Comisiones de postulación: a trabajar

¡Buenos días! 

Las próximas elecciones en Venezuela no auguran un resultado confiable; si la oposición llegase a ganar –los números están a su favor–, es seguro que el régimen no los reconozca y se atrinchere. No por nada son dictadura. 

En un inusitado arranque de agallas, cancillerías del hemisferio –incluida la guatemalteca– recientemente se pronunciaron decididamente en contra del proceder del madurismo respecto a los comicios.  

La dictadura ha hecho importantes lazos políticos y económicos por todo el mundo; en el continente sigue habiendo gobiernos que la defienden, y agentes del régimen –corrupto hasta el tuétano– han entablado relaciones “comerciales” que le han permitido blanquear las ingentes cantidades de dinero que funcionarios han sacado de Venezuela; su participación con el denominado “cartel de Los Soles” (una organización criminal) ha llegado a tocar algunas puertas en Guatemala, en donde testaferros han intentado lavar dinero producto del latrocinio y de la corrupción.  

Como nota curiosa –por llamarle de alguna manera– otrora campeones de la “lucha contra la corrupción” ahora defienden los intereses de los testaferros y socios del cartel de Los Soles, acá, en Guatemala.  

Busque en el boletín de mañana un hilo que lo abordará. 

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Lupa Legislativa: Ley de infraestructura vial podría volver al pleno tras dictamen de la Comisión de Economía

Se libera el camino a las Comisiones de Postulación

Panorama Ejecutivo: Visita de la CIDH y las reacciones del Ejecutivo a las interpelaciones

Venezuela: Maduro augura “baños de sangre” mientras la oposición crece

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Ana González
Ley de infraestructura vial podría volver al pleno tras dictamen de la Comisión de Economía

La Comisión de Economía, presidida por Jorge Ayala, afina los últimos detalles del nuevo dictamen de la ley de infraestructura vial que busca la construcción de más de 20 000 kilómetros de carreteras en los próximos 15 años.  

La sala de trabajo presentará este miércoles 24 de julio la propuesta de dictamen para que los integrantes lo suscriban, si así lo consideran.  

La comisión está integrada por 14 diputados, por lo que se necesitan 8 firmas para su aprobación.  

Esta será la segunda vez que la ley esté lista para iniciar el proceso de aprobación en el pleno, pues en 2020 avanzó hasta segunda lectura; sin embargo, el 30 de abril de este año, los diputados decidieron que regresara a comisión para un nuevo análisis.  

La ley fue presentada desde el 17 de abril de 2018, pero no generó mayor interés entre los legisladores, por lo que se espera que con el nuevo dictamen al fin pueda aprobarse.  

Sesión extraordinaria  

La Comisión Permanente convocó a sesión extraordinaria este jueves 25 de julio para llevar a cabo las interpelaciones de dos ministros: de Gobernación y de Relaciones Exteriores.

No se descarta que esa sesión sea aprovechada para juramentar a los decanos Luis Ruano, de la Universidad Mariano Gálvez y Arturo Saravia, de la Universidad Francisco Marroquín, para que se integren a las comisiones de postulación para la elección de cortes.  

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Luis González
Se libera el camino a las Comisiones de Postulación
646 palabras | 3 mins de lectura

Con el nombramiento del decano de la Universidad Francisco Marroquín (UFM), Arturo Saravia Altolaguirre, se habilita el paso para que las Comisiones de Postulación retomen su trabajo. 

  • Las comisiones llevan dos semanas de atraso debido a que la primera reunión –11 de julio– se suspendió por la ausencia de los decanos de la UFM y la Universidad Mariano Gálvez. En el primer caso fue por la renuncia de Milton Estuardo Argueta Pinto, mientras que en el segundo fue porque se encontraba fuera del país.

  • Los comisionados acordaron posponer su trabajo y hasta pidieron al presidente del Congreso, Nery Ramos, fijar un plazo para que la UFM nombrara al nuevo decano. El congresista respondió que no era competencia del Congreso establecer un tiempo a las instituciones que conforman las postuladoras. Preocupa que los juristas no supiesen que el presidente del Congreso no tiene esa atribución.

  • Aunque la Ley de Comisiones de Postulación es clara en que las reuniones se pueden realizar –válidamente– con las dos terceras partes de los miembros, los comisionados optaron por el aplazamiento. Al parecer, persiste el temor de que cualquier acción legal pueda afectar y hasta botar el proceso. 

Por qué importa. El trabajo de los comisionados define a los candidatos que podrán ser electos por los diputados para conformar la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Corte de Apelaciones (CA). 

  • A finales de septiembre, las comisiones deben enviar un listado de 26 candidatos para elegir a los 13 funcionarios de la nueva CSJ y 270 aspirantes para elegir a los 135 magistrados de la CA.

  • Los 37 comisionados de cada postuladora tienen la responsabilidad de seleccionar a los mejores profesionales del Derecho para integrar el sistema de justicia. No es tanto la cantidad de años de experiencia o títulos, sino su recorrido profesional en el desempeño de su carrera como abogados –o en la judicatura–, dicen las entidades que siguen de cerca el proceso. 

Lo que sigue. La UFM debe notificar que ya eligió a su decano. Es probable que la juramentación de los profesionales de estas universidades se concrete el jueves 25, fecha en la que convocó a sesión extraordinaria para realizar las interpelaciones a los ministros de Gobernación y Relaciones Exteriores. 

  • Al ser juramentados se integrarán a las Comisiones de Postulación. En la primera reunión deben definir el cronograma, sede de trabajo y al secretario y vocero de las comisiones. El presidente de la postuladora de la CSJ, Miguel Cortés, confirmó que una vez juramentados, convocarán a la “brevedad posible” a los comisionados.

  • Después definen los instrumentos de evaluación de los candidatos, requisitos adicionales –si lo consideran– y la tabla de gradación. Enseguida, realizan la convocatoria y se reciben los expedientes. Una primera revisión es de forma, solo para revisar que el expediente cumpla con los requisitos.

  • Luego se enfocan en el fondo. Revisan y califican méritos profesionales y académicos. Sigue el periodo de impedimentos y tachas para ir concluyendo su trabajo con los listados; finalmente, la presentación de pruebas de descargo y la evaluación. 

En conclusión. Los comisionados están bajo el ojo público para cumplir el mandato constitucional. Además de la nacional, ahora se contará con la observación de una delegación de la Organización de Estados Americanos (OEA). 

  • Esta no es la primera vez que el abogado Saravia afronta un desafío como decano de la UFM, en sustitución de Argueta. En 2010 también le correspondió representar a esa universidad en la Comisión de Postulación para seleccionar a los candidatos a Fiscal General.

  • Saravia es un jurista con más de 35 años de experiencia como en asesor de varias empresas nacionales y extranjeras. Es especialista en derecho mercantil, derecho civil, derecho inmobiliario y en contratos mercantiles y civiles.

  • Ocupó el puesto de Registrador Mercantil, y Registrador Civil de la Municipalidad de Guatemala. También fue delegado de Guatemala en la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional. 

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Edgar Quiñónez
Visita de la CIDH y las reacciones del Ejecutivo a las interpelaciones
564 palabras | 2 mins de lectura

Como cada lunes, este 22 de julio se realizó de nuevo la rueda de prensa del Ejecutivo, actividad que se realiza en el Palacio Nacional de la Cultura. La conferencia estuvo a cargo del ministro de Gobernación, Francisco Jiménez y el secretario de Comunicación Social de la Presidencia, Santiago Palomo.

Este último confirmó que esta semana dio inicio la visita de investigación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a Guatemala. La delegación es liderada por la presidenta Roberta Clarke, entre otros delegados.

Palomo también informó que este lunes los delegados se reunieron con el presidente Bernardo Arévalo con quien efectuaron un “diálogo franco y abierto”. Asimismo, comentó que el viernes 26 de julio la delegación presentará un informe detallado de lo observado y, en un lapso de cinco a seis meses, un informe oficial.    

Interpelaciones en el Legislativo 

Otro de los temas que se abordó durante la conferencia fue el de las interpelaciones en el Congreso. Los funcionarios que serán sometidos a un juicio político este jueves 25 de julio son el ministro Gobernación, Francisco Jiménez y el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Ramiro Martínez.

Al respecto, el secretario de Comunicación Social de la Presidencia dijo que, durante estos seis meses de Gobierno el Ejecutivo –sus funcionarios– ha recibido más de mil citaciones; el titular de la cartera de Gobernación afirmó estar consciente de que, una interpelación es una herramienta de rendición de cuentas que la Constitución le otorga a los diputados.

Jiménez expresó que le llama la atención que la diputada Sandra Jovel haya pedido esta interpelación pues a su parecer, realizar un juicio político en apenas seis meses de administración “es algo extremo” y aseguró estar dispuesto a responder las preguntas que se hagan siempre y cuando se realicen bajo la línea del respeto.   

Un “Centro Anticorrupción” en la PNC  

El ministro también anunció que en las próximas semanas será inaugurado el Centro Anticorrupción de la Policía Nacional Civil, proyecto que consiste en la implementación de un área de recepción de denuncias ciudadanas y en la que también se les dará seguimiento.

Según el funcionario, este proyecto estará a cargo de la Inspectoría General, que, además, será la responsable de atender el número de teléfono 1531, línea que servirá para la recepción de denuncias.   

El comunicado controversial de la PGN  

Palomo compartió un pronunciamiento por parte del Ejecutivo en relación con comunicado emitido este fin de semana por la Procuraduría General de la Nación (PGN), sobre las denuncias que ha hecho esa institución ante el Ministerio Público (MP) por posible lavado de dinero que involucra a farmacéuticas, constructoras, diputados y funcionarios de gobiernos anteriores, según indica la PGN.

De acuerdo con Palomo, el interés primordial del Gobierno es que los recursos públicos destinados a los guatemaltecos sean utilizados de manera transparente, es por ello la insistencia de algunas instituciones en que el MP agilice las investigaciones pertinentes.   

Construcción de Hospital de Sololá  

Este miércoles 24 de julio, autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social junto al presidente Arévalo estarán supervisando los avances en la construcción del Hospital Nacional de Sololá. Un proyecto que, a criterio del secretario Palomo, impactará positivamente en la atención de la población de esa región.

Esta obra cuenta con cuatro fases: diseño, construcción, equipamiento y puesta en marcha; empezará a operar a partir de marzo o abril de 2025. 

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Sebastián Gennari
Venezuela: Maduro augura “baños de sangre” mientras la oposición crece
862 palabras | 5 mins de lectura

Venezuela tendrá elecciones el domingo 28 de junio. No es posible que se reconozca una victoria de la oposición, pese a la amplia ventaja de todas las encuestas. Resulta evidente, en tanto, que Nicolás Maduro se enfrenta a los comicios más engorrosos de su presidencia. 

  • Maduro lleva 11 años como presidente. De ganar, se mantendría en el poder otros seis años, reservándose el derecho a presentarse a las elecciones de 2030. La Constitución bolivariana no establece límite alguno a la reelección.

  • Su principal contrincante es Edmundo González, diplomático de carrera y otrora embajador en Argel y Buenos Aires. No es un candidato suo jure, sino el testaferro de la líder de la oposición, María Corina Machado, a quien el régimen ha inhabilitado.

  • Machado continúa siendo la líder indiscutida de la oposición. González, quien afirma carecer de ambiciones personales, así lo reconoce; se le tiene por razonable y apolítico —en efecto, un funcionario jubilado—. 

Estado de la cuestión. En términos económicos, el Gobierno venezolano no se encuentra en la misma situación desesperada de hace un lustro: la práctica dolarización de la economía ha apaciguado la inflación; la producción diaria de petróleo ha llegado a los 820,000 barriles —cifra que aún dista mucho de los 2.5M de antaño—, y se prevé que este año el PIB crezca un 4.2 %. 

  • Dicho esto, el país permanece un despojo. Alrededor de una quinta parte de la población ha emigrado, de ahí el más convincente de los lemas de campaña de Machado: “Que nuestros hijos regresen”.


  • Machado ha logrado aglutinar un amplio frente de oposición bajo González. De tratarse de elecciones limpias, el candidato postizo se impondría con algo más del 60 % de los votos; Maduro, con dificultad, superaría el 20 %.


  • Esto le complica la tarea a Maduro. Los márgenes entre la oposición y el oficialismo solían ser relativamente ajustados, con ventajas de más o menos 10 % para la oposición. Esto ya no es así, de manera que el Gobierno no puede mantener la negación plausible: nadie le creería. 

Panorama general. Maduro ya violentó el Acuerdo de Barbados, donde prometió elecciones libres a cambio de que EE. UU. levantara algunas sanciones. Al constatarse la exclusión de Machado en abril, Washington sólo restauró parte de las sanciones, dando a entender que serían reimpuestas en su totalidad de haber unas elecciones reprobables. La represión, por tanto, conlleva un precio. 

  • Obviando el oprobio internacional, cualquier operación el día de las elecciones se vería complicada por la alta participación que presagian las encuestas. Sin caer en fantasías de algo parecido al golpe de Estado soviético de 1991, es legítimo dudar de la voluntad de soldados mal pagados a embestir contra las multitudes.

  • El aislamiento del régimen es casi total. La coalición de izquierda que reinó en la región durante los 2000 está desarticulada: el más prominente de los supervivientes, el presidente brasileño Lula da Silva, se confiesa “asustado” por el vaticinio de Maduro de que habrá un “baño de sangre” si pierde.

  • Las figuras del régimen se muestran cada vez más dadas a insinuar un desenlace violento, con augurios de “guerra civil”. Esto es natural, pues el régimen, que se encuentra realmente atemorizado, recurre al caos como estrategia. 

Entre líneas. Una amorfa facción del régimen busca cierta normalización con EE. UU., de alguna manera aprovechando la buena disposición —confirmada a través de canales secundarios— de Washington a negociar. En momentos de tensión interna en EE. UU., esta opción podría resultar tentadora.  

  • Pero son plenamente comprensibles los temores de gran parte del oficialismo. Machado ha moderado su discurso, pero es evidente que, en caso de producirse una transición, los exfuncionarios del régimen enfrentarían un sinnúmero de riesgos legales.

  • Más allá de los castigos relativamente inocuos, como la revocación de visados y el congelamiento de activos, Maduro y su petit comité enfrentan cargos de narcotráfico en EE. UU., mientras que la Corte Penal Internacional pondera citarlos por crímenes de lesa humanidad.

  • El régimen cuenta con todo un entramado criminal. Según el Departamento de Justicia de EE. UU., Maduro y la alta cúpula del Ejército venezolano lideran el Cártel de los Soles, con amplios vínculos con la guerrilla colombiana. Resultaría difícil eludir las penas por estos crímenes. 

El balance. Aún no se puede predecir cómo terminarán las elecciones. Lo más probable es que el régimen insista en mantenerse en el poder, a pesar de lo irrisorio de los resultados que se publicarán como oficiales. De ser así, lloverían las críticas desde Washington y las demás capitales latinoamericanas y europeas.  

  • La oposición discretamente opina que, en el mejor de los casos, el Gobierno detendrá el escrutinio y se sentará a negociar. Unas negociaciones de este tipo podrían llevar a algunos cambios, pero nunca a un completo reemplazo de las autoridades.

  • Sea como fuere, ningún bando está dispuesto a reconocer la victoria de su contrincante. La oposición, consciente de su dominio de las calles, no querrá ceder. Considera, no sin algo de razón, que su fuerza va en aumento.

  • El régimen, ahíto de temores por lo que podría venir después —en resumidas cuentas, largas penas carcelarias y la privación del patrimonio mal habido—, ve su preservación en el poder como una cuestión existencial.