¡Colombia arde!

¡Buenos días!

El gobierno de Gustavo Petro ha sido un desastre a todo nivel: corrupción, abuso de poder, “desaparecidas” presidenciales y, hasta el fin de semana, también el magnicidio de un candidato opositor.

A ello ahora hay que agregarle el regreso del terrorismo que, hasta ayer, habían dejado al menos siete fallecidos. Todo debido a la incapacidad de gobernar mínimamente, más allá de una retórica muchas veces ininteligible, cargada de trasnochada ideología, y encendida por sustancias psicotrópicas.

Colombia, país hermano de Guatemala en más de un sentido, pasa por tiempos aciagos y se le desea mucha fortaleza al pueblo colombiano. Pero para Guatemala, es un espejo. Un gobierno como el de Petro sería fulminante, acá. La izquierda, claramente, solo trae miseria y desazón a los pueblos.  

La coyuntura del país condiciona el tipo de información que pauta la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia (SCSP). Lo hace bajo el concepto de contratación de servicios de divulgación de temas de “interés nacional”. Diferentes, son, de las campañas formales, que promocionan un solo asunto, como las 12 que implementó en 2024.

Por qué importa. En lo que va de 2025, la SCSP gastó GTQ 1.78M en mensajes de interés nacional. Incluye diversos medios de difusión, como canales de televisión abierta, radiofrecuencias, periódicos impresos y pantallas digitales. 

• En el caso de la publicidad de TV, se busca que sea transmitida en los horarios de los noticieros. La razón: informar a mayores de edad.
  
  

• Según las órdenes de compra, las pautas adquiridas permiten recibir “beneficios bonificados”. Es decir, servicios y productos de cortesía.
  
  

• Estos podrían traducirse en más espacios “gratuitos” en TV, por ejemplo, para entrevistas con funcionarios públicos.

Visto y no visto. La anterior fue una práctica cuestionada en las administraciones pasadas, incluso por quienes ahora están en el Ejecutivo. La práctica sigue vigente, razón por la cual algunos burócratas figuran solo en determinados medios de comunicación, como en los canales nacionales. 

• En algunos casos, los requisitos de contratación condicionan la compra directa, pues favorecen a un determinado proveedor. 
  
  

• Muestra de ello es un concurso de la SCSP para la contratación de servicios de divulgación de información. Este se publicó el pasado 19 de marzo. Los requisitos parecen dirigidos.
  
  

• Entre los requerimientos, solicita 20 años de experiencia en el mercado de la televisión. Además, tener como mínimo tres noticieros al día.

Sí, pero. Los noticieros deben ser uno durante cada jornada: matutina, vespertina y nocturna. También exige que exista una edición dominical. En el país existen muy pocos medios de comunicación que tengan esa capacidad informativa. 

• La compra de la pauta se hace en segundos. El uso y el tiempo de vigencia del servicio adquirido quedan a discreción de la SCSP.
  
  

• No existe límite de spots a transmitir, siempre y cuando no rebasen el tiempo comprado. La evidencia de lo transmitido se entregará a la Secretaría en discos compactos.
  
  

• Las campañas de este año son: Becas por nuestro futuro, salud, incendios y la del Sistema Nacional de Prevención en Semana Santa (SINAPRESE). Todas le costaron al Estado GTQ 2.38M.

En conclusión. En la actualidad no existe regulación —o parámetros— para la contratación de la pauta estatal. Todo queda a discreción de las autoridades de turno. Sin embargo, las prácticas cuestionables persisten. 

• La creación de concursos con características que solo un oferente podría cumplir son un ejemplo. En la mayoría de los casos, solo los canales de televisión abierta cumplen los “estándares”. 

Por: Glenda Sánchez

Celeste Renoj, analista de Guatemala Visible, ha dado seguimiento al proceso para elegir a los directivos de la Superintendencia de Competencia (SC). Las entidades nominadoras son la Comisión de Economía y Comercio Exterior del Congreso, la Junta Monetaria (JM) y el Ministerio de Economía (MINECO).  

En entrevista a República cuenta que, aunque las tres avanzan en paralelo, existen marcadas diferencias en su ejecución. “Es un proceso complejo y novedoso. Hay esfuerzos por cumplir los plazos, pero se identifican retos relacionados con transparencia y uniformidad de criterios”, afirma Renoj.  

Explica, que la Comisión de Economía y la Junta Monetaria han sido claras en sus criterios de evaluación y avances. Mientras tanto, el MINECO ha presentado un menor nivel de publicidad, limitando la posibilidad de observación pública.  

“La comisión asignó la mayor puntuación a la prueba de oposición, una apuesta por una evaluación técnica y externa. Incluyó criterios como la experiencia en administración pública. No obstante, se cuestiona la inclusión del inglés como un criterio con punteo, y la ausencia de factores éticos en la tabla de gradación”, añade la experta.   

También, contempló puntajes para la formación académica y la experiencia en materia de competencia; este último aspecto complejo de evaluar debido a que es un tema relativamente nuevo en el país.   

Aparte, indica que la introducción de pruebas de oposición representa un cambio relevante en los procesos de selección de altos cargos públicos. Incorporar evaluaciones técnicas independientes a cargo de universidades internacionales. Este nuevo componente busca fortalecer la legitimidad y la idoneidad de las personas seleccionadas.  

Cita que entre las principales debilidades del proceso se encuentra la ausencia de un reglamento que permita estandarizar y armonizar los procedimientos entre las entidades nominadoras. Pero la legislación vigente establece lineamientos generales, pero deja espacio a interpretaciones dispares, lo que dificulta una evaluación objetiva y uniforme.  

“También se ha identificado falta de transparencia en la contratación de las universidades encargadas de aplicar las pruebas […] en algunos casos no se publicaron los criterios de selección, ni los detalles del procedimiento”, agrega Renoj.   

Asimismo, afirma que ha señalado la necesidad de ampliar la publicidad de decisiones clave y del desarrollo de las etapas del proceso, incluso cuando la ley no lo exige expresamente.  

La primera nómina, presentada por la Comisión de Economía del Congreso, ha sido valorada como mayoritariamente técnica. 

Las otras dos nóminas deberán presentarse antes del 23 de junio, conforme al cronograma legal. “El proceso continúa su curso, aunque con áreas claras de mejora para fortalecer la institucionalidad y la confianza ciudadana”, concluye la experta de Guatemala Visible.  

Por años, los puestos de salud en Guatemala han sido blanco de actos de corrupción. Este es un problema estructural que persiste en la administración de Bernardo Arévalo. 

En perspectiva.  Pese a que este Gobierno ofreció que habría un cambio de fondo en las instituciones, el sistema sigue igual. Así lo reveló el informe ejecutivo de las auditorías realizadas en 2024 por la Contraloría General de Cuentas (CGC).   

• En el caso del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), la CGC verificó del 1 de enero al 31 de diciembre el cumplimiento legal, técnico y financiero de 14 proyectos de construcción y remozamiento de puestos de salud.
  
  

• Como resultado, se identificó la falta de documentación técnica para la construcción de estos proyectos. Así como la ausencia de certificados de calidad de los materiales utilizados, entre los que se puede mencionar PVC, láminas y concreto.
  
  

• Algunas de las anomalías encontradas fueron: retrasos en ejecución de los proyectos sin justificación, modificaciones sin aprobación formal y falta de publicación de documentos en Guatecompras.

Qué destacar. A los hallazgos mencionados se suma la falta de cláusulas para monitoreo digital en contratos y algunos procesos administrativos sin tiempos definidos. Esto lo que quiere decir es que el MSPAS sigue dominado por la opacidad.   

• Estas obras se encuentran distribuidas en departamentos como Quiché, San Marcos, Alta Verapaz, Sololá y Huehuetenango. Llama la atención que forman parte del programa Crecer Sano y representan una inversión superior a los GTQ 40M.
  
  

• Entre los datos más relevantes están los encontrados en la aldea Potrero Viejo III, Quiché. Según el informe de la CGC, la construcción de este proyecto tuvo un costo final de GTQ 2.9M; carece de falta de pruebas técnicas y retrasos.
  
  

• En el puesto de salud de la aldea Tocuto, San Marcos, el avance físico del proyecto fue del 59.42 %, con un contrato modificado de GTQ 3M y múltiples deficiencias documentales. En el Salmar, Alta Verapaz, el proyecto de GTQ3.1 M, tuvo un avance físico del 90 % y no contó con actas de recepción ni liquidación. Algo similar ocurrió en la aldea La Vega, Huehuetenango, obra que tuvo un avance del 82.18 % y tan poco contó con la documentación completa de verificación de calidad de materiales.

En conclusión. Los datos confirman que, pese al cambio de administración, persiste una cultura de debilidad institucional, falta de control y posible corrupción en el sistema de salud. Esto pone en riesgo la infraestructura y la atención a las comunidades más vulnerables del país.