Criterios ¿técnicos o políticos?

¡Buenos días! 

La más reciente batería de acusaciones del Ministerio Público (MP) en contra del presidente Bernardo Arévalo se centran en que, al calzar su firma y la palabra “autorizado” en un lisado de pagos que habría de hacer la exministra Jazmín de la Vega a contratistas, lo que hizo –Arévalo– fue usar criterios políticos para privilegiar unos pagos en lugar de otros. 

Más allá de la sandez –en política no valen las inocentadas– presidencial, el motivo o criterio de escogencia sí es un elemento importante en ese caso.  

Ciertamente, debiesen existir criterios técnicos que determinen, ante la escasez de recursos, a quién se paga primero; ante la ausencia de ellos, ha privado la arbitrariedad, espacio fértil para la corrupción. Eso debe acabar. 

En el enrarecido ambiente político actual, es difícil predecir cuál será la suerte de la acusación del MP, pero se puede sospechar que corre más por la vía política, que por la jurídica.  

Les deseamos un muy buen fin de semana. 

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Kamala Harris es ungida —no electa— como la candidata a presidente demócrata

MP reduce mora fiscal –a partir de desestimaciones– pero persiste la mediatización

Amador Carballido: El esquema actual no permite la inversión privada en puertos

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Rafael P. Palomo
Kamala Harris es ungida —no electa— como la candidata a presidente demócrata
760 palabras | 4 mins de lectura

La Convención Nacional Demócrata (DNC, por sus siglas en inglés) culminó con la controversia de una candidata a la que no eligió un solo votante en las primarias.  

Es noticia. Kamala Harris y Tim Walz fueron nominados como candidatos a presidenta y vicepresidente del partido demócrata. No obstante, el ambiente fue más parecido al de una coronación partidaria, que al de una elección democrática.  

  • La actual vicepresidente pasó de ser una de las mayores debilidades del partido a ser su principal cara, apuesta y esperanza.  

Hemeroteca. Han pasado 12 años entre el discurso de aceptación de la nominación de Harris y su primera aparición en una DNC. En aquella ocasión, la entonces fiscal general de California se dirigió a los delegados en apoyo a la nominación para la segunda candidatura del presidente Barack Obama. Su discurso se centró en presentar al presidente como el candidato de la clase media, en contraste con el perfil elitista de Mitt Romney, su contrincante republicano.  

  • Destacó que los demócratas eran los representantes del sueño americano, en un momento dónde la tasa de propiedad de vivienda en EE. UU. era de un 65.4 %.

  • Tras finalizar el mandato de Obama, esta había caído a un 63.7 %, la tasa más baja desde 1990. La cifra bajó en un 3.8 % durante su segunda presidencia.

  • Tres períodos presidenciales después, la candidatura demócrata es todo lo contrario. Harris, lejos de luchar contra los bancos y Wall Street, es la candidata de la élite progresista estadounidense.  

Entre líneas. Luego de 16 años, la estrategia de campaña parece ser la misma que en 2008. El eslogan sencillo de Obama de “esperanza” se ha cambiado por “alegría”. El expresidente llegaba a la contienda bajo la promesa de ser el primer presidente negro, en un ambiente que requería cambio tras la crisis subprime 

  • Ahora, Harris promete a sus electores ser la primera mujer presidente de EE. UU., en un contexto inflacionario y plagado de desempleo.  

Sí, pero. La diferencia es que, en 2008, el presidente era George W. Bush, un republicano. Hoy no solo hay un demócrata en la Casa Blanca, sino que la candidata que promete un cambio es la vicepresidente. Su campaña, y la convención en general, se ha centrado en la alegría de un EE. UU. mejor, con más oportunidades para la clase media y un costo de vida más bajo. Es una réplica no solo del “Hope” de Obama, pero de las “High Hopes” de John F. Kennedy. 

  • Harris ha logrado recortar la ventaja que Donald Trump tenía sobre Joe Biden, colocándose incluso por delante del expresidente en algunas encuestas.

  • No obstante, sigue sin aventajarlo lo suficiente en los estados que decidirán la elección y sigue por detrás en Nevada, Georgia y Pensilvania.

  • A diferencia de Kennedy y Obama, Harris no puede alzar la bandera del cambio, ya que corre bajo el vehículo oficialista y no el opositor. 

Qué destacar. La presidencia de Biden es altamente impopular. Su aprobación ronda el 38 %. Harris, como vicepresidente, llegó a la Casa Blanca con una aprobación de alrededor del 48 %. Actualmente, la cifra es de apenas un 41 %. Su gestión se ve con malos ojos, especialmente por la gente que trabaja con ella.  

  • Gran parte de su equipo renunció durante su vicepresidencia, incluyendo a los más cercanos, como la ex asesora de política doméstica Rohini Kosoglu y jefa de gabinete Tina Flournoy, que no toleraron trabajar a su lado.  

El balance. Harris y Walz nunca figuraron como una opción para los demócratas. No obstante, el deplorable estado cognitivo del presidente obligó a la cúpula del partido a ejecutar un golpe de estado interno para evitar perder la presidencia, el Senado y el Congreso en noviembre. Hoy en día, Joe Biden, como líder del mundo libre, ha pasado a ser una figura de segundo o tercer rango, incluso perdiendo la oportunidad de dar su discurso en la DNC en horario estelar. Aunque sigue al mando, el peso del actual presidente de EE. UU. es irrelevante, como nunca. 

  • Los demócratas tienen el impulso, pero tendrán una dura tarea para conservarlo en los 74 días que faltan para las elecciones.

  • Una vez pasado el ímpetu de una nueva candidatura, la alegría que busca transmitir Harris tendrá que enfrentarse a la confrontación de su promesa de cambio, pero al resultado de su propio trabajo en la Casa Blanca.

  • Con el esperado apoyo de Robert F. Kennedy Jr. a Donald Trump en las próximas horas, las elecciones de 2024 son cada vez más similares a las de 2016.   

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Glenda Sánchez
MP reduce mora fiscal –a partir de desestimaciones– pero persiste la mediatización
739 palabras | 3 mins de lectura

Con bombos y platillos, las últimas dos administraciones del Ministerio Público (MP) han presentado sus logros, avances y metas alcanzadas. Sin embargo, son constantes los señalamientos de debilidades para atender los casos, la mediatización de los procesos y la falta de equipos en algunas de las sedes municipales.  

Qué destacar. Las autoridades presumen la reducción de la mora fiscal (99% de los casos resueltos de 2018 para abril de 2024), la agilización de las investigaciones y la creación de agencias especializadas.  

  • Destacan la implementación de las unidades de asistencia técnica, unidades de enlace, oficinas de atención permanente y fortalecimiento del área administrativa.

  • Sin olvidar, el alcance en los 340 municipios para atender los procesos. “Una ambiciosa apuesta, con retos de presupuesto y trabajo interinstitucional”, según expertos.

  • Para divulgar el trabajo de cada fiscalía, acuden a redes sociales, medios de comunicación, actividades públicas o eventos de seguridad y justicia.  

Sí, pero. No obstante, sectores y organizaciones consideran que persiste la mediatización de los procesos, como ocurrió en la administración de la exfiscal Thelma Aldana y la desaparecida Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).  

  • Para ejemplificar, citan conferencias de prensa de casos contra el partido Movimiento Semilla, funcionarios del Tribunal Supremo Electoral, exfiscales, entre otros. “En la última conferencia de prensa, Rafael Curruchiche, jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, reveló el caso: Mecanismo de Corrupción, MICIVI. Esto no lo vemos con otros casos”, indican.

  • Además, en redes sociales denuncian debilidades del personal en las sedes fiscales y la poca preparación de los fiscales en las audiencias (jueces han suspendido audiencias y llamado la atención).

  • También cuestionan los protocolos del equipo de escenas para atender incidentes armados, accidentes y otros hechos. El tiempo para llegar se alarga por horas.  

Voces. Para David Casasola, experto del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), la reducción de la mora fiscal es por el cambio de estrategia de las autoridades de los dos últimos periodos.  

  • “Porras implementó un modelo de gestión integral [...] un programa más exhaustivo para enfocar la atención en los expedientes de una manera fresca. Pero, en la práctica, las salidas procesales más comunes tienden hacer desestimaciones, archivos que no implican una persecución penal o judicialización.  Antes, se quedaban en la lista de la mora. Ahora tienen respuesta, pero la mayoría sin persecución penal”, asevera.

  • Agrega que los procesos que se ven en redes sociales son una porción muy reducida. Sin embargo, al analizar los más de 500 000 expedientes, abundan los casos de violencia contra la mujer y amenazas. “Los temas de corrupción tienen una participación baja en la carga del trabajo del MP, pero a nivel mediático reciben mayor atención. Es muy difícil valorar desde afuera el orden de las denuncias. El MP es el que tiene la capacidad”, señala.

  • Afirma que dar cobertura a nivel nacional es un modelo muy oneroso, porque implica una capacidad financiera que no tienen y que depende de una cadena institucional. 

Más voces. La Policía Nacional Civil (PNC) afirma ser responsable del resguardado de la evidencia en los incidentes, pero dependen del trabajo del MP para liberar los carriles para que circulen los vehículos. Proceso que pueden durar hasta seis horas.  

  • Un grupo de vecinos de Chinautla cuestionó el tiempo que se tardó el equipo del MP por un accidente de tránsito que sucedió a dos cuadras de la sede fiscal de dicho municipio. El incidente ocurrió a las 5:00; a las 6:30 aún no llegaban. “Supuestamente, siempre hay personal de turno”, aseguran.

  • Una mujer víctima de asalto, narra a República que llegó a la sede del MP de Gerona para presentar la denuncia. La atendieron rápido; sin embargo, le sorprendió que al final el fiscal le entregó un documento para desestimar el caso, argumentaron no poder identificar a los responsables por tratarse del carterista en el bus.

  • En otro caso, un hombre denunció el robo de la batería del carro, y asegura que los fiscales insinuaron que su caso no avanzaría. “Es solo una batería y se rieron”, asegura.  

Conclusión. El MP ha tenido avances para agilizar, resolver y atender los casos con la implementación de estrategias integrales, que van desde capacitación del personal y creación de fiscalías especializadas.  

  • Sin embargo, debe apostarle al fortalecimiento institucional, al análisis constante de los modelos de gestión, reforzar la investigación y coordinación con la PNC.


  • El tratamiento deber ser igual para todos los casos, es decir, el tiempo, recursos y personal para las investigaciones. 

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Luis González
Amador Carballido: El esquema actual no permite la inversión privada en puertos

Amador Carballido representa al sector privado en la Comisión Portuaria Nacional. Esta entidad aglutina a delegados de los puertos de Guatemala y otras instituciones relacionadas. Funciona como un ente asesor del Organismo Ejecutivo en el tema, pero bajo un esquema de hace 50 años.

¿Cuál es la situación de los puertos?

Estamos afrontando un modelo de operación portuaria completamente caducado, y aunque vemos que el modelo ya no funciona, seguimos sin tomar decisiones importantes. Esto nos ha llevado a preocupaciones de asuntos operacionales, que es como decir que estamos en una fábrica y no tiene máquinas funcionando, entonces no tenemos fábrica. Constantemente el círculo de las autoridades se enfoca en aspectos operacionales y muy poco en inversión o negativamente en inversión. Seguimos trabajando con equipo o metodología anticuadas, con baja inversión, solo para mantener la operación como está, mientras se registra un crecimiento del comercio exterior que se multiplica por dos por tres o cuatro.

¿A qué conduce esto?

Es como un embudo. ¿Cómo meto esa carga de comercio en un lugar que sus capacidades no han sido aumentadas ni mejoradas? Es más, sus capacidades de operación están comprometidas, son las mínimas. Mantener en operación las grúas es lo mínimo, y si no tenemos grúas no hay puerto. El tema es un cambio completo de enfoque. Si las autoridades no logran encausar el trabajo de inversión y modernización, ¿por qué no se puede hacer? Es un tema de ley de compras, de sus leyes propias que no permiten tomar decisiones, factores alrededor del puerto y sus intereses que no permiten que sucedan estos asuntos.

¿Esas son las causas?

Es una mezcla de gran cantidad de circunstancias que no impiden avanzar. Un cambio de modelo es totalmente necesario, pero arrancará inicialmente con decisiones de corto plazo. Completar los equipos básicos para operar, dragar, arreglar el rompeolas y aprobar la ley de seguridad. Todos estos son aspectos de corto plazo que se deben resolver con inversión del sector público. En el plazo más largo o mediano, es necesario dar certeza jurídica. ¿Por qué no se ha resuelto el tema de APM Terminals?, ¿por qué tantos meses y años sin resolverse? ¿Hacia dónde vamos con la certeza de inversión privada sino podemos darle certeza a una empresa si va a continuar o no? Si buscamos atraer inversión privada a los puertos, debemos resolver la legislación que hay alrededor. Es imposible pensar que alguien vendrá a construir un nuevo puerto con inversión privada porque las leyes no lo permiten o no lo aclaran.

¿Cómo daña esto al comercio? 

Es un embudo que genera aumento de costos e ineficiencias en la parte productiva. La importación de materias primas, sobre todo en Puerto Quetzal, es de una magnitud tremenda. Mucho de las materias primas vienen con atrasos de hasta 50 días. Así es imposible planificar y estar claro sobre los costos. En los términos de salida los tiempos no son tan dramáticos como las importaciones, sin embargo, en las exportaciones las consecuencias vienen por el tiempo de espera de descarga de los buques. La programación de fechas de envío se empieza a volver difícil de cumplir. A tal extremo que buena cantidad de carga está viajando vía terrestre de México hacia Estados Unidos. La ineficiencia de los puertos permite que un viaje expuesto a peligros y elevados costos sea viable comparado con esperar en puerto. Este es el mejor ejemplo de cuando se vuelve eficiente hacer algo así. Eso está ocurriendo en productos agrícolas en cargas refrigeradas. 

¿Qué propuestas se han realizado?

Como sector privado hemos propuesto mecanismos diferentes y más en estos meses de crisis. En las leyes portuarias planteamos un cambio completo de gestión mediante una autoridad portuaria y más concesiones para puertos privados que compitan con los públicos. Así se mejoran las operaciones de eficiencia y eso implica decisiones de inversión. Esas inversiones no pueden seguirse posponiendo, porque no se hace en aspectos importantes desde hace muchos años. Invierten en una grúa, en un remolcador, en un tráiler para transportar los contenedores. Eso es mínimo. El dragado del puerto, por ejemplo, debe ser una tarea permanente.

¿Qué obstaculiza la inversión privada?

La ley y el reglamento no son claros en términos de la autoridad que habilita una terminal privada. Es importante contar con una autoridad portuaria. Por eso pedimos una ley general de puertos que establezca los mecanismos de administración portuaria. Como Comisión Portuaria Nacional somos una autoridad presidencial que viene de los años 70. Es un modelo anterior, fue bueno en aquellos años donde la inversión pública construía los puertos. A nivel de Centroamérica, en términos de volumen, Guatemala está adelante -se hace lo que se puede con los puertos que tenemos-, pero si nos comparamos en calidad de puertos y capacidad de crecimiento, Honduras y Costa Rica nos aventajan. El Salvador todavía no, pero con el anuncio de que ingresará inversión internacional, puede que nos superen en algunos años. Nicaragua está rezagado, y con Panamá no nos podemos comparar.