Comienza “la madre de todas las batallas”

¡Buenos días! 

El pasado proceso electoral fue, como poco, tumultuoso. El acabose: el MP vulneró las cajas que contienen –aún– las actas y votos, alegando un supuesto fraude. Esas cajas se encuentran todavía en un pasillo de la sede del TSE, como un monumento ignominioso. 

En el tema electoral, Panamá tendrá elecciones el 5 de mayo; no se espera que suceda algo como en Guatemala, pero no han sido ajenas a la controversia, particularmente porque quien lidera las encuestas no participará. 

El MINEDUC pretende implementar una forma –regresar a la anterior– de distribución de alimentos escolares, sin embargo, los padres y algunos maestros aseguran que los fondos asignados no cubren todos los gastos. ¿Será otro programa destinado al fracaso? 

En el Congreso, la agenda de esta semana incluye la convocatoria a comisiones de postulación para magistrados de CSJ y salas de apelación; empieza “la madre de todas las batallas” como ha sido calificada en ocasiones pasadas.  

Los invitamos a compartir este boletín con sus familiares y amigos. Gracias por su suscripción y lectura.  

En este boletín:

•Los expedientes abandonados en el Tribunal Supremo Electoral

•Gobierno sin dirección clara en política alimentaria de estudiantes

•Panamá: Martinelli no es candidato, pero ganará

•Lupa legislativa: Convocarán a postuladoras para elegir cortes e integrarán pesquisidoras por antejuicio a magistrados del TSE

Al ingresar al edificio del Tribunal Supremo Electoral (TSE) ubicado en la zona 2 capitalina, se encuentra en el corredor una mesa con tres cajas plásticas grandes y documentos apilados. 

• Ni los propios magistrados del TSE conocen con detalle qué información hay en los papeles. Algunos están embalados con una cinta amarilla que señala que se trata de "evidencia". En un folder se lee "San Juan Ermita" y en un sobre amarillo "documento 6". 

  
  

• Hay sobres manila, hojas sueltas, bolsas con el logo del tribunal, y una caja de cartón y tres plásticas. Todo está como quedó abandonado el 30 de octubre de 2023, cuando el Ministerio Público (MP) allanó las oficinas del TSE. 

  
  

• Las banderas de Guatemala y del TSE, custodian los documentos que son vistos con normalidad por los empleados que se acostumbraron a observarlos durante siete meses.  

Por qué importa. Se trata de documentos utilizados durante el proceso electoral de 2023. Fueron remitidos al TSE por las Juntas Departamentales. Según los magistrados, la ley los obliga a resguardarlos. Nadie puede abrirlos, excepto las juntas en presencia de autoridades competentes. 

• Pero esas condiciones no fueron consideradas por el MP. Las cajas fueron abiertas y los documentos originales salieron de la protección del TSE, pese a la oposición y solicitudes de las autoridades electorales. 

  
  

• El operativo de la Fiscalía inició el 29 de octubre y respondió a más de mil denuncias recibidas por supuestas irregularidades, se indicó en su momento.  

  
  

• El MP no se los llevó porque no los consideró importantes para la investigación que sigue bajo "reserva total". "Esos documentos no son evidencias. La evidencia se le dio el tratamiento correspondiente. Esos documentos estaban bajo el poder y responsabilidad del TSE", indicó Rafael Curruchiche, jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI). 

En perspectiva. El 30 de octubre el operativo concluyó a las 7:30 horas. Cuando los fiscales intentaron sacar las cajas con los documentos, la mayoría de los magistrados se opuso y cerró filas para no dejarlos salir del edificio. 

• Hubo de todo: gritos, empujones y hasta el llanto desconsolado de la magistrada Blanca Alfaro, quien fue la que más mostró resistencia para que el MP se llevara las cajas con los documentos. Denunció que fue agredida y que no se respetó su investidura ni su condición de mujer. 

  
  

• Alfaro comentó que hablaron con los fiscales y les solicitaron no llevarse los originales de las actas 4, 6, 7, y 8, pero sus peticiones no fueron atendidas. Mencionó que revisaron, fotografiaron y escanearon los documentos, pero no fue suficiente. 

  
  

• Sobre los documentos –que siete meses siguen abandonados en el pasillo del TSE–, Alfaro dijo que querían que los recibieran, pero se negaron porque no saben ni de dónde los sustrajeron, pues las bolsas quedaron tiradas. "La fiscal los dejó ahí porque no los quisimos recibir", comentó la magistrada en su momento. 

En conclusión. Cada bolsa abierta tiene un número que identifica el municipio al que pertenece, el número de mesa y el documento que protege. 

• Para Alfaro lo sucedido quedará como "otro capítulo más de la historia del país". El MP se llevó documentos que prometió regresar en unos días, pero siguen bajo su poder. Para el TSE eso ya no importa porque al salir de su resguardo perdieron la garantía de custodia de la autoridad electoral. 

  
  

• "Los resultados de las elecciones ya fueron certificados y no se pueden cambiar con ninguna diligencia", enfatizó Alfaro. El TSE planteó dos amparos para evitar el secuestro de los expedientes, pero el operativo se concretó. Después la fiscalía denunció hechos que, a su criterio, obligaban a suspender los resultados electorales. 

  
  

• El partido ganador, Movimiento Semilla, está por cumplir 100 días en el poder, mientras que esos documentos continuarán abandonados en el TSE. Al MP no le interesan y el personal del TSE los observa todos los días como un recuerdo de una jornada que le dio la vuelta al mundo. 

Maite Rayo
•Gobierno sin dirección clara en política alimentaria de estudiantes
504 palabras | 2 mins de lectura

El Ministerio de Educación (MINEDUC) modificó, de nuevo, la modalidad de distribución de alimentos escolares enmarcada en la Ley de Alimentación Escolar. 

Hemeroteca. El Decreto 16-2017, Ley de Alimentación Escolar, se aprobó en el gobierno del expresidente Jimmy Morales.

• Esta ley tenía como objetivo crear un sistema alimentario escolar, de manera que los estudiantes tuvieran un mejor rendimiento académico. 

  
  

• La regulación estableció que, para la ejecución del programa, el Ministerio de Finanzas Públicas, en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos, debía asignar Q4 diarios por beneficiario. 

  
  

• No obstante, esta norma se modificó en 2022, ya que el monto por alumno se incrementó a Q6 y la cobertura se amplió hasta el grado de secundaria.  

Es noticia. La asistencia alimentaria ha sufrido cambios durante los dos gobiernos anteriores. 

• La ejecución del programa sufrió otra alteración a raíz de la pandemia, cuando el gobierno del expresidente Giammattei, en vez de entregar alimentos preparados en los establecimientos escolares, implementó la entrega de bolsas de alimentos a cada alumno. 
   
  

• Ahora bien, la cartera de Educación informó a las Organizaciones de Padres de Familia (OPF), que administran los recursos que cubren el programa de alimentación, el restablecimiento del servicio de alimentos preparados en las escuelas. 

Por qué importa. Los miembros de la OPF han enfrentado opiniones divididas sobre esta decisión, ya que muchos centros educativos no cuentan con la infraestructura necesaria para la provisión de alimentos. 

• Asimismo, otros señalan que el presupuesto asignado para el programa, Q6, únicamente cubre el costo de los alimentos básicos, más no los gastos en insumos de elaboración, la infraestructura para la preparación de los alimentos y el personal de cocina.  
   
  

• Así pues, se incumple con varias de las consideraciones contempladas en la Ley, como las condiciones mínimas de higiene para la elaboración de las comidas y la infraestructura saludable. 

  
  

• De igual forma, algunos padres y maestros han manifestado su descontento con el cambio de modalidad, dado que, en ocasiones anteriores, de no contar con personal de cocina, ellos deben contribuir en este ámbito. 

Entre líneas. De forma contraria, en días recientes, la bancada VOS, en una citación a la viceministra de Protección Social del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), denunció sobreprecios en los alimentos para los Comedores Sociales, los cuales oscilan entre los Q20 y Q26. 

• De acuerdo con la funcionaria, estos señalamientos no están fundamentados, ya que, más allá del precio de los alimentos, el valor del plato también incluye el costo de los servicios necesarios para su preparación y los insumos complementarios. 

El Balance. Estas dos políticas dentro de la seguridad alimentaria nacional reflejan el desconocimiento de las autoridades sobre la forma adecuada de implementación. 

• Por un lado, se critica que los recursos materiales son insuficientes para la ejecución del plan de alimentación escolar. Además, se denuncia una sobrevaloración de los precios en los comedores sociales. 

  
  

• Esto demuestra que quienes administran los programas alimentarios, fundamentales para el desarrollo social, no tienen clara la ruta, ni las medidas que deben implementar para generar un impacto significativo en el país. 

Panamá celebrará elecciones el 5 de mayo. En un ambiente de profunda aversión hacia los “rabiblancos” —la casta política—, el expresidente Ricardo Martinelli lleva las de ganar. Pero Martinelli no es candidato; fue inhabilitado, sentenciado a casi 11 años de prisión y actualmente se encuentra refugiado en la Embajada nicaragüense en Panamá. 

• Su candidatura ha sido heredada por José Raúl Mulino, su compañero de boleta. Las encuestas le dan entre un 29% y un 37% de los votos, superando con creces a los demás candidatos e incluso a la porción de los votantes que se mantiene sin decidir.  

  
  

• Este nivel de apoyo no es inusualmente bajo. En Panamá no existe la segunda vuelta de elecciones, por lo que sus presidentes más recientes han llegado al poder con alrededor de un tercio de los votos. Martinelli, elegido en 2009, fue la excepción, obteniendo el 60.03% de los apoyos. 

  
  

• Mulino no puede dar las elecciones por ganadas. La Corte Suprema de Justicia (CSJ) aún baraja la posibilidad de excluir su candidatura, argumentando que no fue elegido en las primarias de su partido. Martinelli, huelga decir, fue el designado entonces. 

Entre líneas. Los presidentes panameños gobiernan cinco años y no tienen derecho a la reelección inmediata. Esto sienta bien al actual presidente, Laurentino Cortizo (PRD, centro), quien evitará lo que con toda seguridad sería una humillación electoral. El candidato de su partido, José Gabriel Carrizo, apenas logra convencer a entre un 3% y un 6% del electorado. 

• El panameño promedio, sin embargo, percibe que la élite política seguirá ejerciendo el poder a pesar de su impopularidad. Los intentos por invalidar el binomio Martinelli-Mulino intensifican estos sentimientos. 

  
  

• Este descontento con los rabiblancos se hace notar en todas las encuestas. A pesar de los legítimos problemas económicos del país, la corrupción se mantiene como el tema prioritario para el 57% de los panameños, que consideran a Mulino el candidato más honesto.  

  
  

• Esto podría considerarse extraño: Martinelli, debe recordarse, fue sentenciado por corrupción. Esto no parece molestar al electorado, que suele decir: “Robó, pero hizo”. En este sentido, y a pesar de sus pecados, el expresidente tiene la dicha de que no se ubica dentro de esa élite. 

Los datos. Sin importar el ganador de las elecciones, Panamá se enfrenta a un panorama adverso. Hace dos semanas, Fitch redujo la calificación de su deuda soberana, que perdió el grado de inversión. La deuda, debe decirse, ha aumentado un 78% bajo el actual Gobierno y ahora se ubica en US$47,000M. 

• El Gobierno considera “imprudente” la medida de Fitch, pero no puede negar sus justificaciones. A finales del año pasado, el país declaró una moratoria minera, cerrando la mina Cobre Panamá, que representaba el 5% del PIB y el 75% de las exportaciones físicas del país. 

  
  

• La operadora de la mina, la canadiense First Quantum Minerals, evidentemente desea mantener un bajo perfil hasta las elecciones y negociar con el ganador. Esto no le ha impedido demandar a Panamá y exigir US$10,000M en compensación. KOMIR, la minera estatal del Gobierno surcoreano exige otros US$747M.  

  
  

• Cabe destacar que gran parte de los ingresos mineros estaban previstos para el gasto corriente de la Caja de Seguridad Social, cuyo fondo más grande, el programa de Invalidez, Vejez y Muerte, presenta un déficit actuarial de US$70,000M. 

El balance. El “sueño panameño” siempre tuvo sus matices; el boom inmobiliario de la Ciudad de Panamá –que se ha convertido en un centro financiero– nunca pudo ocultar el escaso desarrollo del resto del país. Con toda seguridad, el país se enfrenta a sus elecciones más trascendentales desde el derrocamiento del dictador Manuel Noriega en 1989. 

• Resulta difícil ver una invalidación de la candidatura de Mulino. Semejante decisión fomentaría la ira generalizada en contra de la CSJ, que en ocasiones pasadas se ha mostrado sensible —quizá demasiado, como en el caso del contrato entre el Estado con First Quantum— a la opinión pública. 

  
  

• A un hipotético presidente Mulino, los pormenores de cuyo programa se desconocen, le resultará enrevesado revivir las glorias de Martinelli, que se benefició de un panorama macroeconómico envidiable. Martinelli también se benefició del canal de Panamá, hoy en recuperación después de una sequía.  

  
  

• Pero Panamá no pasará a ser irrelevante. El Tapón del Darién, cruzado por 520,000 migrantes en 2023, es de vital importancia para EE. UU., que busca reducir la migración hacia su territorio.