Bernardo Arévalo: ajedrecista del victimismo

¡Buenos días! 

Días después de los operativos que llevaron a la captura de ex directivos de los 48 Cantones de Totonicapán por su rol en los bloqueos de octubre de 2023 —que violentaron los derechos fundamentales de millones de guatemaltecos—, el presidente, Bernardo Arévalo, se parapetó en algunas organizaciones indígenas para anunciar la presentación de un amparo en contra del Ministerio Público y pedir a los diputados que, “porfa”, modifiquen a su conveniencia la Ley del MP para que así pueda remover a la fiscal general, Consuelo Porras.

Tanto lo primero, como lo segundo, parecen destinados al fracaso; el éxito legislativo significaría cederle —aún más— del presupuesto a los diputados que ya le tomaron la medida a Arévalo. El pretendido amparo, ni hablar.

Todo apunta a que Bernardo Arévalo es un gran estratega —ajedrecista—, pero para victimizarse, en lugar de liderar.

Hay un recurrente dicho sobre el presidente del que no se sabe autoría a ciencia, pero que parece definirlo muy bien: “la máxima aspiración de Bernardo Arévalo es ser expresidente”.

Les deseamos un buen inicio de semana laboral. 

Faltan 173 días para las elecciones legislativas en Argentina, un momento definitorio para Javier Milei tras 18 meses en el poder.

En perspectiva. En ellas se renovarán 127 de las 257 curules del Congreso y 24 de las 72 del Senado, lo que podría consolidar o erosionar el control de La Libertad Avanza (LLA) en el legislativo. Este año debutará la Boleta Única de Papel (BUP) a nivel nacional; las PASO —las primarias argentinas— fueron suspendidas, alterando las tradicionales estrategias partidarias.  

• Con una economía en recesión, pero con la inflación desacelerándose, Milei enfrenta un desafío clave.
  
  

• Su capacidad para transformar un discurso disruptivo en mayorías legislativas será el termómetro de su gestión hasta ahora.

Cómo funciona. Con el BUP, los candidatos aparecen en una sola boleta nacional, reemplazando las partidarias individuales. Esto le permite a Milei reducir el voto clientelar, favoreciendo a votantes independientes que lo apoyan, pero podría perjudicarlo si la oposición capitaliza la visibilidad equitativa en distritos donde LLA no tiene estructura sólida.

• LLA lidera con un 36.9 % de intención de voto, seguida por el kirchnerismo con 25.9 %, el “peronismo no K” con 10.1 %, el PRO con 9.1 % y la UCR con 4.1 %.
  
  

• La aprobación de Milei ronda el 47 %, resistiendo las tensiones sociales ocasionadas por sus medidas de ajuste.
  
  

• Una victoria le daría autonomía para avanzar en su agenda y batalla cultural, mientras una derrota lo forzaría a pactar con una oposición fragmentada pero tenaz.

Entre líneas. El desdoble de elecciones —la celebración de elecciones autónomas en una fecha distinta a la de las nacionales—, como en CABA (18 de mayo), permite medir el pulso antes del 26 de octubre, potenciando a LLA si Milei arrastra votos locales, o dándole ventaja a la oposición si el descontento urbano crece.  

• El sistema electoral argentino fija un número de escaños mínimo por provincia, lo que tiende a sobrerrepresentar a los distritos más pequeños; tradicionalmente, bastiones peronistas.
  
  

• Por otro lado, la eliminación de las PASO obliga a resolver pugnas a lo interno de los partidos, lo que puede esconder fisuras dentro de LLA, pero podría ampliarlas si falta cohesión.
  
  

• El sistema argentino es un terreno complejo que exige a Milei una campaña quirúrgica para no perder terreno.

Balance. Milei tiene ventaja, pero no garantías. Un resultado favorable implicaría superar el 40 % de los votos y acercarse a las 129 bancas, facilitando un dominio legislativo menos dependiente de aliados como el PRO o la UCR, cuyas diferencias con el proyecto de Milei fragmentan el capital político de LLA.

• Para lograrlo, debe mantener la inflación controlada, reforzar la percepción de orden en seguridad y evitar traspiés como el de su criptomoneda o la represión a jubilados.
  
  

• Sin embargo, el desempleo en alza, el cansancio del “aguante” para el ajuste y una posible unión opositora son riesgos latentes para el presidente.
  
  

• Esta primera entrega de nuestro seguimiento electoral anticipa una contienda ajustada. Milei debe probar que su revolución puede volverse estructura sólida. 

Hace nueve años se propuso modificar la Constitución, sin embargo, el intento falló; al día de hoy, la promulgación de una ley de aguas sigue sin concretarse, a pesar de ser un mandato constitucional de 1985, detallado en el artículo 127.

Por qué importa. Las propuestas comparten el mismo procedimiento para la formulación del proyecto: mesas de diálogo. La metodología aparenta ser “democrática”, aunque en la realidad no es así. La fallida reforma constitucional da cuenta de ello. 

• En agosto pasado, la ministra de Ambiente, Patricia Orantes, anunció los pasos a seguir para la creación de la ley de aguas. Prometió escuchar a todos los sectores.
  
  

• Para ello utilizaría mesas participativas. La práctica no es nueva. Antes se les conocía como mesas técnicas del agua. Previo a 2020, se utilizaron para la formulación de la iniciativa 5161, ley de aguas.
  
  

• No obstante, fue rechazada por los 48 Cantones de Totonicapán, que realizaron manifestaciones y paros para bloquear su aprobación. Y lo lograron.

Visto y no visto. La organización afirmó que el proyecto de ley buscaba privatizar el acceso al vital líquido. El Pleno del Congreso lo conoció en noviembre de 2016. Mismo año en que se reformó la Ley Orgánica del Ministerio Público (MP). 

• El 25 de abril de 2016, los presidentes de los tres organismos del Estado lanzaron el Diálogo Nacional. Una apertura oficial a la reforma constitucional.
  
  

• La actividad que contó con el apoyo del MP, la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Este último ente las promovió ampliamente.
  
  

• El 6 de octubre de ese año se conoció la iniciativa 5179; supuestamente era producto de 247 sugerencias y 148 mesas de trabajo con la participación de más de 1500 personas.

Sí, pero. La iniciativa fue respaldada por los diputados Mario Taracena, Orlando Blanco, Carlos Barrera, Mauro Guzmán, entre otros. Pero no fue aprobada. La razón: falta de consensos y oposición a algunas propuestas, entre otros. 

• Ese año, el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) indicó que en el proceso imperó un fuerte nivel de improvisación. Añadió que el documento base carecía de exposición de motivos. Es decir, era superficial y bastante irreal; opinión que es compartida por varios analistas.
  
  

• No se tomaron en cuenta las recomendaciones y sugerencias de los sectores que participaron; las mesas de diálogo fueron solo un requisito para darle cariz de “democrático”.

En conclusión. Lo mismo podría suceder ahora con el proceso para la creación de la ley de aguas. Ambos procesos tienen paralelismo que alerta del posible resultado, entre ellos, algunos mismos actores que —por su tozudez— harían fallar este nuevo intento. 

• En los próximos tres meses habrá rondas participativas para profundizar en la situación del agua. Además, se recibirán propuestas para la construcción de la iniciativa.
  
  

• El portal www.procesonacionaldelagua.info/ detalla el proceso a seguir. Al igual que con otros sitios web del Gobierno, República lo auditará y le mantendrá informado de los “avances”. 

La transformación del mundo del trabajo plantea nuevas exigencias para las empresas: adaptación a normativas, integración de prácticas sostenibles y generación de oportunidades inclusivas. En este contexto, CACIF le invita a la XI Edición del Congreso Laboral, un evento para dialogar sobre el futuro del trabajo en Guatemala.

Por qué importa. El Congreso Laboral es un espacio pensado para que empresas, expertos y líderes compartan experiencias y analicen de forma práctica cómo responder a los retos actuales.

• Conocer soluciones que beneficien a los colaboradores
  
  

• Fortalecer a las organizaciones.

Datos clave. El evento será el 7 de mayo en el Hotel Intercontinental de 7:30 a 14:00 horas.

• Regístrese aquí. 

El miércoles inicia el cónclave que, se comenta, no se extenderá más allá del 11 de mayo.

En perspectiva. El domingo o antes, se espera que los “príncipes” de la Iglesia Católica elijan al sucesor de Francisco. 

• Guatemala está representada por el cardenal Álvaro Ramazzini, quien participará en el proceso.
  
  

• Se mencionan candidatos y cada cardenal elector decide a su favorito. La política —no ajena a la Iglesia— también divide entre un papa “progresista o conservador".
  
  

• Debido a esta circunstancia —su influencia en la política y vida diaria de la feligresía—, la elección del máximo jerarca religioso, ocupará la atención mediática del mundo.

Qué destacar. Hasta el final del domingo, la Junta Directiva del Congreso, que preside Nery Ramos, envió la convocatoria a la sesión de la instancia de Jefes de Bloque.

• Aunque la convocatoria tiene fecha 30 de abril, fue hasta ayer que se divulgó por la directiva del Legislativo, luego de conocerse un amparo planteado en la Corte de Constitucionalidad, por ocho congresistas, para retomar las sesiones.
  
  

• ¿Qué hay detrás del retraso? Que no haya actividad en el pleno, no significa que el Congreso esté paralizado. Las fuerzas y los intereses de cada grupo están chocando y haciendo pulso a ver quién puede más.
  
  

• La disputa es por controlar la agenda legislativa y siempre con la mira puesta en el dinero —sea lícito o no—, empezando por el salario que ganan los 160 diputados.

En el radar. El tiempo avanza y sigue el proceso para conformar la Superintendencia de Competencia. 

• El viernes 9 de mayo, la Junta Monetaria (JM) tiene previsto realizar la evaluación de los aspirantes a dirigir esta entidad que nace de la Ley de Competencia.
  
  

• En el Organismo Legislativo también sigue su curso la elección de las nuevas autoridades de esta institución.
  
  

• En el caso de la JM, la evaluación está a cargo del TEC de Monterrey, de México, mientras que en el Congreso, es la Universidad Católica de Chile la responsable.

Ecos regionales. Raúl Mulino, presidente de Panamá, enfrenta una huelga de maestros que podría ser por tiempo indefinido. 

• Los docentes se oponen a las aprobadas reformas a la Ley de la Caja del Seguro Social y cada vez más reciben apoyo de otros gremios.
  
  

• En El Salvador, Nayib Bukele afronta nuevos —y contundentes— señalamientos de haber negociado con los cabecillas de las pandillas para conseguir triunfos electorales, y a quienes habría protegido durante un tiempo; ahora los persigue, porque le saben “cosas”.
  
  

• Poco se sabe de la dictadura en Nicaragua, pero anticipan que prepara reformas a al menos, nueve leyes, para acomodarlas con la Constitución aprobada a la medida de Daniel Ortega y Rosario Murillo. 

La reciente presentación de un amparo contra la fiscal general Consuelo Porras marca un nuevo episodio en la tensa relación entre el Ejecutivo y el Ministerio Público (MP). Esta acción, aunque simbólica, vuelve a poner en debate los límites legales, la autonomía institucional y las estrategias políticas de ambos actores. La resolución podría influir en la percepción pública sobre la justicia y la gobernabilidad del país.

Qué destacar. Presentar un amparo contra el actuar del MP significa que la decisión final recae en la autoridad judicial, quien evalúa la legalidad de las medidas. Sin embargo, según Francisco Quezada, presidente del Centro para la Defensa de la Constitución (CEDECON), “un amparo no puede limitar la función investigativa del MP, ya que hacerlo iría en contra de la Constitución y la ley”.

• El MP realiza la investigación y presenta elementos al juez, quien decide si es suficiente o debe profundizar. En este contexto, el amparo “nace muerto”, porque no puede contradecir la autonomía constitucional del MP ni impedir que actúe conforme a la ley.
  
  

• El juez es quien controla la investigación y puede ordenar nuevas diligencias, si lo considera necesario. La Corte de Constitucionalidad (CC) ha sido clara en proteger la autonomía del MP frente a presiones externas.

Hemeroteca. El presidente Bernardo Arévalo ha presentado varias acciones legales para buscar la destitución o expulsión de la fiscal general. La primera fue un antejuicio y denuncia penal por incumplimiento de deberes, seguida de un segundo antejuicio por violación a la Constitución y abuso de autoridad; ahora, un amparo por violación de derechos indígenas.  

• Además, el mandatario promovió reformas legales, como la propuesta de modificar la Ley Orgánica del Ministerio Público, aunque no ha prosperado en el Congreso.
  
  

• Todas las acciones del Ejecutivo han sido canalizadas por vías legales y constitucionales, sin recurrir a medidas arbitrarias, como algunos seguidores del Movimiento Semilla quisiesen. Mantienen una línea institucional, aunque enfrenta resistencia política y legal para lograr sus objetivos.
  
  

• La CC ha advertido sobre la importancia de no vulnerar la autonomía del MP en estos procesos.

Voces. Francisco Quezada considera que el amparo “nace muerto” porque pedir que el MP no actúe conforme a la ley es inviable constitucionalmente. Advierte que Arévalo busca revertir la autonomía del MP, pretendiendo que el fiscal sea un subordinado presidencial, lo cual es “inadmisible” en el marco legal.  

• Asimismo, critica que el presidente utilice y exacerbe a grupos sociales como aliados para defender su causa personal, y alarma sobre el riesgo de discursos que inciten a la lucha de clases. Enfatiza que el presidente debe actuar siempre dentro de la ley y no para propósitos personales.
  
  

• Recomienda a Arévalo cambiar de asesores para evitar que la gobernabilidad se deteriore por decisiones impulsivas y personales. 

En conclusión. El MP debe perseguir delitos, pero la percepción pública sobre el momento y el contexto de las investigaciones genera sospecha. La pugna parece ser ya un tema personal, donde se arrastra a la institucionalidad, y que la estabilidad nacional depende de que ambos actores respeten el marco legal y actúen con prudencia.