Chile: ganó la razón, no la fuerza

¡Buenos días! 

Como se esperaba, José Antonio Kast (Partido Republicano) obtuvo una aplastante victoria  sobre Jeannette Jara (Partido Comunista) en el balotaje de las elecciones en Chile. Aunque la comunista pasó en primer lugar, el amplio rechazo a sus retrógradas propuestas catapultó al republicano. 

Como también era de esperar, los ataques a Kast recrudecieron de cara a su victoria. Los epítetos sin fundamento abundan; el más frecuente es el de “nazi”, porque su padre fue conscripto en el Wehrmacht, del cual defeccionó en la primera oportunidad que tuvo.

El pueblo chileno probó brevemente la opción “progresista” de Gabriel Boric y, gracias a ello, tempraneramente se dieron cuenta de su error y rechazaron —dos veces— las modificaciones radicales de izquierda que se pretendía realizar a la constitución.  

La de Kast se suma a la ola de victorias de la derecha en Latinoamérica; no hay que dormirse en los laureles. El reto es gobernar con prudencia y disciplina fiscal al mismo tiempo que llevar satisfactores a los ciudadanos.  

Por otro lado, la izquierda radical siempre está al acecho; a las puertas de la victoria de Nasry Asfura en Honduras, el gobierno socialista de Xiomara Castro y su marido, “Mel” Zelaya, amenazan con no entregar el poder a quien resultó electo, sino a su delfina. Un golpe de Estado. 

Pero hoy es motivo de celebración para el pueblo chileno que escogió la única opción viable; que a estas alturas del siglo XXI se piense un gobierno comunista es, verdaderamente, abracadabrante. 

La nueva titular de la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia (SCSP), Karina García, afirmó al asumir el cargo que buscaría la unidad para el traslado eficiente de información entre el gobierno, los medios de comunicación y la población. Sin embargo, en los primeros días de su gestión, las acciones demuestran lo contrario. 

• El problema no es nuevo. Desde el inicio del gobierno de Bernardo Arévalo, los secretarios de la SCSP centralizaron la comunicación y limitaron el ejercicio periodístico. 

Por qué importa. La SCSP inició bajo la dirección de Haroldo Sánchez, pero la dejó en julio de 2024. En su lugar asumió Santiago Palomo, quien estuvo hasta noviembre pasado. Ambos funcionarios fueron reubicados en otras dependencias del Estado. El primero como asesor de la Secretaría Privada de la Presidencia. 

• Palomo, por su parte, logró un cargo diplomático. Ahora es embajador de Guatemala ante el Vaticano. Arévalo, en su momento, calificó el cambio de puestos como político. 

• A los tres secretarios, hasta el momento, se les ha criticado por la ejecución de la política de comunicación del Gobierno; García se presentó como experta en un diálogo genuino y efectivo. 

• Entre los primeros cambios que implementó la nueva secretaria está la reestructuración de La Ronda. Pasó de ser un espacio abierto de preguntas a uno limitado y supervisado. 

Visto y no visto. Palomo promovió este espacio todos los lunes. Participaban funcionarios y periodistas en un diálogo abierto. En los últimos meses, se incrementó la frecuencia de La Ronda. Había edición de jueves o viernes; todo dependía de la agenda del presidente. Los periodistas tenían libertad para preguntar. 

• Durante las conferencias, existía el espacio de preguntas y respuestas. Los periodistas, sin previa supervisión de sus inquietudes, las hacían directamente al funcionario. 

• Ahora, los periodistas deben enviar sus preguntas con antelación a la SCSP para obtener una respuesta en La Ronda. Habitualmente, por lo menos un día antes. Y no garantiza una respuesta fidedigna. Tampoco se puede repreguntar. 

• La apertura que prometió Arévalo, y que había implementado Palomo, retrocedió. Las conferencias de los lunes desaparecieron y con ello, el detalle de la agenda presidencial. 

Sí, pero. Las preguntas enviadas a la SCSP quedan a consideración. En algunos casos, como han denunciado varios periodistas, han sido descontextualizadas. Incluso, en la última Ronda se preguntó erróneamente a nombre de una periodista que nunca envió una consulta; un error que pudo evitarse si no se hubiera cambiado la metodología. 

• La deficiente comunicación del Gobierno no es exclusiva de la SCSP. Los ministerios y otras dependencias la replican. Al pedir posturas o información, estas demoran indefinidamente. 

• Se habla de meses y en otros casos no se recibe. Los trabajos periodísticos se publican, pero después los funcionarios se pronuncian. Enfatizan que nunca se les solicitó la información, cuando fueron ellos quienes jamás respondieron. 

• En su defecto, argumentan que aún la buscan [la información] y validan los datos. Esto sucedió en el Ministerio de Cultura  la semana pasada, luego de la publicación de un reportaje de investigación. 

En conclusión. La llegada de Karina García a la SCSP no corrigió las fallas estructurales del Gobierno en materia de comunicación. Por el contrario, las primeras decisiones profundizaron la centralización y limitaron el acceso a información. Es una contradicción con el discurso de apertura y diálogo anunciado. 

• La modificación de La Ronda redujo la interacción directa con periodistas. Eliminó un mecanismo básico de rendición de cuentas. 

• La práctica de filtrar y reformular preguntas debilitó la confianza entre el Gobierno y la prensa. Además de generar errores que pudieron evitarse con un modelo abierto y verificable. 

La expansión global de la flota pesquera china es una herramienta geoeconómica que erosiona soberanías, depreda recursos y reconfigura silenciosamente el equilibrio de poder marítimo, especialmente en Sudamérica. 

En perspectiva. La presencia masiva de pesqueros chinos frente a las costas sudamericanas ya no puede entenderse como una anomalía ni como un fenómeno estrictamente comercial. Se trata de una estrategia sostenida, coordinada y respaldada por el Estado chino, que combina subsidios, opacidad regulatoria y una concepción expansiva del interés nacional. 

• En el Atlántico Sur y el Pacífico sudamericano, flotas de cientos de embarcaciones operan al límite de las zonas económicas exclusivas, explotando vacíos legales y la debilidad institucional de los Estados ribereños.  

• El resultado es una presión constante sobre los ecosistemas marinos y una señal clara de cómo China proyecta poder más allá de sus fronteras sin recurrir a instrumentos militares tradicionales. 

Por qué importa. La pesca es solo la capa visible de un fenómeno más profundo. Para países como Argentina, Perú, Ecuador o Chile, la depredación de recursos como el calamar, la merluza o especies altamente migratorias afecta directamente la seguridad alimentaria, el empleo y la estabilidad de economías costeras ya frágiles. Pero el impacto va más allá de lo económico.  

• La incapacidad de controlar lo que ocurre en las fronteras marítimas debilita la noción misma de soberanía y expone la asimetría entre Estados con capacidades limitadas y una potencia dispuesta a operar en el filo de la legalidad internacional.  

• En ese contexto, la flota pesquera china funciona como una cuña permanente que pone a prueba la gobernanza regional y obliga a los gobiernos a escoger entre confrontar a Pekín o tolerar una erosión progresiva de sus recursos. 

Ecos regionales. China replica el mismo patrón en África Occidental, en el Sudeste Asiático y, cada vez más, en zonas de interés emergente como el Ártico. Aunque allí existe una moratoria internacional para evitar la pesca no regulada en aguas centrales, el interés chino es evidente: posicionarse temprano, mapear recursos y normalizar su presencia en espacios que podrían volverse estratégicos a medida que el deshielo avance.  

• En todos estos escenarios se repite la constante de flotas de larga distancia que permanecen meses o años fuera de puerto, transbordos en alta mar que dificultan la trazabilidad, denuncias de trabajo forzado y apagado deliberado de sistemas de rastreo.  

• Aunque Guatemala no enfrenta hoy una presión directa de flotas pesqueras chinas en sus aguas, el precedente es relevante. 

• La normalización de operaciones chinas en “zonas grises” sienta un patrón que afecta especialmente a Estados con capacidades navales limitadas en Centroamérica, donde la soberanía marítima depende más de la voluntad política que de la capacidad efectiva de control. 

Visto y no visto. Esa dimensión estratégica es clave para entender las implicaciones geopolíticas. La llamada “milicia marítima” china —una red informal de embarcaciones civiles alineadas con los intereses del Partido Comunista Chino— ha sido documentada en el Mar del Sur de China y empieza a replicar lógicas similares en otros océanos.  

• En Sudamérica, esta presencia constante crea hechos consumados y complica cualquier respuesta coordinada. Al mismo tiempo, tensiona la relación de la región con EE. UU. 

• Washington observa con creciente preocupación cómo China gana influencia en espacios marítimos críticos sin disparar un solo tiro.  

• Para EE. UU., la pesca ilegal y predatoria se convierte en un frente más de la competencia estratégica, ligado a seguridad, cadenas de suministro y control de rutas oceánicas.  

En conclusión. La expansión pesquera china anticipa un escenario más conflictivo en los mares del mundo. Si la región no fortalece su cooperación, su capacidad de vigilancia y su alineamiento estratégico, corre el riesgo de quedar atrapada entre la pasividad y la dependencia. A futuro, es probable que EE. UU. busque profundizar acuerdos de seguridad marítima y control de pesca con países sudamericanos, no solo por razones ambientales, sino como parte de una contención más amplia de la influencia china.  

• Para Latinoamérica, el desafío incluye proteger sus recursos sin caer en una confrontación abierta y redefinir sus alianzas en un mundo donde incluso los barcos pesqueros se han convertido en instrumentos de poder. 

• Con respecto a EE. UU., la Administración Trump puede instrumentalizar esta especie de piratería pesquera para advertir los riesgos del acercamiento con China.  

• Mientras que la región está ocupada lidiando con la guerra comercial con EE. UU, China ha aprovechado para adueñarse del suministro pesquero de la mayor parte del mundo, amenazando la soberanía nacional del sur global y predando ecosistemas enteros de manera impune. 

El Gobierno inicia la tercera semana de diciembre enfrentando una nueva crisis que atribuye a estructuras criminales activas en el país.  

Qué destacar. Un reciente choque entre habitantes de Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán, el sábado, volvió a encender las alarmas, y las autoridades sostienen que detrás de la violencia operan grupos que buscan controlar el territorio y expulsar al Ejército.  

• Como en episodios anteriores, no hay datos claros sobre víctimas ni responsables, y los hechos siguen impunes pese a múltiples reuniones y acuerdos impulsados por gobiernos pasados. 

• El Estado continúa sin resolver un conflicto que sigue cobrando vidas en ambos municipios. Esta vez, sin embargo, toma fuerza un factor antes minimizado: la presencia del crimen organizado. Según el Gobierno, estructuras vinculadas al narcotráfico, contrabando y otras actividades ilícitas estarían alimentando la desestabilización. 

• No sería un fenómeno aislado, pues dinámicas similares se han observado en el valle del Polochic y en San Mateo Ixtatán. La crisis en Sololá vuelve a evidenciar la fragilidad institucional y la complejidad de un conflicto que se agrava con actores externos que buscan disfrazar los hechos con causas sociales o conflictos comunitarios. 

Entre líneas. La visita de Terry Cole, jefe de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) de EE. UU., concluyó apenas dos días antes de que estallara la nueva crisis en dos municipios de Sololá.  

• Cole llegó al país para sostener reuniones con autoridades de seguridad y justicia, con el fin de revisar estrategias de cooperación, fortalecer el combate al narcotráfico y evaluar la presencia de estructuras criminales en zonas de alto riesgo.  

• Su agenda incluyó encuentros con el Ministerio de Gobernación, el Ministerio de la Defensa y la Cancillería, donde se discutieron compromisos sobre control territorial y coordinación operativa.  

• Mientras las instituciones revisaban los acuerdos alcanzados tras la visita, estalló el violento enfrentamiento en Sololá que el Gobierno atribuyó de inmediato a grupos del crimen organizado. Esa fue la versión enviada a la oficina de Cole.  

En el radar. El Gobierno, mediante sus diversas instituciones y fuerzas de seguridad, declaró un estado de alerta máxima con la activación oficial del Plan Operativo “Viaja Seguro y Llega a Tu Destino” a partir de hoy, 15 de diciembre.  

• Esta medida estratégica, impulsada por el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) y sus dependencias, busca salvaguardar la vida de los ciudadanos que se desplazarán por las principales rutas del país durante la temporada de fiestas de fin de año.  

• Con un despliegue interinstitucional, que incluye a Provial, la Dirección General de Tránsito y la Policía Nacional Civil, el Ejecutivo busca promover seguridad vial y la reducción de sucesos hasta el 5 de enero.  

• Los operativos de control vehicular y supervisión del transporte extraurbano son la piedra angular de este plan que integra a todas las dependencias del Estado que se ocupan de la movilidad vial. 

Ecos regionales.  Honduras atraviesa una crisis poselectoral luego de que los comicios no arrojaran un ganador claro y el escrutinio quedara detenido. Como no existe segunda vuelta, el resultado depende del cierre del conteo, pero las inconsistencias han generado desconfianza.  

• Diversos sectores exigen un recuento de boletas voto por voto, con transmisión televisada para garantizar transparencia. La presión aumenta sobre las autoridades electorales, que enfrentan el mayor desafío de credibilidad en años. 

• China sigue incrementando su presencia económica en Nicaragua mediante cientos de comercios y casi un millón de hectáreas en concesiones mineras. Aunque la dictadura insiste en que “no viene a hacer negocios”, el endeudamiento y la expansión china son una preocupación constante. 

• Tras la visita del presidente Rodrigo Chaves al CECOT, Costa Rica impulsa la “Alianza del Escudo de las Américas” en seguridad y avanza el proyecto de ley en la Asamblea Legislativa para construir una mega cárcel para 5000 reos, presupuestada en USD 35M.