Bienvenido cambio de autoridades en INL

¡Buenos días!

El avance del narco en toda la región parece inevitable; más allá del daño a la salud que ocasiona el consumo —aunque Petro diga que la cocaína no es más dañina que el whisky—, la violencia que acarrea es perjudicial para la paz social. Ni se hable del poder de cooptación de instituciones que tiene esa mafia, a través de las inmensas cantidades de dinero que genera el tráfico ilícito.

Con miles de millones de dólares a su disposición, compran voluntades de autoridades locales, diputados y funcionarios; con ello terminan de “coronar la vuelta” y utilizan las instituciones y mecanismos democráticos para blanquear su dinero que, de otra forma, les sería muy difícil —si no imposible— ingresar al sistema bancario.

Pero si a ello se le agrega que el Gobierno central, para intentar conseguir un poco de apoyo en el legislativo, pacta y transa la colocación de miles de millones del erario para obra pública, con los representantes del crimen organizado —con aquella aviesa intención—, los gobiernos dejan de ser simples cómplices para convertirse en sus socios.

El problema no es simple, pero a raíz de la designación como grupos terroristas de varios cárteles por parte del gobierno de EE. UU., se deberá investigar el grado de participación que tengan algunos políticos con esos grupos terroristas, al facilitarles el blanqueo de sus ganancias.

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Editorial: Izquierda y narco, una relación que INL puede romper

Anomalías en remozamiento de escuelas del Ministerio de Educación, parte II

Crisis por el reciclaje revela irresponsabilidades compartidas

Izquierda y narco, una relación que INL puede romper 

La relación entre el narcotráfico y los gobiernos de izquierda en Latinoamérica ha alcanzado niveles alarmantes, evidenciando una simbiosis que amenaza la democracia y la estabilidad regional. Países como México, Honduras, Bolivia y Colombia —sobre todo durante el gobierno de Gustavo Petro— muestran patrones inquietantes donde el narco no solo financia campañas políticas, sino que se infiltra en las estructuras del poder, perpetuando la violencia y la corrupción.  

En México, la política de “abrazos, no balazos” de López Obrador fue tolerante con los cárteles, mientras la violencia escaló y el narco permea gobiernos locales. Sheinbaum es más de lo mismo. 

En Honduras, el expresidente Juan Orlando Hernández ejemplifica cómo el narco puede corromper incluso a líderes pragmáticos, pero el giro hacia Xiomara Castro ha demostrado la incrustación de esas redes.  

La Bolivia de Evo Morales, fue señalada como un narcoestado, con el exmandatario vinculado a las federaciones cocaleras y una economía dependiente del narcotráfico, y su “zar” antidrogas extraditado a EE. UU. por su vinculación directa con el narco.  

En Colombia, Gustavo Petro enfrenta serias acusaciones de haber recibido fondos narcos en su campaña, mientras su hijo Nicolás confesó nexos con estas redes. Más claro, no canta un gallo. 

Y en Guatemala, esta dinámica se agrava con el aumento de la narco violencia y la cooptación de instituciones locales, como alcaldías, diputaciones y de los Consejos de Desarrollo, estructuras que se han convertido en mecanismos para blanquear dinero ilícito. El país vive una crisis [no tan] silenciosa y devastadora.  

Los CODEDES, concebidos como mecanismos de desarrollo comunitario, han sido secuestrados por estas estructuras para blanquear su dinero mal habido; la guinda: en los presupuestos de 2024 y 2025 se asignaron ingentes sumas a estos consejos.  

En 2024 se les asignó GTQ 3300M y, a pesar de su paupérrima ejecución, en agosto, el oficialismo les aumentó poco más de GTQ 1600M. Como no ejecutaron, se les “autorizó” utilizar los fundos en este 2025. 

Añadiendo insulto a la herida, en el presupuesto 2025, el ministro Jonathan Menkos pidió para los CODEDES GTQ 5012M; en febrero, ese monto fue ampliado en GTQ 1625M. En total, el Gobierno le “abrió el chorro” a esas estructuras por más de GTQ 11 000M, un monto ofensivo, que expertos señalan como una vía ideal para el lavado de dinero narco.  

Esta asignación, lejos de promover el bienestar, fortalece la capacidad del crimen organizado para controlar territorios y comprar lealtades. 

La izquierda latinoamericana, con su discurso de justicia social, parece haber encontrado en el narco un aliado financiero conveniente, pero a un costo insostenible: la erosión del Estado de derecho y el aumento de la violencia. La crítica no radica en su ideología, sino en su incapacidad o unwillingness para romper esta relación tóxica. Mientras los presupuestos engorden estructuras vulnerables como los CODEDES y los líderes evadan responsabilidades, la región seguirá atrapada en un ciclo de narco violencia que asfixia cualquier esperanza de progreso. Es hora de exigir transparencia y voluntad política para desmantelar esta alianza letal.

El cambio en la dirección del Buró de Narcóticos y Asuntos de Fuerzas de Seguridad (INL, por sus siglas en inglés) es una oportunidad para que las autoridades de EE. UU. actúen sobre funcionarios complacientes —y hasta aliados— con el narco; otorgarles el manejo de miles de millones del presupuesto nacional no es sino un pago de favores.  

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Gérman Gómez y Marimaite Rayo
Anomalías en remozamiento de escuelas del Ministerio de Educación, parte II
557 palabras | 2 mins de lectura

El 24 de octubre de 2024, la ministra de Educación, Anabella Giracca, informó del remozamiento de 6700 escuelas. Además, presentó el Portal de Transparencia de Remozamientos de Escuelas. Hasta la fecha hay 11 529 establecimientos remozados, pero no todos están disponibles en el sitio web.

Qué destacar. El sitio buscaba la rendición de cuentas y la verificación pública. Sin embargo, no todos los establecimientos tienen completa la información técnica de los remozamientos, según el análisis realizado por República. 

  • En total, las 652 escuelas del departamento de Guatemala fueron indagadas. Esta cifra, de los 9 699 remozamientos documentados en el portal, representa el 6.72%.

  • Únicamente 99 escuelas tienen la información técnica completa. Es decir, tienen adjuntos los tres informes de ejecución del remozamiento: previo, durante y posterior del mantenimiento. Además, de fotografías de la obra finalizada.

  • El resto de las escuelas, 553, solo tienen un informe disponible, en su mayoría el de la inspección previa al remozamiento; algunos realizados duran el segundo semestre del 2023. 

Visto y no visto. El monto destinado para cada remozamiento no podía superar los GTQ 75 000. Y de las 652 escuelas inspeccionadas, 66 reportan gasto de GTQ 70 000, mientras que el resto llegó al tope de los fondos. 

  • La EOUM de la colonia Planes de Minerva, de la zona 11 de Mixco, gastó GTQ 75 000 en el remozamiento. La obra beneficiaría a 197 alumnos. Sin embargo, en el portal solo está disponible el informe previo de la obra y no existen fotografías de cómo quedó la escuela.

  • La EORM Villa Hermosa II, de Villa Canales, no registra – en el portal —el monto gastado en el remozamiento. Además, carece de fotografías finales de la obra; tiene los tres informes disponibles.

  • En la mayoría de las escuelas, los tres informes contienen fotografías diferentes de las obras de remozamiento. No es posible identificar, con certeza, el mejoramiento. 

Entre líneas. El portal afirma que todos los informes son documentos actualizados y controlados, pero en la revisión efectuada se encontraron inconsistencias en los datos que contienen. 

  • Existen escuelas que tienen informes que comparten la misma fecha de emisión. Este es el caso del INEBE María Magdalena Ponce de Veliz, en Mixco; registra todos los documentos con fecha 19 de abril de 2024.

  • Los informes, como tampoco el portal, especifican por qué algunos documentos son firmados por un evaluador de campo, mientras que otros, por el director del establecimiento. En ambos casos firma y sella el presidente de la Organización de Padres de Familia (OPF).

  • La EODP anexa a la EORM No. 2265, en la Colonia Valle Verde, Villa Nueva, tiene los informes previos al remozamiento con fecha 25 de julio del 2023, seis meses antes de que la nueva administración asumiera el Gobierno. 

Sí, pero. Según el informe presidencial, “La primera cosecha, más del 60 % de las escuelas están ubicadas en terrenos que no son propiedad del Estado.  

  • En este sentido, el Gobierno afirma que no puede realizar intervenciones públicas de profundidad en establecimientos que carecen de certeza jurídica. Y con ello, justifica los remozamientos.

  • Los departamentos que más remozamientos reportan son: Huehuetenango con 1026, Alta Verapaz 953, y Quiché 865. En sentido contrario, Sacatepéquez registra únicamente 53.

  • La falta de información sobre cómo se priorizaron los remozamientos por región hace plausible la inexistencia de criterios técnicos y, más bien, aplicación de criterios políticos. 

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Edgar Quiñónez
Crisis por el reciclaje revela irresponsabilidades compartidas
590 palabras | 2 mins de lectura

Con el título “Reglamento para la gestión integral de los residuos y desechos sólidos comunes”, podría ser algo que se lee fácil, pero que, en realidad, ha generado reacciones tanto a favor como en contra. Ejemplo de ello fueron las manifestaciones que realizaron los recicladores y recolectores de residuos del vertedero de la zona 3.

En perspectiva. El 9 de agosto de 2021 se emitió —durante la gestión del Alejandro Giammattei— el Acuerdo Gubernativo 164-2021, en el que se establece, entre los puntos principales, la recolección, el traslado, tratamiento y disposición final de residuos y desechos sólidos.  

  • 2 años después, el 9 de agosto de 2023, siempre durante la administración de Giammattei, se emitió el Acuerdo Gubernativo 184-2023 que reforma al anterior, algo que fue de conocimiento de todos los alcaldes y autoridades competentes del país.

  • Dentro de los cambios realizados destaca que la implementación de la clasificación secundaria obligatoria de los residuos y desechos sólidos comunes que se aplicó a partir del pasado 11 de febrero. Por otro lado, se determina que los residuos deben separarse en: orgánicos, reciclables y no reciclables.

  • La normativa que entró en vigor no es nueva, sino más bien, una con un plazo de cumplimiento a partir del 2023, siendo el ente responsable el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN).  

Qué destacar. El tema se ha convertido en una de las grandes crisis que enfrenta el gobierno de Bernardo Arévalo. Mientras que hay quienes piensan que el reciclaje es un paso que trae beneficios económicos y ambientales, los trabajadores del vertedero afirman que el acuerdo los perjudica, al dejarlos sin trabajo.  

  • Esa fue la razón por la que paralizaron la ciudad bloqueando el paso de arterias principales como el Bulevar Liberación. Derivado de ello, las autoridades del MARN decidieron instalar una mesa de diálogo para escuchar a los inconformes.

  • En las reuniones que continuarán en los próximos días también participan el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), la Municipalidad de Guatemala, la Secretaría Privada de la Presidencia, y como observadores, la Gobernación Departamental y la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH).

  • ¿Quién realmente es el responsable de lo que está ocurriendo? El alcalde de Mixco, Neto Bran, durante una transmisión en vivo en sus redes sociales, advirtió que, si el Ejecutivo no resuelve la problemática, el viernes realizaría un bloqueo en su jurisdicción.  

En el radar. Hay que recordar que Bran y su homólogo de Santa Catarina Pinula, Sebastián Siero, quien —también es presidente de la Asociación Nacional de Municipales (ANAM)—, presentaron acciones en la Corte de Constitucionalidad (CC) con la intención de dejar sin efecto los artículos 1, 12, 13, 49, 52, 53 y 54 de la normativa.  

  • En tanto, el MARN tenía conocimiento de que había que realizarle algunas reformas al reglamento; si se hubiera hecho, la cartera hubiera evitado todos los conflictos que se han suscitado en los últimos días.

  • La crisis desatada reveló la terquedad de parte del gobierno, particularmente del MARN; la cartera debió de haber lanzado una campaña con suficiente antelación para informar a la población de los alcances de la entrada en vigor del reglamento, amén de asegurar que las municipalidades tuvieran capacidades suficientes.

  • También es evidente que el reglamento tiene ausencias de algunas figuras que forman parte de la cadena de recolección y reciclaje de desechos. Y es evidente, también, que hay intereses creados.  

En conclusión. Al no estar preparadas las municipalidades, se percibe irresponsabilidad directa por parte de los alcaldes de no asumir su papel en el tema de manejo de los desechos.  

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