CODEDES: aceitados para corrupción, pero incapaces de ejecutar

EE. UU.: sanciones caprichosas y disculpas solapadas

El gobierno de Estados Unidos ha intentado construir, a lo largo de décadas, una imagen de autoridad moral y liderazgo global, respaldada por su capacidad para influir en la política de otros países mediante herramientas como las sanciones económicas y el retiro de visas. Sin embargo, esta estrategia, exacerbada durante la administración Biden, por figuras como el exsubsecretario Todd Robinson, ha comenzado a mostrar fisuras que socavan su credibilidad. La política de designar a individuos como “actores antidemocráticos” o “corruptos”, basada en acusaciones que no siempre están acompañadas de pruebas públicas contundentes, ha generado escepticismo. Peor aún, los casos en los que Washington ha revertido sus decisiones —devolviendo visas, retirando de lista OFAC, y ofreciendo disculpas—, exponen una inconsistencia que pone en duda la legitimidad de su narrativa. 

Todd Robinson, durante su paso como subsecretario de Estado para Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley, fue un firme impulsor del uso de sanciones como arma contra funcionarios y particulares extranjeros señalados de corrupción o de atentar contra la democracia.  

Un ejemplo es la tristemente célebre “Lista Engel”, que buscaba castigar a quienes, según Washington, violaban principios democráticos. Sin embargo, la falta de transparencia en el proceso de designación —donde las pruebas nunca se hacen públicas— ha alimentado la percepción de que dichas sanciones son eminentemente políticas. Cuando el Departamento de Estado ha etiquetado a alguien como corrupto sin evidencia verificable, y luego se retracta silenciosamente, el daño ya está hecho; no solo al afectado, sino a la confianza en el sistema que lo señaló. 

Exfuncionarios y particulares centroamericanos, tras ser incluidos en listas de sancionados y perder sus visas, vieron cómo estas medidas eran revertidas meses después, acompañadas de discretas disculpas.

Estas rectificaciones revelan un proceso sancionatorio apresurado o mal fundamentado. Si EE. UU. puede equivocarse tan gravemente en una designación, ¿cómo se puede esperar que el mundo confíe en futuras acusaciones? La arbitrariedad mina la autoridad moral que Washington pretende proyectar, transformando lo que debería ser un instrumento de justicia en una herramienta de presión política que depende de la conveniencia y no de la verdad.

Esta pérdida de credibilidad tiene consecuencias profundas. Países y ciudadanos afectados comienzan a cuestionar no solo las sanciones, sino el liderazgo estadounidense en su conjunto.

En un mundo donde la desinformación y el escepticismo hacia las instituciones globales crecen, EE. UU. no puede permitirse errores que refuercen la narrativa de sus críticos, quienes lo acusan de hipocresía o imperialismo.  

El gobierno estadounidense debe abandonar esas prácticas, y adoptar un enfoque más riguroso: pruebas claras, procesos transparentes y una rendición de cuentas cuando las designaciones fallen. Las disculpas tardías no bastan; la confianza, una vez rota, no se restaura con tímidos gestos. En un momento crítico para la democracia global, EE. UU. debe demostrar que sus sanciones no son capricho. 

Por último, esas malas experiencias deben servir como luz para quienes, desde estos países —periodistas, activistas e incluso, miembros del sector productivo— tomaban como verdad absoluta aquellas acusaciones sin fundamento y las acataban a pie juntillas. Que no vuelvan a ser comparsas de agendas personales de exfuncionarios resentidos. 

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La agenda energética sigue siendo de interés de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (FUNDESA). Razón por la que se desarrolló un foro que tuvo como objetivo discutir el asunto.

El ministro de Energía y Minas (MEM), Víctor Hugo Ventura, durante su participación, reveló que alrededor de 40 % de la población no tiene acceso a combustibles modernos para cocción de alimentos. También dijo que, en la actualidad, el índice de electrificación es más de 90 % y que de los 22 departamentos solamente uno está por debajo del 80 % de electrificación y 6 se encuentran en un rango entre 80 y 90 %. Lo alarmante es que, según esos datos, alrededor de 400 000 viviendas, es decir, 2M de habitantes, no tienen acceso a electricidad.

Relacionado a ello, reveló la aprobación de un préstamo por USD 120M, el cual servirá para electrificación rural. En ese sentido, la inversión prevista por familia será de alrededor de USD 3000, en tres rubros principales: USD 71 M, 1900 km para redes de distribución; USD 35 M, para 1000 km para líneas de media tensión de 13.8 o 34.5 kV, y USD 14M para administración y supervisión. Estos proyectos de electrificación rural irán destinados para los departamentos de Chiquimula, Petén, Alta Verapaz, Huehuetenango, Baja Verapaz, Quiché e Izabal, aunque se podrían agregar otros.

Ventura también mencionó que, el MEM tiene en la mira a los Consejos Comunitarios de Desarrollo Urbano y Rural (COCODES) por ser uno de los principales obstáculos en la construcción de líneas de transmisión. Dio a conocer el primer gran proyecto de electrificación solar aislado, evento que beneficiará alrededor de 6200 viviendas de Alta Verapaz e Izabal. Para ello, dijo que se trabaja en la estructuración de un segundo financiamiento, el cual debería de ser de por lo menos USD 900 M.

En otros temas, el titular del MEN habló de retomar la minería este año a través del programa internacional que se llama “80” —–o algo simila—— y mencionó que, es un camino que se debe abordar de manera integral, escuchando a todos los sectores involucrados.

En tanto, la ministra de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), Patricia Orantes, recordó que en los últimos 15 años en Guatemala se han dado un sinfín de usurpaciones y de toma de control de terrenos en áreas protegidas. También hizo referencia a la crisis desatada a raíz de la entrada en vigor del reglamento para la gestión integral de los residuos y desechos sólidos comunes y las mesas técnicas que se han desarrollado para discutirlo.

Orantes informó de la existencia de un préstamo destinado al saneamiento de aguas de ríos y lagos, y a la inversión del manejo adecuado de los desechos. La cifra es de más de USD 450M que fue solicitada al Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Según la funcionaria, la idea es que en los próximos años las autoridades puedan trabajar de la mano de los gobiernos municipales y empezar a construir la estructura de saneamiento que el país necesita. Mencionó que, incluso, se podría pensar en una planta de tratamiento en el río Motagua.

Otras de las acciones del MARN serán la prevención y la gestión de sancionar la contaminación de la calidad del aire, por medio del diseño de una normativa nacional. Asimismo, hizo referencia a la necesidad que existe en Guatemala de crear un reglamento que vele por la contaminación auditiva a través de la eliminación del ruido.

Hizo mención, además, a la plataforma digital SAGA, por medio de la cual se agiliza las gestiones que se realizan ante el MARN y en la que, además, se pueden ingresar los instrumentos de evaluación de impacto ambiental de forma digital mediante una herramienta amigable y fácil de usar. Concluyó su participación, hablando del Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental (RECSA), el cual se deriva de la Ley para la Simplificación de Requisitos y Trámites Administrativos (Decreto 5-2021). Esta actualización, según ella, busca modernizar y agilizar la gestión ambiental, ofreciendo procedimientos claros y requisitos detallados.

Finalmente, la directora del Instituto de Antropología e Historia (IDAEH), Mónica Urquizú, comentó que, actualmente en Guatemala, se ha venido desarrollando la actividad de construcción vertical, en diferentes puntos del país. A decir de la funcionaria, este desarrollo constructivo puede ubicarse en lugares que están catalogados como Centro Histórico, Conjuntos históricos o áreas con sensibilidad arqueológica. 

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