Diputados, buenos para nada

¡Buenos días! 

Ayer hubo un episodio más de la triste novela —y de pésimo gusto— en la que se ha convertido la actividad legislativa. Aunque hay notables excepciones, la gran mayoría de los 160 diputados son solamente un gasto para el pueblo de Guatemala. Un lastre.

En contumacia, el oficialismo y sus aliados, mediante argucias, evitaron cumplir a cabalidad lo ordenado reiteradamente por la Corte de Constitucionalidad y agotar la agenda interrumpida desde la sesión del 29 de abril. Una agenda que logró aprobar la oposición.

Mañana es el último día del primer período ordinario de sesiones; aunque en el receso se supone que los diputados “fiscalicen” y avancen en dictaminar iniciativas en comisión, si no trabajaron como tienen obligación en el período ordinario, menos se podrá esperar que lo hagan estando lejos del ojo público. Descansarán plácidamente, con sus GTQ 66 300 —o más— sin haber hecho casi nada.

Justificado es el desprecio que provocan en la población.  

Acabar con la dictadura de Maduro, sin comprometer los intereses petroleros de EE. UU. en Venezuela, será uno de los mayores retos para Trump.

En perspectiva. El nombramiento de Marco Rubio como secretario de Estado presagiaba una política exterior atenta con Latinoamérica, pero especialmente rígida con los regímenes de Venezuela, Cuba y Nicaragua. Aunque derrocar a Nicolás Maduro es una de las prioridades para Trump, la tarea debe ser clínica.  

• Además de una tragedia humanitaria, Maduro es un problema de seguridad nacional para EE. UU.
  
  

• Su régimen ha llenado el país con narcóticos, ha desatado olas de migrantes ilegales y ha abierto las puertas en la región a Putin, a la China comunista y al terrorismo iraní.
  
  

• No obstante, el recurso del petróleo es un salvoconducto que protege a Maduro de una potencial mayor agresividad por parte de EE. UU.

Entre líneas. En febrero, Trump consiguió un acuerdo con Nicolás Maduro para que el venezolano aceptara vuelos de deportados en su país. La negociación se hizo a través del gigante petrolero de la Florida, Harry Sargeant III. El magnate, junto con el Enviado Presidencial Especial para Misiones Especiales de los EE. UU. Richard Grenell es uno de los principales representantes de la coalición que, de alguna manera, blinda la estabilidad de Maduro.  

• Grenell y Sargeant no son partidarios de la dictadura venezolana; pero sí son defensores de los intereses de las compañías petroleras estadounidenses que operan en Venezuela.
  
  

• Los aranceles secundarios de Trump buscarán responder a estos intereses, sancionando a otros países que importen petróleo venezolano y beneficiando a las petroleras estadounidenses con negocios en Venezuela.

Sí, pero. Posterior al acuerdo facilitado por Sargeant III se especuló con que Trump podría relajar la política exterior hacia Maduro. Sin embargo, días después se anunció la revocación de la licencia de importación de Chevron. Trump lo achacó a la violación del proceso democrático en las elecciones de 2024 en Venezuela. 

• El cambio de 180 grados responde a la línea del Departamento de Estado que lidera Marco Rubio.
  
  

• El republicano —de ascendencia cubana— es un fuerte crítico de los regímenes socialistas en Latinoamérica y un férreo defensor de la política de sanciones.
  
  

• Para el secretario, EE. UU. debe imponer sanciones económicas que estrangulen a los regímenes de Maduro, Díaz-Canel y Ortega para forzarlos fuera del poder.

Lo que sigue. Mientras crecen las tensiones, Xi Jinping se ha ofrecido como un salvavidas para Maduro a través de préstamos, equipo militar y tecnología a cambio de petróleo. China, no EE. UU., es el mayor importador de petróleo venezolano. Tanto Sargeant III y Grenell, como Rubio, quieren debilitar al régimen de Maduro; la diferencia está en sus incentivos y los medios para lograrlo. 

• Para una facción, es importante asegurar la estabilidad de los negocios estadounidenses en Venezuela para, así, asegurar el control de EE. UU. sobre el petróleo venezolano.
  
  

• Para la otra, la prioridad es acabar con un problema de seguridad nacional y con una tragedia humanitaria. La motivación es política, sin dejar de lado el interés posterior por el recurso petrolero.
  
  

• La Administración Trump, probablemente alternará entre ambas posturas, ya que ninguna de las facciones es capaz de desplazar a la otra; tensiones que China aprovechará. 

Por: Glenda Sánchez

Mirna Montenegro, directora ejecutiva del Observatorio de Salud Reproductiva (OSAR), confirma que durante más de 10 años la tendencia de los embarazos en niñas violadas se mantiene. Asegura que el mayor reto es operativizar (sic) el marco legal para evitar las agresiones, apoyar y atender a las víctimas y sus hijos.

¿Existe una alza en la cantidad de niñas madres violadas?

— Desde 2013, realizamos monitoreos de los casos y el marco legal. Desde esa época vemos de 2000 hasta 2300 nacimientos en niñas menores de 15 años. Es una tendencia hasta 2024. Se ha dicho que entre 2020 y 2021 disminuyeron, y nosotros consideramos que no. Creemos que la violencia sexual se incrementó por el confinamiento.

¿Cuáles son las principales causas de las agresiones? 

— El machismo, la pobreza, el poco acceso a la educación. Podríamos decir que casi el 98 % de las niñas estudian la primaria, pero no siguen los básicos. Aun si la niña quisiera seguir los estudios, no hay institutos cerca. Otro aspecto son las prácticas culturales (sic), las niñas son comprometidas o entregadas a cambio de algún bien o por conveniencia.  

¿Las limitaciones de las niñas empeoran después de tener a sus bebés?   

— Sí. Muchas abandonan la escuela, no reciben atención médica, aporte o apoyo para trabajar. Por ejemplo, hay niñas que están en la escuela y el sistema no les permite volver. Aunque la ley dice que ninguna debe ser retirada de la escuela, la misma discriminación, el embarazo y el estado de salud las obligan.  

¿Qué pasa con las rutas de atención? 

— La ruta la lidera la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata. Pero participan varias entidades. El Ministerio de Salud y Asistencia Social, es la ventana más importante para obtener la información. En todos los hospitales hay clínica de violencia sexual, que se identifica como Clínica 1. Los principales objetivos del protocolo son velar que no enferme o muera por causa del embarazo, presentar la denuncia en el MP y notificar a la PGN. Hay limitantes en el marco de la estructura, pero falta de voluntad política para buscar soluciones.

¿Considera avances, a pesar de la tendencia? 

— Sí, en los marcos legales. Antes, las niñas menores de 14 años las casaban con adolescentes de 16, solo con la autorización de sus papás. Eso ha cambiado. Ahora solo pueden contraer matrimonio civil los mayores de 18 años.  Pero falta que la ley se pueda cumplir.

¿En qué se debe trabajar? 

— Priorizar el marco de atención de las víctimas de violencia sexual y el marco de la prevención. Es prioridad el trabajo con las familias y con la comunidad. Tiene que haber un mayor involucramiento de los actores locales. En el caso del sistema de justicia, se necesita mayor aporte y reestructuración. Una informe detalla que, del 2018, para el 2024, el 1 % de todos los casos denunciados son los que llegan a juicio. Hemos visto que un caso de violencia sexual puede tardar entre 4 y 5 años para llegar a sentencia. 

La justicia suiza, supuesta a tener rigor y respeto a los derechos humanos, está envuelta —una vez más— en una maraña de irregularidades en un caso que tiene relación directa con Guatemala: la condena de Erwin Sperisen, exdirector de la Policía Nacional Civil (PNC). 

En perspectiva. En un proceso plagado de ilegalidades, ahora se destapan nuevos hechos que apuntan a un fraude judicial sin precedente. 

• El tribunal suizo ordenó indemnizar a una querellante que había muerto cuatro años antes de la condena. Sperisen fue condenado —en un cuarto juicio— en septiembre de 2024. El fiscal, Yves Bertossa, ignoró la orden del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que en 2023, exigió repetir el juicio, pero corrigiendo las múltiples violaciones al derecho de defensa; incluso, pretendió que la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos no fuese ejecutada por Suiza.
  
  

• En el cuarto fallo contra Sperisen se ordenó una indemnización a la querellante adhesiva, María del Socorro Vásquez, madre de uno de los fallecidos en la toma de Pavón; su acción legal en Suiza fue promovida por la oenegé TRIAL, fundada por el padre del fiscal Bertossa.
  
  

• Sin embargo, un periodista suizo, Arnaud Bédat, viajó a Guatemala, y reveló que Vásquez ni siquiera sabía que era parte en un caso en Suiza contra Sperisen; aseguró que no conocía a la abogada, Alexandra López, quien pretendía representarla.

Es noticia. Vásquez murió el 27 de noviembre de 2020, según el Registro Nacional de las Personas (RENAP); el tribunal de Ginebra ordenó el pago de USD 24 000 a su favor. 

• Las autoridades publicaron un aviso en la Gaceta oficial del cantón de Ginebra notificando a Vásquez —ya fallecida— sobre la compensación, indicando que debía presentarse para recibir el monto a su favor. La situación reveló la profunda negligencia y falta de seriedad del proceso, en el que ni siquiera se comprobó si la querellante seguía con vida.
  
  

• Desde el inicio del juicio, la defensa denunció la falta de testigos clave, la manipulación de pruebas y la inclusión de declaraciones falsas. Entre los elementos más escandalosos estuvo el testimonio de Philippe Lucien André Biret, un criminal condenado a 30 años de prisión por doble asesinato, quien declaró en contra de Sperisen.
  
  

• La fiscalía y los jueces ginebrinos desestimaron todas las pruebas a favor de Sperisen; incluso el de la propia María del Socorro Vásquez fue rechazado. La defensa presentó el material de su entrevista por el periodista Bédat como prueba, pero la “justicia” ginebrina se negó a oír a Bédat, y a Vásquez.

En conclusión. El fiscal Bertossa estaba decidido a lograr una condena definitiva contra Sperisen, aunque el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ya había determinado que el proceso vulneraba el artículo 6 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos. La justicia ginebrina, sin embargo, parecía más preocupada por la reputación de Bertossa que por garantizar un juicio justo. 

• El caso habría tomado un giro aún más escandaloso con la indemnización ordenada a Vásquez y a su presunta abogada, quien ni fue capaz —antes del cuarto proceso— de informar a las autoridades del fallecimiento de su defendida hacía años, en 2023.
  
  

• Las irregularidades del caso despertaron la indignación internacional y pusieron bajo la lupa a los jueces y fiscales de Ginebra. La justicia suiza enfrenta preguntas incómodas sobre la posible corrupción de sus instituciones.
  
  

• El Parlamento suizo podría abrir una investigación para esclarecer cómo se permitió un fraude de tal magnitud. Las dudas sobre la independencia del proceso contra Sperisen se multiplican, y la credibilidad de la justicia suiza está en juego.