Cientos de millones de quetzales en “lubricantes” de gestión pública

Guatemala no sale adelante 

Los principales puertos de Guatemala están, por distintas razones –pero con problemas en común– en franco declive. La privilegiada posición geográfica del país ha sido desdeñada gobierno tras gobierno y, mientras tanto, se han perdido miles de millones de ingresos –en ganancias e impuestos–. Pero lo más lamentable son las miles de familias guatemaltecas que han perdido la oportunidad de ganarse el pan de cada día. Todo por la corrupción y la desidia gubernamentales. 

El gobierno de Bernardo Arévalo enfrenta, más que sus antecesores, una situación dramática en dos frentes: en el litoral caribeño, el puerto Santo Tomás de Castilla agoniza –y en vías de ser, no solo obsoleto, sino anacrónico– por la incapacidad de quienes lo han administrado. Las pasadas autoridades de ese puerto tienen mucha responsabilidad, pero las actuales han caído en el inmovilismo por miedo a ejecutar; ese mismo miedo que aqueja a casi todo el gobierno de Arévalo, él incluido. 

En el sur, la cosa es igual o peor; la concesión –otorgada bajo otra figura legal– de la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), nació con pecado original: millones de dólares en coimas a funcionarios del corrupto gobierno patriota. No obstante, ese daño no es ni la sobra del que puede causar el gobierno de Arévalo si no se resuelve urgentemente –de manera temporal, cuando menos– la situación legal de su operación. 

Hay ya soluciones planteadas en ese sentido y el gobierno simplemente debe decidirse por la más conveniente y ejecutarla. Sin embargo, ese miedo paralizante que aqueja a los funcionarios actuales ha impedido llevar la solución a buen puerto, si se permite la expresión.  

Tanto en TCQ como en la Empresa Portuaria Quetzal, propiamente dicha, se requieren inversiones de cientos de millones de dólares en el mantenimiento y mejora de la infraestructura existente, pero, sobre todo, en el dragado para permitir la entrada de buques de mayor calado; ampliar la capacidad portuaria para reducir el tiempo de fondeo es, también, algo urgente. 

Una solución integral para resolver la crisis portuaria –pero a mediano plazo– debe ser la aprobación de una ley de autoridad portuaria, normativa que permita la inversión y operación privadas para la infraestructura portuaria actual y el desarrollo de nuevos y puertos. Es decir, terminar con el monopolio portuario estatal. 

Mientras la infraestructura estratégica se derruye –puertos, aeropuertos, autopistas, etc.– la actual administración se enfoca en la peccata minuta, en un fetichismo bucólico, y no en los grandes proyectos, sea por complejo de inferioridad, o falta de visión de país.  

En todo caso, si el miedo que los paraliza y su chata visión son un valladar para las grandes e importantes inversiones, la solución está en permitir y alentar la inversión y operación privadas. Pero no cuestión de años, como anunció el presidente Arévalo que ocurrirá con el aeropuerto La Aurora, sino ya. El tiempo apremia y las oportunidades se pierden, pues se van a los países vecinos que nos ganan a zancadas.

Mapa de otros mundos relata medio siglo de historia de Guatemala, entre los setenta y la actualidad. El hilo conductor: la historia de una familia muy vinculada al devenir de la nación.

Su autor, el cuentista Rodrigo Fuentes (1984), se consolida como una voz original de su generación. Referencia entre los nuevos narradores contemporáneos guatemaltecos, reside fuera del país por diversas razones.

Rodrigo presenta una novela de no ficción sobre el aparato de justicia guatemalteco. Trata, en principio, de la investigación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el MP del caso Transurbano (transporte urbano de pasajeros). Esto llevó en febrero de 2018 a la detención y procesamiento de su padre, el economista y político Juan Alberto Fuentes Knight, uno de los fundadores del Movimiento Semilla. Tras haber sido ministro de Finanzas en el gobierno de Álvaro Colom, fue detenido y encarcelado. Junto a él fueron capturados el expresidente y prácticamente todo su gabinete. El motivo fue una denuncia promovida por la CICIG por supuestos actos de corrupción: haber aprobado el subsidio al sistema prepago del Transurbano.

Se trataba de supuestas anomalías en la implementación de este sistema. A través del mismo se habrían sustraído USD 35M del Estado, en abril de 2009. Según la CICIG, la firma del acuerdo gubernativo permitió dar esa asignación “sin mayores controles”. Se habría dejado así la responsabilidad de la ejecución de los fondos en la empresa privada, sin controles estatales.

Esta detención impacta en la familia. El libro analiza cómo los hijos, que ya viven en el extranjero, se cuestionan el apoyo que ese gobierno y esos funcionarios dieron a la CICIG. Asimismo, manifiesta los recovecos de la administración de justicia que se dieron en este caso. El autor cuestiona su propia confianza ciega previa aplaudiendo sin reservas la actuación de esa Comisión.  Habla del paracuandismo, la sensación de los sectores que exigían que se arrestara a políticos de izquierda criticando lo que consideraban preferencias ideológicas de la CICIG.

En la investigación se expone la forma en la que los miembros de la Asociación de Empresarios de Autobuses Urbanos crearon cuatro sociedades anónimas para captar los recursos que el Estado destinaría al sistema prepago. Mas ningún empresario fue detenido durante los hechos, como afirma el autor. Esto es erróneo puesto que sí se produjeron detenciones. En cualquier caso, es otro de los aspectos sobre los que reflexiona Rodrigo.

Para que cada lector se forme su opinión, evita entrar en excesivo detalle. Lo que sí hace es presentar una justicia kafkiana que castiga antes de mostrar la culpabilidad. Que esgrime la idea tan común en Guatemala de que una persona señalada “seguro andaba metida en babosadas”. Un sistema que se ceba con los acusados y limita su capacidad de acción a un silencio incriminatorio.

A través de los recuerdos familiares, Rodrigo va relatando su retorno al país. Combina la descripción de una sucesión de visitas a juzgados, comentarios de familiares y visitas a la cárcel de Mariscal Zavala.

Además, examina la relación con su padre, al que admira. Sencillez, sinceridad y estilo van de la mano para contar su intento de entender la figura paterna. Esto incluye sus incongruencias.

El autor arma, también, una narración superpuesta sobre la vida de su abuelo, Alberto Fuentes Mohr. El líder socialdemócrata fue acribillado el 25 de febrero de 1979 frente a la Escuela Politécnica en el apogeo del conflicto armado interno, durante el gobierno de Lucas García.

El golpe que supuso este asesinato en su familia llevó al compromiso de esta en la construcción de una Guatemala mejor. En especial, motivó la incorporación de su hijo Fuentes Knight a los espacios del desarrollo social.

Cabe subrayar cómo la novela pone en valor las voces femeninas. Rodrigo rinde un homenaje a las mujeres de su familia (su bisabuela, su abuela, su madre y su esposa). Cuatro generaciones de luchadoras que enfrentaron con entereza un destino salpicado de traiciones, exilios, sangre e injusticias.

El libro es necesariamente inconcluso. El caso Transurbano aún no ha finalizado. Cada cual profesará o no sus simpatías al gobierno de Colom, a Fuentes Knight o a la CICIG.

Estamos ante una obra bien escrita que de forma pertinente se cuestiona la justicia guatemalteca. Sus incoherencias y anomalías.

A día de hoy, la CICIG sigue dividiendo a la sociedad.

El acierto de este absorbente texto es fomentar el pensamiento crítico.

Aunque el tema de la sede sigue en el limbo, poco a poco avanza el trabajo en las Comisiones de Postulación para la Cortes. Esta semana ambas comisiones empezaron a estudiar los reglamentos internos que regirán en las reuniones de trabajo.  

Qué destacar. La postuladora de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) aprobó que la información de los aspirantes al cargo de magistrado sea pública, aunque algunos comisionados buscaban la reserva.

• Además, acordaron que las denuncias de impedimentos que limita abordar asuntos de ética y honorabilidad, acortar todo al ámbito penal solo cuando exista sentencia firme.
  
  

• También establecieron el mecanismo para que los ciudadanos puedan comunicarse y solicitar información.
  
  

• En la reunión del miércoles analizaron en qué momentos se restringe el uso de equipos terminales móviles para evitar amenazas, intimidaciones o injerencia por personas ajenas.    

Por qué importa. Varias organizaciones se han pronunciado por el poco avance en el proceso. Temen más bloqueos para paralizar la agenda y que afecte los plazos constitucionales para entregar las nóminas al Congreso.   

• Las postuladoras tienen seis semanas para todo el proceso: convocatoria, análisis, expedientes de candidatos y señalamientos, evaluaciones, y selección de profesionales.
  
  

• Uno de los miedos de organizaciones es que el tema de la sede retrotraiga los avances y acuerdos en las últimas reuniones.
  
  

• El mayor temor es que por no cumplir con los plazos constituciones los actuales magistrados continúen en los cargos, situación similar del proceso pasado.