Con informe en mano, Arévalo remueve a Samayoa

¡Buenos días! 

Muchas veces se dice –y repite– hasta la saciedad que “el péndulo debe detenerse”, en referencia al vaivén judicial. En la política es no solo dable, sino hasta sano –a veces– que haya nuevos vientos en la política; la entronización de una ideología –peor aún, de un grupo ideológico– les convierte en complacientes con la realidad y, para progresar, se requiere de constante evolución.  

Sin embargo, en el ámbito judicial, ese “bandeo” es insano. La certeza jurídica es un elemento esencial para el crecimiento económico y la vida en sociedad; eso no es posible cuando los jueces y magistrados resuelven asuntos similares –o idénticos– de manera distinta. Ni se hable, cuando las resoluciones judiciales son políticamente motivadas, como sucede gran parte de los casos –no todos– que involucran a actores o entes políticos.  

Ni hacia la derecha, ni a la izquierda, se avanza hacia adelante. 

En este boletín:

•Editorial: Impunidad negociada ¡nunca más!

•La izquierda hondureña —igual que JOH—, comprados por el narco

•Los intentos fallidos de Arévalo por sacar a Porras del MP

Un video revela el nexo entre el narcotráfico y la familia de la presidenta Xiomara Castro, días después de que ella anunciara el fin de la extradición a EE. UU.  

Es noticia. El video publicado por InSight Crime muestra a Carlos Armando Zelaya Rosales, hermano del expresidente Manuel Zelaya, negociando un soborno con los reconocidos líderes de la banda de narcotráfico, los “Cachiros”, Devis y Javier Rivera, durante la fallida campaña presidencial de Xiomara Castro en 2013. El documento muestra cómo los narcotraficantes le ofrecen una suma de más de USD 600 000 para el partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), que serán entregados a "Mel" (Manuel Zelaya).  

• Zelaya Rosales también negoció 10 vehículos para uso del partido en los últimos días de la campaña.
  
  

• Confirmaron, además, que en 2005 los “Cachiros” pagaron más de USD 500 000 a Manuel Zelaya. Parte del dinero incluyó un pago de USD 200 000 —100 para “Mel” y 100 para un intermediario— para nombrar a un miembro de su organización como ministro de seguridad.
  
  

• Tras no haber sido nombrado, los Cachiros asesinaron al intermediario y ex diputado del Partido Liberal —al que pertenecía Zelaya— Juan Salgado Cuevas. 

Por qué importa. Zelaya Rosales, popularmente apodado "Carlón", cumple actualmente su tercer periodo en el Congreso hondureño. El pasado 31 de agosto, el cuñado de Castro anunció que renunciaría a la legislatura. El mismo día, admitió haber estado en San Pedro Sula en una reunión con presuntos “empresarios”. Afirmó no haber recibido dinero de traficantes. 

• InSight Crime señala que la sorpresiva confesión se dio solamente días después de que obtuvieran el video incriminatorio.
  
  

• La presidenta Castro anunció, el 28 de agosto, que Honduras daría por terminado –unilateralmente– su Tratado de Extradición con EE. UU.
  
  

• La extradición ha sido el principal mecanismo para el combate al narcotráfico en Honduras. 

Entre líneas.  Más de 50 presuntos traficantes han sido enviados y juzgados a EE. UU., donde muchos han sido condenados; entre ellos, el expresidente Juan Orlando Hernández (JOH). Críticos del gobierno han denunciado que el cese del tratado está vinculado con la posible asociación del gobierno de Castro con los cárteles del narco.  

• Horas después de la publicación del video, Castro ofreció un discurso en el que adjudicó la difusión del video a un complot orquestado por la embajada de EE. UU. y los partidos de oposición.
  
  

• En 2013, cuando fue grabado el video, los “Cachiros” enfrentaban persecución sin precedentes a sus operaciones, tras la aprobación de una reforma constitucional que permitía la extradición por cargos de narcotráfico.  

El balance. Para septiembre de 2013, miembros de esa organización criminal habían sido sancionados por el Departamento del Tesoro de EE. UU. y el gobierno hondureño les incautó millones de dólares en propiedades. La reunión con Carlón fue una medida preventiva del grupo criminal para negociar evidencia incriminatoria de políticos hondureños con fiscales estadounidenses, a cambio de reducciones de sentencias. 

• El video evidencia el grado de infiltración del crimen organizado en la política hondureña, con un segundo gobierno consecutivo vinculado al narcotráfico.
  
  

• Con la reelección en juego en noviembre de 2025, la dinastía Zelaya-Castro deberá afrontar su vinculación con el narco y las sospechas que eso levanta sobre el cese de la extradición.
  
  

• A menos de dos años desde la caída de JOH, Honduras parece haber cambiado de mando, más no de prácticas.  

Edgar Quiñónez
•Los intentos fallidos de Arévalo por sacar a Porras del MP
732 palabras | 3 mins de lectura

Desde antes de asumir la presidencia, Bernardo Arévalo y la fiscal general y jefa del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras, iniciaron una pugna que se intensificó el 14 de enero. 

• Han pasado siete meses y el presidente no ha dado marcha atrás a sus intentos de remover a Porras.  Con sus acciones sigue poniendo el dedo en la llaga.
  
  

• Recientemente, el pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) le dio un duro golpe al mandatario, al rechazar in limine una solicitud de antejuicio que presentó el 29 de febrero –junto a una denuncia penal– en contra de Porras, por el presunto delito de “incumplimiento de deberes”.
  
  

• Esa solicitud la realizó el procurador general de la Nación (PGN), Julio Saavedra junto al secretario General de la Presidencia (SGP), Juan Gerardo Guerrero, argumentando que Porras no habría respondido a una petición del Ejecutivo sobre dudas respecto a la política del MP en materia de derechos humanos.  

En perspectiva. Los 13 magistrados de la CSJ rechazaron la solicitud de Arévalo; por unanimidad. Tras un análisis exhaustivo, el pleno determinó que la acción es de carácter espurio, ilegítima y políticamente motivada.   

• El 29 de enero, Porras decidió abandonar el Consejo de Ministros al que fue convocada por el presidente. Durante una conferencia de prensa realizada un día después, Arévalo indicó que Porras incumplió con el artículo 4 de la Ley Orgánica del MP.
  
  

• El último párrafo de este artículo dice que: “El Presidente de la República podrá invitar al Fiscal General para que participe en cualquier Junta del Gabinete o de los Ministros de Estado. En este supuesto el Fiscal General estará obligado a concurrir a la junta, con voz, pero sin voto.”
  
  

• Esta no es la única solicitud acción ha planteado el mandatario. El 1 de agosto, Arévalo respaldado por sus ministros informó que, junto al titular de la PGN, pidió a la Corte de Constitucionalidad (CC) la revocatoria del amparo provisional otorgado a favor de la fiscal general el 8 de mayo.   

Qué destacar. En abril, por instrucciones de Arévalo, el gobierno solicitó una opinión consultiva a la CC con relación al desempeño de la fiscal general al frente del MP.  

• Dos meses después, el 27 de mayo, la CC declaró improcedente la solicitud; los magistrados advirtieron que había falencias en la manera en que el Ejecutivo planteó las interrogantes, situación que imposibilitaba a la Corte expresarse.
  
  

• La CSJ y la CC no son las instancias a las que Arévalo ha recurrido en su afán de remover del cargo a Porras. El 6 de mayo, el presidente acudió al Congreso de la República para presentar una iniciativa con la que busca reformar la Ley Orgánica del MP. Sin embargo, al siguiente día, la sesión plenaria finalizó por falta de quórum y el proyecto no se conoció, lo que provocó otro fracaso para el Ejecutivo.
  
  

• Según el diputado oficialista, Samuel Pérez, muchas de las denuncias presentadas son evidentes y su avance ha sido detenido por la protección que tiene el MP por parte de algunos jueces y magistrados en el sistema de justicia.  

Voces. Para algunos, el Ejecutivo debería dejar de lado las intenciones de remover a Porras. A decir del congresista de VAMOS, Allan Rodríguez, la única explicación lógica del gobierno de seguir con el tema, es porque tienen cosas que ocultar.   

• “Están conscientes de que tienen delitos. Aunado a ello, tienen un partido formado de manera ilegal integrado por personas que poco a poco han llegado a declararse culpables y no les queda otra alternativa que seguir intentando remover del cargo a la persona que está realizando la investigación”, comentó Rodríguez.
  
  

• Mientras que la diputada UNIONISTA, Lucrecia de Palomo, dijo que el país tiene tantos problemas y necesidades de un gobierno que ejecute, que mantener esa polémica que desgasta más al Ejecutivo que al MP.
  
  

• Por otro lado, según el analista legal del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), Francisco Quezada, las acciones del Ejecutivo en contra del MP son parte del eslogan de campaña que ahora tratan de capitalizar para cumplir con la animadversión de determinado grupo de la población.   

En conclusión. Seguramente, el presidente Arévalo insistirá en remover a Consuelo Porras del cargo y no dará tregua a pesar de que hasta ahora ha perdido varias batallas. 

• Sin embargo, de acuerdo con la legislación vigente –aprobada en 2016 para proteger a Thelma Aldana– no es posible su remoción.