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Congreso “microondas”
¡Buenos días!
La nostalgia de que “todo pasado fue mejor” es, sin duda, una exageración; pero hay instancias que, en efecto, eran mejor antes. El Congreso es una de ellas.
Siempre ha habido cafres que se cuelan al parlamento, pero en legislaturas anteriores —bastante anteriores, tal vez— había varios exponentes que respondían genuinamente a los intereses nacionales. Cuando menos, tenían ideología clara y sus intervenciones lo demostraban. Podía estarse de acuerdo o no, pero su formación era sólida.
Muchos no recordarán a Jorge Skinner-Klée o a Alfonso Bauer Paiz —por mencionar a dos, cada uno de ideología opuesta—, pero como ellos había varios. Sus intervenciones en el pleno eran cátedras de oratoria.
En el parlamento, se discutía abiertamente los asuntos de interés nacional; sin duda, en privado, también se pudieron haber hecho tratos “bajo la mesa”, pero cuando menos eran solo esos, los menos.
Ahora, todo parece llevarse precocido al pleno, listo solo para ser recalentado en el microondas, cual comida barata; todo se negocia en restoranes, donde se degustan “finas viandas y licores importados”.
Al pleno, solo llegan a alegar —distinto es discutir—, a insultarse y a hacer videos “live” para redes sociales. Unos producen repelús y otros, alipori. Algunos producen reacciones más viscerales, lamentablemente.


Corrupción en el gobierno de Arévalo: de las promesas a la fachada
La corrupción en los contratos públicos y las licitaciones dirigidas no es un mal reciente en Guatemala; es una plaga endémica que ha socavado las instituciones durante décadas. Sin embargo, bajo el gobierno de Bernardo Arévalo, quien llegó al poder prometiendo una “nueva primavera” y combate a la corrupción, estas prácticas no solo persisten, sino que parecen haberse refinado.
Aunque hay avances puntuales, como la improbación de tres adjudicaciones millonarias en los dos principales puertos del país —Empresa Portuaria Quetzal (EPQ) y Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla (EMPORNAC)— a una empresa de fachada, estos logros no ocultan el panorama general de habilitación de estructuras corruptas. El detonante de estas improbaciones fue nuestro exposé titulado “La casa de chocobananos: la B410 del gobierno de Movimiento Semilla”.
Esa investigación reveló un entramado de al menos nueve sociedades anónimas registradas en una modesta vivienda ubicada en la zona 2 de la capital, un local que vende, entre otros, chocobananos, chocomelones y chocopapayas. Estas empresas, que comparten dirección, notario y representantes legales, han conseguido contratos estatales por más de GTQ 140M. Muchas de ellas operan con capital autorizado bajo, pero obtuvieron techos de contratación elevados poco después de su creación. Un ejemplo flagrante: una compañía constituida en junio de 2023 captó GTQ 84.8M en adjudicaciones, incluyendo GTQ 45.3M para un sistema biométrico y red de fibra óptica en EMPORNAC.
Lo más alarmante es el rol del ministro de Finanzas, Jonathan Menkos. Desde su llegada al cargo, estas empresas vieron un aumento exponencial en sus límites de contratación, sin el respaldo documental adecuado. Esto no solo contradice el discurso anticorrupción del gobierno, sino que sugiere una habilitación activa de estas estructuras. Bajo su administración, la corrupción no se ha combatido; al contrario, se ha facilitado, permitiendo que entramados como “La casa de chocobananos” se conviertan en centros de millonarios negocios con el Estado.
La reacción del oficialismo ante esta denuncia fue virulenta y reveladora. Dos ministros —incluyendo a Menkos y al de Desarrollo Social, Abelardo Pinto—, el presidente de EMPORNAC, un asesor presidencial y un diputado de Semilla, Duvalier Castañón, movilizaron esfuerzos para desacreditar a República. Menkos, en particular, tildó a los periodistas de “corruptos” y “golpistas”, sin negar un solo hecho expuesto en la investigación. Esta actitud no es defensa; es un intento de acallar la verdad, priorizando la protección de intereses sobre la rendición de cuentas. Ninguno refutó las adjudicaciones irregulares ni los incrementos injustificados en los techos contractuales; se limitaron a atacar al mensajero.
Aplaudimos la decisión de las juntas directivas de EPQ y EMPORNAC —salvo el comprometido presidente de esta última— por rechazar esas corruptas adjudicaciones tras el exposé. Este acto demuestra que aún hay funcionarios dispuestos a priorizar la integridad sobre la lealtad partidaria.
Sin embargo, criticamos severamente la postura del oficialismo. Atacar a un medio por mostrar evidencias de corrupción no solo erosiona la libertad de prensa, sino que expone la hipocresía de un gobierno que se autodenomina transformador. Si Arévalo y su equipo realmente buscan erradicar la corrupción, deben investigar estos hechos, no silenciarlos.
La “nueva primavera” no florecerá mientras se habiliten estructuras como “La casa de chocobananos”. Esta administración será recordada no por sus avances, sino por perpetuar el ciclo de impunidad que tanto criticó en campaña, además de atacar a la prensa que solo cumple su función.
Gérman Gómez
El costo de la cumbre penitenciaria de la OEA
535 palabras | 2 minutos de lectura

El 21 y 22 de octubre se celebró, en Antigua Guatemala, la Quinta Reunión de Autoridades Responsables de Políticas Penitenciarias y Carcelarias de los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA). La actividad se hizo en un contexto de crisis penitenciaria por la fuga de los 20 mareros de Fraijanes II. La cumbre le costó al país GTQ 2.64M.
Por qué importa. La cumbre abordó el camino regional para lograr sistemas penitenciarios modernos y dignos. Mientras tanto, el país enfrentaba una crisis que cuestionaba la capacidad del Estado para resguardar a reos de alta peligrosidad. Además de la incapacidad personal del entonces ministro de Gobernación Francisco Jiménez.
La fuga evidenció fallas graves en la seguridad y vigilancia de las cárceles. El presidente Bernardo Arévalo afirmó que el “incidente” golpeó directamente la confianza de los guatemaltecos en el Estado.
En la cumbre calificó el encuentro como “crucial para el sistema penitenciario regional”. También pidió acciones coordinadas entre países.
Los 30 eventos en Guatecompras relacionados con la cumbre suman GTQ 2.64M. Todos fueron por medio de adquisiciones menores o iguales a GTQ 90 000.
Visto y no visto. Entre los servicios adquiridos está la atención protocolaria para los asistentes del evento, alimentación, hospedaje, transporte y seguridad. La unidad compradora fue la Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP). Las adjudicaciones se realizaron el viernes 17 de octubre.
La clausura del evento la dirigió Mario Pacay, director interino del Sistema Penitenciario (SP). Afirmó que la actividad permitió el intercambio de experiencias y buenas prácticas entre funcionarios.
La OEA instó a los países a construir una hoja de ruta con compromisos verificables. Sin embargo, no se detalló cómo se financiarán ni supervisarán estos cambios.
Se adoptaron 28 recomendaciones regionales: la modernización de infraestructura, profesionalización del personal y uso de tecnología para vigilancia. Los resultados están por verse.
Sí, pero. El secretario general de la OEA, Albert Ramdin, afirmó que “los delitos no se resuelven con la creación de más prisiones”, sino con la transformación de las condiciones estructurales. En un contrasentido con lo anterior, en la cumbre, Arévalo anunció la construcción de una cárcel exclusiva para miembros de pandillas con capacidad para 2000 reos.
La DGSP pagó GTQ 798 098 en servicios de atención y protocolo. En concepto de grabación y vigilancia del evento se desembolsaron GTQ 538 731.
En arrendamiento de equipo de cómputo y red se destinó GTQ 323 494. A pesar de los altos montos destinados a la cumbre, el país no recibió resultados tangibles. La actividad fue más diplomática.
En varias ocasiones las autoridades de la DGSP han afirmado que carecen de recursos para funcionar adecuadamente. No obstante, en esta cumbre se destinó parte del presupuesto asignado para 2025.
En conclusión. La cumbre penitenciaria de la OEA dejó más gastos que resultados concretos. Mientras el país intentaba contener la crisis por la fuga de reos, el Gobierno destinó millones a un evento de carácter simbólico. Aportó poco a resolver los problemas estructurales del sistema carcelario nacional.
La inversión de GTQ 2.64M contrastó con la falta de recursos que el Sistema Penitenciario dice enfrentar a diario.
Las recomendaciones regionales carecen de mecanismos de seguimiento o verificación. Las vuelve más declaraciones de intención que compromisos reales.
Ana González
Nuevo rostro al frente de la directiva; viejas prácticas a la vista
527 palabras | 2 minutos de lectura

El oficialismo celebró con bombos y platillos la elección de la planilla encabezada por Luis Contreras, quien dirigirá el Congreso durante el 2026, un año clave en el calendario político por las elecciones que se avecinan. Sin embargo, más allá de los aplausos, varios de los integrantes de la nueva directiva arrastran cuestionamientos que invitan a observar con lupa su desempeño.
En ese contexto, el verdadero reto podría no haber estado solo en ganar la votación, sino en demostrar que la confianza depositada en ellos fue, en efecto, bien colocada.
Por qué importa. Contreras cuenta con la simpatía de la mayoría de los diputados, algo que quedó en evidencia con las intervenciones de varios de sus colegas que no dudaron en expresarle su confianza. En la misma directiva electa figura Julio López, hijo del exdiputado Julio López Villatoro y sobrino de Roberto López Villatoro, conocido como “El Rey del Tenis”.
Orlando Blanco ocupó la Secretaría de la Paz en tiempos de Álvaro Colom y militó en la UNE. Ahora representa a la bancada VOS.
Kevyn Escobar, repite. El congresista es más afín al grupo de Cabal que lidera Luis Aguirre.
Nery Ramos se mantiene en la directiva, pero esta vez como primer vicepresidente.
Visto y no visto. Contreras es diputado desde 2004. Ha militado en la Gran Alianza Nacional (GANA), el Partido Patriota y más recientemente CREO. Su larga trayectoria no ha estado exenta de señalamientos: en 2019 fue vinculado al caso Asalto al Ministerio de Salud, por, supuestamente, solicitar plazas para siete personas.
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) no le retiró la inmunidad y el congresista continuó con su curul. También se constató que su hija, Karla Yanina, ocupa una plaza 011 asignada directamente a él, según consta en la planilla publicada en el sitio web del Congreso.
Adicionalmente, ha expresado públicamente su respaldo a la gestión de la fiscal general, Consuelo Porras. Muestra de ello fue su intervención durante una citación presupuestaria, cuando afirmó: “Reconozco su trabajo, sé que es una institución fuerte y que se dedica a la averiguación de la verdad”. Un comentario que contrasta con la postura crítica que suele mantener el oficialismo hacia el Ministerio Público.
A pesar de los festejos, la elección de Contreras deja ver que la experiencia política y los cuestionamientos pueden convivir en la misma figura, lo que plantea dudas sobre si el liderazgo en el Congreso responderá más a los equilibrios de poder que a la renovación institucional que muchos esperaban.
En conclusión. La elección de la nueva directiva del Congreso marca el inicio de un periodo que pondrá a prueba la madurez política de los bloques y su capacidad para construir consensos en un año que estará inevitablemente marcado por los cambios en varias entidades.
Aunque el oficialismo celebró la victoria como una señal de estabilidad, el trasfondo político y los antecedentes de algunos integrantes dejan claro que el reto apenas comienza.
Pese a los esfuerzos por proyectar victoria, persisten dudas sobre la integridad de ciertos perfiles, lo que podría minar la credibilidad de la directiva ante la opinión pública si no se traduce en resultados concretos.
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