Como otras, ¿la ley Electoral es letra muerta?

¡Buenos días! 

Como muchas normas en vigor en Guatemala, las de la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) no solo no se observan, sino que, ante su flagrante violación, las autoridades no hacen nada, más allá de que por estos días el máximo tribunal electoral parece todo menos eso —y, a veces más se asemeja a una casa de tolerancia—.

La infame reforma a la LEPP de 2016 —empujada por la UNE y apoyada por Iván Velásquez y Todd Robinson— incluyó la figura de campaña anticipada, con drásticas consecuencias para los infractores, algo que afectó más de una candidatura en las elecciones del 2023.

Hoy, Carlos Pineda —y otros personajes— incurren en ello flagrantemente. Se trata de una norma vigente, pero, francamente, inoperante y deleznable; no debiese existir. El problema es que existe.

¿Cómo se puede confiar en un candidato que, en su camino a un cargo de elección, viola la ley? Es como el que se mete en contra de la vía porque “solo es un pedacito”. Todo apunta a que el electorado seguirá premiando al “vivo”, el que viola las normas y no tiene consecuencias. Poco de qué quejarse, después.

En las elecciones pasadas, Carlos Pineda fue nominado candidato presidencial por el partido Prosperidad Ciudadana. Sin embargo, su candidatura fue suspendida por el Registro de Ciudadanos (RC) del Tribunal Supremo Electoral (TSE); ahora conforma una nueva agrupación política: Servir.  

• Bajo el mismo nombre, pretende influir en el gremio de los abogados con la creación de una nueva “plataforma de profesionales del Derecho”.

Por qué importa. Pineda busca abrirse paso en la política con ayuda de los abogados, un gremio con poder decisivo en los procesos institucionales del país, como lo es la elección de los magistrados del TSE. La incursión en este espacio refleja el interés de tener influencia en las entidades, antes del próximo proceso electoral. 

• Servir es el nombre del partido político, mientras que la plataforma de abogados es: Profesionales para Servir.
  
  

• La agrupación Servir quedó inscrita como comité para la constitución de partidos políticos, el 31 de mayo de 2024. El último reporte del TSE indica que tiene 31 958 afiliados.
  
  

• En el caso de Profesionales para Servir, efectuaron la elección de su junta directiva el pasado 5 de agosto. Según Pineda, hasta finales de julio agrupaban a más de 1200 abogados.

Detrás de escena. Aunque Pineda fue excluido en 2023, su capital político y simpatía no desaparecieron. Todo lo contrario, incrementó, al igual que su popularidad en redes sociales. En este sentido, Servir se presenta como una alternativa “ciudadana” y “profesional” antisistema. 

• La plataforma de abogados que impulsa podría funcionar como trampolín para posicionar a figuras afines en órganos de poder.
  
  

• El gremio de abogados funciona como un bloque de poder decisivo en procesos judiciales y electorales. Esto lo vuelve atractivo a operadores políticos, quienes se disputan cuotas de poder. 

Punto de fricción. El acercamiento de políticos al gremio de abogados no es nuevo, pues se daba de forma indirecta a través de sus operadores. No obstante, Pineda lo hizo de forma directa, al convocarlos. En sus redes mantiene un enlace de afiliación y contacto en el que se lee: Carlos Pineda te invita a sumarte como profesional del Derecho. 

• Según fuentes internas, él se mantiene como eje principal de la plataforma.  Actualmente, hace giras por los departamentos del país para promocionarla.
  
  

• En uno de los últimos videos que compartió, afirmó: “[…] seguimos trabajando en nuestra política gremial con todos los amigos abogados”.
  
  

• Profesionales para Servir no es solo para abogados. También pretende agrupar a profesionales de ciencias afines que tengan derecho a voto en el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG).

En conclusión. El movimiento de Carlos Pineda muestra que mantiene ambiciones políticas. En esta ocasión, busca anclarlas en un sector clave: los abogados.  Profesionales para Servir podría definir candidaturas a nivel gremial como ensayo para las próximas elecciones presidenciales. 

• Este sería el inicio de una red de influencia que impactaría en la elección de magistrados y otras instancias decisivas.
  
  

• Si logra consolidar la plataforma, no solo fortalecerá a su partido, sino que también se posicionará como un actor capaz de incidir en el tablero político y judicial del país.

Al cierre de julio de 2025, el Gobierno reportó una ejecución presupuestaria del 49.5 %; aunque el promedio sugiere un avance moderado, es más un espejismo que un reflejo fiel. Varios ministerios apenas ejecutan un tercio, afectando proyectos clave y debilitando la confianza pública.

Qué destacar. Ministerios como Educación, Defensa y Gobernación superan el umbral del 50 %, generando una percepción de dinamismo. Sin embargo, áreas clave como Comunicaciones, Agricultura y Desarrollo Social enfrentan retrasos significativos. 

• Comunicaciones apenas ha ejecutado un 33 %, lo que ha paralizado obras viales. Desarrollo Social arrastra estructuras de corrupción, sin avances tras año y medio de gestión. Agricultura presenta fallas contables y escasa claridad oficial sobre sus programas.
  
  

• Los Consejos de Desarrollo (CODEDE), responsables del financiamiento comunitario, manejan un presupuesto extraordinario que supera los GTQ 7100M, pero su ejecución apenas alcanza el 22 %. Esta brecha evidencia fallas estructurales en áreas prioritarias.
  
  

• Ese incremento —de GTQ 300M en 2021 a la cifra actual— no ha sido acompañado por mejoras en capacidades técnicas ni administrativas. 

Voces I. El diputado Julio Héctor Estrada, presidente de la Comisión de Finanzas, afirma que los problemas no radican en la falta de herramientas legales, sino en deficiencias de gestión. Señala la ausencia de planificación y equipos técnicos como freno a la inversión y programas sociales. Recuerda que el Decreto 17-2024 asignó GTQ 200M para pre-inversión, pero “en un año prácticamente no se ha ejecutado nada”. Sin pre-inversión, advierte, no hay proyectos listos ni procesos que ejecutar. 

• Identifica tres factores críticos: una estructura administrativa sin experiencia ni estrategia; la saturación del sistema de CODEDE —que pasó de manejar 2000 a más de 8000 proyectos, sin ampliar personal ni simplificar procesos—, y un clima organizacional sin sentido de urgencia, marcado además por miedo a la persecución judicial.
  
  

• Sobre la iniciativa 6576, “Ley de Agilización de la Inversión Pública”, Estrada sostiene que “no es una solución técnica, ni administrativa, sino un intento de trasladar al Congreso la responsabilidad del Ejecutivo”.
  
  

• Subraya que muchas acciones propuestas ya están permitidas por ley, pero no se ejecutan por falta de voluntad y capacidad. 

Voces II. Desde el CIEN, el investigador de seguridad y justicia Francisco Quezada, atribuye el rezago a la falta de cuadros técnicos y la desconfianza hacia funcionarios anteriores. 

• Señala que los CODEDE no están diseñados para ejecutar obras y dependen de gobernadores con estructuras frágiles. La judicialización de proyectos y el rechazo a proveedores experimentados han frenado la inversión pública, que en 2024 apenas alcanzó el 8 %.
  
  

• Quezada advierte que 2026 será un año atípico, con elecciones para cargos estratégicos como la Corte de Constitucionalidad, el TSE, MP, y el Banco de Guatemala.
  
  

• Anticipa negociaciones centradas en el presupuesto, con riesgo de repetir el patrón del año pasado: reparto político de fondos y leyes a cambio de votos. 

Punto de fricción. Para Ricardo Barrientos, director ejecutivo del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), el debate sobre la ejecución presupuestaria debe ir más allá de la cifra promedio, sosteniendo que “esconde focos rojos”. 

• Aunque Educación y Defensa muestran buen desempeño, otros ministerios presentan rezagos graves. El caso más crítico es Comunicaciones, que combina inexperiencia, inestabilidad y presiones políticas. Fondo por la Vivienda (Fopavi), por su parte, ha sido debilitado por cambios constantes en su dirección.
  
  

• Rechaza la iniciativa 6576 por debilitar controles y llama a despolitizar el debate; “El rigor técnico debe guiar la discusión”. 

En conclusión. El promedio de ejecución presupuestaria no refleja la realidad. La falta de preparación, de cuadros técnicos y, sobre todo, la falta de decisiones hace que el porcentaje de ejecución sea irreal; ejecutar gasto no es reflejo de avance. Por el contrario, las carteras que debiesen ejecutar en inversión son las más rezagadas. Para ser el segundo año de esta administración, ya no es válida excusa alguna.

El Sistema Penitenciario enfrenta una crisis estructural por el abandono e indiferencia de sucesivas administraciones.  Las cárceles siguen sobrepobladas, con hacinamiento y escasas capacidades de rehabilitación. Por años, los gobiernos han ofrecido respuestas tardías y reformas incompletas; el de Bernardo Arévalo no es la excepción.

• Han pasado más de 18 meses y la situación no muestra los cambios plasmados en el Plan de Gobierno 2024-2030: quitarle el control de las cárceles al crimen.

Por qué importa. En la última década, la población carcelaria en el mundo alcanzó niveles alarmantes. En 2024 se registraron 11.5M de personas en prisión. La mayoría de las cárceles enfrentan condiciones precarias y programas de rehabilitación poco efectivos, según informes internacionales. 

• Guatemala no es ajena a la problemática. Hasta junio, el Sistema Penitenciario confirmó 23 382 reos en los 22 centros carcelarios.
  
  

• Las prisiones tienen una capacidad para 6842 presos. Lo que representa una tasa de ocupación de 342 %, una de las más altas de Latinoamérica.
  
  

• La sobrepoblación y la infraestructura limitada generan desorden y fortalece las operaciones de los grupos criminales, asegura Walter Menchú, experto del CIEN.

Detrás de escena. El hacinamiento crónico permite fugas, extorsiones, cobros ilegales y corrupción estructural. Los centros penitenciarios operan como centros blindados del crimen organizado, controlados por redes internas.   

• Además, se incrementa la violencia en los centros, se dificulta el acceso a los servicios básicos y limita el proceso de rehabilitación.
  
  

• El abandono no es casualidad, sino que responde a intereses que ven al sistema penitenciario como un botín.
  
  

• El abuso de la prisión preventiva es un factor que agrava la situación.  En los últimos años, se ha reducido; pasó de 47 % a 29 %. No obstante, persiste. 

En el radar. El presidente Arévalo, en su plan de gobierno, prometió quitarle el control de las cárceles al crimen; construir un centro carcelario para penas graves, y un modelo de gestión más seguro.  

• El Ministerio de Gobernación (MINGOB) se concentra en la renovación penitenciaria. Estancó la construcción de nuevos penales, por obstáculos logísticos y presupuestarios.
  
  

• Inauguró el centro carcelario Renovación I, ubicado en Escuintla. A meses de su habilitación fue destrozada por los reos; localizaron GTQ 192 000, que se presume era para sobornar y comprar voluntades de las autoridades.
  
  

• Entre las medidas aplicadas, destaca el traslado de reos. Esta decisión provocó motines en dos cárceles. Los reclusos exigen el regreso de los cabecillas a los centros donde ejercían control criminal.

Lo que sigue. Reformar el Sistema Penitenciario requiere recuperar la autoridad del Estado en un territorio catalogado como tierra de nadie. Expertos advierten que, sin una depuración profunda del personal, cualquier reforma será cosmética.   

• La inversión en infraestructura debe ir acompañada de voluntad política sostenida y vigilancia independiente.
  
  

• Hace falta convicción, vigilancia independiente y capacidad institucional real. La batalla por las cárceles es, en realidad, un compromiso de voluntad política.
  
  

• La pregunta es si el Estado tiene la capacidad y la convicción de desmontar las redes que operan en los centros carcelarios.

En conclusión. El sistema penitenciario guatemalteco no colapsó solo. Fue llevado al borde por intereses que lo usaron como herramienta de poder.   

• La estrategia de renovación ofrece un punto de inflexión, pero enfrenta desafíos para atender la infraestructura, personal, tecnología y el control interno.
  
  

• Recuperar el control no será sencillo, pero es imprescindible. Se debe acelerar la ejecución de planes relacionados con infraestructura y garantizar los recursos.