¡Buenos días!

De fondo, al ritmo de una conocida canción de un grupo nacional, el performance presidencial en redes sociales junto al influencer Kerry Mann —para promocionar el país, a través de su “gastronomía”— ha tenido resultados contradictorios.

Por un lado, el ROI (retorno de la inversión) parece ser positivo en números fríos; lo pagado por el INGUAT al generador de contenido —el impacto mediático— es bastante inferior a lo que hubiese costado una pauta tradicional. Es decir, fue bueno el negocio.

Ciertamente, la gestión del director, Harris Whitbeck, ha mostrado un approach no solo innovador, sino efectivo; lo que había venido haciendo esa entidad para atraer turistas simplemente no estaba funcionando.

Sin embargo, el quehacer presidencial —puntualmente, la participación del mandatario en un Tik Tok comiendo chicharrón en la calle— no se puede medir únicamente en metálico; el presidente hizo el ridículo mientras tanto él como el influencer cobraban del dinero de los guatemaltecos.

Que si para eso sí tenía tiempo el presidente, pero no para asuntos más importantes y trascendentes; que si el monto pagado fue excesivo; que si esto o lo otro. Todo es secundario a lo que tristemente revela todo ello: la banalidad y trivialidad con la que Arévalo asume el despacho presidencial, para evocar la obra escrita por su padre.

Él se irá, al igual que su equipo. El influencer, probablemente, jamás regrese a Guatemala; los guatemaltecos tendremos que vivir con un bochorno, ¡uno más! presidencial.

Antigua Guatemala: entre el ridículo y el saqueo

El martes, mientras Guatemala tenía asuntos más serios que atender, el alcalde de Antigua Guatemala, Juan Manuel Asturias, decidió que su municipio necesitaba un nuevo episodio de bochorno. Sin cita, sin agenda y sin que nadie lo esperase, se presentó ante el Palacio Nacional exigiendo ser recibido por el presidente. La respuesta, previsible, fue el silencio institucional. La reacción del alcalde —también previsible— fue sacar el teléfono y transmitir un “live” desde la acera, narrando su propio desplante como si fuera un acto de heroísmo cívico. No fue gestión pública: fue un patético show improvisado para una audiencia que, cada vez más, empieza a cansarse del espectáculo.

Porque de espectáculos sabe Asturias. Desde que agarró la vara edilicia en enero de 2024 prometiendo “transparencia” y “gestión moderna”, su administración ha estado marcada por proyectos cuyo costo no guarda relación con su utilidad. El más sonado es el intento de sustituir, mediante la renta de cámaras de videovigilancia, un sistema que ya funcionaba y que había sido donado por el sector privado: hasta GTQ 154M de fondos municipales para alquilar equipo que, al final del contrato, ni siquiera será propiedad municipal. Mientras tanto, millones destinados a obras pendientes en las aldeas —calles de tierra, drenajes, agua— fueron trasladados sin mayor consulta hacia comunicación, protocolo y la adquisición de un software para suplantar voces. Es el patrón de una alcaldía que prefiere invertir en su imagen antes que en el municipio que administra.

Esa preferencia por la imagen sobre la sustancia explica también su trato hacia quienes no le aplauden. Empresarios chocados con la comuna por extorsión para la emisión de licencias de construcción, concejales opositores expulsados de las sesiones municipales, vecinos de Cocodes que reclaman obras postergadas, una diputada denunciada por señalar irregularidades: la lista de antigüeños convertidos en “enemigos” del alcalde crece todos los días. Lo más grave llegó en noviembre de 2024, cuando tres comunicadores de un programa crítico fueron capturados tras una querella personal de Asturias, en un país donde usar el derecho penal para silenciar prensa ya es, según la Sociedad Interamericana de Prensa, el problema más recurrente que enfrentan los periodistas guatemaltecos.

Ahí está la contradicción que más debería indignar a los antigüeños: mientras persigue judicialmente a la prensa incómoda, la comuna engorda su aparato de comunicación y protocolo, financiando con fondos públicos una narrativa complaciente que pretende sustituir la cobertura objetiva que su gestión no resiste. No es comunicación institucional: es propaganda pagada con el dinero de quienes ni siquiera pueden fiscalizarla sin arriesgarse a una denuncia penal.

La escena del martes frente al Palacio Nacional no fue un exabrupto aislado: fue la metáfora perfecta de una alcaldía que confunde la función pública con un reality show y que, cuando la realidad no coincide con el guion, simplemente denuncia a quien la contradice.

Guatemala atraviesa una crisis silenciosa de la institucionalidad, no solo municipal; cada vez con más frecuencia, gestionar un municipio —y la nación— parece reducirse a dos caminos: uno es el del ridículo performático, el del funcionario que gobierna para la cámara y no para la gente. El otro, más grave, es el de la infiltración criminal, donde el poder se convierte en botín del crimen organizado. Entre ambos extremos casi no queda espacio para lo que debería ser la norma: administración seria, cuentas claras y respeto por el ciudadano que merece explicaciones, no shows ni querellas. Rescatar esa función pública —sobria, fiscalizable, al servicio de la gente— es la tarea pendiente más urgente de Guatemala.

Gérman Gómez
Ley de aguas: la ley interminable del país
638 palabras | 4 minutos de lectura

Guatemala acumula más de cuatro décadas sin una ley de aguas, a pesar de que existen 13 iniciativas presentadas en el Congreso de la República desde 1991. El retraso del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) mantiene un vacío legal que dificulta definir responsabilidades y ofrecer certeza jurídica para proteger el recurso natural. Esto genera incertidumbre para la inversión y el desarrollo del país.

Por qué importa. El diálogo con distintos sectores continúa, pero la propuesta aún no llega al Congreso, aunque el ministerio la prometió para finales de 2025. No es la única normativa que lleva años de atraso en la administración de Bernardo Arévalo.

• El retraso coincide con los recientes señalamientos de corrupción de la cartera, así como con la escasa diligencia y eficiencia del MARN para agilizar procesos.

• Mientras continúa el proceso, persisten dificultades para ordenar el uso del recurso y definir responsabilidades entre las instituciones públicas.

• Según el MARN, la propuesta continúa en su fase final de revisión. Todavía no inicia el trámite legislativo. Se espera que sea en los últimos meses de este año. No obstante, lo más probable es sea en el 2027.

Punto de fricción. La aprobación de la ley de aguas depende de decisiones políticas en el Congreso. Aunque existe respaldo general, la búsqueda de votos podría retrasar aún más su aprobación. En año preelectoral, las prioridades de los diputados son otras, pues buscan su reelección. Es decir, la ley podría ser una realidad hasta en 2028.

• La Comisión de Ambiente, Ecología y Recursos Naturales del Congreso ha indicado, en varias ocasiones, que existe voluntad para agilizar el dictamen cuando ingrese el proyecto.

• La propuesta —no la iniciativa de ley— fue presentada por el Ejecutivo en 2024. En ese momento se presentó un cronograma para terminar el proceso en 2025. No se cumplieron las fechas y promesas estipuladas.

• Otro de los ofrecimientos incumplidos, por parte del gobierno, fue la máxima publicidad del proceso de la ley. Se ofreció un sitio web con todos los detalles, pero este no funciona desde hace semanas [https://procesonacionaldelagua.info/].

Sí, pero. El país arrastra una deuda constitucional con la ley de aguas. El artículo 127 de la Constitución Política de la República, promulgada en 1985, establece que “todas las aguas son bienes de dominio público, inalienables e imprescriptibles”. También señala que su aprovechamiento, uso y goce deben otorgarse según la ley. Sin embargo, esa ley específica nunca se aprobó.

• La iniciativa propone crear la Superintendencia Nacional del Agua como ente rector y máxima autoridad en la materia. La entidad tendría carácter estatal y descentralizado.

• También contaría con competencia en todo el país y autonomía funcional, económica, financiera, técnica y administrativa. El reto es que se consolide y funcione como tal. Existe el antecedente negativo de la Dirección de Proyectos Viales Prioritarios (DIPP).

• La institución perdió su sentido y pasó a depender del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV). Podría pasar lo mismo con esta superintendencia. El gobierno actual, en varios escenarios, ha sido incapaz de cumplir la naturaleza de las instituciones.

En conclusión. Guatemala enfrenta una deuda constitucional y una crisis hídrica que exigen una respuesta institucional. Sin embargo, el retraso de Ambiente y la incertidumbre política vuelven incierta la aprobación de la ley. El desafío ya no consiste en redactar otra iniciativa, sino en cumplir los plazos, garantizar transparencia y construir una institucionalidad que funcione con independencia y certeza jurídica.

• El Ejecutivo incumplió el cronograma que presentó en 2024. La iniciativa no llegó al Congreso en 2025 y el proceso podría extenderse hasta 2027 o ni siquiera, según el ritmo político.

• La falta de transparencia también genera cuestionamientos. El sitio web oficial prometido para dar seguimiento al proceso dejó de funcionar, pese al compromiso de garantizar máxima publicidad.

• La futura Superintendencia Nacional del Agua afrontará un reto adicional: demostrar independencia y capacidad técnica.