Cae “El Mencho”, el cabecilla del CJNG

¡Buenos días! 

En una noticia que sorprendió al orbe, ayer se conoció que fue abatido Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, el temido cabecilla de uno de los cárteles más poderosos del mundo. Distinguido por ser una organización criminal con presencia en los cinco continentes, por su extraordinaria crueldad y su armamento militar, el que rivaliza con el del ejército mexicano y, ciertamente, mucho más poderoso que el de Guatemala, por ejemplo.

Con una recompensa de USD 15M sobre su cabeza, logró “evadir” a las fuerzas de seguridad de México durante mucho tiempo; un secreto a voces ha sido que gozó de la protección oficial durante el gobierno de AMLO y, por añadidura, del de Claudia Sheinbaum. Sin embargo, hace pocos días, el Senado mexicano aprobó —inusitadamente— la incursión de elementos élite de la marina estadounidense (Navy Seals), lo que hace pensar que lo de ayer fue producto de ello. Jamás será reconocido por Sheinbaum, de ser así.

¿Qué viene? Está por verse, pero la violencia vengativa del cártel y las luchas territoriales son casi un hecho.

Lo sucedido es una muestra de la decisión del gobierno de Donald Trump de ir por los cárteles y quienes les faciliten su existencia. Varios en Guatemala debiesen poner sus barbas en remojo; sobre todo algunos alcaldes y diputados.

Rafael P. Palomo
Perú: un presidencialismo convertido en parlamentarismo inestable
865 palabras | 5 minutos de lectura

Perú es formalmente una república presidencialista. En la práctica, sin embargo, ha derivado hacia algo más cercano a un régimen parlamentario, pero sin las características estabilizadoras del parlamentarismo. 
 

Es noticia. El 17 de febrero, el Congreso votó abrumadoramente para destituir al presidente interino José Jerí tras solo cuatro meses en el cargo. Los legisladores citaron acusaciones de corrupción y tráfico de influencias como motivos de su destitución. Tras la salida de Jerí, el Congreso eligió al izquierdista José María Balcázar como nuevo presidente interino. A sus 83 años, Balcázar se convirtió en el octavo presidente en diez años y ejercerá solo hasta las elecciones generales de abril. 

• Inmediatamente, múltiples reportes de prensa señalaron que Balcázar enfrenta numerosas controversias pasadas y cuestionamientos legales, incluidas investigaciones y denuncias por corrupción, fraude y tráfico de influencias. 

• Solo un día después, el izquierdista fue citado por la justicia peruana a juicio oral por presunta apropiación ilícita, indicando que el péndulo antipresidencial peruano no tendrá piedad, una vez más. 

Por qué importa. La clave constitucional de este ciclo reside en la interpretación expansiva de la “incapacidad moral”, la cláusula que el Congreso ha invocado repetidamente para destituir presidentes. Lo que fue diseñado como un mecanismo extraordinario se ha convertido en un instrumento político rutinario. Esta facultad ha convertido al Congreso en un verdugo político sin rendición de cuentas, por lo que el Ejecutivo ha perdido la certeza de mandato fijo que define al presidencialismo. El presidente se ha vuelto una figura provisional y está constantemente negociando su supervivencia. 

• Pero Perú no se rediseñó como un sistema parlamentario con votos de confianza, disciplina de coalición o un primer ministro responsable ante un bloque mayoritario. 

• En cambio, creó una asimetría con un Congreso altamente fragmentado con poder de destituir y un presidente sin la infraestructura partidaria para defenderse. 

• El resultado es una tiranía parlamentaria de facto, no en sentido ideológico, sino estructural. El Congreso puede remover presidentes a voluntad, pero no asume una responsabilidad coherente por los resultados del gobierno. 

Cómo funciona. Para este caldo de cultivo convergieron tres factores. Lo primero fue el colapso del sistema de partidos. Los partidos tradicionales de Perú se erosionaron durante décadas, reemplazados por partidos franquicia personalistas que se desintegran después de cada elección —caso similar al guatemalteco—. Sin coaliciones partidarias estables, los presidentes llegan al poder sin respaldo legislativo confiable. El Congreso, igualmente fragmentado, opera mediante alianzas cambiantes en lugar de bloques programáticos. 

• Lo segundo fue un diseño constitucional que incentiva la confrontación. El presidente y el Congreso pueden disolverse mutuamente bajo ciertas condiciones. Esta destrucción mutuamente asegurada convierte la política en un juego de supervivencia. 

• Ante la más mínima confrontación, la política se vuelve una carrera por ver quién destituye a quién primero. Como tercer eje, la política anticorrupción se ha convertido en el principal lenguaje de legitimidad política. 

• El activismo fiscal y la desconfianza pública vuelven políticamente letales las acusaciones, dándoles legitimidad. El resultado es un sistema donde ningún presidente dura y el Congreso sigue siendo impopular. Sin embargo, el Estado no colapsa. 

Sí, pero. La paradoja es que, el caos institucional de Perú coexiste con la estabilidad macroeconómica. En el centro de esa continuidad se encuentra el Banco Central de Reserva del Perú y su presidente de larga data, Julio Velarde. Mientras los jefes de Estado suben y caen, Velarde ha conducido a Perú a través de ciclos de materias primas, turbulencias financieras globales, pandemias y ahora latigazos políticos. 

• En efecto, el Banco Central se ha convertido en el ancla del régimen. Los inversionistas y los mercados suelen ignorar el ruido político y ven a Perú a través del mandato de Velarde, y no de su presidente ni de su Congreso. 

• Velarde le ha dado a Perú una autonomía del banco creíble, inflación controlada, una moneda comparativamente fuerte y una disciplina fiscal que, aunque tensionada, no ha sido abandonada. 

Entre líneas. Velarde funciona menos como un tecnócrata y más como un monarca institucional —no por decreto, sino por permanencia—. Encierra en su figura la continuidad en un sistema que, por lo demás, premia la disrupción. Su permanencia señala que, mientras las instituciones políticas se fragmentan, las instituciones económicas han resistido la captura. 

• Esta dualidad explica la resiliencia del Perú. El sistema político es inestable porque los incentivos premian la remoción por encima de la cooperación. 

• No obstante, el sistema económico es estable porque la institución político-económica clave está aislada de aquella lógica. 

En conclusión. Esta estabilidad no debe ser tomada por asegurada. El riesgo es estructural. Si la volatilidad parlamentaria se extendiera —alguna vez— a la gobernanza monetaria o fiscal, el amortiguador desaparecería. Hasta ahora, esa línea se ha mantenido, pero una institución que ha canibalizado la estabilidad del país y acumulado poder absoluto sobre la gobernabilidad, rara vez limitará su alcance meramente al control sobre el Ejecutivo solamente.  

• De momento, Perú demuestra que la decadencia institucional en una rama no infecta automáticamente a las demás, pero también muestra cuán frágil es ese equilibrio. 

• Con presidentes temporales, una Constitución instrumentalizada y un Congreso que gobierna sin gobernar, Perú se convertirá en un caso de estudio de un sistema presidencialista que mutó a una tiranía parlamentaria inestable, pero con una administración macroeconómica exitosa.  

Luis González
¿Habemus fiscal general?
599 palabras | 3 minutos de lectura

El panorama de quién será el próximo en dirigir el Ministerio Público comienza a despejarse con una claridad poco común en estos procesos. 

Qué destacar. Luego de recibir los expedientes, vienen fases decisivas: objeciones, entrevistas y pruebas psicométricas antes de la gradación final. 

• Entre los perfiles con sintonía con el Ejecutivo, sobresale con fuerza el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, quien declaró haber recibido el respaldo del presidente Arévalo para competir. Sin duda, es el aspirante con mayor probabilidad de sustituir a Consuelo Porras. 

• Le siguen figuras como el procurador Julio Saavedra y la exfuncionaria de CICIG Gladys Ponce, además de las magistradas Irma Palencia y Blanca Alfaro. Pero el termómetro político marca a Villeda como el candidato casi seguro por su rol en seguridad. 

• Su posición dentro del gabinete y la validación presidencial lo colocan en un nivel distinto. ¿Qué toca ahora? La Comisión de Postulación debe evaluar expedientes entre marzo y abril, elaborar la nómina de seis el 20 de abril y remitirla al Ejecutivo para la elección final.  

Sí, pero. De los 76 expedientes recibidos por el Ejecutivo para integrar la próxima Corte de Constitucionalidad, el proceso de revisión avanza con señales claras sobre las preferencias del gobierno. 

• Alejandro Balsells se perfila como un candidato sólido para ser magistrado titular, dada su cercanía con el presidente Bernardo Arévalo y su rol como asesor clave en temas constitucionales. Como magistrado suplente, las mayores probabilidades recaen en Mynor Melgar, asesor del ministro de Salud y cercano al Movimiento Semilla. 

• Sin embargo, la figura de Alexander Aizenstatd emerge con fuerza por su prestigio jurídico; esto lo coloca en un factor que no puede ser ignorado. En menor ventaja quedan Miguel Ángel Gálvez y Stuardo Campo, limitados por sus procesos legales, así como el excanciller Gabriel Orellana. 

• Si el Ejecutivo opta por aplicar criterios de paridad en la designación, también entrarían en consideración la exmagistrada María Eugenia Morales y la exprocuradora general Anabella Morfín. Tras recibir los expedientes, el presidente someterá la selección al Consejo de Ministros, pero en el entorno político se percibe que la suerte está prácticamente echada. 

En el radar. En el Congreso se multiplican las reuniones y llamadas para negociar los votos rumbo a la elección de los dos magistrados de la CC el 3 de marzo, y aunque Semilla y sus aliados insisten en que no apoyarán a actuales magistrados, todo apunta a que habrá una excepción. 

• La fórmula que toma fuerza es la de Rony López Contreras como magistrado titular y David Pineda como suplente, quienes figuran entre los 55 expedientes recibidos, fortaleciendo la percepción de que su postulación avanza con el impulso del oficialismo, liderados por Luis Aguirre de CABAL. 

• López cuenta con simpatías del gobierno por sus votos disidentes en casos sensibles, mientras que Pineda allanaría el camino del presidenciable Roberto Arzú, de quien es abogado. La versión de que CABAL y el oficialismo empujan esta dupla circula con fuerza entre operadores legislativos, pese a las negativas públicas del partido. 

• A ello se suman las tensiones generadas por rumores de un supuesto aval estadounidense, ya desmentido categóricamente por la Embajada. Con ambos candidatos ya en el tablero, el pulso político se acelera, pero como en política todo es posible, habrá que ver si, pese a las advertencias de Washington, prevalece la idea de que el fin justifica los medios. 

Ecos regionales. Tras la misión del 20 de febrero, el FMI pidió al nuevo gobierno de Honduras aplicar en el primer trimestre de 2026 austeridad fiscal, frenar las transferencias del Banco Central, y aprobar leyes antilavado. 

• Las reformas energéticas y de contrataciones deben avanzar este año, y el recorte presupuestario de USD 570M se ejecutará durante todo 2026. 

• Chiquita Brands retomó en febrero las exportaciones tras reactivar cosechas en enero y proyecta operar a plena capacidad a finales de 2026 tras invertir USD 30M en Panamá. 

• Costa Rica denunciará ante Trump el 7 de marzo que el régimen de Nicaragua permite a empresas chinas el robo de oro en Crucitas.