¡Buenos días!

Hacia el final del día de ayer, la CC otorgó un amparo provisional —con efectos definitivos— ordenando al Congreso llevar a cabo la sesión prevista para hoy, en la que sobresale un punto de agenda: la elección de magistrados titular y suplente para, precisamente, la CC.  

Ello, derivado de que el martes, cuando se había agendado originalmente, se suspendió la sesión por artimañas del oficialismo y directrices desde el Palacio Presidencial.  

Cuando se habla de interferencia de poderes —la cual está proscrita constitucionalmente—, esta debiese ser una de sus máximas expresiones. Todo, porque el oficialismo perdió la mayoría suficiente para elegir magistrados; la democracia parece ser algo que no les gusta.  

Como sea, habrá de cumplirse lo resuelto por la CC, porque así es como en tiempos de CICIG se decía ¿no? 

Interferencia presidencial: compraron tiempo con dinero

El martes, el presidente Bernardo Arévalo apareció en cadena nacional leyendo un comunicado con tono de víctima. Afirmó que “algunos” pretendían aparentar una injerencia de la embajada de EE. UU. a favor de ciertos candidatos a la Corte de Constitucionalidad (CC). “No es cierto”, sentenció. La pregunta surge de inmediato y es demoledora: si no era cierto, ¿para qué llamó al Departamento de Estado (DoS, por sus siglas en inglés)? ¿Por qué involucrar a Washington en un asunto interno si, según él, no había nada que aclarar? La respuesta del norte fue elocuente: no le prestaron la menor atención.  

Pero el asunto de fondo es mucho más grave que un malentendido protocolario. Se trata de la captura abierta de la máxima instancia constitucional del país. El oficialismo y sus aliados —liderados por un diputado con vínculos con el narcotráfico— pretendían imponer a Rony López, un candidato hecho a su medida, un magistrado que estaría bajo su control. Del otro lado, la oposición había logrado un consenso amplio para impulsar la reelección de Roberto Molina Barreto, jurista de trayectoria intachable cuya continuidad representaba la última trinchera de independencia judicial.  

Teniendo presente lo anterior, resulta claro a quién se refirió el Encargado de Negocios de la Embajada de EE. UU., John Barrett, cuando dijo que “no van a tolerar que haya contaminación [en las elecciones de segundo grado] de narcotraficantes y crimen organizado”. 

Ante la inminente derrota en las urnas del Congreso, el presidente, su bancada y sus socios —a los que se aludió, Barrett— optaron por la obstrucción pura y dura. Cuatro secretarios de la Junta Directiva (JD) “no llegaron” a la sesión. Sin cuórum de secretarios, la JD declaró cerrada la plenaria. Una marrullería de manual, burda y antidemocrática, que les permitió ganar tiempo comprado con dinero, con presiones y con favores; tiempo para negociar, amenazar y torcer voluntades; tiempo para que el oficialismo pudiera seguir fabricando el resultado que en una votación les sería negado. 

Este no es un incidente legislativo cualquiera. Es la evidencia de que el Gobierno de Arévalo no tolera contrapesos. Habiendo llegado al poder con la bandera de la lucha anticorrupción y la transparencia, hoy utiliza las mismas prácticas que denunciaba: bloqueo institucional, opacidad y maniobras de pasillo. Llamar al DoS para desmentir una injerencia inexistente mientras se orquesta la propia injerencia presidencial revela no solo hipocresía, sino pánico. Pánico a perder el control de la CC, el último bastión que podría frenar los excesos y antidemocráticas pretensiones. 

Guatemala vive un momento crítico. La elección de magistrados no es un trámite burocrático; es el termómetro de la salud de la república. Cuando el Ejecutivo interviene para impedir que el Legislativo cumpla su mandato constitucional, se rompe el equilibrio de poderes. Cuando acusa a otros de lo que él mismo está haciendo, entra en el terreno del autoritarismo descarado. 

El comunicado presidencial no defendió la soberanía; la expuso. No desmintió injerencias; las confirmó. Porque la verdadera injerencia no vino de afuera, sino que vino de Casa Presidencial. Y el país entero lo vio en vivo. 

Gérman Gómez
USAC: gasto, poder y rectoría en juego
652 palabras | 3 minutos de lectura

La Universidad de San Carlos (USAC) tomó especial relevancia y atención mediática en los últimos meses. Esto se dio, en parte, por la elección de magistrados para la Corte de Constitucionalidad (CC) por del Consejo Superior Universitario (CSU). Y ahora, por la elección del próximo rector (2026-2031), quien sustituirá a Walter Mazariegos.  

• Su gestión se ha caracterizado por el excesivo uso de las compras de baja cuantía para adquirir servicios y productos. Así, esquiva los controles de fiscalización. 

Por qué importa. El pasado 16 de febrero, la USAC eligió a sus magistrados para la CC. No se realizó en el campus universitario de la zona 12. Fue en un hotel de Antigua Guatemala. Entre los únicos servicios reportados, hasta el momento, en Guatecompras, se gastó GTQ 49 004 en la estadía y el uso de salones. El monto llegaría a más de los GTQ 100 000. 

• Según fuentes, los demás gastos se dieron en alimentos, viáticos y servicios de logística para movilizar a los integrantes del CSU. Resalta también el excesivo despliegue de agentes de seguridad privada. 

• Mazariegos tiene policías privados que lo resguardan. Justificó el gasto al afirmar que se sentía intimidado por la situación del país y que “su cargo lo ameritaba”. 

• En 2025, la USAC desembolsó GTQ 269 400 en este servicio. En 2024, el monto fue de GTQ 129 399. El servicio fue dado por Corporación Profesional de Seguridad S. A. 

Sí, pero. La empresa solamente le prestó servicio a la USAC en esos dos años. En lo que va de 2026 no se registra ninguna adjudicación a favor de la corporación. Según Guatecompras, se constituyó en 2004, pero hasta noviembre de 2023 solicitó su inscripción en el Registro General de Adquisiciones del Estado (RGAE). 

• A partir de que asumió Mazariegos en julio de 2022, la seguridad privada de la universidad incrementó. El acceso al edificio de Rectoría, como a sus alrededores, es restringido. 

• Esta administración se ha caracterizado por realizar actos ostentosos. Muestra de ello fue la celebración del 350 aniversario, que se realizó en el campus el sábado 31 de enero. 

• Al evento asistieron solo personas cercanas a Mazariegos, entre un fuerte despliegue de seguridad. Destacaron operadores políticos, como Wilson López (cercano a Mynor Moto) y Berner García. 

Visto y no visto. En el acto hubo comida, arreglos florales y un show de luces. El gasto ascendió a GTQ 783 494. Previo a la celebración oficial, se realizó una carrera de 7K en el campus universitario. La USAC adquirió playeras para los asistentes por GTQ Q262 890. La promoción de los eventos se realizó a través de varios canales de comunicación. 

• Los pasteles de la celebración oficial costaron la ridícula cantidad de GTQ 25 000 cada uno y la universidad compró dos; para el show de luces se destinaron GTQ 25 000; duró 30 segundos. 

• El alquiler de espacios fuera de la universidad también se incrementó en la gestión de Mazariegos. Varios de los actos que antes se hacían en el campus, ahora se efectúan fuera. 

• La elección del próximo rector está prevista para el miércoles 8 de abril. Esta se realizará en el mismo hotel de Antigua Guatemala, en el que el CSU eligió a sus magistrados de la CC. 

En conclusión. La gestión de Walter Mazariegos erogó ingentes —e innecesarias— cantidades en seguridad, eventos y alquileres externos, mientras debilitó los controles de fiscalización mediante compras de baja cuantía. La elección del nuevo rector ocurre en un contexto de opacidad y uso discrecional de recursos públicos. Además de su cuestionado rol político en las elecciones de segundo grado. 

• La elección del rector fuera del campus refuerza la percepción de cierre institucional y control político del proceso. Mazariegos busca la nula participación de sus opositores. 

• El relevo en la rectoría abre una oportunidad para corregir prácticas, fortalecer transparencia y reorientar el gasto hacia docencia, investigación y extensión. Pilares que justifican el financiamiento público de la USAC.