Confirmado: el narco cogobierna en México

¡Buenos días!

Más allá de las declaraciones del tonante presidente de EE. UU., lo que se ha publicado en diferentes medios en todo el mundo —incluyendo el propio México— se confirma: la presencia del narco en ese país no es solo territorial, sino institucional; han penetrado todas las esferas de los poderes estatales y el federal, a tal punto, que según una reciente publicación del prestigioso medio británico The Spectator —la revista más antigua aún en circulación—, el expresidente Andrés Manuel López Obrador, estuvo, cuando menos, 20 años en la “planilla” del cártel de Sinaloa. El partido gobernante, MORENA, prácticamente nace con dinero producto del narcotráfico.

Lo que resulta desolador es que durante la administración Obama se inició una investigación que arrojó esos resultados; el entonces presidente ordenó —según la publicación— que se engavetara. Ello permitió el ascenso de AMLO a la presidencia, heredándola a su delfina, Claudia Sheinbaum, quien reiteradamente se ha resistido a combatir al narco, como su mentor.

Cuando se leen, también, las declaraciones de Hugo “el pollo” Carvajal, exjefe de Inteligencia del chavismo, que narra con detalle cómo dinero venezolano —producto del petróleo o, peor aún, de varias actividades ilícitas— llegó a manos de varios líderes y expresidentes latinoamericanos, incluido AMLO, el panorama de cómo se financió el auge del Foro de Sao Paulo.

La izquierda continental está embarrada de corrupción y coaligada con el narco. No es especulación, son hechos.

Preocupante sobremanera es que el presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo, admira a AMLO a tal punto que su primer viaje —incluso antes de tomar posesión— fue a México a abrazar al narco financiado presidente.

¿Quién con una luz se pierde?

La fiscalización del financiamiento público no es un simple trámite contable, es una línea de defensa de la democracia. En el caso del partido CREO, los ejercicios 2020 y 2021 revelan un patrón sistemático de uso indebido de recursos estatales. La pregunta incómoda no es solo qué hizo el partido, sino qué dejó de hacer el árbitro electoral.

Por qué importa. El financiamiento público existe para proteger la pluralidad política; en CREO, las auditorías oficiales describen un esquema que desnaturalizó ese objetivo. El problema no es técnico: es institucional y afecta directamente la credibilidad del sistema democrático.

• Administrar fondos estatales como si fueran recursos privados rompe el principio de legalidad. El traslado de GTQ 1.1M del financiamiento público a cuentas de fondos privados, la ausencia de cuentas específicas y la mezcla deliberada de recursos eliminaron la trazabilidad del dinero estatal, convirtiendo al financiamiento público en una caja opaca, incompatible con una democracia funcional.

• El patrón reiterado de incumplimientos demuestra que no hubo fallas aisladas, sino una administración con controles conscientemente insuficientes, pese a advertencias formales de la autoridad fiscalizadora.

Datos clave. El Informe Final de Auditoría APP-009-2022 no deja espacio para lecturas benévolas. Los 12 hallazgos acreditados describen prácticas reiteradas, sostenidas en el tiempo y contrarias a la Ley Electoral y de Partidos Políticos.

• Se comprobó el uso de financiamiento público para pagar multas impuestas por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) por un monto de GTQ 90 520.32, realizar inversiones financieras privadas por GTQ 273 000, y cancelar retenciones del impuesto sobre la renta por GTQ 2415.09, prácticas expresamente prohibidas y ajenas a la finalidad legal del recurso estatal.

• La utilización de recibos vencidos, gastos sin legítimo abono, duplicación contable y diferencias de egresos por GTQ 1.9M entre el Estado de Resultados y los informes GR-PRI e INF-FINPU, sin respaldo documental suficiente, evidencia una gestión orientada a “cuadrar números”, no a rendir cuentas.

• La omisión sistemática de informes departamentales, la no apertura de cuentas obligatorias y el incumplimiento en la distribución del financiamiento público por GTQ 1.1M consolidaron un esquema que dificultó, cuando no impidió, la fiscalización efectiva.

Entre líneas. Los dictámenes forenses y administrativos apuntan a responsabilidades claras dentro de la dirigencia nacional; el responsable directo es Óscar Stuardo Chinchilla Guzmán, Secretario General y Representante Legal del partido, así como  los funcionarios encargados de la tesorería y contabilidad general, quienes validaron o no desvanecieron los hallazgos. No se trató de errores de base, sino de decisiones avaladas desde la estructura central del partido.

• “No estamos ante simples faltas administrativas”, afirmó Carlos Alvarado, auditor electoral del TSE, al confirmar la gravedad y reiteración de los hallazgos.

• CREO alegó errores normativos y limitaciones bancarias. El TSE rechazó esos argumentos, recordando que la carga de la prueba recae en el partido, no en la autoridad.

• La certificación la evidencia y remitieron al Ministerio Público que los hechos ya no pertenecen al terreno administrativo, sino que configuran indicios serios de criminalidad financiera.

Balance. Emerge un punto, inclusive, más delicado: frente a incumplimientos graves, reiterados y estructurales, acreditados por montos que superan GTQ 1M, el régimen sancionatorio aplicado fue mínimo. La ley permite la cancelación del partido; la autoridad optó por no aplicarla.

• El TSE no es solo un tramitador de multas: es el custodio de la participación política y del uso correcto del dinero público.

• Limitar la respuesta a sanciones económicas transmite un mensaje peligroso: que incluso violaciones graves al financiamiento público pueden sobrevivir sin consecuencias estructurales.

• El traslado al Ministerio Público fue necesario, pero tardío. A la fecha no hay responsables de la malversación procesados y, mucho menos, condenados.

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Panorama de las Postuladoras  

Esta semana se cumplen 50 años del terremoto de 1976. También se celebran varias elecciones de segundo grado. Una coincidencia que no es común. 

Las comisiones de postulación entran en una fase decisiva esta semana: el 4 de febrero revisarán las pruebas de descargo. También los impedimentos presentados contra 177 aspirantes que siguen en la carrera. 

Mientras tanto, el Congreso juramentó a la postuladora del Ministerio Público (MP). Por su parte, el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) se prepara para elegir al magistrado titular y suplente de la Corte de Constitucionalidad (CC). Esto es, claro, si no lo impide alguna nueva resolución in extremis. 

Comisión del TSE 

El 4 de febrero los comisionados prevén revisar las pruebas de descargo de los aspirantes que no cumplieron con los requisitos de la convocatoria.  Además, tienen previsto examinar los impedimentos presentados contra los 177 profesionales que continúan en el proceso.  

Ayer martes, representantes de la sociedad civil, profesionales, diputados y exfuncionarios entregaron más de 50 tachas contra los candidatos. Consideran que no son idóneos para el cargo y ponen en riesgo los procesos electorales.  

Alejandro Córdova, procurador de los Derechos Humanos; Lesther Castellanos, relator de la Oficina Nacional contra la Tortura; Irma Palencia y Gabriel Vladimir Aguilera Bolaños, actuales magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) son algunos que recibieron impedimentos. 

Comisión de MP  

Ese mismo día el Congreso juramentó a los integrantes de la Postuladora que será responsable de conformar la nómina para elegir a los aspirantes que buscan llegar a dirigir el MP. Tienen previsto reunirse en los próximos días para analizar la convocatoria y logística de la comisión. 

Elección de la CC  

Después de tormentosos días —ataques, señalamientos y una serie de acciones legales—, este miércoles se realizará en el CANG la elección para elegir al magistrado titular y suplente de la CC.  

En la capital, los colegiados del 1 al 25 000 votarán en el Club La Aurora, zona 13. Los colegiados del 25 001 en adelante deberán acudir al Parque Erick Barrondo, zona 7 de Ciudad de Plata II.  

En el mismo proceso, el Congreso habilitó la fase para recibir expedientes. Los interesados deberán entregar su papelería en la sede de Dirección Legislativa, ubicada en zona 1 capitalina.  

Los primeros interesados son: Soria Toledo Castañeda, se postula para magistrada titular y Lester Josué Escobar se postula para titular y suplente.  

En el mismo proceso, la Universidad de San Carlos (USAC) este jueves empieza con la recepción de expedientes: será el jueves 5 y viernes 6 de febrero, de 8 a 15 horas. La entrega debe hacerse en persona, en la Secretaría General, edificio de Rectoría, oficina 204, zona 12.   

La elección se desarrollará el lunes 16 de febrero de 2026. El cargo será por cinco años. El CSU designará al magistrado titular y al suplente al mismo tiempo.