Después del trueno ¡Jesús María!

¡Buenos días! 

Tras la apabullante victoria republicana, el estamento demócrata tendrá que intentar recomponerse para, en dos años, tratar de recuperar algunos asientos en ambas cámaras del Congreso. No es mucho tiempo para enderezar el rumbo de un buque vetusto y tripulado por ignaros.

Ignaros, porque evidentemente no se dan cuenta de que la mayoría de los estadounidenses —72M que votaron a los republicanos, casi 5 más que a los demócratas— en rechazo al derrotero que ha tomado el partido de Franklin Delano Roosevelt y John F. Kennedy, por mencionar dos. La radicalización hacia la izquierda, la censura de la libre expresión y la “ideología de género” fueron demasiado para un pueblo que, salvo en algunas grandes ciudades, es conservador.

Lo ocurrido en EE. UU. debe servir de espejo para países como el nuestro; permitir que los gobiernos intenten, por un lado, inmiscuirse en la vida privada de las personas —infrinjan sus libertades individuales— y, a la vez, fuercen ideologías y formas de pensar usando fondos públicos, es el camino seguro hacia un régimen opresor. Los estadounidenses parecen haberse dado cuenta a tiempo y corrigieron el rumbo.  

En este boletín:

•Editorial: Trump 2.0 no necesariamente será corregido y aumentado

•Qué significa el regreso de Trump para Guatemala

•Elección de presidente de la CSJ entrampada por obtener cuotas de poder

Tras una jornada electoral exitosa para el Partido Republicano, Donald Trump fue reelegido para un segundo mandato presidencial. Su partido ha asegurado la mayoría en el Senado, y las proyecciones indican que mantendrán el control de la Cámara de Representantes. Ante esta nueva configuración de fuerzas políticas en Washington, Guatemala deberá alinearse con la agenda de su aliado más importante, especialmente en tres ejes prioritarios: migración, comercio y la influencia de China. 

Migración. Se anticipa que Trump intensificará las deportaciones y limitará el flujo migratorio desde Centroamérica hacia EE. UU. En el corto plazo, esto podría poner en entredicho el actual modelo de crecimiento económico del país, sostenido —en buena medida— en el constante y gradual aumento en el envío de remesas.

• Cerca de 3.2M de guatemaltecos residen en EE. UU. Solo el año pasado, las remesas sumaron USD 19 805M, representando aproximadamente el 20 % del PIB de Guatemala.
  
  

• Es un error subestimar la agresividad de los republicanos en este tema. Para los más cercanos a Trump, la inmigración es un problema que trasciende los aspectos criminales; argumentan que la llegada de millones de indocumentados ha contribuido a la destrucción de la clase media estadounidense al saturar el mercado laboral con mano de obra barata.
  
  

• En los escenarios más extremos, la administración de Trump podría considerar gravar las remesas o imponer restricciones que dificulten su envío.  Como ejemplo, el año pasado el ahora vicepresidente electo, J.D. Vance, presentó un proyecto de ley en el Senado para establecer un impuesto del 10 % a las remesas, deducible únicamente para personas con ciudadanía estadounidense.  

Comercio. EE. UU. es el principal socio comercial de Guatemala. En 2023, el intercambio económico entre ambos países alcanzó los USD 14 547M, siendo EE. UU. el destino del 32 % de las exportaciones guatemaltecas y el origen del 33 % de las importaciones.

• Es poco probable que las fuertes convicciones proteccionistas de Trump se traduzcan en desventajas para Guatemala, dado el carácter esencialmente agroindustrial y textil de las exportaciones hacia EE. UU.
  
  

• El riesgo podría radicar en la posibilidad de la implementación de un arancel universal del 10 % a las importaciones, cosa que Trump ha mencionado en diversas ocasiones. Sin embargo, esto parece improbable debido a la oposición de varios miembros de su partido y los posibles conflictos con la Organización Mundial del Comercio.
  
  

• Las vulnerabilidades en las cadenas de suministro globales y los esfuerzos para limitar la influencia de China en Latinoamérica han impulsado en Washington el consenso sobre la necesidad de fortalecer cadenas de suministro alternativas en la región mediante el nearshoring y friendshoring. Aunque la administración de Trump podría restringir algunas oportunidades con medidas proteccionistas, las preocupaciones respecto a China indican que podría aplicar estas políticas de forma moderada. 

China. El enfoque agresivo de Trump hacia China podría agudizar la disputa por influencia comercial y política en Latinoamérica, posiblemente resultando en condiciones de negociación más favorables para los países como Guatemala.  

• Existe una creciente preocupación respecto a los contratos de empresas chinas para operar puertos importantes, su participación en programas de infraestructura y la expansión de empresas tecnológicas chinas en la infraestructura digital de Latinoamérica. Estas inquietudes no sólo abarcan el impacto en la seguridad regional, sino también, las posibles implicaciones para la seguridad nacional de EE. UU. tomando en cuenta su cercanía geográfica.
  
  

• En este contexto, el resurgimiento de la doctrina Monroe bajo Trump —un fenómeno observado durante su primera gestión— podría evolucionar hacia una asociación más equitativa, fundamentada en intereses económicos compartidos y preocupaciones de seguridad nacional.
  
  

• Sin embargo, la fuerte relación bilateral entre Guatemala y Taiwán elimina la posibilidad de buscar y aprovechar un equilibrio a la influencia de EE. UU. apoyándose en China.  

El Balance. Desde una perspectiva optimista, el enfoque de Washington en la seguridad fronteriza y su rivalidad con Pekín podrían incentivar una reorientación de su política y cooperación hacia Guatemala. Esto podría resultar en un esfuerzo más efectivo abordar problemas como el subdesarrollo económico, la pobre infraestructura y la falta de oportunidades laborales.

• Hace algunos meses, J.D. Vance anticipó que una administración republicana buscaría una política exterior "menos moralizante" para enfrentar la política china, enfocada en el desarrollo de infraestructura.
  
  

• A diferencia de la administración de Biden, todo apunta a que las prioridades de política exterior de Trump no incluyen una “agenda anticorrupción”, especialmente en países aliados como Guatemala.
  
  

• Al mismo tiempo, la reversión de sanciones ya impuestas, como la remoción de visas, es incierta. Por otro lado, las sanciones del Departamento del Tesoro, como las de tipo Magnitsky, tienen una menor probabilidad de ser revocadas, dado que son decisiones de Estado relacionadas con la seguridad nacional y no tanto una cuestión partidaria.  

Glenda Sánchez
Elección de presidente de la CSJ entrampada por obtener cuotas de poder
687 palabras | 3 mins de lectura

Se cumplen 25 días de que los magistrados no consiguen los votos —nueve— para elegir al presidente del Organismo Judicial (OJ) y de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Factores —internos y externos— podrían entrampar el proceso por meses, por el legado de administraciones pasadas.  

• El mayor inconveniente —de no elegir presidente — es que se acorta la gestión del presidente, sin olvidar que algunos procesos se paralizan. No obstante, la CSJ aclara que Carlos Rodimiro Lucero Paz, asumió de manera interina la presidencia, lo que “asegura la continuidad de las labores jurisdiccionales y administrativas”.  

En perspectiva.  El 13 de octubre asumieron las nuevas autoridades judiciales. Empezaron con un pleno dividido que ha estancado la elección.  Los dos grupos tienen el respaldo de operadores externos —práctica, recurrente—, según analistas.  

• El primer grupo —los cinco— que apoya a Lucero Paz, está integrado por los magistrados Flor de María Gálvez, René Girón, Estuardo Cárdenas, Carlos Rodimiro Lucero Paz y Flor de María García Villatoro. Se presume que tienen el apoyo de Roberto López y Estuardo Gálvez, exrector de la USAC.
  
  

• El segundo —los ocho— por Luis Corado Campos, Clemen Juárez, Claudia Paredes Castañeda, Igmaín Galicia Pimentel, Jenny Alvarado, Gustavo Morales Duarte, Carlos Contreras Valenzuela y Teodulo Cifuentes Maldonado —respaldo de Nester Vásquez, magistrado de la CC—; promueven a Contreras Valenzuela para presidente.

Entre líneas. Entre los factores externos que dividen la CSJ se habla de presiones de operadores tradicionales, que habrían apoyado a los profesionales previo a las Comisiones de Postulación. Hasta el momento se descartan presiones o injerencias del Ejecutivo.  

• La piedra en el zapato parece ser la cuota de poder administrativa y financiera que tiene el presidente. Además, la representación en el Consejo de la Carrera Judicial, otros consejos y juntas directivas —más beneficios y dietas—.
  
  

• Durante la discusión por la sede para las comisiones, los exmagistrados señalaron —sin fundamento—a Oscar Cruz de “hacer negocios turbios con el presupuesto”. Los enemigos de Cruz se vinculan con el grupo de los ocho.   

Voces. Analistas consultados indicaron que Lucero Paz, de llegar a la presidencia, no investigaría a su antecesor, por afinidad gremial.  

• “Posiblemente, mantendría vigentes los contratos, nombramientos y una serie de disposiciones que dejó establecido Óscar Cruz. Entre ellos, el nombramiento de la hermana de López Villatoro, como secretaria Ejecutiva de la instancia coordinadora para la Modernización del Sector de Justicia”, aseveró Carmen Aida Ibarra, directora Ejecutiva del Movimiento ProJusticia.
  
  

• Otros aseguran que es una mala práctica que se replica y que afecta los procesos administrativos, porque limita el plan de trabajo del presidente, pues la gestión es de un año.
  
  

• Y resaltan que el voto del presidente, en casos de casaciones, amparos y antejuicios, es un voto más. No tiene un valor específico, contrario al tema administrativo y financiero, que depende de la voluntad, el criterio del presidente, por estar entre sus atribuciones.   

Hemeroteca. Los desacuerdos en las rondas no son novedad. Durante el periodo de 2004-2009 —en el último año— se desarrollaron 46 sesiones y 49 intentos para elegir al titular, finalmente lograron los votos y asumió Carlos Chacón Torrebiarte. Su gestión no duró más de tres meses.  

• En 2013 se repite el tema. Después de 56 rondas, los magistrados eligieron a José Arturo Sierra —28 de noviembre—. Estuvo en el cargo diez meses.
  
  

• En ese momento, el pleno estaba dividido en dos grupos, uno de siete magistrados — Gabriel Medrano, Rogelio Zaceño, Ervin Gómez, José Arturo Sierra, Luis Arturo Archila, César Barrientos y Mynor Franco— y otro de seis: Erick Álvarez, Gustavo Mendizábal, Héctor Maldonado, Thelma Aldana, Luis Pineda y Gustavo Bonilla.
  
  

• El 29 de octubre pasado, la Corte de Constitucionalidad ordenó a los magistrados CSJ sesionar todos los días, sin interrupción, hasta elegir a su presidente. El fallo se derivó de un amparo provisional concedido al diputado del partido Cabal, Bequer Chocooj. 

En conclusión. La dilación en la elección de presidente de la CSJ no es una falencia infranqueable; sin embargo, no solo manda un muy mal mensaje, sino que evidencia que quienes llegan a ocupar las magistraturas no lo hacen con un sentido de servicio y de brindar justicia, sino de ambición personal.