Del mismo cuero salen las correas

¡Buenos días!

El Ejecutivo envió ayer la iniciativa de ampliación presupuestaria por GTQ 9326.7M, tal como se había adelantado; será aprobado hoy mismo, de urgencia nacional y, como ya es práctica de Semilla, con nocturnidad. Pero para los diputados, aunque ya habían aprobado el presupuesto para este 2026, esta aprobación representa otro esfuerzo, otra negociación, y los diputados no dan “paso sin huarache”, como dicen en México.

Al Ejecutivo eso le trae sin cuidado; no saca fondos de su bolsillo, sino del mismo presupuesto, de ese que decía Bernardo Arévalo que se iba “40 % en corrupción”. ¡Qué razón tenía y tiene!  

El Ejecutivo asigna miles de millones a los mecanismos tradicionalmente usados por entramados de corrupción y el Congreso los aprueba. Sin embargo, dos años de experiencia les dicen a los diputados y alcaldes ávidos de fondos que la cosa no es así de simple: los proyectos donde se usarán esos fondos requieren de una serie de estudios y aprobaciones, y eso ya no les gustó. Este año, la cosa pinta igual, pero siendo año preelectoral, se la juegan una vez más.

No pasa desapercibido, claro, que sea en este momento, en la semana donde se elegirá a la directiva de la ANAM; varios ediles han sido contactados directamente por el Ejecutivo para persuadirlos —presionarlos— a que apoyen al candidato oficial, de un partido que ha sido sostén del oficialismo en el Congreso. Nada es casualidad.

Como se repinta en cada vez más ámbitos: “ni Colom, ni Otto Pérez, ni Jimmy ni Giammattei se atrevieron a tanto”. 

Rafael P. Palomo
Elecciones en Costa Rica: el dilema entre las instituciones duraderas y los resultados rápidos
812 palabras | 4 minutos de lectura

Costa Rica está en la antesala de las elecciones del 1 de febrero de 2026 en un estado anímico muy distinto al que durante décadas definió su vida política.

En perspectiva. Lo que solía describirse como una “fiesta cívica” hoy se vive con cansancio, recelo y una participación emocionalmente baja, incluso cuando el desenlace parece cada vez más claro. Las encuestas más recientes colocan a Laura Fernández, candidata del oficialismo y figura de absoluta lealtad al presidente Rodrigo Chaves, cerca o incluso por encima del umbral del 40 % necesario para ganar en primera vuelta.  
 

• La oposición, desconcertada por un proyecto que arrastra el 60 % de aprobación del presidente, espera con los dedos cruzados un milagro que evite una victoria oficialista en primera vuelta, pero las esperanzas son escasas.

• Aun así, las calles muestran poco entusiasmo, una oposición fragmentada y un electorado que observa el proceso con más preocupación que expectativa.  

• Esa desconexión entre resultado probable y ánimo ciudadano es el primer síntoma de un cambio más profundo. 

Entre líneas. El eje de esta transformación —como en casi toda la región— ha sido la inseguridad. En pocos años, Costa Rica pasó de ser la excepción regional, a enfrentar la peor ola de violencia de su historia reciente, vinculada al crimen organizado y al narcotráfico. Frente a ese escenario, Rodrigo Chaves construyó su presidencia sobre la promesa de romper con la inercia institucional que, a su juicio, había sido incapaz de responder con eficacia al problema.

• Su estilo confrontativo, su cuestionamiento abierto a los contrapesos y su retórica de mano dura le permitieron capitalizar un sentimiento extendido de frustración.

• Cerrar su mandato con cerca del 60 % de aprobación en un contexto regional adverso no es menor; refleja la tendencia global de una fuerte preferencia hacia la seguridad y la eficiencia por encima de la institucionalidad.

• Para una parte importante de la población, Chaves no solo habló de seguridad, sino que actuó, incluso a costa de tensar las reglas y las formas tradicionales del sistema político costarricense. 
   

Por qué importa. Ese respaldo no se explica únicamente por los resultados concretos en materia de seguridad, que siguen siendo mixtos, sino por una percepción de liderazgo y decisión. Aprovechando el miedo, la figura de un presidente dispuesto a desafiar las formas percibidas como ineficaces fue vista como una señal de control.  
 

• Ahí es donde el modelo democrático comienza a desplazarse, ya que la confianza en las instituciones se traslada a la confianza en una sola persona.  
   

• Si bien, no se trata de un quiebre autoritario, el centro de gravedad del sistema se vuelve personalista, algo que, a largo plazo, sí suele traducirse en regresiones democráticas. 
  

Ecos regionales. En ese proceso, la sombra de Nayib Bukele ha sido determinante. Chaves entendió temprano que el presidente salvadoreño se convirtió en el referente regional de una nueva fórmula política de seguridad primero, legitimidad después. Bukele ha ofrecido un ejemplo concreto de cómo una agenda de orden puede traducirse en apoyo masivo, incluso fuera de sus fronteras.  
 

• Para Chaves, alinearse con esa narrativa ha sido una forma de reforzar su propio proyecto y de ofrecer a los votantes una promesa de eficacia en un entorno regional marcado por el avance del crimen.  

• Ejemplo de ello es la visita del presidente salvadoreño a Costa Rica hace una semana para colocar la primera piedra de la nueva mega cárcel costarricense, inspirada en el CECOT, como una especie de aval al proyecto del oficialismo.

• La adopción del modelo de mega cárceles y el discurso de tolerancia cero son señales claras de hacia dónde se dirige el “chavismo costarricense”. 
  

Visto y no visto. El riesgo, sin embargo, no está en la búsqueda de eficacia, sino en la fragilidad que se genera cuando la legitimidad descansa más en resultados inmediatos que en reglas duraderas. El populismo de seguridad, incluso cuando surge como respuesta racional a una crisis real, tiende a debilitar los mecanismos de control que garantizan su sostenibilidad en el tiempo.  
 

• Costa Rica enfrenta así un dilema complejo: mantener su tradición institucional en un contexto que exige respuestas rápidas, o adaptarse a una lógica regional donde el liderazgo personal se percibe como la única vía para recuperar el orden. 
  

En conclusión. En última instancia, el país no está votando entre democracia y autoritarismo, sino entre dos formas de entender la democracia. Una, anclada en instituciones fuertes que hoy muchos perciben como lentas, y otra, centrada en liderazgos capaces de imponer dirección en tiempos de crisis. El reto lo enfrenta hoy Costa Rica, debido a su tradicional reputación democrática en Centroamérica, pero es solo el ejemplo más significativo de algo que sufre toda la región, incluso Guatemala.  

• La potencial presidencia de Laura Fernández será la prueba para ver si Costa Rica logra equilibrar ambas o si, como gran parte de Latinoamérica, termina abrazando un modelo donde la eficiencia redefine los límites del sistema democrático. 

Ana González
Se resisten a salir: trabajadores 022 le ganan GTQ 61.4M al Congreso en 4 años
439 palabras | 2 minutos de lectura

Obtener un contrato 022 en el Congreso suele significar, en muchos casos, un ingreso asegurado con escasa exigencia laboral. A ello se suma que, aunque estos contratos tienen fecha de vencimiento, algunos trabajadores se resisten a dejar el cargo y recurren a los juzgados de trabajo, donde con frecuencia logran su reinstalación, generando un costo millonario para las finanzas públicas. 

Por qué importa. En los últimos cuatro años, el Congreso ha desembolsado GTQ 62M en concepto de salarios caídos —pagos correspondientes a sueldos no percibidos durante procesos judiciales— entre 2021 y 2025, según datos de la Unidad de Acceso a la Información. 

• En ese período, 173 trabajadores han sido reinstalados, con salarios mensuales que oscilan entre GTQ 7000 y GTQ 24 000.

• Incluso, al menos 12 personas han litigado y ganado dos procesos de reinstalación, acumulando nuevamente pagos retroactivos con cargo a fondos públicos.

• El presupuesto del Legislativo establece una asignación de GTQ 35M destinados a sentencias judiciales.

Visto y no visto. Un informe de Congreso Eficiente revela que las contrataciones en el Congreso han crecido de 591 a 1020 personas desde 2016, incluyendo a cientos de trabajadores administrativos que, según la ley, no deberían ser contratados bajo el renglón 022. 

• 437 empleados administrativos están asignados a cuatro direcciones —Administración, Recursos Humanos, Estudios e Investigación Legislativa y Asuntos Jurídicos— pese a que la Ley Orgánica solo permite contrataciones para asesores, asistentes y secretarias de diputados y bloques legislativos. 

• Este año, el diputado Orlando Blanco señaló que 346 renovaciones carecían de justificación y calificó al personal como “achichincles de un montón de diputados”. 

• La nueva Junta Directiva solicitó al recién nombrado director de Recursos Humanos un informe sobre el personal administrativo para su análisis, según confirmó el diputado Juan Carlos Rivera. Sin embargo, todo apunta a que la medida responde más a la necesidad de contener las críticas públicas que a una intención real de corregir el problema de fondo.

En conclusión. El caso de los contratos 022 en el Congreso no es un problema aislado ni accidental. Es el resultado de una práctica sistemática que combina decisiones políticas irresponsables, vacíos en la aplicación de la ley y fallos judiciales que terminan trasladando el costo al erario. El resultado es un esquema donde nadie asume responsabilidades y donde las finanzas públicas siempre pierden.

• Los diputados aprueban y avalan contrataciones bajo el renglón 022 para puestos administrativos que la ley no permite, inflando la planilla y creando vínculos laborales débiles desde el punto de vista legal, pero costosos desde el punto de vista presupuestario.

• Al concluir los contratos, muchos trabajadores litigan y logran ser reinstalados, con salarios altos y pagos retroactivos, aun cuando se trata de plazas temporales y con escasa exigencia de desempeño.

• Cada sentencia alimenta una bola de nieve que incrementa el gasto del Congreso, desvía recursos de su función esencial y perpetúa un círculo perverso que castiga a las finanzas del Estado y normaliza el abuso del sistema. 

Ana González
Diputados mueven fichas para quedarse con las comisiones clave
465 palabras | 2 minutos de lectura

Los diputados han comenzado a mover sus fichas para asegurar la presidencia de las distintas comisiones de trabajo, espacios clave desde donde se define buena parte de la agenda legislativa. Aunque existen 38 comisiones, no todas generan el mismo interés; algunas concentran mayor poder político y capacidad de incidencia, por lo que se han convertido en las más disputadas.

La comisión más codiciada es la de Finanzas Públicas, ya que en ella se analizan y dictaminan los asuntos relacionados con el Presupuesto General de la Nación, uno de los instrumentos más relevantes del Ejecutivo y del Legislativo. Controlar esta sala permite incidir directamente en la asignación de recursos públicos y en la ejecución del gasto.

Aunque aún no hay decisiones oficiales, el diputado Luis Aguirre, del partido Cabal, confirmó que existe la intención de que Julio Héctor Estrada continúe al frente de Finanzas. Además, la agrupación buscaría mantener el control de las comisiones que actualmente preside, entre ellas Agricultura, Defensa Nacional, Educación y Energía y Minas.

Otra sala estratégica es la Comisión de Economía y Comercio Exterior, que podría quedar nuevamente en manos del partido Valor. En la actualidad es presidida por Faver Salazar, aunque dentro de la agrupación no se descarta que Jorge Ayala asuma la conducción. La decisión final dependerá de los acuerdos internos que logre el partido en los próximos días.

Además de Finanzas y Economía, otras comisiones que despiertan fuerte interés entre los legisladores son Gobernación, Asuntos Electorales, Reformas al Sector Justicia, Legislación y Puntos Constitucionales, y Salud. Esta última fue, según autoridades de la Junta Directiva del Congreso, la comisión más solicitada durante el año pasado, debido a su relevancia en la fiscalización del sistema hospitalario y el manejo de recursos públicos.

La agenda  

Entre los temas que se discutirán en las sesiones plenarias esta semana figuran la iniciativa de ley de escuelas normales superiores, el avance al primer debate de la ley de cine, las reformas a la ley de educación corporativa de enseñanza y la ley integral para la vivienda digna.

También se incluyó en la agenda la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la Nación, la ley de espectáculos públicos y la ley de fortalecimiento de la actividad agropecuaria, consideradas propuestas relevantes para distintos sectores productivos y sociales.

Por otro lado, diputados del partido Vamos solicitaron que se fije fecha y hora para la interpelación de la ministra de Educación, Anabella Giracca, así como del ministro de Relaciones Exteriores.

Finalmente, aunque la ampliación presupuestaria presentada por el presidente Bernardo Arévalo ingresó recientemente al Congreso, no se descarta que sea remitida a una comisión para su análisis. El oficialismo buscará asegurar los votos que en noviembre permitieron aprobar el Presupuesto 2026, el cual no entró en vigor debido a un amparo otorgado por la Corte de Constitucionalidad.