“Buenos” políticos, pero ¿para qué?

¡Buenos días!

Siempre ha existido la —falsa— disyuntiva entre “un buen candidato” y “un buen presidente, alcalde o diputado”, no es nueva, pero desde finales del siglo pasado, la cosa se jodió; irremediablemente, al parecer.

Alfonso Portillo fue un excelente candidato con su histrionismo y bagaje cultural, por encima de sus pares; su carisma fue tal que, incluso, alardeando de ser un doble asesino, consiguió abrumadoramente el voto. Los resultados de su gestión siguen sufriéndose hasta hoy, particularmente el haber abierto la puerta a los diputados-contratistas, que ahora han mutado a los diputados-contratistas-narcolavadores, que tenemos hoy.

Ese, tal vez, es el mejor ejemplo de quien llenó todas las casillas del checklist político-electoral, pero que no fue buen presidente. Buen político para ser candidato, mal político para dirigir la nación.

Hoy, la cosa sigue igual o peor. Pululan candidatos con habilidades oratorias y poder de convencimiento increíbles; increíbles, porque su pasado da cuenta de terribles falencias morales, pero que ante la adversidad y los señalamientos —si bien, no todos fundados— le dan vuelta y consiguen salir airosos. Spin, como se dice en inglés.

¿Es irremediable, entonces, ese destino; el que los votantes escojan a quien le habla bonito —o hace buenos TikToks— pero que se sabe que fallará a la hora buena? Si esperamos para responder, a junio o agosto del 2027, ya será demasiado tarde.

Tres exfuncionarios del gobierno de Bernardo Arévalo terminaron saliendo del gabinete por escándalos personales, señalamientos o falta de resultados; sin embargo, fueron reubicados en cargos diplomáticos bien remunerados. 

• Las designaciones contrastan con el discurso de profesionalización del servicio exterior impulsado por el propio Arévalo cuando integró la comisión legislativa de Relaciones Exteriores.

Por qué importa. El nombramiento de Santiago Palomo como embajador ante la Santa Sede se convirtió en la señal más visible de una tendencia: funcionarios que salieron por crisis de gestión o escándalos internos terminan premiados con cargos diplomáticos.

• Palomo dejó la Secretaría de Comunicación Social en un contexto de cuestionamientos al desempeño institucional y a la dificultad para mejorar la percepción pública del gobierno.

• Su nuevo puesto ante el Vaticano le otorga un salario de GTQ 83 995 mensuales, a pesar de no tener carrera diplomática ni experiencia técnica en servicio exterior.

• El movimiento recuerda que otros funcionarios con salidas complicadas también recibieron embajadas, alimentando la percepción de que el cuerpo diplomático sirve como “puente de plata”.

En el radar. Antes de Palomo, Oswaldo Samayoa protagonizó una salida polémica tras revelarse una relación sentimental con la directora administrativa cuando dirigía COPADEH. La crisis interna derivó renuncia el 31 de diciembre de 2024, pero no fue una ruptura con el gobierno, sino un ascenso discreto.

• Samayoa fue nombrado ministro consejero en Costa Rica el 25 de enero de 2025, con un salario mensual de GTQ 49 360.

• Su traslado al exterior se dio sin cuestionamientos públicos por parte del Ejecutivo, lo que sugiere que el episodio se buscó cerrar mediante una salida silenciosa.

Entre líneas. El caso de Marco Livio Díaz tomó un giro administrativo distinto, luego de su salida de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), ya que fue designado embajador en Honduras mientras continúa en curso un expediente abierto por el Ministerio Público (MP) relacionado con denuncias presentadas por contribuyentes vinculados al caso B410.

• Durante su gestión al frente de la SAT, Díaz hizo públicas denuncias sobre presuntas presiones vinculadas a la investigación de una estructura fiscal señalada por posible defraudación superior a GTQ 300 M.

• A su vez, el MP abrió una investigación basada en acusaciones que señalan una posible derivación de casos —para su “resolución”— hacia la firma Moore Díaz Reyes, vinculada a familiares del exfuncionario.

• Su designación como embajador, con un ingreso mensual de GTQ 54 138, no tiene sustento técnico ni profesional alguno.

Ahora qué. Los tres nombramientos abren un debate más amplio: si las designaciones obedecen a necesidades diplomáticas reales o si el servicio exterior es un recurso del cual los mandatarios echan mano para colocar a aliados que salieron mal parados de su función. El desafío es mayor porque el propio mandatario prometió la profesionalización como estándar institucional.

• Cuando era diputado, Bernardo Arévalo impulsó reformas para elevar las exigencias de ingreso al servicio exterior y depurar nombramientos políticos, lo que vuelve estos casos especialmente contradictorios.

• Si el Ejecutivo no explica criterios, corre el riesgo de reafirmar la vieja práctica de convertir embajadas en compensaciones por salidas problemáticas, más que en funciones de Estado.

• El presidente, pero también el canciller, Carlos Ramiro Martínez —un diplomático de carrera—, aplican un doble rasero, evidentemente.

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El sistema de justicia presenta embudos que frenan los casos, perpetúan la impunidad y alejan la meta de una justicia eficiente. El presupuesto 2026 profundiza ese desbalance.

• Además, expone la falta de conexión en la asignación de recursos: gran parte del dinero se dirige al Ministerio de Gobernación (Mingob) y el Ministerio Público (MP).

Por qué importa. La justicia del país necesita avanzar de forma equilibrada para responder a la ciudadanía. En la actualidad, algunas instituciones crecen mientras otras quedan rezagadas. El presupuesto 2026 confirma las fallas: refuerza la persecución penal, pero debilita la ciencia forense y la defensa pública.

• Entre 2019 y 2025, el presupuesto de estas instituciones muestra un alza sostenida, con diferencias marcadas. Cerca del 95 % se destinó para el Mingob, MP y Organismo Judicial (OJ), según el estudio realizado por el CIEN.

• Mientras solo un 5 % llegó al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP) y el Instituto de Atención a la Víctima (IAV). Instituciones que sostienen el proceso.

• El sistema acumula casos sin poder avanzar al mismo ritmo. Los afectados —y la población en general— sufren estas fallas. Las extorsiones siguen en niveles altos y muchas víctimas no denuncian porque desconfían del progreso de las investigaciones.

Datos clave. El proyecto de presupuesto para 2026 apuesta por reforzar policías y cárceles. Deja por un lado el fortalecimiento de las instituciones que permitirán resolver casos. Esto exacerba el embudo y hace más lenta la justicia.

• Las instituciones de justicia y seguridad incrementan su participación en GTQ 1492M; el aumento presenta grandes variaciones entre entidades.

• El MP pide GTQ 3840, el Inacif Q381M y el IDPP Q418.4M, pese a ser esenciales para validar pruebas, peritajes y defender a los acusados.

• El Mingob absorbería el 77.7 % del aumento del sector. Según Bismark Pineda, del CIEN, “el 86 % de los homicidios se concentra en diez departamentos”, lo que exige investigación focalizada, no solo fuerza.

Detrás de escena. Los embudos se sienten en cada institución. Los casos aumentan, pero los recursos no son parejos. Esto retrasa dictámenes, audiencias y defensas. La ciudadanía queda frente a un sistema que tarda en responder.

• El IDPP atendió más de 46 000 casos en 2023 con un presupuesto menor al 12 % del MP. La defensa no tiene el personal que necesita. 

• El Inacif recibe el 76 % de las solicitudes desde el MP, pero no cuenta con fondos para procesarlas rápido.

En conclusión. El Estado necesita equilibrar el presupuesto y tratar al sector justicia como un sistema completo. Si no lo hace, el gasto seguirá sin mejorar resultados. Impunidad, atrasos y desconfianza continuarán igual o peor.

• Solo el 11 % de homicidios llega a acusación; muchos menos a sentencia condenatoria. El embudo frena todo el proceso. 

• El CIEN y el ICEFI piden metas comunes y presupuesto coordinado. Todas las instituciones del sector justicia debe avanzar al mismo ritmo. 

• Sin reformas, el país seguirá atrapado en un modelo que solo aumenta el gasto, pero no la justicia. Una inversión, sin duda, de mala calidad. 

A pocos días de cerrar el segundo período ordinario, el Congreso —pero también, el Ejecutivo— suma retrasos en dos reformas clave para modernizar los sistemas portuario y aeroportuario del país. Mientras el Legislativo acelera la aprobación del presupuesto 2026 y del suyo propio —que garantiza el aumento salarial—, las reformas estructurales continúan estancadas: una sigue sin dictamen y la otra aún no ha sido presentada. 

Por qué importa. La iniciativa para ordenar el sistema portuario fue presentada en abril, pero sigue sin dictamen tras meses de estudio en comisiones. Este retraso vuelve a evidenciar la lentitud legislativa para impulsar reformas que podrían mejorar la competitividad económica del país.

• El proyecto, presentado por Sandra Jovel el 9 de abril, busca establecer un marco normativo moderno para el sistema portuario y atraer inversión a largo plazo, evitando discrecionalidad y rezagos logísticos que afectan al comercio exterior.

• Se analiza en las comisiones de Comunicaciones y Economía, presididas por Jovel y Faver Salazar, pero ninguna ha emitido una resolución, ni se ha decidido si habrá dictamen unificado o dictámenes por separado.

• Sin una decisión legislativa, Guatemala mantiene un sistema portuario bajo normas rezagadas, mientras países vecinos ya avanzan hacia modelos de concesión, alianzas público-privadas, y gestión más eficiente, reforzando su posición en la competencia regional.

Entre líneas. El Ejecutivo presentó una segunda iniciativa, con un enfoque complementario un mes y medio después, pero tampoco tiene dictamen. Las comisiones analizan si las unifican, lo que ha extendido los plazos sin llevar la discusión al pleno.

• El presidente de la Comisión de Economía, Faver Salazar, afirma que “no están contra el tiempo” y considera posible que el dictamen esté listo en diciembre, asegurando que aún evalúan todos los aspectos técnicos.

• Si se presentan dictámenes individuales, será el pleno el que decida cuál propuesta avanzará primero en el proceso de votación. Salazar agregó que las comisiones “siguen trabajando hasta que se haga una nueva distribución”, la cual suele realizarse entre enero y febrero.

Punto de fricción. La propuesta para crear un nuevo operador aeroportuario, separando atribuciones de la Dirección General de Aeronáutica Civil (CDAG), tampoco avanza: Bernardo Arévalo ofreció la iniciativa para noviembre de 2024, pero aún no ha ingresado, siquiera, al Congreso.

• El proyecto pretende profesionalizar la gestión aeroportuaria, separando regulación de operación para alinearse con modelos de administración más eficientes, competitivos y con mayor capacidad de atraer rutas y servicios.

• Se asegura que podría ser presentada en las primeras semanas de diciembre, más de un año tarde.

• Mientras no haya presentación oficial, el país mantiene el mismo esquema administrativo, con limitadas capacidades para modernizar aeropuertos, mejorar operaciones o fortalecer su posicionamiento frente a terminales del resto de la región.

En conclusión. El proceso legislativo avanza a paso lento, pese a que las reformas portuarias y aeroportuarias son clave para modernizar la infraestructura y el comercio del país.

• Esta demora afecta la competitividad nacional, mientras otros países de la región ya avanzan con modelos más modernos y eficientes.