Diputados irresponsables

¡Buenos días!

La Constitución política de la República de Guatemala contiene varias “gracias” que han sido abusadas o malinterpretadas; una de ellas es la prerrogativa que les otorga a los diputados la literal b) del artículo 161: “Irresponsabilidad por sus opiniones, por su iniciativa y por la manera de tratar los negocios públicos, en el desempeño de su cargo”. La verdad es que muchos se pasan. Si se hiciese una consulta —no vinculante, pues si no sería reforma constitucional— seguramente la gran mayoría de la población diría que los diputados son irresponsables. Pero no solo en el sentido de la prerrogativa constitucional, sino en que no hacen las cosas con diligencia. 

Entre que no cumplen con lo mínimo requerido, asistir a todas las sesiones plenarias y de comisión, hasta dejar a su suerte a los guatemaltecos en algo que es necesario y ampliamente requerido: brindar una solución —temporal— al incremento de los combustibles, precisamente antes del asueto de Semana Santa. Pero como son irresponsables, les valió; ellos, con su ingente sueldo de GTQ 66 300, poco o nada se preocupan por cinco o diez quetzales de aumento a los carburantes. Eso es algo que no pueden decir millones de guatemaltecos.

Y cuando usted, estimado veraneante, vaya a vuelta de rueda por las carreteras a las que este gobierno no les ha dado mantenimiento y gaste más combustible todavía, ya sabe de la progenitora de quienes debe recordarse.

Eso sí, cuando finalmente llegue a su destino, trate de relajarse y de gozar un bien merecido descanso. 

Nos vemos nuevamente, el Lunes de Pascua.

Reynaldo Rodríguez
Cucharada de su propia medicina: juicio a fiscal general en Honduras
711 palabras | 3 minutos de lectura

Honduras atraviesa una coyuntura crítica marcada por el cuestionamiento a la legitimidad y el desempeño del fiscal general, Johel Zelaya, cuya gestión ha reavivado el debate sobre la independencia judicial. La ejecución de un juicio político en su contra no es un evento aislado, sino la respuesta institucional a una serie de acciones que fracturaron la confianza ciudadana y legislativa durante el gobierno anterior.

• Los partidos políticos buscan restituir el orden anterior al gobierno de Castro, castigando a actores desestabilizadores y operadores de Libre dentro de las instituciones jurídicas.

En perspectiva. El origen de la actual crisis reside en la ruptura de las normas parlamentarias tradicionales para la captura del ente acusador.

• La designación de Johel Zelaya se produjo bajo la sombra de la irregularidad constitucional, al ser nombrado —inicialmente— de forma interina por una Comisión Permanente integrada por una mayoría de diputados del partido Libertad y Refundación (Libre). Este mecanismo permitió al entonces oficialismo evadir la exigencia constitucional de una mayoría calificada de 86 votos en el pleno del Congreso Nacional.

• El ejercicio de Zelaya ha sido caracterizado por una marcada selectividad en la persecución penal, persiguiendo al ahora presidente Nasry Asfura y, además, a los funcionarios del Consejo Nacional Electoral (CNE) a través de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC).

• El fiscal instrumentalizó el aparato de justicia, fungiendo como brazo ejecutor de los intereses de Libre. Zelaya, por tanto, evitó perseguir casos de corrupción del Ejecutivo, como el del video vinculando al cuñado de la expresidenta a narcotraficantes o el desvío de fondos públicos de la Secretaría de Desarrollo Social para campañas políticas.

Lo indispensable. La destitución de Zelaya marca un hito en la historia legislativa hondureña al consolidarse como el primer juicio político que logra remover efectivamente a un alto funcionario de su cargo.

• La elección del juicio político como vía de remoción resultó estratégicamente superior al tradicional retiro de antejuicio. Mientras que el antejuicio es un procedimiento judicial complejo que depende de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), constituida bajo Xiomara Castro, el juicio político permite al Congreso Nacional sancionar con un impacto administrativo inmediato.

• La resolución alcanzó una mayoría calificada de 93 votos, unificando a cuatro bancadas que coincidieron en la necesidad de cesar al fiscal. El bloque estuvo conformado por el Partido Nacional de Honduras (PNH), el Partido Liberal de Honduras (PLH), el Partido Salvador de Honduras (PSH) y el Partido Innovación y Unidad Social Demócrata (PINU).

• Para intentar frenar la sesión —y así evitar la remoción—, la bancada de Libre protagonizó una serie de incidentes de insurrección; recurrieron al uso de silbatos y pancartas dentro del hemiciclo para impedir el desarrollo del debate durante tiempos prolongados.

Entre líneas. El desplazamiento de Zelaya no es un evento aislado, sino la pieza central de un tablero donde se busca el restablecimiento de los equilibrios de poder previos al ascenso de la actual administración.

• La remoción fue ejecutada con precisión quirúrgica para evitar un vacío institucional que profundizara la crisis de gobernabilidad, procediendo de inmediato a la juramentación de un sucesor con un perfil técnico orientado al derecho empresarial y laboral en lugar del derecho penal. Esta transición envía un mensaje directo de certidumbre a los mercados y al sector privado, priorizando la seguridad jurídica y la reactivación económica.

• El proceso contra el exfiscal general puede ser activado a través de las vías penales, lo que consolida un esfuerzo coordinado por restaurar el statu quo institucional que imperaba antes de la llegada de Xiomara Castro al poder.

• La renuncia de la magistrada Rebeca Obando a la presidencia de la CSJ, comunicada mediante una llamada telefónica apenas minutos después de la destitución del fiscal, termina por desarticular el blindaje jurídico que Libre había construido en el anterior cuatrienio.

En conclusión. Honduras se encuentra bajo un ciclo de limpieza de cargos usurpados por la anterior administración, utilizados en detrimento de la fortaleza institucional como blindaje político para los Zelaya-Castro. La destitución de Johel Zelaya y la consecuente reconfiguración de la Corte Suprema de Justicia marcan el fin de la hegemonía judicial del oficialismo en Honduras. Este giro institucional hacia perfiles de corte técnico-empresarial sugiere un intento por estabilizar la economía frente a la volatilidad política, estabilizando al país después de cuatro años de la administración de la izquierda.

Ana González
Habiendo cobrado su abultado sueldo, diputados dejan pendiente el tema de combustibles
455 palabras | 2 minutos de lectura

Los diputados del Congreso de la República ya disfrutan del descanso por la Semana Santa y de su jugoso sueldo. El jueves 26 de marzo marcó la última jornada de actividad en el hemiciclo y dejó cerradas las puertas del Legislativo hasta la próxima semana, cuando los congresistas retomen sus funciones con una agenda cargada de pendientes.

Uno de los temas que no podrán seguir postergando es el alza en el precio de los combustibles. Hasta ahora, al menos cinco iniciativas de ley han sido presentadas por distintas bancadas y diputados. Algunas plantean subsidios directos, mientras otras proponen la exoneración o suspensión temporal de impuestos. Todas buscan aliviar el impacto en el bolsillo de los guatemaltecos ante el incremento sostenido de los precios.

El tema quedó en pausa. La falta de consensos impidió que las propuestas fueran conocidas en el pleno durante la última semana de sesiones. Algunos diputados solicitaron convocatorias a plenaria para discutir el asunto, pero el receso ya estaba próximo. El tiempo jugó en contra y el debate quedó aplazado. La discusión deberá retomarse al regreso, en medio de una creciente presión ciudadana que exige respuestas concretas.

El presidente del Congreso, Luis Contreras, justificó ante los medios de comunicación la suspensión de actividades. Señaló que los trabajadores del Legislativo gozan del descanso establecido en el pacto colectivo, lo cual limita la logística necesaria para desarrollar sesiones plenarias. También confirmó que los jefes de bloque han sido convocados para el lunes 6 de abril, con el objetivo de definir la agenda legislativa de la semana y retomar los temas pendientes.

Contreras indicó que se ha invitado a representantes del sector transporte para continuar el diálogo sobre posibles medidas, en especial un subsidio al diésel. “Estoy invitando a los transportistas con los cuales ya tuve un diálogo para que vengan y nos digan. Estamos en constante negociación para aprobar el subsidio de diésel”, afirmó.

¿Y la ley antilavado?

Otro asunto que deberá avanzar es la iniciativa de ley contra el lavado de dinero. El proyecto logró superar su primer debate después de varias sesiones sin figurar en agenda, pero aún enfrenta un proceso legislativo complejo. Faltan dos lecturas, así como la aprobación por artículos y redacción final. Además, requiere el respaldo de al menos 107 diputados para convertirse en decreto.

El tiempo también presiona. El primer período ordinario de sesiones concluirá el 15 de mayo. Después, los diputados entrarán en receso, etapa destinada al trabajo en comisiones. Existe la obligación de realizar al menos dos sesiones extraordinarias al mes. Con este panorama, el margen para avanzar en temas clave se reduce, mientras decisiones relevantes continúan en espera.