Bernardo Arévalo claudica sus responsabilidades constitucionales

¡Buenos días!

La semana recién pasada, el presidente Arévalo decidió ceder la responsabilidad soberana del Ejecutivo de resguardar las fronteras e ingresos portuarios y aeroportuarios; se firmó un “acuerdo” en el que se les ceden esas facultades a entidades del gobierno estadounidense. No se cuestiona —ni por un momento— que serán más efectivos, pero la sola admisión de incapacidad local es vergonzosa.

Ciertamente, el control migratorio y aduanero ha estado casi abandonado, y una mejor gestión es deseable, pero que una administración “socialdemócrata” ceda ante la imposición de un gobierno como el de Donald Trump es digno de una tragicomedia.

Es imposible no hacer el parangón con lo ocurrido durante el gobierno del presidente Juan José Arévalo —el padre del actual—, cuando el gobierno estadounidense de entonces convenció a Arévalo père, a que se realizasen   ignominiosos experimentos médicos en privados de libertad y pacientes siquiátricos. Por lo visto, la fruta no cae lejos del árbol. Cuando menos en eso. 

Confiando en que hayan tenido un reparador descanso, les deseamos un buen inicio de semana laboral.  

Con reformas estancadas y la “Paz Total” desmoronándose, Petro ahora propone una jugada radical para intentar salvar su legado: reescribir la constitución.

En perspectiva. Petro prometió transformar Colombia: reducir la desigualdad, reformas de pensiones, salud y leyes laborales y negociar la paz con grupos armados. Tres años después, poco ha avanzado en su agenda y la violencia se ha desbordado. Con un 33 % de aprobación, su herencia política peligra, pero más para Colombia: quiere una asamblea constituyente para reformar la constitución de 1991. 

• El discurso agresivo de Petro, amordazando a sus críticos al compararlos con nazis, y los cuatro cambios de gabinete con más de 50 ministros, han marcado la pauta de un gobierno inestable, como él.
  
  

• Su propuesta constituyente es vaga, lo que genera temor de que busque, a través de ella, alcanzar su agenda fracasada.

Por qué importa. El plan de Petro de nacionalizar el sistema de salud fue archivado por el Congreso, lo que llevó a reguladores a tomar control de dos aseguradoras privadas. Una reforma de pensiones, que obligaba a trabajadores de bajos ingresos a cotizar en el sistema estatal, fue devuelta por la Corte Constitucional por aprobarse sin debate suficiente. Solo una —diluida— reforma laboral pasó el 20 de junio, aumentando el pago de horas extras y protecciones a trabajadores de plataformas, pero elevando costos de contratación hasta en un 15 %, según Fedesarrollo. 

• Pequeñas empresas, especialmente en comercio y seguridad, podrían despedir trabajadores, empujándolos al sector informal, que ya representa un 60 % de la fuerza laboral.
  
  

• Por otro lado, la presión fiscal crece. El ministro de Hacienda, Germán Ávila, congeló límites de gasto, proyectando un déficit superior al 7 % del PIB en 2025.
  
  

• La “Paz Total” también está en crisis. La violencia persiste: un senador fue baleado en Bogotá y siete personas murieron cerca de Cali en junio de 2025. La constitución es la última bala para Petro.

Entre líneas. La pretendida constituyente es una apuesta arriesgada; la constitución de 1991 ha sido modificada antes, pero una reescritura total es inaudita. Críticos ven un intento de Petro por sortear al Congreso para impulsar su agenda, donde carece de apoyo. Su baja popularidad y la imposibilidad de reelección aumentan la urgencia de su movida. 

• El liderazgo errático de Petro —con mensajes incendiarios en X y pletóricas acusaciones de consumo de drogas— mina la confianza en el presidente.
  
  

• La votación para la asamblea, planteada para las elecciones de 2026, depende de un público que Petro no logra movilizar.
  
  

• Tras las sombras, atemoriza el precedente de la asamblea de 1999 en Venezuela, con la cual Chávez consolidó su poder; un modelo que Petro añora.

Lo que sigue. Si Petro insiste en la asamblea, podría profundizar la polarización en un país ya dividido por la corrupción y la violencia. No lograr sus reformas o la paz terminaría de hundir su credibilidad, a un año de las elecciones. Además, el costo económico de sus políticas amenaza con alienar a pequeñas empresas y trabajadores. 

• Sin apoyo del Congreso ni margen fiscal, la visión de Petro para Colombia podría colapsar por su propio peso.
  
  

• Colombia está en una encrucijada, sin saber si la apuesta constitucional de Petro salvará su legado para la izquierda o sumirá al país en un caos mayor. 

Los 160 congresistas están convocados esta semana a dos sesiones extraordinarias. En la de hoy se contempla conocer varias iniciativas de ley, elegir al sustituto de Karina Paz en la primera secretaría de la Junta Directiva y, como uno de los puntos más importantes, designar a los directores —titular y suplente— para la Superintendencia de Competencia. Esta elección adquiere relevancia, ya que el plazo para realizarla venció el 23 de junio.  

La segunda sesión, prevista para el 3 de julio, está destinada a continuar con la interpelación al ministro de Salud, Joaquín Barnoya, e iniciar con los juicios políticos contra el ministro de Desarrollo, el de Comunicaciones y la ministra de Ambiente.  

No obstante, si se toman como referencia las últimas convocatorias, no hay garantías de que se logren avances concretos. Los diputados no han cumplido con su labor, pese a que la semana pasada recibieron su quinto pago de GTQ 66 300 y están a las puertas de cobrar el Bono 14, aumento incluido.  

Sin embargo, el escenario podría cambiar, debido a un amparo presentado en la Corte de Constitucionalidad por Acción Ciudadana, que busca obligar a los legisladores a hacer la designación. 

La Junta Monetaria y el Ejecutivo ya cumplieron con sus respectivas designaciones, pero en el Congreso no se alcanzaron los 81 votos necesarios. 

La nómina incluye a seis profesionales, pero el número se redujo tras la decisión del Ejecutivo de nombrar a Javier Enrique Bauer Herbruger, quien también figura entre los aspirantes evaluados por el Congreso.  

Los demás candidatos son: Jorge Alberto Santiago Chen Sam, Juan Carlos Rodil Quintana, Jorge Mario González Paz, José Ramiro Martínez Villatoro y Edgar Rolando Yax Tezo. 

Jorge Ayala, integrante de la Comisión Permanente, aseguró que hay avances en el proceso y que el Congreso es consciente de la importancia de completar la designación. 

“El pleno reconoce que es importante la integración del directorio para que esta entidad nominadora, que es el Congreso de la República, concluya con su designación”, declaró.  

Ley con dedicatoria a Joviel Acevedo 

La agenda incluye iniciar con el trámite de la iniciativa que busca reformar la Ley de Acceso a la Información, para prohibir la confidencialidad en los pactos colectivos. Esta propuesta envía un mensaje directo al sindicalista, quien ha procurado mantener las negociaciones del pacto con el Ministerio de Educación fuera del escrutinio público. 

La ley limitaría el poder de negociación que dirigentes sindicales como Joviel Acevedo han ejercido durante años con nula supervisión. La propuesta también tipifica la coacción sindical, estableciendo sanciones de seis meses a un año de prisión para quienes obliguen a un trabajador a afiliarse o desafiliarse de un sindicato, o lo intimiden para llevar a cabo actividades sindicales en contra de su voluntad. 

La iniciativa podría ser enviada a la Comisión de Educación para su análisis y dictamen. Dicha sala es presidida por el diputado Mario Velásquez, del partido Cabal.  

Los maestros en paro tienen hasta el martes 1 de julio para regresar a las aulas, o podrían enfrentar consecuencias legales por desacato a una orden judicial.

Qué destacar. Así lo advirtió el procurador general de la nación, Julio Saavedra, quien señaló que, de no cumplirse el amparo que exige la reanudación de clases, solicitarán al juez de Trabajo que haga valer la resolución.  

• El tribunal ya advirtió que, si no se justifica la suspensión de clases, se trasladarán las actuaciones al Ministerio Público para iniciar una investigación penal por desobediencia.
  
  

• Actualmente, el sector educativo se encuentra en receso por vacaciones, pero se espera que las clases se reanuden hoy, tras el asueto del lunes. El juez tiene la potestad de imponer medidas, incluso con el auxilio de la fuerza pública, para garantizar el cumplimiento del fallo. 
  
   

• Saavedra enfatizó que en un Estado de Derecho no se puede permitir el desacato judicial. La decisión está ahora en manos del Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala, que encabeza Joviel Acevedo.

En el radar. El Congreso ha intensificado la presión sobre el Organismo Ejecutivo para que agilice la implementación de la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria (Decreto 29-2024), ante la evidente parálisis de proyectos en el país.  

• El diputado Elmer Palencia, del partido Valor, citó a las autoridades del Ministerio de Comunicaciones para el miércoles 2 de julio, luego de que estas no asistieran a la primera convocatoria.
  
  

• La Dirección de Infraestructura Vial Prioritaria (DIPP), creada para ejecutar esta ley, aún no puede operar por falta de fondos. Aunque Claudia Cáceres fue designada como gerente hace, la institución no cuenta con codificaciones presupuestarias ni recursos asignados.
  
  

• Hasta la semana anterior, el Ministerio de Finanzas Públicas no había completado el proceso administrativo para transferir los fondos necesarios. Esta demora ha pospuesto las operaciones previstas para 2024 hasta el próximo año. El responsable directo es el ministro Jonathan Menkos.

Ecos regionales. Al presidente de Panamá, José Raúl Mulino, le restan cuatro años de mandato —1 de julio—, pero su primer año ha estado marcado por fuertes tensiones.  

• Enfrenta roces con EE. UU. por el Canal de Panamá, una drástica caída del flujo migratorio tras el cierre del Darién, protestas violentas por la reforma a la Seguridad Social y una crisis en Bocas del Toro. Además, su distanciamiento con Ricardo Martinelli, su aliado político, ha debilitado su apoyo de base.
  
  

• El gobierno de Nayib Bukele ha sembrado temor entre activistas, como Ingrid Escobar, quien abandonó El Salvador tras conocer sobre una posible captura en su contra. Su salida se suma a recientes detenciones de defensores de derechos humanos.
  
  

• Honduras avanza hacia las elecciones generales del 30 de noviembre; en julio se adjudicará el sistema de transmisión de resultados y cerrará el plazo para reclamos al censo electoral. También se definirá el uso de centros educativos y se resolverán recursos sobre candidaturas independientes.