¡Buenos días! 

Una república se conforma, estructuralmente, por tres poderes independientes uno de otro y sin injerencias; por eso es por lo que no se puede hablar ya de una república en países donde el presidente ordena que pase esto o lo otro en el Legislativo, o remueva a los magistrados de la Corte Suprema a su antojo, ni que se reelija en franca violación a la Constitución, por ejemplo.

Esos poderes deben ejercer frenos y contrapesos entre sí para que cumplan su función, sí, pero no basta para que la república subsista. Debe imperar el Estado de derecho —rule of law, en inglés—, y debe haber alternancia en el ejercicio del poder, algo que casi invariablemente se da a través de mecanismos democráticos.

Sin embargo, todo aquello no sirve de nada —lo hemos visto a lo largo de la historia de Guatemala—, si no existe una ciudadanía con alto grado de participación cívica, que sea responsable con su rol y que exija —exitosamente— que los funcionarios cumplan con su mandato.

Durante mucho tiempo, la mayoría de buenos guatemaltecos —los mejores— se han apartado de la política por diferentes razones, algunas, incluso, atávicas de los tiempos dictatoriales. Pero también lo han hecho de la vida cívica, y esa es la verdadera lástima.

Un ejemplo claro de los efectos de una participación cada vez más numerosa han sido las últimas elecciones en el Colegio de Abogados y Notarios; se podrá estar de acuerdo o no con los resultados, pero es innegable que la numerosa participación —de quienes antes no lo hacían— ha arrojado resultados distintos a los de siempre. Eso es sano.

Lo mismo debiese ocurrir a nivel nacional. Esta primera mitad del 2026, en particular, la ciudadanía debe estar atenta y activa para que las designaciones y elecciones de los órganos de control sean transparentes y arrojen los mejores resultados. Si no participa la ciudadanía, los mismos de siempre harán lo que siempre han hecho. Y los resultados de ello están, tristemente, a la vista. 

La república está en juego en este 2026 

En la primera mitad de 2026, Guatemala enfrentará un momento pivotal en su historia democrática: la elección y designación de autoridades clave en el Ministerio Público (MP), el Tribunal Supremo Electoral (TSE), la Corte de Constitucionalidad (CC) y la Contraloría General de Cuentas (CGC). Estos procesos no son meros trámites burocráticos; representan la oportunidad de fortalecer el Estado de derecho o, por el contrario, perpetuar ciclos de corrupción e impunidad que han minado la confianza ciudadana durante décadas.

El Ministerio Público, encargado de la persecución penal, debe ser liderado por un fiscal general íntegro, capaz de combatir el crimen organizado sin ataduras políticas —y, sobre todo, ajeno a los vaivenes y venganzas—. El TSE, guardián de la integridad electoral, requiere magistrados que garanticen procesos limpios, libres de manipulación. La CC, como máxima intérprete constitucional, necesita magistrados independientes que defiendan los derechos fundamentales sin sesgos. Finalmente, la CGC, vigilante de las finanzas públicas, demanda un contralor que audite con rigor y sin favoritismos. Todos estos cargos se renovarán en un contexto de alta expectativa, tras años de escándalos que han expuesto vínculos entre funcionarios y redes ilícitas.

Para que estos nombramientos cumplan su propósito, es imperativo que los procesos cuenten con la más amplia difusión y transparencia. Las comisiones de postulación, conformadas por representantes de universidades, colegios profesionales y otros entes, deben publicitar ampliamente las convocatorias, utilizando todos los medios posibles para atraer a los mejores candidatos. No se debe permitir que, como ha ocurrido frecuentemente, solo se postulen aquellos con intereses oscuros, ligados al crimen organizado, particularmente al narcotráfico. Ejemplos pasados, como las infiltraciones en el MP durante las últimas tres gestiones, demuestran cómo el secretismo favorece a los corruptos, excluyendo a profesionales honestos y capacitados.

En este sentido, las comisiones deben priorizar la integridad e independencia por encima de credenciales académicas infladas. Muchos aspirantes presumen maestrías y doctorados, pero ¿cuántos de estos títulos son genuinos? Ha sido común el uso de plagios o documentos falsos para cumplir requisitos formales, lo que socava la esencia de la meritocracia. Sobre todo, debe regir el artículo 113 de la Constitución Política de la República, que exige capacidad, idoneidad y honradez —además de reconocida honorabilidad— en los funcionarios públicos. Quienes han plagiado tesis o manipulado su trayectoria académica claramente no cumplen con este mandato; su exclusión no es opcional, sino constitucional.

La sociedad civil, los medios y la ciudadanía deben vigilar estos procesos, exigiendo audiencias públicas, evaluaciones objetivas y mecanismos de impugnación accesibles. Solo así se evitará que las instituciones queden en manos de facciones interesadas en perpetuar la impunidad. En palabras del legendario magistrado de la Corte Suprema de EE. UU., Thurgood Marshall: “La verdadera medida de la justicia es cómo trata a los más vulnerables, no a los poderosos”. Que esa frase inspire a participar a los mejores, y a los comisionados a seleccionar magistrados honrados y capaces; a un fiscal general que no blasone de firmeza y otras virtudes, sino que las tenga; a un contralor que efectivamente cuide el erario y el dinero de los contribuyentes; que todos juntos sean guardianes y garantes de una Guatemala justa.

La Ley de Protección de la Red Vial y la Infraestructura Crítica del Estado, iniciativa 6534, avanzó en el Congreso con dictamen favorable esta semana. El proceso abrió un debate técnico sobre el modelo de gestión vial. En este sentido, la Alianza Técnica de Apoyo al Legislativo (ATAL) advirtió riesgos institucionales y pidió revisar la propuesta antes de su aprobación.

Por qué importa. La red vial está en malas condiciones. A pesar de ello, se hacen esfuerzos para mantener la movilidad, el comercio y la inversión entre departamentos. Cualquier cambio legal que altere las reglas vigentes impacta en proyectos que requieren planificación técnica y contratos estables. Un ejemplo es la construcción de nuevos kilómetros.

• La iniciativa 6534 propone que el Cuerpo de Ingenieros del Ejército (CIE) asuma funciones de mantenimiento y protección de carreteras. Esto introduce un nuevo esquema operativo.

• Desde 2024, la Dirección de Infraestructura Vial Prioritaria (DIPP) tiene el mandato legal de planificar y gestionar rutas estratégicas bajo criterios técnicos y financieros definidos.

• La coexistencia de modelos sin delimitación clara puede afectar la eficiencia institucional. También genera dudas sobre quién podría tomar las decisiones clave en la red vial.

Visto y no visto. La DIPP se concibió como una entidad técnica e independiente para agilizar la gestión de proyectos viales. Hoy opera como una unidad ejecutora más del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), por culpa de este Gobierno. ATAL plantea que el dictamen de la iniciativa 6534 no armoniza con el marco normativo vigente.

• El señalamiento no se centra en el rol del Ejército, sino en la superposición de competencias y sus efectos prácticos. Podría asignar funciones similares a distintas entidades, como la DIPP.

• Es decir, puede provocar duplicidad de procesos, especialmente en licitaciones, derecho de vía y ejecución contractual.

• En la actualidad, la DIPP aún no logra consolidarse plenamente —el Ministerio de Finanzas nunca le proveyó de los fondos necesarios—. Muchos de sus planes solo están en papel. Algunos regulados en la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria (LIVP).

Sí, pero. La falta de estructura, personal y sede limita el avance de los proyectos priorizados en la LIVP. En este contexto, sumar otro actor con competencias similares no resuelve los atrasos existentes. En sentido contrario, puede fragmentar aún más la gestión vial.

• ATAL propone que el Congreso detenga el avance de la iniciativa y la devuelva a la Comisión de Defensa Nacional. El objetivo es corregir vacíos y evitar conflictos de mandato antes de su aprobación final.

• También advierte que la falta de claridad puede afectar la percepción internacional del país como destino confiable para inversión en infraestructura.

• En 2025, Comunicaciones ejecutó solamente el 68.2 % de su presupuesto. La mayor parte se destinó a mantenimiento y no a nuevas obras. Este año se proyecta un escenario similar.

En conclusión. Las fricciones de la iniciativa 6534 exponen una debilidad recurrente en la gestión pública: la tendencia a sumar nuevas funciones sin resolver los vacíos institucionales existentes. La falta de delimitación entre el Cuerpo de Ingenieros y la DIPP plantea riesgos operativos, legales y financieros en un sector que requiere estabilidad.

• La superposición de competencias no corrige el deterioro de la red vial. Por el contrario, puede generar duplicidad de procesos, retrasos en licitaciones y conflictos en la ejecución de contratos.

• La DIPP aún no consolida su estructura ni sus planes operativos. Introducir otro actor con atribuciones similares no acelera la inversión pública. Fragmenta la toma de decisiones técnicas.