Colombia bajo fuego y Petro se queda dormido

¡Buenos días!

Ayer fueron difundidas en noticieros y redes sociales las imágenes de dos atentados en Colombia.

Por un lado, un helicóptero de la policía (bajo el mando del Ministerio de la Defensa) fue atacado con un dron por las disidencias de las FARC en Antioquia, dejando ocho muertos. En Cali, en las afueras de una base militar, hubo cuando menos explosiones que dejaron cuando menos 18 muertos y decenas de heridos. Sin duda, un día negro que recuerda los peores momentos de la narco violencia, tan solo a dos meses del atentado que finalmente cobrase la vida del precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay.

Lo que viven hoy los colombianos es, ni más ni menos, la consecuencia de haber votado a un guerrillero, Gustavo Petro, que si no desatiende los asuntos de Estado por quedarse dormido, o le exige a su ministro de Igualdad que organice una manifestación de travestis, se la pasa emitiendo ininteligibles pronunciamientos, producto —sin duda— de sustancias que le alteran la psique. ¡Vaya “progresismo” el de Petro! Nuestra solidaridad con el hermano pueblo colombiano.

Hoy les recomendamos un hilo: Ruta hacia un sistema portuario competitivo y libre, publicado en el boletín de República Empresa.  Estamos seguros de que será de su interés.

La determinación de Trump por derrocar a Maduro va más allá de acabar con una narco dictadura; se trata de neutralizar a la mayor amenaza para la seguridad nacional de EE. UU. en el hemisferio.

En perspectiva. Las alarmas sonaron en el Palacio de Miraflores cuando, a principios de mes, Donald Trump ofreció una recompensa de USD 50M —la más alta en la historia de EE. UU.— por la captura de Nicolás Maduro. Las tensiones escalaron esta semana, con la movilización de aviones, submarinos, tres buques destructores y 4000 marines al sur del Caribe como parte de una operación antinarcóticos masiva.  

• Operativo que, tras declararse a los cárteles como organizaciones terroristas transnacionales, abre la posibilidad de una intervención militar estadounidense.
  
  

• Maduro, acusado por Washington como líder del cártel de los Soles, reaccionó movilizando —según él— a 4.5M de milicianos a lo largo del territorio para “defender su soberanía nacional”.
  
  

• Una intervención militar parece cada vez menos descabellada, ya que el interés tras Maduro va mucho más allá de la guerra contra el narcotráfico. 

Por qué importa. La guerra civil libanesa (1975-1990) propició una ola de migración hacia Sudamérica, hecho que fue aprovechado por Irán para infiltrar miembros de Hezbolá en la región. No fue hasta el inicio del régimen chavista en 1999 que el grupo terrorista logró entrar en el Estado; desde entonces, Venezuela se ha convertido en una fuente de apoyo político, financiero y logístico para Hezbolá en Latinoamérica.  

• Informes tanto del Departamento del Tesoro de EE. UU., como testigos del exembajador venezolano ante la ONU, Diego Arias, confirman que Hezbolá opera en América a través de la Triple Frontera y ha expandido sus redes hacia Venezuela para facilitar el tráfico de cocaína.
  
  

• En Venezuela, Hezbolá es el principal aliado del cártel de los Soles para el transporte y distribución de drogas en Europa y África Occidental.
  
  

• La relación estrecha con el maduro-chavismo ha institucionalizado una dinámica donde Hezbolá facilita entrenamiento, armas y logística para el narcotráfico venezolano.

Visto y no visto. Pero la mayor amenaza para EE. UU. tiene que ver con la relación entre las estatales mineras de Venezuela (Minerver) e Irán (Impasco) que, a través de un acuerdo tapón para la explotación de oro en la Guyana venezolana, producen hasta 75 000 toneladas de óxido de uranio al año, que luego son exportadas a Irán en buques de PDVSA.  

• Igual sucede con la cementera Cerro Azul, operada por la estatal de Irán, Edhasse Sanat, en una región del Orinoco donde geólogos iranís y venezolanos han encontrado vetas de uranio.
  
  

• El espacio aéreo sobre el que opera Cerro Azul tiene una restricción de vuelos impuesta por Caracas.
  
  

• Además, Antonio Rivero, otrora encargado militar de la zona y que escapó a EE. UU tras negarse a jurar fidelidad al régimen en 2015, confirmó la custodia de la zona por militares iranís.

En el radar. Roger Noriega, ex embajador de EE. UU en la OEA y ex encargado de los asuntos latinoamericanos de George Bush, confirmó en 2011 que el uranio venezolano se usa para el esfuerzo iraní por desarrollar una bomba nuclear. Irán tiene una capacidad de producción de 21 toneladas de uranio 238 al año. Este uranio debe enriquecerse para producir uranio 235, el isotopo fisible para una bomba; sin embargo, por cada kilo de U-238 se obtienen solamente 7.2 gramos de U-235.  

• Irán, por sí solo, tiene una capacidad de producir 151.2 kg de U-235, empero, las reservas actuales se estiman en unos 408 kg. Venezuela juega un papel fundamental para los esfuerzos de armamento nuclear iraní.
  
  

• Previo a la operación Midnight Hammer, el régimen del Ayatolá Khamenei tenía suficiente uranio para un arsenal de 9 bombas nucleares. Es incierto cuánto de esas reservas sobrevivieron a los bombardeos, pero el Pentágono estima que la amenaza nuclear se retrasó hasta dos años.
  
  

• Para EE. UU., derrocar al régimen de Maduro también significa limitar, sino prácticamente eliminar, la amenaza nuclear iraní; teocracia cuyas intenciones explícitas son la eliminación tanto de Israel como de EE. UU. del mapa. 

🎙 En el nuevo episodio de Repúblicast, conversamos con Eduardo Fernández sobre uno de los dilemas más profundos de nuestra región: la tensión entre libertad y control. Además, exploramos cómo los regímenes autoritarios se presentan como soluciones, por qué la democracia enfrenta tantos retos en nuestra región, y qué papel juegan las élites políticas y el crimen organizado en todo este debate.

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Han pasado ocho años desde que la exfiscal general, Thelma Aldana, y el exjefe de la FECI, Juan Francisco Sandoval, montaron uno de los shows mediáticos de persecución política con el apoyo de la CICIG. Temprano en la mañana de un día de julio de 2017, fiscales de la FECI, con un contingente policial, allanaron la residencia del exembajador de Guatemala en Estados Unidos, Julio Ligorría. 

Él no estaba en Guatemala, pero ordenó a sus empleados que dieran acceso sin restricciones a los fiscales. Lo curioso es que las autoridades se quedaron en la sala; no revisaron nada. Eso sí, cuando les avisaron que la prensa había llegado a la puerta, salieron declarando que Ligorría no se encontraba. Ese mismo día, pocas horas después, Aldana, junto al excomisionado Iván Velázquez, declararon a Ligorría prófugo de la justicia. Bastaba con revisar los reportes de migración para confirmar que, no era “prófugo”, sino que simplemente no estaba en el país. 

Desde Madrid, España, Ligorría envió un mensaje televisado. Manifestó que estaba en la capital madrileña por un viaje de trabajo, se puso a disposición del Ministerio Público (MP) y aclaró que no huía, sino que trabajaba. Las autoridades nunca lo contactaron. Días después, ordenaron una alerta de Interpol para detenerlo en España y extraditarlo a Guatemala, usando un delito que no figura en la lista de crímenes por los que Interpol actúa. 

En 2018, al final de un proceso judicial —que, por ser ciudadano español, se llevó a cabo en aquel país—, un tribunal de la Audiencia Nacional lo declaró inocente y, por consiguiente, negó su extradición. El MP nunca apeló la sentencia española, que se archivó definitivamente. Sin embargo, la FECI en Guatemala se negó a cerrar el caso y mantuvo ilegalmente la alerta de Interpol activa, para impedir que Ligorría saliera de España. Es hasta mayo de 2022, que el MP reconoció aquella ilegalidad y levantó la alerta de Interpol. 

A raíz de ello, los abogados de Ligorría solicitaron al tribunal que levantara la orden de captura en Guatemala, con la intención de presentarse ante la justicia para aclarar lo que los fiscales Juan Francisco Sandoval y Carlos Vides nunca le permitieron. 

En agosto de 2024 se presentó voluntariamente ante el Juzgado Primero de Primera Instancia Penal de Mayor Riesgo, Grupo D.

A finales de enero de 2025, en una nueva audiencia, la fiscal Sofía Castillo, en representación del MP, concluyó que después de ocho años de investigaciones no se identificó ningún indicio de que Ligorría hubiera cometido delitos de financiamiento electoral ilícito o lavado de dinero; lo que la defensa siempre sostuvo. 

Sin embargo, la Procuraduría General de la Nación (PGN), representando al Estado de Guatemala, apeló la decisión en febrero de este año. Esto mostró un nuevo acto de politización de la justicia, que debería avergonzar al sistema judicial, ya que la inocencia de Ligorría estaba más que probada en un caso montado para persecución política. 

Resulta importante el anterior relato de la sucesión de hechos para tener una idea de la terrible injusticia contra un guatemalteco productivo, reconocido consultor internacional.  

En agosto de este año, luego de varias acciones procesales en el tribunal, las partes atendieron una audiencia donde el MP presentó el desistimiento del caso. Reiteró lo dicho en enero: tras ocho años de investigaciones, no se encontraron indicios de los delitos de financiamiento electoral ilícito y lavado de dinero. Así, como lo había resuelto la Audiencia Nacional de España en 2018, se probó su inocencia. Ligorría ha sido declarado inocente dos veces: una en España y otra en Guatemala. 

Una importante reflexión es que, si esto le pasó a alguien como Julio Ligorría, con amplia trayectoria profesional, recursos y red de contactos internacionales, ¿qué se puede esperar de la justicia para ciudadanos comunes y de escasos recursos? 

Con el cierre definitivo del caso, queda en evidencia, una vez más, el enorme daño causado por el experimento de la CICIG. El lawfare es, en definitiva, el legado de aquella comisión.