
  
  

• La Embajada estadounidense permanece abierta, pero este fin de semana la Unión Europea y EE. UU. evacuaron a su personal diplomático no esencial. Washington ha prometido destinar unos US$100M adicionales a la pacificación. 
  
  

• Por lo pronto, miles de residentes de la capital, Puerto Príncipe, se han visto obligados a abandonar sus hogares como consecuencia de la violencia generalizada. Las bandas criminales detrás de los ataques no esconden su objetivo: obligar a Henry a abandonar el poder.  

Travesía por el desierto. Desde la semana pasada, Henry no ha podido regresar a Haití. Partió de Guyana a Nairobi, donde estaba supuesto a firmar el acuerdo que autorizaba una misión de la ONU liderada por Kenia. Al volver al Caribe, las bandas criminales desataron el caos en Puerto Príncipe, atacando el aeropuerto y las comisarías de la Policía Nacional. También se liberaron a miles de reos. 

• Henry intentó aterrizar en República Dominicana. La respuesta no se hizo esperar: “No es bienvenido”, dijo el Gobierno. Para Luis Abinader, el presidente dominicano, la prioridad es evitar ser salpicado por la crisis haitiana. 
  
  

• Santo Domingo no ha retirado a sus diplomáticos en Haití, pero el presidente ha dicho: “Ya nosotros no podemos hacer más”. La frontera entre los dos países permanece abierta, aunque con medidas de seguridad adicionales. 
  
  

• Washington le ha ofrecido cierto apoyo a Henry, permitiéndole aterrizar en San Juan de Puerto Rico, pero le ha instado a abandonar el poder. Cabe recordar que Henry estaba supuesto a apartarse el 7 de febrero, pero luego afirmó que, ante la imposibilidad de convocar elecciones, se quedaría.   

Panorama general. Haití no ha tenido autoridades estables desde el magnicidio del presidente Jovenel Moïse en julio de 2021. Luego de un breve interregno, el primer ministro, Henry, se convirtió también en presidente interino. Se mantiene el misterio en torno al asesinato, pero lo cierto es que se ha producido un descalabro del Estado. 

• Los últimos comicios se llevaron a cabo en 2016. Las próximas elecciones estaban programadas para octubre de 2019, pero fueron pospuestas. Cada cierto tiempo se anuncia una nueva fecha que luego se altera. 
  
  

• Las bandas criminales controlan más del 80% de Puerto Príncipe y están vinculadas a innumerables matanzas y violaciones. Uno de los líderes criminales, Jimmy Chérizier, alias “Babekyou” (“Barbacoa”), no oculta que la permanencia de Henry en el poder conduciría a un “genocidio”.  
  
  

• Se suponía que la misión de la ONU liderada por Kenia fuera la salvación de Haití. Sin embargo, Nairobi ha suspendido el envío de efectivos, argumentando que “sin una administración política en Haití, no hay ningún anclaje sobre el que pueda descansar un despliegue policial”.  

El porvenir. Haití está entre Escila y Caribdis. La comunidad internacional acude atónita al colapso del Estado y ninguna potencia –incluyendo a EE. UU–, está dispuesta a intervenir de forma directa. República Dominicana, el único país con frontera con Haití, reza por la súbita aspiración de un vasto mar entre los dos países. 

• El presidente keniano, William Ruto, busca laudos y gloria, pero existen dudas en cuanto a la capacidad de acción de los 1,000 policías kenianos que iban a ser destinados a Haití.  
  
  

• Washington está dispuesto a financiar cualquier intento de estabilización, pero se muestra mucho más reacio a enviar soldados. Una intervención en Haití no sería una operación corta; más allá del tono colonial, equivaldría a comprometerse a una larga ocupación.  
  
  

• Lo más probable, entonces, es que se designe un débil Gobierno de transición. La situación quizá mejore ligeramente, pero seguirá reinando el desorden y continuará la migración hacia EE. UU. y República Dominicana. 

Edgar Quiñónez
•Iván Velásquez, el hombre fuerte en Colombia
612 palabras | 3 mins de lectura

Luz Adriana Camargo Garzón, la mano derecha Iván Velásquez –exjefe de la CICIG– fue electa fiscal general de Colombia.  

• La relación entre ambos inició hace más de 20 años en su país, cuando participaron en el caso bautizado como “parapolítica”. Este proceso llevó a la condena de más de 50 congresistas vinculados con organización criminales paralelas al estado, además de otras sentencias contra alcaldes y gobernadores.  
  
  

• Las acusaciones enfrentaron a la Corte Suprema de Justicia con el entonces presidente Álvaro Uribe, quien resultó afectado de manera política por las acusaciones. Por ello, Velásquez y el exmandatario han sostenido diferencias y graves señalamientos.  
  
  

• Tras ser designado como jefe de la CICIG, Velásquez nombró a Camargo como jefa de todos los investigadores de esa entidad. Fue la segunda vez que trabajaban juntos.  

Sí, pero. Camargo y Velásquez tienen otros asuntos en común, aparte de los casos que promovieron en Colombia y en Guatemala. 

• Ambos tienen orden de captura solicitada por el Ministerio Público de Guatemala por supuestas anomalías en el caso Odebrecht.  
  
  

• El exjefe de la CICIG y la ahora fiscal general colombiana, habrían dirigido cambios a los convenios de colaborador eficaz de los personeros de Odebrecht. Lo anterior, como contraprestación de que los extranjeros delataran al exministro de Comunicaciones Alejandro Sinibaldi y a políticos como Manuel Baldizón, quienes recibieron sobornos para conceder el contrato a la constructora.  
  
  

• Los brasileños delataron a Sinibaldi y a Baldizón, pero también se llevaron casi Q3,000M. de los guatemaltecos. El dinero –producto de dos préstamos– para financiar la construcción de una carretera de cuatro carriles de la aldea Cocales, Suchitepéquez, hacia la frontera con México, se empezó a pagar en 2017 y será hasta 2033 cuando Guatemala realice el último desembolso a un banco de Brasil.  

Qué destacar. Los dos préstamos fueron aprobados por el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES, de Brasil) y el BCIE. Sumaban US$399.4 millones (Q3,075 M.). De ese monto, los brasileños recibieron US$254.4 M. (Q1,959 M.). 

• A ese monto entregado a Odebrecht se deben sumar los intereses que en 13 años pagarán los guatemaltecos. La suma será de US$128 M., equivalentes a Q986 M., que se deben adicionar a los Q1,959 M. mencionados, dando un total de Q2,945 M.  
  
  

• Las autoridades del Ministerio de Comunicaciones, durante el gobierno de Jimmy Morales, suspendieron los pagos a Odebrecht, pues encontraron diversas ilegalidades y denunciaron a la constructora. Una de las irregularidades fue que la obra tenía un avance físico del 35%, pero el Gobierno ya le había dado el 75% del dinero a los brasileños. 
  
   

• Se desconoce el propósito de Velásquez y la exfiscal Thelma Aldana, así como de otros fiscales –también Camargo– para beneficiar a los brasileños en detrimento de Estado de Guatemala. Se supone que su fin era político, ya que Aldana, tras dejar el cargo, buscó la presidencia por medio del partido Movimiento Semilla. 

Conclusión. Aldana no fue inscrita en las elecciones de 2019. Lejos de ello, se ordenó su captura por un caso de plazas fantasma, huyó de Guatemala y se refugió en Estados Unidos. Ya en ese país también fue señalada en otro caso de posible corrupción: la compra de un edificio para el Ministerio Público.  

• Velásquez fue declarado persona no grata por el expresidente Morales y no se renovó el mandato de la CICIG. Su gestión, como las de los otros dos comisionados, fue cuestionada por dudosas investigaciones que llevaron a la cárcel a algunos inocentes.  
  
  

• Incluso, médicos como Erwin Raúl Castañeda Pineda y Jesús Arnulfo Oliva Leal, procesados por el caso IGSS-PISA, murieron bajo la responsabilidad del MP de Aldana y la CICIG de Velásquez, que siempre se opusieron a que se les otorgase medida sustitutiva.