Denunciar, sí, pero ¿para qué?

¡Buenos días!

La confianza —luego de la eficacia— en el sistema de justicia, es lo más importante. De poco sirven los cientos o miles de millones asignados, cobertura territorial y personal suficiente, si no se consigue dar los resultados esperados por la población. Según datos oficiales, ese parece ser el caso en Guatemala.

La preocupante recurrencia de desestimación de casos, aunada a la ridícula tardanza de los que se resuelven, hace que lo que se busca —que los afectados, denuncien— se vuelva cada vez más difícil. Es lo que se conoce como un Catch-22.

Es de reconocer, ciertamente, que ningún sistema de justicia tiene la capacidad de investigar y resolver todos los hechos delictivos; en una realidad como la guatemalteca, pretender que se dé con los responsables de todos los robos de celulares, es necio. No lo puede hacer ni Scotland Yard.

Sin embargo, las formas importan; cuando se presenta una denuncia —según varios recuentos—, se anima a que, en ese mismo acto, se acepte la desestimación. Cuando pasa cada vez más, los futuros denunciantes ni se toman el trabajo. Los números dirían que hay menos incidencia criminal, pero el dato sería falso.

Se debe trabajar en atención a la víctima, desde el momento mismo de la denuncia, pero, sobre todo, seguimiento. Ni hablar de la prevención del delito, que parece ausente. 

La Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla (Empornac) no tiene suficiente capacidad para manejar la carga que recibe. Sin embargo, la expansión del puerto solo está en planes a futuro. A pesar de esta realidad, los recursos financieros se asignan a temas de poca relevancia para el desarrollo económico del país.

Por qué importa. Empornac destina fondos a los compromisos adquiridos con los sindicatos. El último pacto colectivo, suscrito en 2022, establece que debe entregarles regalos navideños a los hijos —de 9 a 10 años— de todos sus empleados presupuestados. 

• El año pasado la empresa desembolsó GTQ 480 080 en 894 juguetes. La obligación está detallada en el artículo 109 del pacto.
  
  

• Según las especificaciones, los productos fueron requeridos envueltos en papel de regalo, con distintivo navideño y forrados en nailon.
  
  

• La cotización del concurso solo recibió una oferta. Fue asignado a la comerciante individual Magdalena de María Martínez Arriaga.

Visto y no visto. Las festividades que realiza la empresa son variadas. La última fue la celebración del día del Padre para sus trabajadores. El evento se efectuó en el Centro de Atención al Visitante. El festejo incluyó 700 refacciones por GTQ 70 000. 

• El portal de Guatecompras no registró este tipo de gasto el año pasado. Tampoco en 2023. El día de las madres no es la excepción de gastos. 

• Por ejemplo, la empresa contrató el servicio de alquiler de sillas, mesas y toldos por GTQ 22 750. No obstante, no hay información disponible sobre alimentación adquirida. 

• Para la conmemoración del 69 aniversario de la institución, en septiembre de 2024, se pagaron GTQ 80 000 en 1000 cenas para los trabajadores del puerto.

Sí, pero. La compra de tecnología por parte de la Empornac genera dudas. En diciembre pasado, requirió licencias del software de AutoCAD para elaborar análisis de datos hidrográficos. Al concurso se presentaron dos ofertas valoradas entre GTQ 29 600, y GTQ 78 852. 

• La portuaria eligió la más cara. Según justificó, descartó la primera porque, no cumplía con los requisitos solicitados para el programa.
  
  

• Sin embargo, la descripción de la compra no los especificó en la convocatoria. La justificación lo indica de forma parcial.
  
  

• La oferta ganadora en los criterios de calificación obtuvo 88 puntos. Perdió los 12 por “poca experiencia” en su área.

En conclusión. La asignación de recursos en la Empornac sigue un patrón que prioriza beneficios internos y a sindicalistas, antes que las necesidades operativas del puerto. Esta lógica del gasto debilita su capacidad para responder a los retos logísticos del país. 

• La expansión del puerto sigue sin fecha, aunque esté prevista dentro del Plan Conecta 2025, del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV). Actualmente, son solo buenos deseos.
  
  

• En el caso de las compras, los criterios de selección no siempre coinciden con la información publicada. Una práctica que plantea dudas sobre la transparencia institucional. 

Una reciente denuncia de la Contraloría General expone graves irregularidades en la compra de fertilizantes por el MAGA, revelando ineficiencia, opacidad y politización en un programa históricamente cuestionado.

Por qué importa. Tras un proceso de adjudicación altamente cuestionado, la Contraloría General de Cuentas (CGC) denunció al exministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), Maynor Estrada, por falta de transparencia, eficiencia y mala calidad. 

• De acuerdo con la denuncia, está vinculada a la compra de fertilizantes durante el 2024 por un monto superior a los GTQ 144M.
  
  

• En octubre de 2024, República reveló la existencia de anomalías en la adquisición de fertilizantes, derivado del Decreto 17-2024 sobre la Ampliación del Presupuesto General 2024, el cual le destinaba GTQ400M al MAGA para ese efecto.
  
  

• No obstante, debido a la naturaleza del programa, la competencia no solo se dirigió a empresas señaladas en el pasado, sino que la inoperatividad del ministerio dejó a varios agricultores sin suministros, debido a la ejecución mínima del 45 %.

Lo indispensable. La denuncia de la CGC destaca irregularidades como la modalidad por compra directa con oferta electrónica, la falta de verificación en las marcas de los bienes, la ausencia de un empaque adecuado e incumplimiento de cláusulas de los contratos.  

• Pese a que el decreto contaba con supuestas medidas de transparencia, llama la atención que, debido a que el ministerio publicó varias veces algunos concursos, algunos oferentes participaron en todas las oportunidades, modificando sus precios para adaptarlos a los criterios cambiantes.
  
  

• Asimismo, entre las entidades beneficiadas, algunas ya habían sido señaladas por sobrevaloración en el pasado, Comercializadora Morales, S.A., y otras, como Distribuidora Gálvez, goza de vínculos con el diputado Boris España.
  
  

• Otra anomalía se refiere a la temporalidad de los procesos, debido a que la mayoría de los concursos se adjudicaron en noviembre de 2024, un período fuera del ciclo de cosecha.

Datos clave. Esta no es la primera vez que este programa ha sido cuestionado, ya que, desde la primera entrega durante la presidencia de Alfonso Portillo, este se ha convertido en un programa clientelar, oportunista y de bajo impacto.  

• De acuerdo con los estudios de varios tanques de pensamiento, los procesos de adjudicación, debido al contenido cambiante de las mismas, se perfilan como un ejercicio de prueba y error, año tras año.
  
  

• La falta de capacidad del MAGA se refleja en la politización del proceso de determinación de los beneficiarios, lo cual no solo limita el acceso de los agricultores, sino que también distorsiona el objetivo del programa.
  
  

• Adicionalmente, señalan la falta de procesos de monitoreo técnicos, lo cual no permite llevar a cabo una evaluación de impacto y la elaboración de juicios de eficiencia.

En el radar. Para este gobierno, expertos tenían conocimiento de que el exministro Estrada había contemplado ejecutar el programa mediante el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), no obstante, la falta de presupuesto impidió continuar con el proceso. No fue posible obtener una postura de la nueva ministra, María Fernanda Rivera. 

• Ahora bien, las deficiencias en el diseño del programa demuestran que el cambio de institución no es una condición suficiente para garantizar el beneficio para los agricultores.
  
  

• Es necesario que, similar a otros países de la región, Guatemala implemente programas estructurales que, además de la entrega de fertilizantes, también se incluya la capacitación técnica y la extensión agrícola.
  
  

• Además, es imperativo reducir el número de requisitos para la entrega, desde la logística, pasando por la selección de beneficiarios, hasta la integración de listadospara , se simplifique y se reduzcan el número de oportunidades para la captura.

En conclusión. Programas como la entrega de fertilizantes no solo desgastan al gobierno, sino que también los obliga a incurrir en prácticas poco transparentes.  

• Por ello, ante la próxima negociación del Presupuesto 2026, se debe replantear la estructura y modelo de implementación, a fin de beneficiar al mayor número de agricultores posible.  

En los últimos dos años, el Ministerio Público (MP) reportó más desestimaciones de los casos, que expedientes judicializados relacionados con el delito de robo de terminales móviles. El ente afirma que esto ocurre por la falta de información que aporta la víctima para la investigación. 

Por qué importa. El seguimiento de las denuncias presentadas al MP permite desarticular grupos criminales que utilizan los dispositivos para cometer otros delitos. Sin embargo, las estadísticas del ente investigador revelan poco seguimiento.   

• La investigación permitiría rastrear redes, revendedores y mercados ilegales que venden y compran las piezas, o aparatos a bajo costo. Los más demandados son los celulares de alta gama.
  
  

• Además, los registros ayudan a elaborar estrategias de prevención en coordinación con las fuerzas de seguridad y grupos de vecinos. Identifican horarios, puntos y zonas de mayor riesgo.
  
   

• Las acciones contribuyen a que la población confíe en el trabajo del MP. La cultura de denuncia de los ciudadanos se fortalece.

Visto y visto. El mercado de los teléfonos robados también se expandió. No solo se usan para cometer otros delitos, ahora se venden sus piezas por menudeo en varios países de la región. Los que más demanda generan son México y El Salvador.    

• La Policía Nacional Civil (PNC), indicó que, en la actualidad, Guatemala se queda con la mayoría de alta gama para repuestos. Como ocurre con los vehículos y motocicletas robabas.
  
  

• Los aparatos de baja y media gama se venden a bajo costo.  El objetivo de los delincuentes es comprar o intercambiar los celulares por droga para consumo.
  
  

• Muy pocos de los aparatos que se hurtan o roban ingresan a los centros carcelarios, lugares donde se ha identificado que salen llamadas para extorsionar, estafar o secuestrar. 

Sí, pero. De enero a mayo de 2025, el MP registró 8078 denuncias por robo de equipo de terminales móviles en todo el país. Es decir, 3349 casos menos a los reportados en el mismo período del año pasado (11 427).   

• Guatemala, Escuintla, Quetzaltenango y Suchitepéquez son los departamentos con más denuncias de robos, según el informe del Departamento del Sistema Informático Fiscal y Técnico del MP.
  
  

• El documento también establece que durante 2024 se desestimaron 816 casos de robo de celular. Un año después, los casos son 310 expedientes.
  
  

• Además, revela que los casos judicializados —enviados al Organismo Judicial— de enero a mayo del 2024 suman 196 y este año los reportados son 84.

En conclusión. Todos los casos, por mínimos que sean, los debe investigar el MP por mandato legal. Sin embargo, los procesos no se resuelven, a pesar de que el MP insiste en que se deben denunciar todos los casos.