Descontrol: el santo y seña del “arevalismo”

¡Buenos días! 

Desde hace 15 días, el presidente parece estar pasando el Niágara en bicicleta, con la fuga masiva de mareros, el descontrol y peleas internas dentro de su equipo de seguridad. Pero no, él se la tomó relax, y fue hasta una semana después de su regreso de viaje que permitió que se le hiciesen preguntas al respecto. Para ese momento, el exministro Jiménez ya había engañado y evadido enfrentar su responsabilidad. Hoy, no queda duda de que lo hizo con el apañamiento del presidente, algo que también podría acarrear responsabilidades, si no penales, cuando menos, morales. 

Pero si eso ya era un tremendo entuerto, la pérdida, el extravío, la desaparición —todos sabemos que fue robo con la connivencia de autoridades— de pertrechos de guerra de un almacén del ejército dibuja una situación desoladora para el pueblo: sus autoridades de seguridad están pintadas; en sus narices, pasan los peores crímenes de control de la seguridad: fuga de reos de alta peligrosidad y robo de armamento. Con esas dos circunstancias ocurridas a pocas semanas de diferencia, ¿qué podría salir mal? La pregunta, estimados suscriptores, es retórica; la respuesta, trágicamente, no lo es.  

El presupuesto de los Consejos de Desarrollo (CODEDES) vuelve al centro del debate. En año preelectoral, los fondos públicos crecen y las reformas legales facilitan su uso y continuidad. Aunque deberían servir para impulsar proyectos comunitarios, los cambios abren la puerta a cuestionamientos sobre clientelismo y discrecionalidad en el manejo de miles de millones.

Por qué importa. El presupuesto de los CODEDES alcanzó cifras históricas en 2025, con más de GTQ 12 000M vigentes. A ello se suman reformas que prolongan la vigencia de fondos y permiten trasladar saldos al siguiente ejercicio fiscal, reduciendo los controles y aumentando el margen político sobre la inversión local. 

• De Q4.3 a Q12.2 mil millones: el presupuesto vigente casi triplicó el monto inicial, según Transparencia Presupuestaria. 

• La ejecución al 24 de octubre fue del 34.83 %, lo que refleja baja eficiencia pese a los fondos ampliados. 

• Para 2026, el proyecto de presupuesto prevé GTQ 4509 M, lo que mantiene la tendencia de fuerte inversión en los consejos. 

Entre líneas. El Decreto 7-2025 —que entró en vigor recientemente— garantiza la continuidad financiera de los proyectos locales, pero también otorga flexibilidad sin precedentes. Al permitir que los saldos no ejecutados se trasladen automáticamente, se altera la lógica presupuestaria y se amplía el poder político sobre la obra pública. 

• La ley reforma la Ley Orgánica del Presupuesto, al incorporar el artículo 45 Ter, que autoriza trasladar recursos a la Cuenta Única del Tesoro. 

• Además, las instituciones deben resolver permisos en cinco días hábiles, o se aprueban automáticamente. 

• El decreto se aprobó pese al veto presidencial, generando críticas por su legalidad y oportunidad política. 

Qué destacar. El Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) advirtió que el traslado de saldos contradice la norma presupuestaria, que obliga a cerrar cada ejercicio fiscal. Según el centro, la medida abre riesgos de discrecionalidad y reduce la transparencia sobre el uso de los fondos públicos. 

• Expertos del CIEN señalaron que “la norma debilita los controles presupuestarios” y puede fomentar corrupción. 

• Los diputados defienden la ley como un mecanismo para “no dejar obras inconclusas”. 

• En la práctica, el cambio reduce la urgencia de ejecutar con eficiencia, lo que beneficia intereses políticos. 

Lo que sigue. A las puertas de un año preelectoral, el manejo de los recursos de los CODEDES se convierte en un termómetro del uso político del gasto público. Aunque la ley busca asegurar continuidad, el contexto sobre el interés de varios políticos por garantizar su reelección plantea dudas sobre sus verdaderas motivaciones. 

• Las municipalidades deben reportar y usar los fondos bajo supervisión de la Contraloría General de Cuentas. 

• La población espera que los proyectos se traduzcan en mejoras reales, no en campañas disfrazadas de inversión. 

• La transparencia y la vigilancia ciudadana serán claves para evitar que el dinero público se convierta en capital político.  

La más reciente debacle penitenciaria ha estremecido los cimientos del gobierno de Bernardo Arévalo, luego de la fuga de —por lo menos— veinte integrantes de la pandilla Barrio 18 del penal de máxima seguridad de Fraijanes. 

• El acontecimiento ocurre en un momento en que la administración enfrenta una creciente presión pública.  

En perspectiva. La fuga, bajo la administración del exministro Francisco Jiménez, se inscribe en un contexto particular de “securitización” regional del crimen organizado y de inestabilidad política interna.  

• EE. UU. ha intensificado su mirada sobre Guatemala al incluirla recientemente dentro de los puntos críticos de logística y tránsito del narcotráfico en el hemisferio occidental, lo que ha traído mayor cooperación, pero también presión sobre las estructuras nacionales de seguridad y justicia. 

• Washington declaró a las pandillas Barrio 18 y MS-13 como organizaciones terroristas extranjeras, medida que eleva el umbral de respuesta estatal y genera obligación al gobierno de endurecer sus marcos punitivos y sistemas de inteligencia. 

• Además, la crisis ocurre en medio de un severo pulso entre el Ejecutivo y el Congreso, desplegado en múltiples arenas —legislativas, judiciales y narrativas—, desde el veto presidencial a la “Ley de Codede” hasta las disputas por control presupuestario y patronazgo político.  

Por qué importa. El proyecto del ministro apuntaba a endurecer el régimen carcelario, pero la fuga expuso la brecha entre diseño y ejecución en el sistema.  

• Durante la administración de Jiménez, según el CIEN, en 2024 las denuncias por extorsión subieron un 36 % respecto de 2023, consolidando a las maras como el principal vector de presión criminal sobre hogares y comercio.  

• Gran parte de la extorsión se continúa originando en los penales, donde cabecillas coordinan cobros y violencia mediante teléfonos ilícitos y redes de cobradores fuera de los muros.  

• Aunque el exministro promovió modernizar el régimen penitenciario y el fortalecimiento del Grupo Especial Contra las Extorsiones de la PNC, la fuga masiva expuso brechas de ejecución. 

Entre líneas. La situación del Ejecutivo y su gabinete se ha tornado crecientemente frágil; evidencia la debilidad en la capacidad de gobierno del presidente Arévalo. 

• El equipo ministerial de Arévalo ha sido sometido a estrés continuo debido a su incapacidad de estabilizar su desempeño. La combinación de errores propios y presión opositora derivó en la última rotación forzada que erosiona continuidad, aprendizaje institucional y capacidad de ejecución. 

• La ausencia de controles efectivos contra el crimen organizado —especialmente en el sistema penitenciario— ha permitido que las estructuras criminales mantengan su poderío, mientras la cooperación internacional se vuelve más exigente y condicionada a resultados: un riesgo directo para Guatemala en financiamiento, asistencia y legitimidad externa. 

• El presidente ha reconocido desconocer el paradero de Jiménez en momentos clave —especialmente ahora que se ha confirmado su orden de captura—. Esto es un síntoma de manejo de crisis precario, que a su vez proyecta vulnerabilidad institucional y mina la confianza pública en el Estado. 

En conclusión. Ese desastre penitenciario refleja el deterioro de gobernanza del presidente Arévalo. La cúpula de gobernación estuvo involucrada en la fuga, o la escondió. Si ese ocultamiento llegó hasta el presidente, habrá que descubrirlo. 

• A ese desastre se suma otro: la “pérdida” de un no tan pequeño arsenal de una base del ejército, el más reciente bochorno de la administración Arévalo. 

El gobierno del presidente Bernardo Arévalo enfrenta una nueva crisis nacional tras el robo de armamento militar en el Comando Aéreo del Norte, ubicado en Petén.  

Qué destacar. Aunque el Ministerio de la Defensa Nacional no ha detallado oficialmente la magnitud del hurto, reportes preliminares indican la desaparición de 69 fusiles Galil y M16, cuatro lanzagranadas M69 y aproximadamente 60 mil cartuchos calibre 5.56.   

• Fue hecho público el 24 de octubre, y ha generado fuertes cuestionamientos tanto dentro como fuera del Ejército, especialmente por la vulnerabilidad de una instalación que debería ser impenetrable.  

  
  

• La situación recuerda la reciente fuga de 20 pandilleros de la Mara 18, que provocó la renuncia de las máximas autoridades del Ministerio de Gobernación y el inicio de procesos penales contra el exministro Francisco Jiménez y la exviceministra Claudia Palencia. En esta nueva crisis, el Ministerio Público ya recibió al menos dos denuncias y se espera que en las próximas horas se revelen los primeros avances de la investigación.  

  
  

• El Ministerio de la Defensa activó protocolos internos y puso a disposición de las autoridades a una persona vinculada al hecho, según la institución. Sin embargo, el presidente Arévalo y su gabinete siguen en la mira pública, con ministros señalados por presuntas acciones ilícitas, lo que agrava la percepción de debilidad institucional. Esta situación pone en entredicho la capacidad del Ejecutivo para garantizar la seguridad nacional y controlar las estructuras del Estado. 

Punto de fricción. Apenas iniciada la gestión de Marco Antonio Villeda como nuevo ministro de Gobernación, la violencia le ha planteado su primer gran desafío: el hallazgo de ocho cadáveres en Palencia.  

• Los cuerpos, envueltos en bolsas plásticas y sábanas, fueron encontrados bajo el puente San Juan, en una zona de difícil acceso, lo que evidencia la crudeza del crimen. El presidente Arévalo reaccionó y aseguró que “no habrá impunidad”. Además, ordenó al nuevo ministro actuar “con toda la fuerza del Estado”.  

  
  

• Este macabro descubrimiento, ocurrido el mismo día de la toma de posesión de Villeda, intensifica la presión sobre el Ejecutivo, que ya enfrenta una crisis por la reciente fuga de pandilleros. La falta de identificación de las víctimas y de información sobre las causas de muerte refuerza la urgencia de una respuesta contundente.  

  
  

• Esta semana será crucial para observar si el nuevo ministro da señales claras de que algo ha cambiado en el Ministerio de Gobernación. La población exige resultados inmediatos. 

En el radar. La Instancia de Jefes de Bloque se reunirá hoy para definir la agenda legislativa de las dos últimas sesiones de octubre.  

• Mientras tanto, los diputados mantienen intensas negociaciones internas para elegir al próximo presidente del organismo legislativo para el período 2026, en medio de un ambiente político marcado por la polarización.  

  
  

• Paralelamente, el Congreso entra en la recta final de la discusión del Presupuesto General de la Nación para 2026, que asciende a más de GTQ 163 000M. El plazo para aprobar o improbar esta iniciativa vence el 30 de noviembre, lo que añade presión a las bancadas.  

  
  

   

• En un año preelectoral, el presupuesto se convierte en una herramienta clave para las aspiraciones políticas del gobierno y de los partidos representados en el hemiciclo. Las asignaciones presupuestarias, especialmente para los Consejos de Desarrollo, es donde ponen la mira los políticos. 

Ecos regionales. La oposición y analistas independientes están preocupados por la falta de transparencia en el proyecto de presupuesto 2026 presentado por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.  

• Aunque se promete una inversión cercana a los USD 1000M en 55 grandes obras, incluyendo el aeropuerto de Punta Huete, no se detallan avances ni ejecución real de muchos proyectos ya presupuestados en 2025. La información es esporádica y varias iniciativas son de arrastre. 

  
  

   

• Aparentemente, todo está listo en Honduras para las elecciones generales del 30 de noviembre. El Consejo Nacional Electoral cumplió con los 42 procesos clave del cronograma, incluyendo la distribución de cargos, contratación de servicios tecnológicos y envío de materiales electorales. 

  
  

• Este lunes podría aprobarse en tercer debate el presupuesto estatal 2026 de Panamá, que asciende a USD 34 901M. La discusión dejó tres modificaciones clave, fracturas entre bancadas y fuertes críticas del gobierno de Raúl Mulino.