Bukele: autócrata, pero ¿con buenas intenciones?

¡Buenos días! 

El boletín de República Política de hoy les trae un contenido variado. Desde lo local, que aborda la coyuntura (los traspiés de Semilla en el Congreso) y la pretensión del pacto oficialista de despacharse a un Fiscal General que les es incómodo, pasando por lo regional –las elecciones del domingo en El Salvador, y su deriva hacia el autoritarismo, pero con posturas conservadoras muy populares– hasta los temas hemisféricos, donde la emigración irregular (ilegal) es “el” tema que definirá el resultado de las elecciones en EE. UU. Todo está conectado. 

Este boletín –no este individual, sino este boletín en general– siempre trata de darle una amplia visión de los asuntos de trascendencia a ustedes, nuestros suscriptores. Creemos que el de hoy cumple, a perfección, esa aspiración. 

Agradecemos su confianza y suscripción.  

Contenido en este boletín:

•Editorial: La deriva autocrática

•Las fallas legales de la iniciativa para destituir a Consuelo Porras

•El Salvador libra una discreta guerra cultural

•Iowa y la inmigración

Luis González
•Las fallas legales de la iniciativa para destituir a Consuelo Porras
760 palabras | 3 mins de lectura

La iniciativa de ley que pretende habilitar la vía para destituir a la fiscal general, Consuelo Porras, tiene fallas legales y genera dudas.  

• La propuesta busca modificar el artículo 14 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (MP). En 2016 los diputados –bajo presión de la CICIG y la embajada de Estados Unidos– cambiaron la ley y le quitaron la potestad al presidente para remover al Fiscal General. Lo hicieron para proteger a Thelma Aldana. 

• Con el cambio realizado hace ocho años, los congresistas ponentes consideran que es "imposible" destituir al jefe del MP. Con Aldana no tenían problema en que la regulación fuera así, pero con Consuelo Porras sí consideran que el mandatario Bernardo Arévalo debe poder despedirla. Posiciones incoherentes. 

• La jefa del MP abrió investigaciones contra el partido Movimiento Semilla que llevó al poder a Arévalo. Además, tramitó solicitudes de antejuicio contra el gobernante y otros miembros de esa organización por presuntas ilegalidades en la conformación del partido y lavado de dinero. 

Por qué importa. No hay duda de que la iniciativa está dirigida contra Porras. Los legisladores que plantean las reformas la señalan cometer "interferencia en las funciones constitucionales".  

• "La Fiscal General ha cometido manifiesta interferencia en las funciones constitucionales (sic) del Tribunal Supremo Electoral. Ha profanado la voluntad popular manifiesta en las urnas y de cuya legalidad y pureza han sido testigos cientos de Juntas Electorales...", indican los parlamentarios. 

• "Comete acciones que ameritan su remoción del cargo", agregan, Pero insisten en que con la ley actual no puede ser destituida. 

• "En esta norma tal y como se encuentra, establece una causa muy difícil o imposible de concretarse". Por lo tanto, piden la reforma y que se amplíen los hechos por los cuales se puede dar por terminada la gestión de la jefa del MP. 

Sí, pero. Los cinco ponentes agregan que, aparte de la "comisión de un delito doloso durante el ejercicio de su función", un Fiscal General también puede ser removido por temas políticos o inconformidades con su desempeño. 

• "Cuando en ejercicio de su cargo o a través de sus instancias, atente contra el orden constitucional, cause ingobernabilidad, atente al sistema político y económico nacional, al Estado de Derecho, la independencia de poderes y rechazo social", dice la iniciativa. 

• La reforma no queda ahí; otro medio para iniciar el proceso de destitución del jefe del MP es mediante la presentación de cinco mil firmas de ciudadanos.  

• En ese caso otras entidades como la Corte de Constitucionalidad (CC) y el MP, confirmarían si el funcionario cometió esas fallas. Mientras tanto, quedaría suspendido provisionalmente de su cargo. De ser aprobada, devendría inconstitucional, pues la CC no realiza investigaciones. 

En perspectiva. La primera falla legal es que de nuevo se pretende realizar una reforma a conveniencia de las circunstancias políticas y según el agrado de un organismo del Estado, como en 2016. 

• Si el bloque oficialista logra su cometido, el presidente Arévalo tendrá "sus" fiscales generales hasta 2028, pero cuando asuma el próximo gobernante, también cesará al que esté y nombrará al de su agrado o conveniencia. 

• El tema de que los periodos del Fiscal General y el Presidente de la República no coincidan, perderá su razón de ser según lo establecido por los constitucionalistas. Se perderá el balance de poder y sería un error político, comentó un diputado que prefirió no ser citado. 

• La pretensión oficialista enfrenta un problema: la reforma legal no tendría carácter retroactivo. Aplicaría para el siguiente periodo constitucional. Sin embargo, esta es la opinión de algunos abogados; el Organismo Ejecutivo y sus aliados en el Congreso podrían pretender pasar por alto tal limitante. El asunto tiene visos de ser dirimido por la CC. 

En conclusión. El primer paso para intentar destituir a Porras ya fue dado. La iniciativa 6300 fue enviada por la Directiva del Congreso –presidida por Nery Ramos y afín al partido Semilla– a la Comisión de Asuntos de Seguridad Nacional. Aunque es potestad del pleno esa decisión, resulta sospechosa. 

• La propuesta se remitió a esta comisión a cargo del partido Azul que llevó al Organismo Legislativo a Ramos. Se supone que con ello los oficialistas y sus allegados buscan asegurar un dictamen favorable. Que pase sin trabas al pleno. 

• En situaciones "normales" la iniciativa debió ser enviada a la Comisión de Reformas al Sector Justicia, que presidirá un diputado del Partido Unionista. O también pudo ser remitida a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, pero esta es una de las cuatro que Semilla se "guardó" porque todavía no tiene definido a quién confiarlas. 

• Así, la iniciativa contra la Fiscal General arranca un camino que encontrará obstáculos legales. Además, traerá un desgaste político al gobierno de Arévalo que no está dispuesto a esperar dos años para “despedir” a Consuelo Porras.  

Sebastián Gennari
•El Salvador libra una discreta guerra cultural
649 palabras | 4 mins de lectura

En El Salvador, el Gobierno libra una batalla discreta en contra de lo que comúnmente se denomina ideología de género. Las agencias de cooperación de otros países –por no hablar de las ONG internacionales– han recibido instrucciones claras de no atentar contra la “moral” de los alumnos. 

• Esto ha puesto a El Salvador en riesgo de un choque frontal con USAID, la encargada de distribuir los fondos de cooperación de Washington. USAID, que empuja políticas DEI (diversidad, equidad e inclusión), no ha tenido más remedio que aceptar las directrices salvadoreñas. 

• El Ministerio de Educación ha puesto especial atención en examinar todos los materiales educativos provenientes del extranjero. Sus funcionarios se expresan en términos tajantes: no se tolerarán materiales que amenacen “nuestros principios” y “la visión del país que queremos construir”. 

• El Gobierno se muestra especialmente preocupado por los materiales educativos apuntados hacia los estudiantes de educación básica. Hace unos meses, por ejemplo, la aparición de una bandera LGBT en un libro desató controversia. 

Hemeroteca. El temor no es únicamente por los niños, sino por sus padres, que son capaces de formar organizaciones que empañan el actuar de agencias estatales. El mejor ejemplo de esto es la Alianza de Padres de Familia, que en septiembre provocó la destitución de Carlos Rodríguez Rivas, hasta entonces director del Instituto de Formación Docente (INFOD). 

• La controversia surgió cuando Canal 10, la televisión pública de El Salvador emitió Aprendamos en casa, un segmento educativo que hablaba de las distintas orientaciones sexuales. 

• El Estado respondió no sólo con la destitución de Rodríguez, sino también con una “reestructuración profunda” del INFOD, que perdió su espacio en Canal 10. 

• En general, se percibe un giro conservador desde el nombramiento de José Mauricio Pineda como ministro de Educación. Reemplazó a Carla Hanania, socióloga por la Universidad de Lovaina, en Bélgica, y otrora asociada a ACNUDH, el organismo de derechos humanos de la ONU. 

Entre líneas. Como dijera el Ministerio de Educación en agosto, el Estado tiene el único objetivo de “velar por la niñez, proteger su salud mental y fomentar los valores familiares”. Pero las nuevas directrices tienen una segunda función: limitar el poder de las ONG y de las organizaciones estatales extranjeras presentes en el país. 

• Estos organismos actúan como Estados paralelos con ideologías que chocan con la de los anfitriones. Sus nebulosas fuentes de financiamiento, a lo que debe sumarse la protección prestada por sus países de origen, les proporciona un inmenso grado de poder e influencia. 

• Las organizaciones como USAID manejan presupuestos inmensos: entre abril de 2021 y febrero de 2023, obtuvo US$261M en fondos para el llamado Triángulo Norte, compuesto por Honduras, Guatemala y El Salvador. 

• El Salvador no puede renunciar a estos fondos, pero sí los puede condicionar e influir en su uso. Por ello, San Salvador ha dicho a USAID que los únicos programas de equidad que tolerará son aquellos que busquen garantizar el acceso a la educación de niñas. 

El porvenir. No hace falta resaltar la singularidad ideológica del Gobierno de Nayib Bukele, que no encaja dentro de los típicos parámetros de la izquierda y derecha latinoamericanas. En todo caso, la postura educativa de su Gobierno no le restará apoyos; al contrario, en un país conservador como el suyo, se verá beneficiado. 

• Bukele es, por supuesto, inmensamente popular, aunque abundan sus detractores, sobre todo en el exterior. Siendo francos, nadie ama u odia al mandatario por su faceta de guerrero cultural opuesto a la ideología de género. 

• Más allá de verlo como el redentor o verdugo de El Salvador, debe observarse la forma en que ha logrado constreñir el poder de USAID y las agencias con fines similares, sean estatales o no.

• Con frecuencia se piensa que las naciones centroamericanas carecen de poder alguno. Craso error. Son soberanas, al menos formalmente, de ahí que las ONG acatan las directrices educativas salvadoreñas. La alternativa, susurran quienes saben, era perder la personalidad jurídica.