Cómo y quién arregla el km 44, en la opacidad

¡Buenos días! 

El anuncio realizado por el superintendente Marco Livio Díaz la semana pasada, sin duda, es el tema de discusión. Los alcances de la estructura de contratistas evasores –y presumiblemente corruptos– alcanza a casi todas las carteras e instituciones de gobierno.

La actual administración debe enfocarse en, luego de identificadas las entidades, encontrar mecanismos efectivos para que no puedan seguir operando, cuando menos con fondos del Estado.

Pero el grueso de la tarea le corresponde al Ministerio Público, que parece andar más preocupado por cobrar facturas político-electorales que por perseguir a criminales, como los denunciados por el superintendente.

Lo primero –el saneamiento de las contrataciones gubernamentales– no depende de lo segundo, por lo que no es dable que la administración pretenda que, por la desidia del MP, el gobierno no avance en lo que le toca y dé resultados a la población.

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En este boletín:

•Comisiones: reuniones maratónicas, avances y acuerdos

•Lupa Legislativa: Diputados buscan revivir las reformas a la Ley de Clases Pasivas

•El top 16 de la estructura “B410” que adquirió bienes y servicios ¿quiénes son?

•Arévalo: estructura “B410”, ampliación y qué pasa con la autopista Palín-Escuintla

Glenda Sánchez
•Comisiones: reuniones maratónicas, avances y acuerdos
584 palabras | 2 mins de lectura

Después de más de 20 días de desacuerdos y estancamiento de trabajo, los integrantes de las Comisiones de Postulación de Cortes avanzaron con la aprobación de la sede para las reuniones y los instrumentos clave.  

• No obstante, el tiempo es justo para cumplir con los plazos constitucionales y entregar la nómina de los aspirantes al Congreso de la República.

  
  

• La buena voluntad de los comisionados fue importante para conseguir acuerdos, pero el factor determinante fue una resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC); la presión de la sociedad civil, gremios y organizaciones sociales, ayudó.   

En perspectiva. Hace una semana, el tema de la sede estancó la agenda de las dos comisiones. Un grupo quería a la Universidad Rafael Landívar (URL) y el otro, las instalaciones del Palacio de Justicia.   

• Conforme marcharon los días caminó el trabajo. Entre el descanso del 15 de agosto y el fin de semana, aprobaron la convocatoria —martes 20—, el perfil de los candidatos y la tabla de gradación (entre los puntos y aspectos a evaluar: formación académica, experiencia profesional, proyección humana y aspectos éticos).

  
  

• Además, el formulario —documento para revisar requisitos y expediente—, la guía para la elaboración del currículum vitae.  Anterior a estas reuniones maratónicas, solo habían analizado el reglamento interno.

  
  

• Finalmente, uno de los mayores consensos fue la sede. Después de nueve rondas de votación, la Comisión de CSJ eligió las instalaciones de la URL. Y la Postuladora de Apelaciones acordó sedes mixtas:  reuniones en la universidad y las votaciones finales en el Congreso.  

Sí, pero. A pesar de los logros, algunas organizaciones consideran que existen debilidades en el perfil de idoneidad y las tablas de gradación; aseguraron algunos beneficios para los magistrados de apelación.   

• Las tablas de gradación para las postuladoras quedaron: méritos profesionales, 74 puntos, académicos, 24 puntos y para el aspecto de proyección humana, 2 puntos. Además, acordaron la línea de corte: CSJ  73 puntos la nota mínima para ser candidato elegible y 64 para Apelaciones.

  
  

• “Con el perfil de idoneidad aprobado se retrocedió a 2004, justo cuando no había un documento. En 2024, lo acordado resume los requisitos constitucionales. Las tablas de gradación no mejoran los instrumentos de procesos pasados”, indica el Movimiento ProJusticia.
  
  

• Otros grupos temen que durante el proceso de evaluación cambien la línea de corte (es decir, reduzcan a menos de 73), con el fin de beneficiar a algunos aspirantes.   

Qué destacar. Este martes 20 de agosto se publicará la convocatoria para que los profesionales entreguen sus expedientes en la sede de la URL (Campus central, ubicado en Vista Hermosa III, zona 16 de la capital. Salones Luis Gonzaga, edificio H y Pedro Claver).  

• Los aspirantes deberán presentar los documentos del martes 20 al sábado 24 de agosto, de 8:00 a 17:00. La comisión de CSJ fijó el 30 de agosto para que el Consejo de la Carrera Judicial, entregue los expedientes de los integrantes de la carrera interesados en participar.
  
  

• En este proceso no se aprobó la entrevista a los candidatos por la cantidad de profesionales y el poco tiempo para realizar el proceso. No se habló de llevar a cabo pruebas psicométricas.
  
  

• La postuladora de CSJ acordó su próxima reunión el domingo 25 de agosto a las 8:00.   

En conclusión. Los comisionados limaron asperezas y avanzaron en la agenda de trabajo. Sin embargo, ahora el trabajo se complica: deben evaluar los expedientes de los candidatos, analizar señalamientos para entregar las nóminas al Congreso.  

• Cualquier dilación podría considerarse una desobediencia al amparo provisional otorgado por la CC. 

Alejandro Palmieri
•El top 16 de la estructura “B410” que adquirió bienes y servicios ¿quiénes son?
833 palabras | 4 mins de lectura

La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), denunció la existencia de una gran estructura a la que denominaron “B410”, que habría defraudado al fisco por un monto superior a GTQ 300M.  

• Esta red está conformada por 410 empresas de cartón que tienen vínculos con el top 16 de firmas que recibieron contratos del Estado entre 2021 y 2023, durante el gobierno de Alejandro Giammattei.
  
  

• Aunque las autoridades revelaron el nombre de algunas de las proveedoras que forman parte del grupo ilegal y sus vínculos con las entidades estatales, se reservaron la identidad de los proveedores que conforman el top 16.
  
  

• República identificó a los principales que vendieron bienes y servicios al Estado en el período señalado. Resaltan financistas de partidos, constructoras con vínculos políticos y farmacéuticas con señalamientos por favoritismo.  

Los datos. La estructura registró un modus operandi que hizo sonar las alarmas y enfocó –durante varios meses– a la SAT que trató de desenmarañar la red creada para defraudar al Estado. 

• Las entidades fueron registradas con un mismo representante legal y con igual perito contador para gran parte de las falsas sociedades. Además, con un domicilio fiscal no localizado o en zonas rojas de imposible acceso, alteración de documentos tributarios y una relación de débitos/créditos menores a 0.01 %.
  
  

• Entre 2021 y 2023 la estructura facturó GTQ 5730M en ventas, GTQ 2186M en transacciones a lo interno del grupo y GTQ 714M solo entre enero a junio de 2024, ya durante el gobierno de Bernardo Arévalo.
  
  

• La constitución de las 410 sociedades siguió un patrón: contar con el mismo representante legal guatemalteco y socio, fueron constituidas en Belice y en el 75 % de los casos comparten el notario.  

Visto y no visto. Aunque el enfoque ha estado en las empresas que componen la B140, los antecedentes del top 16 contribuyentes que adquirió bienes o servicios de la estructura, evidencia cuán extensa era la red de defraudación.  

• Entre 2021 y 2023 las 16 empresas que más servicios proveyeron al estado acumularon, al menos, un capital de GTQ 4985M, según el portal GUATECOMPRAS. Aquí algunas descripciones de los negocios realizados con el Estado.
  
  

• Entre estas entidades destaca Tracser, S.A, que, en tres adjudicaciones -todas con el Ministerio de Comunicaciones- facturó GTQ 1037M; Servicios Quirúrgicos, S.A. y Agencia Farmacéutica Internacional S.A., con ingresos de GTQ 537M y GTQ1 263M, respectivamente. La mayoría de los ingresos fue por compras directas. La Compañía de Equipo Médico-Hospitalario, S.A., que fue beneficiada, en especial, por el Ministerio de Salud y el IGSS. Con ambas entidades obtuvo GTQ 380M.
  
  

• Los datos de la SAT indican que las principales compradoras que adquirieron bienes y servicios de estas empresas fueron la Dirección General de Caminos, COVIAL, la Unidad de Construcción de Edificios del Estado, municipalidades, entidades adjuntas al Ministerio de Salud y al INDE.  

Por qué importa. Más allá de los montos de los contratos adjudicados a las empresas que componen el top 16, llama la atención las relaciones que mantienen con administraciones anteriores.  

• Por ejemplo, Tracser S.A. fue una de las últimas favorecidas por el gobierno pasado. A menos de 60 días de finalizar el gobierno anterior, recibió la adjudicación para la ampliación de la carretera a cuatro carriles Ruta RD-GUA-09 en el Obrajuelo, Villa Canales (NOG 20384211) por GTQ 854M.
  
  

• A su vez, el contratista Juan Pablo Mansilla Morales, representante legal de Coamco, obtuvo ingreso de GTQ 858M entre 2021 y 2023. Esta persona fue señalada de financiar la campaña electoral de Giammattei, hecho que él desmintió en publicaciones.
  
  

• Las farmacéuticas pugnan por la mayor cantidad de contratos adjudicados. Firmas como Compañía de Equipo Médico-Hospitalario S.A. y Oxi-Rent, fueron beneficiadas durante la pandemia, particularmente por ser uno de los mayores proveedores respiradores.  

Qué destacar. Además de las carteras ministeriales, las municipalidades también aprovecharon los recursos para favorecer a contratistas individuales en este entramado de defraudación tributaria.  

• Uno de los que aparece en esa red es Cristhian Estuardo Vaides Fión, identificado bajo el nombre comercial de Constructora HV. Fue el proveedor más favorecido por cuatro alcaldías: Cahabón, San Pedro Carchá, Cobán y San Pablo Jocopilas. Entre 2021 y 2023 facturó GTQ 204M en contratos estatales.
  
  

• Además, algunas entidades que forman parte del top 16 tienen vínculos con el gobierno, como V&T S.A., que durante el gobierno de Jimmy Morales se contrató en el Estado de Calamidad para construir mil viviendas para las familias afectadas por la erupción del Volcán de Fuego.
  
  

• Esta obra se identifica bajo el nombre de la urbanización y vivienda “La Dignidad”, Escuintla (NOG 8427704) y fue adjudicada por GTQ 173M. 

En conclusión. Estos datos demuestran cómo parte de la estructura extendió su red de influencia mediante los negocios con otras entidades vinculadas con administraciones pasadas y la presente.  

• El Ministerio Público debe investigar el caso de las 410 empresas que muestran irregularidades en su constitución, y también indagar sobre las posibles conexiones con los proveedores señalados.
  
  

• De lo contrario, al no cortar las redes de influencia, los contratistas seguirán disfrutando de privilegios y favoritismos en el Estado.