Certeza jurídica: no puede haber un sistema judicial corrupto

¡Buenos días! 

Ayer se llevó a cabo la 18va. Edición del Encuentro Nacional de Empresarios para el Desarrollo (ENADE), realizado por la Fundación para el Desarrollo (Fundesa): Certeza jurídica, un Estado digital y transparente.  

Con la notable conferencia del expresidente de Estonia (2006-2016), Toomas Hendrick –quien lideró la digitalización del estado estonio– el hilo conductor del evento fue que, abandonar el “papeleo” y la “tramitología” propias de la tradición latina, es notablemente eficiente, además de ayudar a la erradicación de la corrupción. 

Si se le pregunta al guatemalteco promedio, la excesiva burocracia y la rampante corrupción son los dos más grandes problemas al lidiar con el aparato estatal. Eliminar el elemento humano de la aprobación –discrecional– de los trámites es, ciertamente, una forma de erradicar la corrupción.  

En Guatemala –no resulta sorpresivo– han sido los estamentos gubernamentales, particularmente los sindicatos, quienes se han opuesto a la digitalización, argumentando todo tipo de amenazas a los derechos laborales. ¿Y qué de los derechos de los ciudadanos, de los tributarios?  

No es por comodiad –solamente– sino por modernidad; los Estados que no adopten servicios eficientes –digitales– no serán del siglo pasado, sino decimonónicos. Guatemala puede, con relativamente poca inversión pública, dar el salto cualitativo hacia el siglo XXI. 

Les deseamos un muy buen fin de semana laboral. 

En este boletín:

•Humberto Ortega: crónica de una muerte anunciada

•El momento para rescatar el Estado de derecho en Guatemala 

•Digitalización y la IA son "básicas" para la certeza jurídica

Rafael P. Palomo
•Humberto Ortega: crónica de una muerte anunciada
708 palabras | 4 mins de lectura

El pasado lunes 30 de septiembre falleció en su residencia Humberto Ortega. El hermano del dictador nicaragüense llevaba ya cuatro meses sin salir, rodeado por un cordón del Ejército que antes, como jefe de las Fuerzas Armadas, dirigía. Para Daniel Ortega, sin embargo, la sangre no es más espesa que el agua y ni siquiera los lazos familiares ni la camaradería de la lucha guerrillera soportan una crítica a su régimen y, mucho menos, a su esposa.  

• El Ejército rodeó y sitió la residencia de Humberto Ortega el 21 de mayo, dos días después de que el excomandante castrense criticara el plan de sucesión del régimen de su hermano.
  
  

• El pretexto fue la instalación de una unidad médica. No se explica, empero, de qué manera se velaba por su salud al decomisar computadoras y teléfonos de su residencia. El gobierno se encargó de anunciar periódicamente que su salud se deterioraba con el tiempo, entreviendo lo inevitable.
  
  

• El cerco no fue más que un arresto domiciliario en ausencia de un proceso judicial; la crónica de una muerte –sandinista– anunciada, que se confirmó el último día del mes de septiembre.  

Visto y no visto. Sin el valor para pronunciar su nombre al difamarlo, el dictador inició el asesinato de carácter de su hermano solo una semana después de establecer el cerco. Afirmó que Humberto había cometido traición a la patria en 1992 tras condecorar a un militar estadounidense. El autócrata pasó 22 años sin castigar lo que consideraba una traición, pero no aguantó dos días para reprimir sus críticas del régimen.  

• El 19 de mayo, Infobae publicó una entrevista con Humberto Ortega, donde, además de criticar el carácter autocrático del régimen de su hermano, afirmó que su gobierno tendría dificultades para continuar sin Daniel.
  
  

• Afirmó que, después de su hermano –de 79 años– no quedaba un sucesor legítimo para su administración. Ni su esposa Rosario ni su hijo Laureano tenían autoridad ni legitimidad para prolongar el régimen.
  
  

• Estas palabras no cayeron bien a un dictador que llama a su esposa su “copresidenta” y que ha aplanado el camino para que su hijo tome las riendas en un futuro. 

Entre líneas. Una vez fallecido, el gobierno no ha dudado en exaltar su figura. Con comunicados y condecoraciones que resaltan la valentía e importancia de Humberto en la revolución sandinista, el régimen ha tratado de maquillar su rol en su muerte. Rosario Murillo, en su papel vicepresidencial, leyó los comunicados al pie de la letra, pero se rehusó a dedicar una sola palabra a su difunto cuñado.  

• Humberto Ortega llevaba incomunicado desde el día que se impuso el cerco militar. Desde que osó a desafiar a su hermano, cuñada y sobrino, Ortega no volvió a ver nada fuera de las paredes de su hogar.
  
  

• Periodistas y políticos opositores —desde el exilio— denuncian la responsabilidad del régimen en la muerte del exguerrillero. Aunque Ortega tenía 77 años, su deceso fue asistido y acelerado por la dictadura.
  
  

• De acuerdo con el excandidato presidencial exiliado, Juan Sebastián Chamorro, Ortega murió “bajo arresto domiciliar y custodia de la policía sandinista [...] Cualquier persona que exprese una opinión contraria a la dictadura está en peligro, no está a salvo, así sea incluso el hermano del dictador Daniel Ortega”. 

En conclusión. En una conversación con República en septiembre de 2023, Chamorro afirmó que Ortega no dejaría el poder, a pesar de la presión civil. “No veo solución política en este momento, más que la resistencia y la denuncia de sus crímenes”, declaró. Ortega ha intensificado su represión desde las protestas del Indio Maíz en 2018, suprimiendo todas las instituciones intermedias —políticas, religiosas y sociales— que puedan hacer frente a su gobierno.  

• Con su avanzada edad, a Daniel Ortega le queda poco más que hacer. Ahora, debe dejar un Estado lo suficientemente mermado para que su dinastía pueda mantenerse en el poder.
  
  

• El proceso necesita de la supresión de cualquier duda razonable sobre el futuro del proyecto sandinista. Una voz como la de su hermano, aunque vieja y cansada, no era tolerable.
  
  

• Ortega sabe que el futuro es incierto una vez él ya no esté. Todo aquel que critique o ataque al régimen tiene dos opciones: abandonar Nicaragua o sufrir una muerte anunciada, como lo hizo su hermano Humberto. 

La transformación digital, promover una cultura de cambio, evaluar los procesos existentes en las instituciones gubernamentales y apostar a la tecnología inteligente son retos indispensables para que las instituciones alcancen una certeza jurídica de calidad; condición indispensable para el desarrollo del país. 

• En Guatemala, desde los diferentes sectores, se han dado pasos importantes; sin embargo, es necesario agilizar los procesos —leyes, mecanismo legales y digitales— para garantizar una confianza y seguridad en el ordenamiento jurídico.
  
  

• También ayudará a brindar mayor confianza a la inversión extranjera, a transparentar los procesos en la administración pública —combatir la corrupción— y la generación de empleo.  

En perspectiva. El Ministerio de Finanzas Públicas (MINFIN), Banco de Guatemala (BANGUAT) y Ministerio de Economía (MINECO) coincidieron —en un foro realizado en el marco del ENADE 2024— en que la digitalización y la inteligencia artificial son básicas para la certeza jurídica. No obstante, indicaron que deben ir atados a mecanismos de seguridad para proteger al ciudadano o entidad. Mencionaron la ciberseguridad y firma electrónica.

• Agregaron que, entre los efectos positivos de la digitalización, está la reducción de gastos destinados a materiales de oficina, útiles y papel. “Al inicio de año, se tenía un presupuesto de GTQ 100M destinados a oficina, ahora se redujo a GTQ 85M […] En el plan de trabajo se han destinado GTQ 500M, a lo largo de los cuatro años de gestión, para dar cumplimiento a la Ley de Simplificación de Trámites y reingeniería de procesos institucionales”, manifestó Jonathan Menkos, titular del MINFIN.
  
  

• Valeria Prado, viceministra de Asuntos Registrales del MINECO, considera que previó a la digitalización se debe evaluar el funcionamiento de los procesos, conocer las debilidades y aspectos podrían contribuir para mejorarlos. Resaltó la importancia de buscar, interactuar con otras instituciones para intercambiar o compartir información para agilizar los trámites.
  
  

• Por su parte, Nery Rodas, presidente del Foro Parlamentario para la Transformación Digital, aseveró que, actualmente, se analizan –con varios aliados– por lo menos 15 iniciativas enfocadas a mejorar la certeza jurídica. Proyectos que se han estudiado en 16 mesas temáticas. Entre las iniciativas están: ley marco de transformación digital, proyecto de ciberdelito, datos abiertos, reformas al tema de la firma electrónica, cambios a la ley de Telecomunicaciones y ley de identidad digital.  

Sí, pero. Es claro que las instituciones conocen y trabajan para mejorar la certeza jurídica, pero no deben olvidar un factor importante: la lucha contra la corrupción. Luciana Torchiaro, consejera regional para LAC de Transparencia Internacional, dijo que Guatemala no tiene un buen puntaje en el Índice de Percepción de la Corrupción (23). Se ubica muy por debajo del promedio regional, que es de 43. 

• Aseguró que pasa en otros países de la región y que muchos de los aspectos que miden este índice son temas estructurales como la debilidad de las instituciones democráticas, la falta de sistemas de pesos y contrapesos que funcionen bien. Leyes que, si bien existen, no se aplican porque el poder judicial no es independiente.
  
  

• “Las naciones que tienen mejor rendimiento en el índice son los países que tienen instituciones democráticas fuertes, poderes judiciales independientes, donde las leyes se aplican para el bien común y no en función de intereses particulares”, dijo.
  
  

• Añadió que la digitalización puede ayudar al cambio y marcar una diferencia, pero son indispensables analizar los cambios estructurales enfocados a fortalecer las instituciones, la independencia judicial, entre otros aspectos.  

Visto y no visto. El sector público necesita fortalecer las capacidades de sus entidades para resolver trámites digitalmente. No más fólderes amarillos y trámites que “van y vienen” entre diferentes dependencias y vulnerable a la discrecionalidad de los funcionarios o formalismos.  

• “Digamos adiós a la cultura del trámite eterno” es una frase de Stefano Olivero, presidente del comité organizador del Encuentro Nacional de Empresarios para el Desarrollo (ENADE), que resume el clamor de un sector privado que exige un Estado más digital, funcional y transparente.
  
  

• Carmen María Torrebiarte, presidenta del CACIF, indicó que seremos más competitivos si utilizamos tecnología. Se liberan las presas de expedientes, mejora la trazabilidad de los procesos, se brinda certeza. “Nos volvemos más competitivos ante el mundo, generando un círculo virtuoso para el crecimiento económico y el desarrollo”.
  
  

• El país está en un punto de inflexión para catapultarse o quedarse estancado. La brújula sugiere simplificar trámites y la digitalización. Nos situamos en el puesto 126 de 196 naciones en el Índice de desarrollo del gobierno electrónico. La oportunidad es enorme, como nuestro potencial.