Diputados cafres

¡Buenos días!

Tristemente, los diputados guatemaltecos, los “padres de la patria”, muy frecuentemente se comportan más como “hijos de la gran patria”. No es algo nuevo; en casi todas las legislaturas, parlamentarios han protagonizado escándalos que trascienden su labor legislativa y, que no ser gracias a ella —y a la protección del antejuicio y abuso de poder—, habrían enfrentado procesos penales. Desde escándalos en la vía pública, pasando por disparos al aire, homicidios, y hasta asesinatos.  

En la era democrática, se recuerda el grotesco episodio de Elián Darío Acuña, diputado oficialista de la Democracia Cristiana, y la muerte a tiros de una joven; desde esa primera legislatura, no ha habido una sin escándalos como ese. En la anterior, otra joven murió —en circunstancias muy comprometedoras— al caer desde el balcón de un diputado del entonces partido oficial. Vamos. 

Esta legislatura no es distinta; en lo que va de ella —ni siquiera dos años— tres diputados han sido protagonistas de escándalos. Uno —del partido Cabal, pero que ahora milita en la UNE de Sandra Torres—, donde murió un agente de seguridad, no tuvo consecuencias.  

Pero en el actual oficialismo también se repite el fenómeno. Dos diputados, Samuel y Orlando Pérez (sin parentesco), han causado accidentes y escándalos, presumiblemente, bajo efectos de licor. Como aquellos casos de diputados oficialistas —de la DC y de Vamos—, hayan quedado impunes. Semilla es más de lo mismo. 

Tras la reciente firma de acuerdo de alto al fuego entre Israel y Hamás en Sharm el-Sheij, el conflicto entró en una fase de pacificación. Hezbolá —fuerte aliado de Hamás— apoyó en el esfuerzo bélico bajo un esquema de financiamiento que proviene de Irán y redes financieras internacionales del crimen organizado en Latinoamérica. Estas estructuras inciden en las dinámicas de la guerra, en especial debido a la cooperación de actores estatales y no estatales.

En perspectiva. Irán aporta aproximadamente entre 70 % y 80 % del financiamiento de Hezbolá, mientras que el otro 30 % o 20 % proviene de actividades criminales complementarias, especialmente desde Sudamérica. 

• La relación con Teherán —uno de los principales aliados de Venezuela— ha generado un espacio fértil para el establecimiento de relaciones entre Hezbolá y el gobierno de Maduro. 

• Venezuela funciona como un hub operacional y logístico para Hezbolá, mientras Irán provee insumos para la operabilidad —pasaportes, transporte, etc.—.  

• Por ello, Hezbolá se ha consolidado en circuitos de narcotráfico y lavado de activos en la región con proyección hacia y desde Venezuela. 

Lo indispensable. En la dictadura de Maduro, hay una serie de actores del sector público y privado que fungen como mediadores y operadores de Hezbolá en la región latinoamericana.

• El Tesoro estadounidense designó en 2008 como financiador y facilitador de Hezbolá en Caracas al empresario venezolano, Fauzi Kan’an, por su uso de agencia de viajes usadas como medio logístico hacia el Medio Oriente.

• La Fiscalía de Distrito Sur de Nueva York imputó al excongresista, Adel El Zabayar, por narcoterrorismo, debido a su manejo de la coordinación entre tráfico de armas y cocaína entre el gobierno de Maduro, Hezbolá y Hamás. 

• De la alianza geopolítica entre Irán y Venezuela emergen nuevos sistemas de financiamiento hacia la zona del Levante. La región se ha consolidado como un nexo de intercambios de oro e hidrocarburos que evaden sanciones, entrenamiento militar y movimiento de activos y armas entre el narcotráfico y los grupos fundamentalistas islámicos. 

Lo que sigue. Las redes financieras se han utilizado como instrumento geopolítico que reconfigura los incentivos del crimen transnacionales y las válvulas de alivio del conflicto en Gaza. 

• Por cálculo geopolítico antiestadounidense y su imbricación con el crimen organizado, el régimen venezolano ha profundizado su alineamiento con Irán, habilitando sinergias de apoyo político-logístico a actores islamistas afines al Eje de Resistencia. 

• El narcotráfico ha encontrado en las redes islamistas y mediadores locales servicios de protección y logística, reduciendo riesgos de persecución dentro de Venezuela y diversificando sus rutas. 

• EE. UU. hizo un giro hacia un control más denso de flujos financieros y portuarios en el hemisferio sur para reducir riesgos de seguridad en un teatro clave y con incidencia en la frágil situación en Gaza. 

En conclusión. Venezuela ha abierto la puerta a que los gobiernos de izquierda no alineados con el mundo libre abran cobijo político para redes islamistas y criminales en la región. Ahora, esos Estados ejercen una influencia desestabilizadora en Oriente a través del apoyo al crimen, su protección y promoción. Latinoamérica está bajo un riesgo severo: un afianzamiento del narcotráfico con propósitos geopolíticos ajenos a la región. 

¿Por qué se endeuda Guatemala?

En este episodio de Republicast nos acompañó Mario García Lara para explicarnos cómo la inversión aumenta la capacidad de pago de la deuda, ilustrando con ejemplos de hogares y gobiernos.

👉 Vea el episodio completo en: Youtube o Spotify.

En Guatemala, las uniones tempranas y forzadas son un problema invisible para el sistema legal y la sociedad. Pese a reformas legales que establecen los 18 años como edad mínima para casarse, la realidad cultural y social limita su aplicación. Las niñas enfrentan riesgos de violencia sexual, maternidad precoz y pérdida de oportunidades educativas.  

Por qué importa. Las uniones infantiles no son un fenómeno aislado, sino una práctica que afecta la vida de millones de niñas en el mundo, incluida Guatemala.  Aunque hay avances legales, la normativa no logra cambiar la realidad cultural ni proteger a las menores.  

• Cada año, 12M de niñas en el mundo se unen o casan antes de los 18 años. Es decir, una niña cada tres segundos, según reveló un informe publicado recientemente.

• En Guatemala, reformas al Código Civil establecieron la edad mínima de matrimonio en 18 años, pero muchas se unen sin registro.

• Estas uniones vulneran derechos fundamentales y perpetúan ciclos de pobreza y violencia. Eso dificulta el acceso a educación, desarrollo y salud.

Lo indispensable. Los datos revelan la magnitud del desafío. El informe evidencia la precariedad de niñas casadas o unidas antes de los 18.

• Se entrevistó a 251 niñas de 15 países. El resultado: 70 % está casada o en unión, 63 % no estudia ni trabaja, y 45 % se casó con hombres mayores, que podrían duplicar la edad.

• La pobreza, normas sociales, así como embarazos adolescentes producto de violaciones, son factores determinantes de estas uniones.

• Más de un tercio de las entrevistadas abandonó la escuela por el matrimonio o la maternidad precoz. Limitaron su futuro y se enfocaron en aspectos familiares.   

Detrás de escena. El sistema legal enfrenta vacíos que dificultan la protección de las niñas. La impunidad se mantiene ante casos de menores unidas sin consentimiento legal.

• Mirna Montenegro, directora de OSAR, explicó que las uniones se deciden dentro de familias o comunidades en diferentes regiones. No obstante, estas dependen de aspectos y condiciones de cada región.

• “En Huehuetenango las uniones son entre menores, es común que se forme un hogar. Pero en Alta Verapaz, se habla de matrimonios de adolescentes con hombres mayores”, señaló.

• Las redes sociales facilitan el contacto con hombres mayores, cambiando la dinámica de estas uniones, pero sin reducir la explotación o vulnerabilidad de las menores. 

Ahora qué. Nicolás Véliz, representante de Plan International Guatemala, afirmó que se necesitan leyes efectivas, programas de sensibilización y apoyo directo a niñas casadas o en riesgo de matrimonio infantil. 

• Solamente mediante acciones integrales se podrá romper la cadena de violencia, pobreza y exclusión que perpetúa el matrimonio infantil.

• La Asociación la Familia Importa (AFI) agregó que en la actualidad existe una brecha de desprotección para las adolescentes, principalmente para las adolescentes de 14 a 18 años.

• “En esa etapa existe un alto índice de manipulación, coerción o elementos que inevitablemente conducen a un abuso, aunque exista consentimiento”, enfatizó AFI.   

En conclusión. Las uniones tempranas representan una forma de violencia contra las niñas. A pesar de que el marco legal prohíbe los matrimonios antes de los 18 años, la práctica persiste en silencio.  

• La prevención y protección requieren acciones coordinadas entre sociedad civil, Estado y comunidades.

• Guatemala enfrenta el desafío de convertir la ley en una protección efectiva. Además, de colocar a la infancia en el centro de las políticas públicas.