¡Buenos días!

La semana pasada, acudí —por invitación— al cambio de magistratura de la Corte de Constitucionalidad; como era de esperarse, en el público estaban varios ministros de Estado, funcionarios varios, ex dignatarios, embajadores y otras personalidades. Me tocó estacionar lejos, porque claro, los espacios cercanos estaban ocupados por los vehículos de los susodichos, con todo y los de su seguridad. Hasta ahí, nada del otro mundo. 

Lo que sí es para flipar, como dirían en España, es que la enorme mayoría de esas camionetas oficiales tenían tapadas las placas, estilo narco. 

Uno de los ministros presentes era el de Gobernación, Marco Antonio Villeda que, en sus narices y con evidente consentimiento, ocurría. ¿Cómo es posible eso? 

La anécdota no sería más que eso, si este gobierno no se hubiese vendido como distinto; hacen lo mismo que los funcionarios de Giammattei. 

A sus inicios, el gobierno de “la nueva primavera” anunció un código de ética que incluía el estricto uso de los recursos —como vehículos— para asuntos oficiales, no personales. Eso también valió. 

Justo ayer, un diputado denunció en sus redes sociales que se grabó un vehículo oficial —no rotulado, siquiera— circulando por una vía exclusiva de motos, con la sirena a todo mecate. Resulta que ahí iba la secretaria de Comunicación Social de la Presidencia, Karina García.  

El abuso de poder es execrable, peor aún si viene de quienes se visten de primera comunión, como los actuales. ¡Sinvergüenzas!  

¿Hará Arévalo lo correcto, o lo fácil? 

Cuando Bernardo Arévalo llegó a la presidencia, se presentó ante los guatemaltecos como el antídoto contra todo lo anterior. Prometió ser distinto: abierto al diálogo, genuinamente democrático y, sobre todo, incorruptible. La narrativa funcionó. Parte de la ciudadanía —y buena parte de la prensa internacional— lo compraron como el líder que rompería con el ciclo de impunidad y autoritarismo que ha marcado los últimos lustros. 

Es justo reconocer que, hasta ahora, ni él ni la mayoría de sus principales funcionarios se han visto envueltos en los grandes escándalos de corrupción que caracterizaron a administraciones anteriores. Eso es un mérito relativo, pero no es suficiente. Porque la corrupción no ha desaparecido; simplemente ha cambiado de disfraz. Sigue habiendo contratos millonarios que se firman bajo las narices del Ejecutivo. Basta leer las investigaciones de República para ver cómo, con la aquiescencia de las autoridades, se han habilitado empresas de fachada que simulan competencia cuando en realidad existe colusión —amén de que son habilitadas para ello por el RGAE, coto del ministro Jonathan Menkos—. 

El resultado es el mismo de siempre: el Estado paga más por menos, y algunos se enriquecen a costillas del erario. Si el presidente quiere que lo creamos distinto, no basta con no robar él mismo; tiene que demostrar que tampoco permite que roben a su alrededor. 

En materia de diálogo y democracia, la diferencia también es más retórica que real. Durante la campaña prometió puertas abiertas a la prensa. Hoy el acceso al presidente, a la vicepresidenta y a varios ministros es igual de restringido que en varios gobiernos anteriores. Usualmente, la Secretaría de Comunicación Social filtra las preguntas que deben ser sometidas para su consideración. Eso no es “nuevo estilo”; es el viejo estilo con mejor marketing. 

Sin embargo, hay un terreno donde Arévalo todavía puede marcar una diferencia histórica y tangible: la designación del fiscal general. Aquí no se trata de personas, sino de intención política. Es obvio que no nombrará a Consuelo Porras, ni aunque encabezara la lista de seis; la verdadera ruptura no está en el nombre que elija, sino en el mandato que le dé: que la fiscalía deje de ser un instrumento de persecución selectiva contra opositores políticos. 

En los últimos cuatro períodos, independientemente del color del gobierno, la fiscalía ha sido usada —en mayor o menor grado— como un arma contra rivales. Se abren casos con bombo y platillo cuando conviene y se archivan o se entorpecen cuando la incomodidad cambia de bando. Esa práctica ha degradado la credibilidad de la justicia y ha convertido la política en un juego de venganzas judicializadas. Arévalo tiene la oportunidad de romper ese patrón. Puede elegir a un fiscal general que persiga la corrupción sin mirar carnet partidario, que investigue a todos —incluidos los suyos— con el mismo rigor y que devuelva a la institución su rol de garante del Estado de derecho, no de verdugo político. 

No es un tema menor. De esa designación dependerá, en buena medida, si la democracia guatemalteca sale fortalecida o sigue siendo un campo de batalla donde el que gana las elecciones gana también el derecho a perseguir al que pierde.  

Arévalo se ha vendido como distinto. Aquí tiene la prueba de fuego. Ojalá la aproveche. La historia no le perdonará que, pudiendo cambiar el juego, decida simplemente cambiar de jugador.  

República Investiga
Otro negocio dudoso crece bajo la protección de Menkos: la cronología del caso Siloé, vinculado a Luis Aguirre
698 palabras | 3 minutos de lectura

A las seis de la mañana del 6 de noviembre de 2025, mientras Guatemala despertaba entre la rutina escolar y el ruido político de fin de año, el Ministerio de Educación adjudicó un contrato de GTQ 121.6M a Distribuidora Siloé, S.A. para la compra de más de un millón de utensilios de cocina escolar.  

Qué destacar. El acto administrativo pasó casi inadvertido ese día.  

• Lo que no se veía aún era la sombra que se proyectaba sobre esa adjudicación: apenas veinte días después, en la madrugada del 26 de noviembre, el Congreso aprobaría de urgencia nacional el Presupuesto 2026 por GTQ 163 469M, una jugada clave para el ministro de Finanzas, Jonathan Menkos Zeissig.  

• Entre ambos momentos, Menkos operaba dos tableros al mismo tiempo: el del cabildeo presupuestario y el del registro que habilita quién puede —y quién no— hacer negocios millonarios con el Estado. 

• Publicaciones de prensa reconstruyeron el episodio como un escándalo administrativo y señalaron intereses políticos alrededor de la empresa. Pero el hilo conductor de la historia no terminaba en el MINEDUC: nacía mucho antes, y mucho más arriba, en el Ministerio de Finanzas Públicas. 

Datos clave. Los números son elocuentes. El 22 de abril de 2024, el Registro General de Adquisiciones del Estado (RGAE) elevó el techo de contratación de Siloé de GTQ 28.4M a GTQ 418.1M.  

• Un aumento de un 1368 %. El dato no es menor: coincide exactamente con la llegada de Menkos al cargo, el 15 de enero de 2024, apenas seis días después de que Siloé tuviera aún un techo “normal” para una empresa inscrita como MIPYME. 

• La expansión no fue solo en montos. Para agosto de 2024, el RGAE ya había aprobado a Siloé siete nuevas especialidades que no figuraban en su historial de 2023: desde aguas residuales hasta alimentos y bebidas, además de cuatro categorías distintas de mobiliario.  

• La empresa pasó de un perfil limitado —textiles e informática— a once categorías heterogéneas, todas avaladas por un registro que depende directamente del MINFIN. Ninguna fue objetada. 

Sí, pero. El efecto práctico fue un crecimiento explosivo. Entre 2018 y 2023, Siloé acumuló GTQ 12.7M en adjudicaciones.  

• Solo en 2025 recibió GTQ 153.2M: el 90 % de todo su historial en un único año fiscal. Un solo contrato con Educación concentró el 80 % de ese monto.  

• En doce meses, la empresa facturó casi 10 veces más que en los seis años previos combinados, operando 25 nombres comerciales desde una misma dirección en la zona 7 capitalina. 

• La licitación dejó otra huella inquietante. Siloé ganó con una oferta GTQ 58.2M más cara que la de su único competidor. En una primera ronda, incluso, otra empresa había ofertado GTQ 24M menos que el precio final adjudicado. El Estado habría terminado pagando más, con menos competencia, en un concurso que ya arrastraba señales de simulación. 

Entre líneas. Mientras tanto, el nombre del diputado Luis Aguirre, del partido CABAL, aparecía en trámites y en gestiones posteriores.  

• Él mismo reconocería después que “ayuda” a empresas a crecer. Pero incluso ese episodio volvió a apuntar al mismo sitio: una especialidad solicitada en septiembre de 2025 fue aprobada una semana después por el registro del MINFIN, aunque luego una junta del Ministerio de Gobernación concluyó que Siloé carecía de infraestructura y personal para cumplir el contrato que buscaba. 

• Cuando la Contraloría intervino, ya era tarde para fingir normalidad. El contrato quedó en suspenso, ni rescindido ni ejecutado. Y fue entonces cuando la propia defensa legal de Siloé colocó el foco donde menos convenía ignorarlo.  

• En su recurso de reposición de febrero de 2026, la empresa sostuvo que evaluar la capacidad instalada de un proveedor “es competencia del RGAE, no del MINEDUC”. 

En conclusión. La frase, pensada como defensa, funciona como cierre de la crónica.  

• Si Siloé no tenía la capacidad que exhibía en papel, y aun así fue habilitada para contratar hasta GTQ 418M, la responsabilidad no recae en las juntas de compra ni en otros ministerios.  

• Recae en el registro que infló el techo, amplió las especialidades y abrió la puerta.  

• Ese registro es una dependencia del Ministerio de Finanzas, y ese ministerio tiene nombre y apellido bajo cuya sombra creció todo el negocio: Jonathan Menkos. 

Gérman Gómez
Rodolfo Chang: La universidad no debería tener ideología
738 palabras | 4 minutos de lectura

*Previo al proceso —mal llamada elección— donde resultó nuevamente rector Walter Mazariegos, República realizó una serie de entrevistas con quienes, entonces, se perfilaban como candidatos. Hoy les compartimos la entrevista a Rodolfo Chang, que no se pudo hacer en su momento. 

Rodolfo Chang se presenta como un académico sin afiliación ideológica. Según indicó, prioriza el desarrollo, el combate a la pobreza y plantea una universidad al servicio del país. Él fue electo como rector simbólico de la Universidad de San Carlos (USAC) por los cuerpos electorales de oposición. Estaba propuesto como candidato a la rectoría por el Grupo Dignidad y Rescate (DIRE). 

En esta entrevista, denunció cooptación política y rechazó vínculos partidarios con el Movimiento Semilla o con Raíces. Además, enfatizó que busca recuperar la academia con meritocracia, presencialidad y trabajo conjunto con todos los sectores del país, como el público y el privado. 

¿Quién es Rodolfo Chan y cuál es su formación académica? 

Tengo una licenciatura en Zootecnia por la USAC. También una maestría en Administración Pública por el Instituto Centroamericano de Administración Pública (ICAP). Nací en Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla. Ahí pasé mi niñez e infancia. Luego llegué a la universidad, me gradué y entré a trabajar en ella. Le debo mucho porque, como persona de pueblo, me dio la oportunidad de formarme gracias a los impuestos de Guatemala.  

Al regresar de la maestría, fui secretario adjunto de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Cuatro años después me eligieron decano para el período 1997-2001. Luego continué como docente. Trabajé aproximadamente tres o cuatro años en Cobán y unos siete años en la facultad. 

¿Los partidos políticos influyen en su candidatura y movimiento de rector? 

Es falso. Los políticos utilizan a la universidad como un tema mediático. Nuestro movimiento surge hace cuatro años como resistencia a lo ocurrido en 2022. Somos un grupo de académicos que buscamos rescatar la universidad. Se ha intentado vincularnos con distintos partidos, incluyendo Semilla y otros. Esto surge porque algunos actores políticos participaron en manifestaciones, pero eso no implica una relación orgánica. 

El movimiento es académico, no político. Nuestro enfoque es el desarrollo universitario. La universidad debe trabajar con todos los sectores, sin exclusión. Es financiada por el pueblo y debe responderle al país. Nos vinculan con distintos partidos según la coyuntura, pero eso responde a narrativas externas. Nuestro enfoque es apolítico. 

Sí debemos dialogar con gobiernos, independientemente del partido, para impulsar el desarrollo del país. 

¿Pasó por la política partidista? 

Fui alcalde de Santa Lucía Cotzumalguapa del 2008 al 2012, por la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), en la época de Álvaro Colom. Muchos estudiantes me lo cuestionaron, pero no lo niego. Actualmente, soy secretario académico de la Facultad y participo en el movimiento USAC DIRE. 

¿Cómo define su postura ideológica? 

Hoy por hoy no tengo una postura ideológica de izquierda o derecha. Considero que Guatemala no debe seguir en esa lógica. Me enfoco en proyectos de desarrollo. Problemas como la pobreza y la desnutrición no tienen ideología. Son flagelos que debemos combatir.  

También considero clave el tema ambiental. Guatemala necesita un cambio cultural hacia una sociedad más limpia. La universidad puede liderar programas en ese sentido. Creo en el trabajo conjunto entre sociedad civil, empresariado y academia. La empresa genera empleo y la universidad puede aportar soluciones. 

¿Por qué dejó la política partidista? 

No continué porque el sistema se volvió muy costoso y distorsionado. Se compran voluntades. Analizamos la situación y decidimos retirarnos. En su momento me ofrecieron una diputación, pero el Congreso tiene mala percepción. No quise participar en ese contexto. Hoy considero que hay demasiado dinero involucrado, incluso en elecciones municipales. 

¿Por qué aumentó la división política dentro de la universidad?  

Desde hace unos 15 años se acentuó la división. La universidad tiene potestad para nombrar representantes en diversas instituciones del Estado. Son 72 entidades influenciadas. Esto generó intereses políticos dentro de la USAC. No existe un mecanismo claro de selección basado en meritocracia. Muchas decisiones se toman de forma discrecional.  

Esto facilitó la cooptación política. Antes existía influencia política, pero se manejaba con mayor discreción. Hoy el proceso es más evidente y menos institucional. Las campañas a rector implican grandes recursos. Esto también distorsiona el sistema. Actualmente, el problema es estructural. La universidad se alejó de su función académica y se politizó.  

Debemos crear mecanismos transparentes para seleccionar representantes y devolver el enfoque académico a la institución. Es el compromiso adquirido por el movimiento DIRE.