Comisiones de postulación: la madre de todas las batallas

¡Buenos días! 

La CC ha dado muestras firmes de que no se extenderá el período de los magistrados de CSJ y de Corte de Apelaciones. Aunque no está blindado el proceso, hasta ahora, va bien. Los intereses espurios deben ser erradicados. 

Sin embargo, la manipulación del proceso mediante la “cooptación” de comisionados es un riesgo latente. Todos –incluyendo misiones de observación– deben estar vigilantes ante cualquier vicio. No es cosa sencilla, pero es indispensable. 

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Editorial: Aprovechar la buena voluntad expresada

Millonaria inversión de Hidroeléctrica Santa María está paralizada

El CANG: pocos deciden por muchos

Aprovechar la buena voluntad expresada  

El pasado 30 de mayo, la Corte de Constitucionalidad (CC) suspendió provisionalmente los artículos 2, 3, 4 y 24bis del reglamento de las Descargas y Reúso de Aguas Residuales y de la Disposición de Lodos. Para efectos prácticos, el reglamento quedó sin dientes. La CC resolvió –tuvo qué– a favor de la ANAM, porque un acuerdo gubernativo no puede violar la autonomía municipal. 

La resolución es correcta, pero no hay que perder el foco, el tema del agua se debe resolver; algo tan sensible requiere de una norma de carácter general y que sea aplicable a todos. Sin embargo, no es solo de pasar leyes, sino de crear cultura y aplicar políticas públicas; no se puede pretender gobernar por decreto. Ese error lo han cometido varias administraciones ya. 

La solución pasa por aprobar una Ley de Aguas, rezago constitucional desde 1985; no es una cuestión de ahora, pues ningún gobierno –desde entonces– ha querido gastar capital político en ello.  

Esta situación ejemplifica la radicalización que impera, principalmente en la redes, pero también en las opiniones en medios. Este –el asunto sometido a consideración de la CC– es un caso en donde las dos partes tienen algo de razón. 

Por supuesto, el gobierno, a través del MARN, debe cerciorarse de que los cuerpos de agua no reciban descargas contaminantes; esa cartera es el ente rector y puede dictar políticas públicas para ese efecto. 

Sin embargo, también es cierto que la autonomía municipal –si bien a veces exagerada– está garantizada constitucionalmente; aún más, la jerarquía normativa implica que un acuerdo gubernativo no puede estar por encima de una ley (Código Municipal) y mucho menos por sobre la Constitución. No es poca cosa. 

De esa cuenta, la decisión de la CC estuvo apegada a derecho, contrario a lo que cuentas de redes sociales o algunos medios de comunicación quisieron hacer creer. La desinformación y la opinión sesgada han sido la norma. 

Otra cosa –la más importante– es que compete a la autoridad, tanto central como municipal, velar por la salud y por el medio ambiente, lo que requiere que se traten las aguas antes de ser descargadas. Es impostergable.  

La ciudadanía espera de sus autoridades decisiones en pos del beneficio colectivo, sí, pero no puede pretender hacerse violando la ley.  

Autoridades de la ANAM ya han mostrado su anuencia para retirar la acción constitucional si el gobierno central se compromete a dar acompañamiento técnico y, sobre todo, financiamiento para poder cumplir con la normativa ambiental. Es un buen paso. 

Acto seguido –y aprovechando la buena voluntad expresada– se debiese alcanzar un consenso para aprobación de una Ley de Aguas que contemple adecuadamente la realidad de todos los involucrados. La población no puede supeditar su bienestar a los vaivenes políticos y a la falta de voluntad de alcaldes, ministros o diputados.  

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Luis González
Millonaria inversión de Hidroeléctrica Santa María está paralizada
598 palabras | 2 mins de lectura

Siete meses después de la aprobación del contrato para ampliar y repotenciar la hidroeléctrica Santa María, en Zunil, Quetzaltenango, el proyecto está detenido. 

En perspectiva. El 24 de octubre de 2023, el Consejo Directivo del Instituto Nacional de Electrificación (INDE) dio luz verde a la obra adjudicada el 8 de junio de ese año. 

  • El proyecto “Ampliación Centrales Hidroeléctricas Repotenciación Planta Hidroeléctrica Santa María” fue adjudicado por un monto de GTQ 196M a la firma Alfa Constructores, representada por Oscar Augusto Hidalgo Ponce.


  • El proceso generó dudas. Con esta obra, la empresa favorecida logró su mayor contrato con el Estado y el segundo mejor con el INDE. Antes le había facturado GTQ 9.8M por el contrato “Suministro, montaje y puesta en operación de un transformador de potencia para la planta hidroeléctrica Palín II”. 


  • Fue avalado por los directores afines a Alejandro Giammattei. Los delegados de las cámaras empresariales en el Consejo Directivo se ausentaron, aunque indicaron que el motivo de no comparecer fue por asuntos profesionales. Tampoco asistieron el titular y suplente del Ministerio de Energía y Minas, Alberto Pimentel y Manuel Arita Sagastume, así como el titular del Ministerio de Economía, Janio Rosales Alegría. Ocho días después, Pimentel y Rosales renunciaron a sus cargos. 

Por qué importa. La justificación del proyecto es que busca incrementar la generación de 4 MW a 7.2 MW. Con la inversión se esperan producir anualmente 37 963 MWh. 

  • Otros objetivos son aprovechar el recurso hídrico disponible, aumentar la confiabilidad de operación, la vida útil de la planta, actualizar la infraestructura y los equipos electromecánicos con las tecnologías vigentes y que el aumento de producción de energía permita atender la mayor demanda.


  • La hidroeléctrica fue construida en 1926 y después de casi 100 años de operación requiere la millonaria inversión para realizar trabajos en el río Samalá y en las instalaciones.


  • Es un proyecto que inicialmente iba a desarrollar el INDE a un costo de GTQ 106M a un plazo de cinco años. Pero en 2023, en la presidencia de Melvin Quijivix en el INDE, se adjudicó por GTQ 196M. Todo apunta a una sobrevaloración. 

Qué destacar. El Sindicato de Trabajadores del INDE pidió de manera formal al Consejo Directivo que rescinda el contrato por incumplimiento. La empresa no cuenta con la Carta de Crédito establecida y venció el plazo para este requerimiento, se indicó. 

  • Por el momento, no se ha tomado una decisión. Los sindicalistas aseguran que la institución no corre riesgo de alguna demanda porque el contratista no cumplió y ello es uno de los motivos para dar por terminado el convenio.


  • Esta no es la única obra detenida de la administración anterior. También sigue sin iniciar el proyecto Construcción de sistemas fotovoltaicos Guacalate, Escuintla, adjudicado por GTQ 117M a la empresa Constructora Ochoa López, propiedad de Samuel Porfirio Ochoa de León. 


  • Ambos fueron cuestionados en su momento. Este último, incluso, fue calificado como "poco transparente" por el sector privado debido a que el contratista carecía de experiencia para ejecutarlo y se consideró de un alto costo para el Estado. 

En conclusión. Cuidando los intereses de los guatemaltecos, el Consejo Directivo del INDE debe rescindir esos contratos. 

  • Si el INDE no puede ejecutar obras de gran alcance, los proyectos deben adjudicarse a empresas con experiencia y con el menor costo posible.


  • Las autoridades de la entidad están obligadas a cuidar el patrimonio y ello implica invertir para mejorar el servicio en todos los campos que el INDE tiene presencia. 


  • El país urge de más inversión para aumentar la generación eléctrica, pero las instituciones públicas no deben ser usadas para enriquecimiento ilícito. 

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Glenda Sánchez
El CANG: pocos deciden por muchos
590 palabras | 2 mins de lectura

Distintos factores contribuyen a la apatía del gremio de profesionales del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), en eventos que tienen incidencia relevante para el país y para elegir a sus propias representantes.   

  • La cifra de profesionales agremiados aumentó en los últimos años. Solo de 2020 a 2023 se graduaron y juramentaron 7 830 abogados y notarios, indica un informe del Movimiento Pro-Justicia.  

En perspectiva. Uno de los eventos destacados para el CANG es la elección de sus representantes para conformar las Comisiones de Postulación para integrar la lista de magistrados de Cortes Suprema de Justicia (CSJ) y Corte de Apelaciones (CA).  

  • En 2014, los profesionales que asistieron a votar (planillas para CSJ) fueron 7 362, de unos 22 086 inscritos. Cinco años después alcanzó los 10 823, de unos 30 000 profesionales aptos para participar.


  • Para 2024 también aumento el número de agremiados, no obstante la tendencia de participación se mantendrá, según fuentes consultadas.


  • “Para la elección de este año, la tendencia de participación será casi la misma. Es cierto, se incrementó el número de agremiados, pero el desinterés persiste por diferentes factores. “Podría haber entre 1 000 a 1 500 participantes más”, indicaron. 

Voces. Para algunos abogados, la elección de los delegados para las postuladoras “es muy importante y el evento debería vivirse como una fiesta cívica, similar a las elecciones generales”. Lamentan el poco interés que persiste para este tipo de actividades. Pero, cuáles son las causas o factores.   

  • Francis Peña, presidente del Tribunal Electoral del CANG, explicó que entre esos factores está desconocer la importancia de participar directa o indirectamente en los procesos electorales y la escasa formación en las universidades que permita mejorar la participación de los futuros agremiados durante su ejercicio profesional.


  • Guatemala Visible añade que la desmotivación se relaciona “con las pocas sedes que hay en el país para que los agremiados asistan a votar. Para muchos representa moverse desde uno o dos días antes de su residencia y pedir permiso en los trabajos. También por audiencias programadas”.


  • “Al abogado le representa un gasto este tipo de actividades, porque debe pagar el parqueo, pasaje, perder audiencias. Además, el mismo sistema que ha venido desvirtuando la elección. Muchos dicen: 'para qué ir a votar, siempre quedan los mismos apoyados por los operadores políticos', por citar un caso al famoso rey del tenis. Un buen paso es que para este año hay más planillas inscritas”, indicaron abogados consultados.

Qué sigue. El Tribunal Electoral del CANG inscribió 10 planillas para elegir a sus representantes para las comisiones de CSJ y el mismo número para Apelaciones. La elección está programada para el viernes 21 de junio de 8:00 a 16:00. Se habilitarán unas 27 sedes a nivel nacional.  

  • Las planillas inscritas son: Coalición Gremial, Alianza de Profesionales, Agrupación Solidaria de Profesionales Afines (ASPA), Plataforma de Profesionales de Justicia, Unidad Gremial de Abogados y Profesionales Afines, UNIÓN, ARAN, Unidad por la Justicia, Movimiento Renovación Gremial y Vanguardia de Profesionales.


  • En las distintas redes sociales, las agrupaciones promocionan capacitaciones (Salud Mental en el Ejercicio Profesional, Familia, Jurisprudencia Constitucional, entre algunos temas), conferencias con expertos, actividades deportivas y sociales. Además, concursos para ganar audífonos y se observan fotografías donde regalan documentos, como el Código Penal, Civil y copias de la Constitución de la República.

  • Los agremiados deben elegir a 12 representantes para integrar la comisión de CSJ y la misma cantidad para la postuladora de Apelaciones. La elección se hará por el método de representación proporcional de minorías, regulado en la Ley de Comisiones de Postulación.