Diputados electos de Semilla legalizarán el transfuguismo

¡Buenos días! 

Guatemala extiende su abrazo a 135 presos políticos nicaragüenses, a instancias de los EE. UU., para que puedan “regularizar su situación migratoria” en 90 días y, en teoría, seguir su tránsito hacia el norte. Esto, debido a que la dupla dictatorial Ortega-Murillo ha perseguido a cualquiera que ose pronunciarse –siquiera– contra el régimen.  

La actitud del poder hegemónico del norte es distinta ahora; desde tiempos de Obama –pasando por Trump y durante el gobierno de Biden– hasta ahora, la actitud había sido distinta. Los cálculos político-electorales tienen todo qué ver. También el perfil de los ahora refugiados nicaragüenses que son, en buena medida, élite política y eclesiástica. La actitud de EE. UU. para el resto de los nicaragüenses –y de centroamericanos– que buscan un mejor futuro puede resumirse en las palabras de la vicepresidenta Harris, hoy candidata demócrata: “don’t come”. 

Dobles raseros estadounidenses aparte, es aplaudible el rol que juega hoy Guatemala para con sus hermanos nicaragüenses, sin importar su estrato o posición social.  

Les deseamos un buen inicio de semana. Gracias por su suscripción y lectura. 

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Editorial: Suiza a punto de perder su afamada neutralidad

Alexandre de Moraes, el activista judicial de la izquierda brasileña

La desconfianza en las autoridades, el peor enemigo de la denuncia

Panorama Político Semanal: antorchas, desfiles y evaluación de candidatos a las cortes

Suiza a punto de perder su afamada neutralidad

Por cuarta ocasión, un tribunal suizo se dispone a emitir sentencia, juzgando a Erwin Sperisen, el exdirector de la Policía Nacional Civil; las dos condenas anteriores –una a cadena perpetua y la segunda, por quince años– han sido revocadas en alzada. Siempre, cuando ha sido revisada la actividad judicial del tribunal ginebrino, se ha resuelto anular lo actuado, por mal procedimiento. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos fue más allá y sentenció que Suiza había vulnerado los derechos humanos de una persona, un ciudadano suizo y guatemalteco.

Existe la probabilidad de que, de nueva cuenta, el tribunal ginebrino condene a Sperisen con base –únicamente– en pruebas presentadas por la acusación, pues –nuevamente– le vedaron a la defensa la posibilidad de presentar pruebas de descargo, testigos y/o expertos. Una verdadera vergüenza de justicia, la de Suiza. 

De consumarse una nueva condena –que será indudablemente revocada en alzada– la justicia ginebrina habría hecho el cálculo de que es “menos vergonzoso” para ellos y ser contumaces al no admitir que se han equivocado –a pesar de los reiterados fallos superiores–, que rectificar y hacer lo correcto: resolver que, con base en las pruebas presentadas, a pesar de que son solo las de la acusación, no es posible determinar la culpabilidad del acusado. 

La lucha por el debido proceso y la defensa de los derechos humanos parecería que, a estas alturas del siglo XXI, sería una cuestión exclusiva de sistemas híbridos o dictatoriales, y no de un país eminentemente democrático y con claras convicciones republicanas. Tal parece que no; Suiza enfrenta la encrucijada de reconocer los errores en su sistema judicial y colocarse en su sitial, como un bastión de la neutralidad y la defensa de los derechos humanos. Su rol como importante sede para dirimir controversias comerciales y jurídicas está en el filo de la navaja.  

Lo que el tribunal ginebrino decida en el caso contra Sperisen será decisorio con respecto a lo anterior; nadie que se respete –persona natural o corporación multinacional– tendrá confianza en la justicia helvética si se condena a una persona con los mismos argumentos y pruebas que llevaron al Tribunal Europeo de Derechos Humanos a condenar a Suiza, colocándola –si bien no junto, pero sí muy cerca– de cualquier estado tercermundista violador de derechos humanos. 

Y para los “oenegeros” suizos que han impulsado esa vergüenza judicial, parece aplicar el triste refrán latinoamericano de que “la vergüenza pasa, pero el dinero queda en casa”.

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Rafael P. Palomo
Alexandre de Moraes, el activista judicial de la izquierda brasileña
707 palabras | 4 mins de lectura

El juez más poderoso de Brasil ganó la partida contra Elon Musk y la red social X, pero enfrenta acusaciones criminales y un juicio político en manos de la oposición.  

Panorama general. Tras una larga lista de encontronazos entre Alexandre de Moraes y Musk, el magistrado de la Corte Suprema brasileña terminó ordenando la suspensión de los servicios de X en Brasil. Se anunció que se multaría con alrededor de USD 9000 a quienes usaran servicios de VPN para acceder a la red social.  

  • De Moraes ordenó, además, congelar las finanzas de Starlink –una compañía ajena a X, pero propiedad de Musk– y e impedir que realice transacciones financieras en Brasil, un día después de que Musk anunciara el cierre de las oficinas de X en el país.

  • La empresa provee servicios de internet a unos 215 000 brasileños. Para el juez es fundamental que esta cumpla con la orden de bloquear el acceso a X.

  • Starlink afirmó que acataría la orden, a pesar de las medidas ilegales tomadas incluso antes de la suspensión, pero la guerra frontal entre Musk y de Moraes está lejos de haber terminado.  

Voces. El pasado 31 de agosto, el último día en el que los brasileños tuvieron acceso a X, Musk afirmó que “hay pruebas crecientes de que el ‘falso juez’ —de Moraes— participó de manera grave, repetida y deliberada en la interferencia electoral en las últimas elecciones presidenciales de Brasil. Según la ley brasileña, eso podría significar hasta 20 años de prisión”.  

  • Añadió que “parece que algunos ex empleados de Twitter fueron cómplices en ayudarlo a hacerlo”. 

Entre líneas. Una entrevista con uno de los exasesores más cercanos a de Moraes en el Tribunal Superior Electoral (TSE), Eduardo Tagliaferro, reveló que el magistrado persiguió deliberadamente a simpatizantes de la derecha durante la campaña, cuando aquel era presidente del TSE. Tagliaferro —ahora perseguido por la justicia— afirmó recibir órdenes del juez asistente de Moraes, Airton Vieira, para buscar, investigar y perseguir a personas y organizaciones simpatizantes de Bolsonaro.  

  • De acuerdo con Homero Marchese, exdiputado estatal, de Moraes pedía a Vieira que se creara los informes con información dictada por él y que las fuentes se citaran como anónimas.

  • Una filtración de mensajes del TSE muestra que el juez solicitaba ajustes específicos para adaptarse a sus preferencias —incluyendo su redacción— para luego él mismo dictar sentencia con base en los reportes.

  • En uno de los mensajes filtrados, Vieira instruyó perseguir también a Rodrigo Constantino, periodista de la Gazeta do Provo: “bloquea y múltalo. Por favor, esfuérzate con el informe. Jaja. Luego, envíalo oficialmente, por correo electrónico”, dictaba el mensaje. 

Qué destacar. Una investigación independiente reveló que el magistrado ordenó a —en aquel entonces— Twitter que les facilitara datos de usuarios que publicaron hashtags a favor del voto en papeleta impresa. Lula era uno de los mayores detractores de esta modalidad.  

  • Como resultado, se censuraron cuentas asociadas a la derecha y a la izquierda no alineada con da Silva, con complicidad de Twitter.

  • Otra investigación sobre el “Radiolão” encontró que Lula fue favorecido con más tiempo de aire propagandístico durante la campaña.


  • Bolsonaro presentó una denuncia, la cual Moraes desestimó a pesar de la evidencia, e inició una investigación en contra del entonces presidente por “milicias digitales”.  

Por qué importa. El momento de la disputa entre el juez e Elon Musk no es coincidencia. El 6 de octubre se celebrarán elecciones municipales. En Brasil, dichos comicios son considerados el equivalente a las elecciones de medio término de EE. UU. La campaña de Moraes en contra de la derecha emula su accionar en 2022. En aquella ocasión, Twitter fue un aliado para el magistrado; ahora, X es lo contrario, puesto a que Musk no acatará las órdenes de censura del juez.  

  • La oposición brasileña pretende presentar hoy una solicitud urgente de impeachment en contra de Moraes en el Senado brasileño. No obstante, la medida parece no tener suficiente apoyo en la Cámara Alta.

  • Adicionalmente, una petición pública ha recopilado más de 1.3M de firmas a favor de la destitución de Moraes.

  • Brasil es uno de los países con la justicia más politizada del mundo y Alexandre de Moraes se ha convertido –desde la judicatura– en el activista político más importante de la izquierda brasileña. 

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Glenda Sánchez
La desconfianza en las autoridades, el peor enemigo de la denuncia
683 palabras | 3 mins de lectura

La corrupción en las instituciones y la escasa –o nula– respuesta a las denuncias son dos factores que influyen para que los guatemaltecos desconfíen del trabajo de las autoridades responsables de la seguridad ciudadana y de justicia.  

  • Los resultados del proyecto Monitor Global de Emprendimiento de la Universidad Francisco Marroquín revelaron que los guatemaltecos víctimas de algún hecho delictivo no acudieron a las instituciones a denunciar, porque no confían en las autoridades, y porque los trámites son muy tardados.

  • Durante los últimos diez años, las instituciones han hecho esfuerzos para recuperar la credibilidad (analizan los fenómenos delictivos, estrategias para reducir la mora fiscal y judicial, entre otros), sin embargo, no ha sido suficiente.   

Datos clave. El CIEN reveló que el proyecto Monitor Global de Emprendimiento (GEM) en la sección de seguridad ciudadana establece que de los 3000 entrevistados, el 18.3 % fueron víctimas de algún delito. La cifra es mayor a la registrada en el mismo periodo de 2023, cuando se reportó el 17.7 %.   

  • De las víctimas, el 41 % denunció y el 58.4 % prefirió no hacerlo. Los casos fueron presentados en diferentes sedes de la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ministerio Público (MP).

  • Los principales hechos que reportaron fueron robo y asalto (49.9 %); estafas (14.6 %); agresiones (12.1 %); extorsión (11.8 %), y vandalismo (10.9 %). La lista de los delitos es similar a la del MP (amenazas, violencia contra la mujer, hurto y robo agravado, extorsiones y lesiones culposas).

  • En el mismo estudio se específica, por qué las personas no denunciaron: porque no confían en las autoridades (22.3 %); temor a represalias (13.3 %); no creer que les sirviera de algo (11.9 %), y no lo consideraron tan grave (11.9 %). Además, no saber dónde presentar la denuncia (4.3 %), y los trámites son complicados (4.5 %).   

Voces. El ideal de un ciudadano en cualquier país es la reacción inmediata de las autoridades para capturar a los delincuentes y una justicia pronta y cumplida. No obstante, para los guatemaltecos se ha convertido en un deseo lejano por las escasas o nulas posibilidades de respuesta al requerir el apoyo de las fuerzas de seguridad y para acceder al sistema de justicia.  

  • Esa desconfianza sigue siendo el principal factor para no denunciar. Sin dejar, por un lado, la percepción de factores asociados a la corrupción o la influencia de diversos grupos de interés y ausencia de ética, principios y valores y competencias técnicas en el funcionariado, según expertos en Seguridad Ciudadana.

  • “La percepción —y realidad— de que hay factores externos que afectan y condicionan la actuación de las autoridades, como los diversos estímulos asociados a temas de corrupción o la influencia de diversos grupos de interés”, asevera Gustavo García Fog, analista de ASIES.

  • Karla Campo, analista en Seguridad Ciudadana, agrega a lo anterior el poco compromiso para elaborar informes de los nuevos fenómenos criminales con enfoques estratégicos. “El gobierno del Partido Patriota (PP) generó una disminución de los hechos delictivos. Sin embargo, las siguientes dos administraciones no trataron el tema con seriedad. La tasa de homicidios se redujo; hay otros fenómenos criminales que determinan la violencia”, enfatiza.   

Qué sigue. Urge que las instituciones trabajen de manera coordinada y sistemática, conforme a una hoja de ruta consensuada, fortalezcan los procesos disciplinarios y sancionatorios. Además, deben consolidar los regímenes de carrera profesional en las entidades (desde el ingreso, ascenso y traslados) y fortalecer los procesos de formación y capacitación, así como las evaluaciones de desempeño.      

  • Es bueno que las instituciones ambicionen cobertura en todos los municipios, pero deben prever presupuestos para la contratación del personal –profesional y capacitado–, y la adquisición de equipo para cubrir las demandas.

  • Es importante trabajar en la cultura de denuncia; el seguimiento de los casos contribuye a capturas relevantes y la credibilidad de las autoridades.

  • “Somos testigos de cómo la denuncia anónima en las plataformas de Crime Stoppers se ha sumado a la credibilidad de las autoridades. Por ejemplo, cuando se lanzó el 1561 como call center, los reportes anónimos se multiplicaron por 30, respecto del programa anterior que era “Cuéntaselo a Waldemar”, afirma Pedro Cruz, director Crime Stoppers Guatemala.

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Luis González
Panorama Político Semanal: antorchas, desfiles y evaluación de candidatos a las cortes
617 palabras | 3 mins de lectura

En medio del fervor patrio de estos días, las postuladoras de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Corte de Apelaciones (CA), se encaminan a la evaluación de los expedientes de los aspirantes a magistrados. 

  • Esta semana –hasta el sábado– concluirá el proceso de descargo de señalamientos en ambas instancias, y se prevé que el domingo 15 de septiembre inicie la evaluación; se realizará con tabla de gradación en mano.

  • El trabajo de los comisionados será arduo; deben analizar 1698 expedientes. El trabajo más abultado está del lado de la postuladora de la CA que, solo ésta, evaluará 1383.

  • Al final de la semana siguiente, el sábado 21, se pueden integrar las nóminas que se enviarán al Congreso de la República. Esta vez, el proceso no incluye entrevistas ni pruebas psicométricas con la excusa de que no hubo tiempo para realizarlas. 

En el radar. El Organismo Legislativo continuará su rutina. Se convocó a la instancia de Jefes de Bloque para agendar las sesiones de esta semana. Por la ausencia del presidente, Nery Ramos –quien se recupera de una cirugía–, presidirá la reunión Darwin Lucas, primer vicepresidente. 

  • Entre los temas que figuran en el Congreso, resalta la interpelación del ministro de Desarrollo Social, Abelardo Pinto, prevista a iniciar el jueves 12 de septiembre. Pinto se une a la lista de ministros con juicio político: Francisco Jiménez, Liwi Grazioso y Félix Alvarado.

  • También, es probable que en la sesión del martes 10, se conozca la cuestionada iniciativa que busca que los diputados independientes conformen un bloque legislativo. Con esto, el mayor beneficiado sería el –suspendido–partido en el poder, Movimiento Semilla.

  • Ese día también se anuncia que se concretará el dictamen favorable para el proyecto de ley 6015, que incluye reformas a la Ley de la Policía Nacional Civil. Estos cambios buscan "fortalecer y dignificar a las fuerzas de seguridad", según los ponentes. 

Lo que sigue. Del Organismo Ejecutivo no se puede decir mucho, debido a que no se hacen públicas las agendas con anticipación; el presidente Bernardo Arévalo se prepara para los actos en conmemoración de la Independencia de Guatemala y para su viaje a Nueva York, la otra semana. 

  • Quien no tiene nada que celebrar estos días es el todavía director de la COPADEH, el activista Oswaldo Samayoa. El viernes será su último día en la entidad que se ve forzado a dejar por una relación sentimental con la directora administrativa y financiera de esa entidad, Melany Escobar Díaz, contratada por él.

  • Aprovechando la ocasión –y los cien años de su creación como moneda nacional– a partir de mañana empieza a circular el nuevo billete de un quetzal, en una emisión de GTQ 25M 

Ecos regionales. En los siguientes días se puede arreciar la tormenta política contra la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, tras la divulgación de un video que la vincula con narcotraficantes. La crisis aumentó con la "renuncia" de dos funcionarios de la familia de su esposo, el expresidente “Mel” Zelaya. 

  • Las protestas públicas, la presión mediática y los cuestionamientos en redes sociales, así como lo que vaya a hacer Estados Unidos, podría desencadenar el inicio del fin del régimen "socialista y democrático" de Castro. Incluso, algunos analistas ven que se repite la historia: adelantan un "autogolpe".

  • Siempre en Honduras, el hijo de la dinastía Zelaya-Castro, Héctor Manuel, llegará el 11 de septiembre en España para reunirse con la Confederación de Organizaciones Empresariales. El propósito es buscar inversionistas para el megaproyecto del Ferrocarril Interoceánico de USD 20 000M. El “primer hijo” dirige esta iniciativa.

  • En medio del prolongado régimen de excepción con el que gobierna Nayib Bukele, El Salvador finaliza hoy las entrevistas a los 30 aspirantes que buscan conformar la Corte Suprema de Justicia.