CIV incapaz de mantener, siquiera, las principales carreteras

¡Buenos días!

Decir que la gestión gubernamental respecto a la infraestructura —portuaria, aeroportuaria y vial— ha sido deficiente, es piropo; culpa, mas no dolo.

El tercer ministro de Comunicaciones, en menos de año y medio, cuando menos, termina de reparar el derrumbe del km 44 de la autopista Palín-Escuintla; pero, mientras le pone toda su atención a ello, desatiende muchas otras. Todas prioridad.

En el km 43 de la ruta al Atlántico hubo un derrumbe —otro— que no ha sido atendido por dicha cartera. Con decir que un diputado ¡de Petén! se puso a reparar el derrumbe, seguramente porque tiene intereses sobre algo de lo que transita por esa importante vía…

Pero, cual perro del hortelano, el CIV no “como ni deja comer”. Ya lo retiró, pero no se encarga de la reparación. Si eso pasa en una de las más importantes carreteras del —por el tránsito de personas y mercancías—, ¿qué se puede esperar del resto?

La tarea es titánica y las intenciones son buenas, sin embargo la ejecución integral es deficiente. Como buena parte del resto del Gobierno. 

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El cambio de administración en EE. UU. trae consigo una nueva política exterior que, en esta ocasión, prioriza la geopolítica ante la ideología.

Por qué importa. La segunda presidencia de Donald Trump está cambiando el paradigma internacional. Aunque la imprevisibilidad es su característica, la verdadera esencia del proyecto internacional de Trump es imponer los intereses geoestratégicos de EE. UU. dentro y fuera de su esfera de influencia.

• A diferencia de los gobiernos demócratas, para Trump es imperativo que los fondos del contribuyente se inviertan en defender los intereses de EE. UU. y no exportar agendas ideológicas.
  
  

• Para países como Guatemala, esto es una excelente oportunidad.

Fisgón histórico. Durante el tiempo de Todd Robinson como embajador de EE. UU. en Guatemala, los fondos de EE. UU. se enfocaron, primordialmente, en el sector de justicia. A través de CICIG, EE. UU. y la ONU pretendían desarticular los Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (CIACS); objetivo que nunca se alcanzó y que, eventualmente, se abandonó. Después, como subsecretario de Estado para Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley, Robinson exacerbó su obsesión con Guatemala y contra sus élites.

• En tiempos de la Administración Obama (2008-2016), el Ministerio Público y la CICIG se volvieron en los mayores receptores de fondos estadounidenses en Guatemala.
  
  

• Temas prioritarios para la seguridad nacional de EE. UU. —como el narcotráfico y la migración— pasaron a un segundo plano.
  
  

• El gobierno de Obama fue un fiduciario de una agenda de persecución con motivaciones presumiblemente ideológicas, algo que se replicó durante la presidencia de Joe Biden.

El otro lado. El cambio bajo la Administración de Trump es radical. Las prioridades para el republicano, con respecto al hemisferio occidental, son resolver la crisis migratoria, el combate al narcotráfico y debilitar la presencia de China en la región.  

• Para ello, Trump pretende centralizar los esfuerzos de política exterior en un Departamento de Estado (DOS) que responde directamente a la Casa Blanca.
  
  

• Los fondos para oenegés que trabajan en los diversos frentes de los Objetivos del Desarrollo Sostenible pasarán a invertirse en proyectos de infraestructura y fortalecimiento de las fuerzas del orden.

Sí, pero. Guatemala sigue teniendo una economía poco diversificada, además de tener un entramado institucional débil y vulnerable al crimen organizado. El desempleo y los desplazamientos propiciados por fenómenos como el narcotráfico son dos de las principales causas de la migración hacia EE. UU.  

• Bajo el DOS de Rubio, Guatemala puede aprovechar los proyectos de inversión en infraestructura para fomentar una mayor industrialización y, así, generar más empleo y una economía más diversificada y resiliente.
  
  

• Guatemala también tiene la oportunidad de obtener apoyo de EE. UU. para combatir al narcotráfico, que amedrenta a su ciudadanía y pone en riesgo su fortaleza institucional, a pesar de no ser un país productor ni consumidor de drogas.
  
  

• Saber alinear la agenda de desarrollo de Guatemala con los intereses geopolíticos de Trump —libres de agendas ideológicas— le brindan al país una oportunidad de la que se le ha privado en 12 de los últimos 16 años. 

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La ruta al Atlántico lleva meses afectada por un derrumbe en el km 43. A pesar de las promesas oficiales, la falta de intervención ha generado bloqueos y riesgos viales, evidenciando deficiencias en la planificación y ejecución de proyectos de infraestructura.

Por qué importa. La ruta al Atlántico es una de las principales arterias del país, particularmente para las mercancías desde y hacia los puertos Santo Tomás de Castilla y Puerto Barrios.  

• En octubre de 2024 se registró un derrumbe en el km. 43, en jurisdicción de Sanarate, El Progreso, el cual bloqueó uno de los sentidos.
  
  

• En su momento, las autoridades indicaron que se estaban llevando a cabo los estudios necesarios para determinar el área de intervención.
  
  

• No obstante, más de cinco meses después, gran parte del tramo continúa bloqueado, ya que no se han ejecutado los trabajos para despejar la vía, lo cual obstaculiza el tráfico y pone en peligro a los conductores.   

Lo indispensable. El pasado 10 de marzo de 2025, el diputado por el departamento de Petén, Benjamín Ipiña Leiva, publicó en sus redes sociales que, ante la falta de disposición del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), él, junto a otros legisladores, habían empezado a trabajar en el área.  

• Tras consultar con el CIV, indicaron que, debido a que este grupo no contaba con los permisos necesarios, la maquinaria había sido retirada de la carretera.
  
  

• Las autoridades también informaron que, actualmente, COVIAL no cuenta con un proyecto específico para atender esta emergencia, dado que todavía se debe definir el tipo de intervención y la Unidad Ejecutora que tendrá los trabajos a su cargo; particularmente, porque parte de la falla se encuentra en propiedad privada.
  
  

• Sin embargo, la entidad también manifestó que en esta jurisdicción se encuentra activo un contrato de mantenimiento de ruta pavimentada y bacheo.  

Visto y no visto. El contrato aludido es el proyecto “Mantenimiento Carretera Tramo Bif CA-9 Norte Km. 46.86 entrada Finca San Miguel Aldea El Carmen, Sanarate, El Progreso”.  

• El Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP 129914) indica que esta intervención tiene como unidad ejecutora al Fondo Social de Solidaridad y, pese a la comunicación del CIV, la página señala que el proyecto se encuentra suspendido.
  
  

• La empresa que tiene a su cargo este trabajo es la entidad Constructora IMESA, S.A.
  
  

• No obstante, de acuerdo con GUATECOMPRAS, aunque ya se han pagado este año más de GTQ 6M, desde 2020 se registra un avance físico mínimo de 4.79 km. En 2024, pese a que se asignaron más de GTQ 2M, no hubo avance físico.  

Ahora qué. Esta información expone contradicciones entre la información proporcionada por las autoridades y los datos disponibles en las plataformas de fiscalización.  

• Asimismo, en el último mes, COVIAL ya ha prescindido de más de 80 contratos para la limpieza y mantenimiento de la red vial por “errores administrativos”.
  
  

• Esto sugiere que, no solo no existe voluntad por parte de la administración para reparar las principales vías del país, sino que tampoco se cuentan con los criterios técnicos para elaborar los proyectos.
  
  

• Ante la inminente llegada del invierno, este abandono no solo generará más interrupciones en la logística comercial del país, sino que también será una de las causas de los accidentes en la zona. 

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^{Por: Glenda Sánchez}

Patricia Gámez, de 56 años, entre una tormenta de incidentes, tomó posesión de la presidencia de la Junta Directiva del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), con su equipo. 

En una entrevista con República, cuenta que la decisión de participar no fue de la noche a la mañana. La fiscalización, transparencia y el funcionamiento del colegio en beneficio del gremio fueron sus motivaciones. Ese interés hizo que se involucrara, y encabezara la planilla 10: Unidad X la Justicia. “La propuesta de la presidencia es un esfuerzo de la comunidad que representaba mi participación y varios grupos gremiales”, cuenta con voz tenue. 

Además, asegura que pasaron por momentos críticos durante la elección. Sin embargo, el trabajar por un CANG a favor del agremiado y la necesidad de generar cambios en el colegio los mantuvo firmes. Uno de los primeros desafíos para el equipo de trabajo fue el caso de Eduardo Masaya, prosecretario, quien fue detenido durante una actividad de la organización. 

“Tuvimos los pronunciamientos respectivos con que no se podía instrumentalizar el sistema de justicia para situaciones de carácter gremial. Era una situación que, según nosotros, fue aprovechada. Nuestra participación siguió; ahora estamos representando al Colegio. […] Él —Masaya— fue designado, nombrado y asignado a su cargo. No ha podido tomar posesión por las circunstancias personales que está enfrentando”, indica. 

Gámez asegura que, como conocedores de la ley, de los procedimientos y principios, confiaron en seguir en el proceso. “Sabíamos que la situación de Masaya no impedía la participación de la plantilla. Hay normas que respetar, no hubo temor a quedar fuera”, enfatiza. 

Participaron en la elección, pasaron a segunda vuelta y ganaron. ¿Su reacción cuando la Junta Directiva, saliente, anuncia que se abstiene de la transición?

Sabíamos que no era legal; habíamos sido legítimamente electos, y se hizo la asignación por el Tribunal Electoral. Ya todas las acciones fueron presentadas, hay una en proceso. Es un recurso de apelación del abogado Sagastume Vidaurre, el cual será conocido, como es debido. Son cuestiones de forma las que argumentan. No consideramos que pueda afectar, a menos que se retuerzan las cosas.

Luego de una pausa, la presidenta resalta que, junto a su equipo, se enfocarán en los asuntos de prestaciones, manejo de inversiones, transparentar la función del Colegio a través de una adecuada rendición de cuentas de forma constante y de puertas abiertas. 

Acerca de la formación y capacitación, le apuestan a desconcentrar la unidad académica para cubrir todas las áreas de abogados —civil, mercantil, notarial, otras— y las profesiones afines (políticos, criminólogos). 

En el punto de defensa gremial, buscan generar mecanismos de coordinación e intervención cuando se afecta la protección de los agremiados, participación en los espacios para aportar al fortalecimiento del Estado de derecho y la democracia. 

Recalca que su participación en las comisiones de postulación será para hacer equipo con los comisionados y aportar en la búsqueda de los mejores perfiles. Es decir, profesionales honorables, idóneos y competentes para las funciones. 

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