Cantidad, sí, pero ¿y la calidad?

¡Buenos días!

Dos sectores —no los únicos— con terribles rezagos en el país, son la justicia y la educación; el insuficiente de “capital humano” es, ciertamente, una de las causas. Sin embargo, no es la única. La calidad es, muchas veces, deficiente. De nada sirve aumentar el número de maestros y jueces, si lo único que logran es aumentar la ineficacia.

En el caso de los docentes, reiteradamente, fallan pruebas mínimas de conocimientos indispensables para su labor. Luego, ¿porr qué los estudiantes pierden, a su vez, las pruebas?

En el caso de los jueces y magistrados, el asunto no es muy distinto. Llenar los requisitos en papel no se traduce en más justicia. Mucho menos, pronta y cumplida.

Si a ello le agregamos la nefaria manipulación de los puestos de unos y otros, por parte de “operadores” que buscan poder y dinero, en lugar del beneficio de la sociedad, la receta para el desastre que tenemos se devela.

Más allá de mejores decisiones en las elecciones generales —mejores candidatos, también—, el entramado estatal está cooptado por intereses particulares. Si no se le pone un alto, si no se cambia, el país seguirá en el derrotero al desastre.

En perspectiva. En una entrega anterior, República dio a conocer que Guatemala enfrentaba un retraso significativo en la emisión de bonos de carbono adscritos al Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF) del Banco Mundial.  

• Esta iniciativa del banco tiene el objetivo de pagar a aquellos usuarios que contribuyan a la reducción de emisiones y a la fijación de carbono mediante el programa de reducción de emisiones, REDD+.
  
  

• En su momento, Guatemala se comprometió a que en 4 años reduciría más de 10.5M de toneladas de emisiones de carbono.
  
  

• No obstante, debido a intereses particulares, las autoridades de gobierno han manipulado los procesos a fin de beneficiar a organizaciones ambientalistas cercanas a la administración, lo cual no solo se ha traducido en atrasos, sino que también en posibles abusos de autoridad.

Qué destacar. En 2024, las autoridades del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), el Ministerio de Finanzas (MINFIN), el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), el Instituto Nacional de Bosques (INAB) y el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP), lanzaron el programa de reducción de emisiones (PRE) para la entrega de bonos dependiendo del volumen de carbono fijado por bosque.  

• En este sentido, el proceso consiste en que, una vez ingresados los expedientes, estos deben ser aprobados por CONAP, posteriormente deben ser certificados por el INAB y, finalmente, el MINFIN libera los fondos.
  
  

• En mayo de 2024, el INAB recibió los primeros expedientes y hasta el momento, el Instituto ha recibido 965 proyectos, que abarcan más de 218 000 hectáreas. La mayor parte de los proyectos se encuentran en las Verapaces e Ixcán (170), y el Petén (184). En junio del año pasado se informó que ya no se recibirían más expedientes por la falta de fondos.

Lo indispensable. El 14 de mayo de 2024, el Consejo de CONAP otorgó a la Fundación para el Ecodesarrollo y la Conservación (FUNDAECO), cuyo representante legal es Marco Vinicio Cerezo Blandón, la calidad de proponente, implementador y titular del proyecto REDD+ dentro del Parque Nacional Mirador Río Azul.  

• Los expertos señalan que este acuerdo consistiría en la “tercerización” de la fijación de carbono, a través de FUNDAECO, a cambio de donaciones. Sin embargo, debido a las competencias que se le delegan a la Fundación, esta concesión podría representar un abuso de autoridad.
  
  

• Asimismo, este acto podría vulnerar la Constitución, dado que, de acuerdo con el Art. 64 —que se refiere al patrimonio natural—, se establece que los parques nacionales son inalienables, por lo que no se pueden ceder.
  
  

• Así pues, debido a que la fijación se hace a través de árboles jóvenes en crecimiento, este puede convertirse, en un futuro, en un recurso maderable. En otras palabras, aunque en este momento la concesión no represente un peligro, en el futuro se convertirá en una fuente de lucro individual.

Visto y no visto. Durante la administración del expresidente Jimmy Morales, FUNDAECO firmó un convenio con el gobierno para permitir el patrullaje de la zona del Mirador Río Azul con fondos de la organización.  

• En la actualidad, este convenio se está utilizando como justificante para evadir los controles que establece la Ley de Concesiones, como el proceso de competencia y licitación.
  
  

• Adicionalmente, en una citación en el Congreso se conoció que las autoridades no consultaron previamente a la Procuraduría General de la Nación (PGN) para obtener una posición sobre la concesión, lo cual también constituye un conflicto de intereses a lo interno del gobierno.
  
  

• Así pues, debido a que un convenio no está por encima de una Ley —menos, de la Constitución—, la PGN declaró como no viable la acción.

Entre líneas. Esta colusión de intereses trasciende esta administración, dado que los primeros antecedentes se encuentran en los años 90, cuando, durante la presidencia de Vinicio Cerezo (padre) se fundó CONAP y Andreas Lehnhoff, esposo de la actual ministra del MARN, asumió como primer secretario.  

• Posteriormente, cuando Lehnhoff fue ministro del MARN, su viceministro era Igor de la Roca, quien ahora ejerce como secretario del CONAP.
  
  

• Consecuentemente, no debería de extrañar que esta no sea la primera vez que una concesión a FUNDAECO represente una potencial merma al erario, dado que, en Sierra Lacandón, esta misma organización ha capturado el techo del PRE, dejando fuera de la competencia a propietarios y comunitarios.
  
  

• Se demuestra cómo el establecimiento de programas dirigidos para agrupaciones cercanas a la administración no solo reduce la competencia en beneficio de la protección ambiental, sino que también pone a disposición áreas protegidas que en un futuro podrían convertirse en un recurso explotable.  

El asesinato de Melisa Palacios evidenció, una vez más, las falencias del sistema judicial del país. Reveló una estructura en la que la justicia opera condicionada por intereses particulares, sobre todo, en el interior del país. En Zacapa y Chiquimula no se lograron avances judiciales en contra de María Fernanda Bonilla y su guardaespaldas, los sindicados del crimen.

Por qué importa. En la capital, los vínculos de los primeros abogados de Bonilla y las reuniones inusuales entre jueces y magistrados evidencian cómo opera el poder en las cortes. Sin dejar, por un lado, las conexiones de estos actores con el operador político, Gustavo Alejos. 

• La aparición del abogado Brian Mauricio Corado Cerón, hijo del magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Mauricio Corado Campos, generó polémica.
  
  

• Él fue uno de los tres primeros abogados que ejerció la defensa de los sindicados. Participó en la audiencia donde se tipificó el delito, de asesinato, a homicidio en emoción violenta.
  
  

• La defensa obtuvo ventaja en la posibilidad de menos años de pena para Bonilla, gracias a ese cambio, debilitando la acusación del Ministerio Público (MP).

Visto y no visto. La influencia del magistrado Corado se extendió más allá de su hijo. Intervino e influyó en traslados de jueces claves, como José Maximino Morales González, quien avaló el cambio de delitos de Bonilla en Zacapa. El juzgador fue trasladado del juzgado de ese departamento al Juzgado Segundo Penal de la ciudad de Guatemala. 

• Es decir, el juez que redujo los cargos contra Bonilla ascendió con el respaldo de Corado. El cambio se aprobó, juntamente, con el de otros 33 togados, en una sesión extraordinaria celebrada en abril.
  
  

• Corado Campos fue señalado en el caso “Comisiones Paralelas 2020” por haberse reunido, precisamente, con Gustavo Alejos.
  
  

• La razón de la reunión era asegurar su inclusión en la nómina final de aspirantes a las magistraturas. Otro de los abogados iniciales de Bonilla fue Armando Ismael Ajín Pérez.

Sí, pero. Él, según las investigaciones Corado mantenía una estrecha relación con Alejos, aparte de ser uno de sus defensores. Ambos se reunieron con otros comisionados y operadores de justicia —políticos, también— para pactar los votos a favor de ciertos candidatos a cortes. 

• Luis Ranferí Díaz Menchú es el último de los primeros tres abogados que defendieron a Bonilla. A diferencia de los otros dos, Corado —hijo— y Ajín, su perfil ha pasado desapercibido.
  
  

• No obstante, figuró como abogado defensor de Alejos en varios procesos penales. Según varias fuentes, al magistrado Corado Campos le fue revocada su visa americana.
  
  

• Actualmente, no hay un anuncio público que confirme dicho retiro; la sanción pudo surgir por su actuar en la CSJ, aunado a sus vínculos con Alejos.

En conclusión. El caso Palacios expuso un crimen de alto impacto y las conexiones que atraviesan el sistema judicial. La participación de abogados con lazos familiares y políticos, las decisiones sobre traslados de jueces y la sombra de Gustavo Alejos muestran cómo los intereses particulares condicionan los procesos. 

• La defensa inicial de Bonilla estuvo integrada por abogados cercanos al magistrado Corado y al propio Alejos, lo que pone en duda la imparcialidad de la justicia.
  
  

• En vísperas de los cambios en el sector justicia, que tendrá el país en 2026, la influencia de Alejos se mantiene. Además, de la de otros operadores políticos. 

El Ministerio de Educación (Mineduc) lanzó la convocatoria para contratar a 12 932 maestros. El llamado se realiza en medio de una crisis provocada por el Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG), liderado por Joviel Acevedo.   

• Esto ocurre sin dejar de lado las problemáticas que por décadas han afectado a la educación nacional, como la baja cobertura en varios niveles y un aprendizaje insuficiente.

Por qué importa. La educación es la clave para el desarrollo humano y la competitividad en todos los países. Sin embargo, Guatemala combina poco alcance y un aprendizaje insuficiente.  

• La cobertura educativa no tiene el mismo porcentaje para todos los sectores: el 65 % en preprimaria, el 96 % en primaria, el 53 % en básicos y el 26 % en diversificado.
  
  

• En 2024, solo el 13 % de graduandos alcanzó logro en matemáticas y el 36 % en lectura. Esto evidencia un déficit estructural. En 2024, los maestros optantes a plaza promediaron, un 54 % de aciertos en las evaluaciones.
  
  

• Aumentar la cantidad de maestros permitiría responder a las exigencias educativas. Además, reducirá las horas de trabajo: pasarán de dos —incluso tres— jornadas a una.

Sí, pero. El Mineduc confirmó que las convocatorias (32, 33 y 34) se lanzaron en agosto a nivel nacional. Buscan contratar a 12 932 profesionales para preprimaria, primaria, primaria para adultos y expertos en Estética —danza, teatro, artes plásticas—.   

• Para evitar el clientelismo, presiones sindicales y acciones de corrupción, se establecieron las normas, la ruta y requisitos en el Acuerdo Ministerial 1685-2024.
  
  

• El proceso incluye jurados de oposición, quienes observan criterios, requisitos y condiciones de las actuaciones del proceso. El objetivo es la publicidad y transparencia.
  
  

• No obstante, el sitio electrónico del Mineduc no permite revisar los expedientes de los postulantes. Solo algunas reuniones de los jurados son transmitidas en vivo y la burocracia persiste. 

Ahora qué. La convocatoria masiva de docentes podría ser un gran paso para la educación guatemalteca. Ahora el reto es que los profesionales sean contratados antes del ciclo escolar 2026-2027.   

• Asimismo, que el ministerio tenga disponibles los recursos para las contrataciones. Eso evitará huelgas innecesarias que interrumpan las clases. “La mayoría de las plazas son renglón 011, que por años estuvieron disponibles”, aseguró el Mineduc.
  
  

• Se debe intensificar la capacitación, actualización y formación de los docentes. Informes internacionales indican que uno de cada cinco profesionales de la educación en la región carece de la formación requerida.
  
  

• “Guatemala, junto con Nicaragua, se destaca por tener una proporción de docentes de aula y directivos que no superan la formación de nivel secundario”, reveló el informe La Encrucijada de la Educación en América Latina.

En conclusión. El país enfrenta un dilema: sostener el sistema burocrático, politizado y clientelar, o apostar por un pacto educativo que priorice al estudiante. La región entera demanda cambios, pero en Guatemala estos son más urgentes.  

• Modernizar implica una carrera docente basada en mérito, evaluación constante y profesionalización real.
  
  

• Cada quetzal invertido debe traducirse en aprendizaje, no en privilegios sindicales.