¡Buenos días!

Guardando las distancias, la crisis política que atraviesa hoy Guatemala tiene paralelismos con la de hace 10 años, la que provocó la caída del “gobierno patriota”.

Si bien entonces lo que ocurrió fue el destape de un esquema de corrupción institucionalizada, hoy se vive un ambiente similar, a saber: fraccionamiento político e inestabilidad.

Que entonces haya habido presidente y vicepresidenta –igual que ahora– es una conciencia, nada más. Distinto que entonces, eso sí, la relación del “binomio” no es amigable.

Por razones distintas, la gestión gubernamental y la estabilidad política están en vilo 10 años aparte. ¿Estamos mejor? Para responder esa pregunta, tome en cuenta la canasta básica, la construcción de infraestructura, la inseguridad y cualquier otro parámetro que guste.  

El asedio contra la identidad cultural de Guatemala y su sector productivo

Guatemala ha enfrentado —y enfrenta aún— un asedio encubierto que amenaza tanto su economía como su identidad cultural, perpetrado bajo el disfraz de la ayuda extranjera y la defensa del medioambiente. Documentos recientes revelan como entidades internacionales, lejos de promover el desarrollo, han socavado al sector productivo guatemalteco, particularmente a la industria palmicultora, mientras intentan imponer agendas que chocan con los valores tradicionales del país. 

El sector palmero, vital para la economía de regiones como Petén y Alta Verapaz, ha sido blanco de ataques sistemáticos. Informes como el de la Iniciativa Cristiana Romero acusan a industrias de contaminación, acaparamiento de tierras y violaciones laborales, pero carecen de pruebas sólidas y omiten el contexto de un país que lucha por generar empleo y estabilidad. Estas empresas, que proveen miles de empleos directos e indirectos, enfrentan señalamientos especialmente diseñados para deslegitimarlas, perpetuando la pobreza de cientos de trabajadores al desincentivar la inversión y el crecimiento económico. 

Las acusaciones de impacto ambiental a menudo ignoran que estas compañías operan bajo regulaciones nacionales, pero, sobre todo, cuentan con estrictas certificaciones internacionales que respaldan su ético funcionamiento; además los problemas señalados, como la contaminación de ríos, son multifactoriales y no atribuibles a su operación. 

De forma paralela —pero sin duda, coordinadamente— la ayuda extranjera de la finada USAID y el Departamento de Estado, que han canalizado cientos de millones en proyectos de “gobernanza” que, en realidad, buscan moldear el sistema político guatemalteco para alinearlo con intereses externos, ajenos a la idiosincrasia y valores profundamente arraigados. Entre 2008 y 2024, más de USD 290M se destinaron a iniciativas que, bajo el pretexto de fortalecer la democracia y la justicia, han financiado medios de comunicación “independientes” y organizaciones —precisamente los que difunden, cuál caja de resonancia los ataques a la industria palmera— que promueven agendas ideológicas contrarias a la cultura guatemalteca. Esta captura mediática-activista respaldada por fundaciones como Open Society y Ford —entre otras—, ha polarizado a la sociedad y alimentado el lawfare, persiguiendo a quienes se oponen a estas injerencias.

El resultado es un ecosistema diseñado para debilitar a Guatemala: por un lado, se ataca a sectores productivos clave, condenando a las comunidades a la precariedad; por el otro, se intenta erosionar su esencia cultural mediante proyectos que no responden a las necesidades reales de la población. No es casualidad que personajes y organizaciones se turnen y roten en una narrativa por demás falsa y tendenciosa. 

Es hora de que Guatemala defienda su soberanía, exija transparencia en la ayuda extranjera y priorice el desarrollo económico y cultural que beneficie a todos sus ciudadanos, no a agendas foráneas. Solo así podrá resistir este asedio y construir un futuro propio. 

Han pasado 10 años desde la crisis política de 2015, la que originó la renuncia de Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti. Actualmente, existe inestabilidad en el Gobierno, similar a la administración del extinto Partido Patriota (PP).

Por qué importa. Los patrones de inestabilidad, desconfianza institucional y fractura del gobierno con la ciudadanía parecen repetirse. Independientemente de que ambas gestiones, PP y Semilla, distan ideológicamente. 

• Ambas gestiones buscaban recuperar la credibilidad de los guatemaltecos en la administración pública. La de Pérez fracasó tres años y medio después de tomar posesión.
  
  

• El presidente, Bernardo Arévalo, en lo que va de su mandato, no ha logrado consolidar dicha confianza. Todo lo contrario: los índices de aprobación reprochan sus decisiones.
  
  

• Arévalo inició su presidencia entre manifestaciones y bloqueos; escenario similar al que se vivió en 2015, cuando se provocó la renuncia de Pérez y Baldetti.

Entre líneas. Al igual que en 2015, el binomio presidencial está conformado por hombre y mujer. 

• En 2024, dos ministras fueron destituidas. Resaltan María José Iturbide, del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) y Jazmín de la Vega, del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV).
  
  

• Iturbide fue el primer relevo que hizo Arévalo. La razón: mal uso de los recursos del Estado. A diferencia de la titular del CIV, que fue dada de baja —supuestamente— por no seguir las instrucciones del presidente para el pago de empresas constructoras.
  
  

• En el primer año de Pérez (2012) dimitieron los titulares del Ministerio de Relaciones Exteriores (MINEX), Harold Caballeros, y del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), Efraín Medina.

Sí, pero. En los primeros meses de ambas gestiones, el oficialismo se fraccionó y perdió fuerza en el congreso. Es decir, la oposición se fortaleció. Sin embargo, antes de que sucediera, lograron alianzas para la aprobación de leyes promovidas que promovían. 

• La Ley contra la Corrupción (LCC) fue aprobada en octubre de 2012 con 120 votos. En 2024, el oficialismo impulsó la Ley de Competencia (LDC), que recibió 122.
  
  

• Ambas estuvieron engavetadas por años, hasta que fueron “empujadas” por el partido oficial. La LDC alcanzó hasta ocho, mientras que la LCC, una década.
  
  

• Los dos gobiernos, hasta cierto punto, giraron alrededor de las investigaciones realizadas por el Ministerio Público (MP). Molina por la corrupción de La Línea, y Arévalo por el Caso Semilla.

En conclusión. Pérez tenía la potestad legal de destituir a la entonces fiscal general del MP, Thelma Aldana. A partir de esa crisis política, en 2016 se reformó la ley orgánica del ente investigador.  

• Esta es la razón que hoy impide que Arévalo pueda remover a la fiscal María Consuelo Porras. Una promesa de campaña que, al parecer, nunca se concretará.
  
  

• Hasta la fecha continúa la investigación contra Semilla. Lo más reciente fue la solicitud del acuerdo de nombramiento de Arévalo como presidente.

La leyenda de la música española, Paloma San Basilio, llega a Guatemala con su gira de despedida “Gracias”, una celebración de su trayectoria de más de 50 años en los escenarios de todo el mundo.

Qué destacar. El nombre de su última gira es el mensaje con el que Paloma agradece a sus fans por su apoyo incondicional.

• Éxitos que han marcado generaciones, como “Juntos”, “Cariño mío” y “La hiedra”, formarán parte de esta despedida que vivirá para siempre en los corazones del público.
  
  

• CH Promotions ha preparado una experiencia de primer nivel que garantiza comodidad y calidad en cada detalle.
  
  

• El recinto contará con un escenario que ofrecerá amplia visibilidad desde todas las localidades, servicio de alimentos y estacionamiento amplio.

Datos clave: El “Gracias Tour” se realizará el próximo 20 de mayo en el Expocenter del Grand Tikal Futura Hotel, a las 20:00 horas.

• No deje pasar esta última oportunidad de ver en vivo a Paloma.
  
  

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Los diputados cierran hoy el primer período ordinario con apenas cuatro decretos aprobados, pugnas por el control del Congreso y un incremento salarial que representa un desembolso de GTQ 36M hasta el 30 de abril.

Por qué importa. Los congresistas son electos para representar a la población y promover el bienestar del país mediante la actividad legislativa. Sin embargo, ese mandato parece haber quedado en segundo plano: en 19 sesiones plenarias, apenas se aprobaron cuatro decretos, lo que evidencia poca actividad y, sobre todo, un desinterés total por dar marcha atrás al incremento salarial que aprobaron en noviembre de 2024. 

• El último decreto aprobado data del 25 de febrero y se trata de una reforma a la ley que declara el 19 de mayo como Día Nacional de la Comadrona. La modificación permite el pago anual de GTQ 4000 a dichas mujeres.
  
  

• También se avaló una ampliación presupuestaria de GTQ 4000M y se corrigió un error que pasaron por alto durante la aprobación de la Ley de Tarjetas de Crédito, que dejaba de lado el castigo a los traficantes de migrantes que falsificaban documentos de extranjeros.
  
  

• Otro decreto aprobado reformó las condiciones de ingreso de menores de edad a centros de detención, para que únicamente se registren casos en los que exista un vínculo familiar con un privado de libertad.  

Datos clave. Las disputas por el control del Congreso han paralizado la agenda y profundizado la división entre oficialistas y sus aliados, por un lado, y la oposición encabezada por Allan Rodríguez, Alvaro Arzú y Felipe Alejos, por el otro. 

• La sesión del 13 de mayo evidenció que ninguno de los dos grupos cuenta con 81 votos. Fue por ello por lo que no se pudo elegir al reemplazo de Karina Paz en la primera secretaría de la Junta Directiva.
  
  

• Cada grupo busca colocar a una figura afín, además de disputar el control de comisiones importantes como Finanzas y Energía y Minas, actualmente en manos de diputados de Cabal.
  
  

• También intentaron integrar a tres aliados en la Comisión Permanente, pero este punto se mira poco probable, ya que esta debe conformarse a partir del 16 de mayo y concluirá su función el 31 de julio.  

Ahora qué. Mientras los intereses políticos se imponen, la agenda legislativa sigue estancada y asuntos importantes siguen sin ser abordados. Uno de ellos es el contrato de la petrolera Perenco, cuyo plazo vence el 12 de agosto. Aunque unos buscan una prórroga y otros un cierre técnico, ninguna de las opciones ha sido discutida. 

• Tampoco se ha discutido la reforma a la Ley de Alianzas Público-Privada, considerada clave para atraer inversión y dinamizar el desarrollo nacional.
  
  

• Otro tema pendiente es la ley de dragados, que permitiría atender la emergencia en el Puerto Quetzal.
  
  

• La falta de consensos y el enfoque en cuotas de poder han relegado las necesidades del país, dejando al Congreso sin una ruta clara para los próximos meses.